Sentencia Penal 190/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3865/2023 de 04 de marzo del 2026

Recurso de Obdulio

PRIMERO.-La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava, Sección Segunda, y que condenó a los recurrentes como autores responsables de un delito de corrupción de menores, otro continuado de agresión sexual, diferenciando para este recurrente, la concurrencia de la agravación por la penetración, que no se declara concurrente para el otro recurrente.

En síntesis , el relato fáctico refiere que el condenado Alejandro, con ánimo libidinoso y con la intención de satisfacer sus deseos sexuales, realizó actos de naturaleza sexual con una menor, de 14 o 15 años en el momento de los hechos, durante el año 2017, conociendo que era menor de 16 años y que su situación socio económica y familiar era de extrema vulnerabilidad, pues la menor, aunque vivía en casa de sus padres, se encontraba en una situación de dependencia de sustancias tóxicas, con continuas fugas de su domicilio, y pidiendo dinero para sus consumos de sustancias tóxicas, e incluso para comer. El acusado le daba dinero para comida y sustancias estupefacientes, le compraba comida, le invitaba a comer y su objetivo era ganarse su confianza y realizar conductas sexuales con ella. El relato fáctico refiere que mantuvo contactos sexuales con dicha menor en repetidas ocasiones consistentes en caricias, besos en la boca. Esta menor le presentó a otra menor, de 12 o 13 años de edad en el momento de los hechos, que también presentaba iguales dependencias a sustancias tóxicas y a la que también daba dinero. Refiere que en el mes de octubre del 2017, el acusado en su domicilio se acostó en la cama con las dos menores y con la intención de satisfacer sus deseos sexuales efectuó tocamientos a una de las menores. Respecto del otro acusado también condenado, Obdulio, el hecho probado refiere que conoció a las menores relacionadas en el hecho y conocía la situación socioeconómica y familiar de las menores a quienes proporcionó dinero a cambio de realizar conductas sexuales con ellas. Refiere el hecho que con relación a una de ellas creía que era mayor de 16 años, pero con relación a la otra conocía que era menor de 16 años. Este acusado las llevaba a su coche, donde realizaba actos de naturaleza sexual, y en una de las ocasiones con intención de satisfacer sus deseos sexuales quitó la ropa interior a las menores y les introdujo a ambas los dedos en la vagina, dándoles dinero a cada una de ellas.

Este recurrente, formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia "dado que se introducen en el juicio la declaración sumaria de la víctima en ausencia de los requisitos establecidos en los artículos 730, 448 y 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Señala que la única declaración de la menor Delfina se produce en el juzgado de instrucción con fecha 4 de octubre del 2019 y que esta declaración se reprodujo en la vista de juicio oral. Cuestiona esa reproducción puesto que la declaración de la menor en el juzgado se realiza sin la presencia de ningún letrado de la defensa de los acusados, lo que supone una infracción legal, dado que conforme a lo previsto en los artículos cuya infracción denuncia, no se llegó a realizar una prueba preconstituida, como expresamente recoge la sentencia en su fundamentación, añadiendo que la declaración de la menor no se practicó en las condiciones que aseguraran la contradicción efectiva que permitiría su reproducción en el juicio oral. Señala en el sentido que expresa que, como consta en los folios 602 y 603 de las actuaciones, se intentó contactar con la letrada que defendía a los acusados y esta citación no llegó a materializarse. Consecuentemente la afirmación de la sentencia que recoge la diligencia del intento de localización de la Letrada, no deja de ser un intento que no llegó a concretarse y la letrada no compareció, precisamente, porque no fue citada a la declaración.

El motivo se estima. De acuerdo a una reiterada jurisprudencia la prueba que puede ser valorada por el tribunal es la prueba practicada en el juicio oral, si bien de forma excepcional pueden ser reproducidas en el juicio oral aquellas pruebas del sumario practicadas con las garantías propias del enjuiciamiento, es decir, con la concurrencia de los requisitos que conforman la necesaria contradicción efectiva. En los supuestos en los que o bien se haya producido una prueba preconstituida, previendo que la prueba no pueda ser realizada en el juicio oral, o bien se haya practicado con la garantía de realización de la prueba previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá reproducirse la prueba del sumario, cuando concurran los supuestos de los artículos 730 y 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante su reproducción. En el caso de esta casación consta, por diligencia de 4 de octubre del 2019, que la Letrada de la Administración de Justicia ha comunicado con el teléfono del despacho de la Letrada que asistía a los acusados poniendo en conocimiento que en el día de hoy va a comparecer la menor Delfina ante este juzgado. Consta igualmente, que la declaración había sido intentada en anteriores ocasiones y no había comparecido. El día señalado para esa declaración, pues había sido localizada días antes, se dispuso su testimonio, y se intenta la localización de la Letrada, sin que conste que pudiera llevarse a cabo. Se hace constar que ese intento se realizó en varias ocasiones, sin que se afirme su efectiva citación para la diligencia. Sin mayor especificación el mismo día 4 de octubre se celebra la declaración de la menor a la que no comparece la letrada, ignorándose si tal incomparecencia fue voluntaria o lo fue por desconocimiento de la actuación procesal. El recurrente manifiesta que la letrada no tuvo conocimiento de la actuación y no hay prueba alguna que evidencie que esa comunicación llegó a su conocimiento. Esa falta de acreditación del conocimiento de la diligencia procesal de la declaración de la perjudicada en los hechos impide que la misma pueda ser tenida en cuenta como elemento probatorio para la acreditación de los hechos.

No obstante, la estimación de este motivo no comporta una modificación del hecho probado, ni de la valoración jurídica, pues prescindiendo de esa declaración subsisten elementos de prueba suficientes para la conformación del hecho probado, según argumentación en el siguiente motivo.

SEGUNDO.-En el segundo de los motivos de la impugnación el recurrente denuncia la vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución, argumentando que no ha existido prueba de cargo alguna que enerve la presunción de inocencia, habida cuenta de que las declaraciones de las testigos no enervan dicha presunción dadas las continuas contradicciones que existen en cada una de las declaraciones que se dan a lo largo de la instrucción del procedimiento y en la vista oral.

El motivo es el desestima. El recurrente pretende que a través de este recurso de casación realicemos una revaloración de las pruebas y, concretamente, de las testificales de la menor Lina y Tamara destacando lo que considera contradicciones e inexactitudes en sus testimonios. Prescindimos en este análisis de la prueba del testimonio de Delfina, dado que no concurrió la precisa contradicción en su práctica.

Frente a la valoración que propone el recurrente, destaca por su claridad la fundamentación de la sentencia de la primera instancia y la del tribunal de la apelación. Concretamente, en relación a este recurrente, el fundamento de derecho tercero de la sentencia de la primera instancia, prescindiendo, como hemos señalado, de las declaraciones de la menor Delfina, el tribunal apoya su convicción en la declaración de la menor Lina y las testificales que afirman la existencia del locutorio que este acusado regentaba y el conocimiento que el acusado tenía de las menores y su edad. A cambio de dinero realizaba conductas sexuales con ellas que se producían en el vehículo de recurrente, que fue reconocido por las menores en una diligencia de reconocimiento fotográfico, y respecto al que también han depuesto otros testigos. El dato referido al conocimiento de la edad, se constata a partir de las características físicas de los menores, de las facciones de las niñas que constan en las fotografías aportadas al enjuiciamiento, y la fundamentación destaca que en una de las conversaciones con el acusado se cuestionó la edad de las niñas. Además, el propio acusado afirmó no creer que fueran mayores de 16 años. La sentencia también refiere que por la envergadura de las menores, diferencia de edades de los acusados y las menores, la edad de las mismas era perceptible por el acusado y, en todo caso, debió ser objeto de una indagación específica, pues concurrían datos objetivos para afirmar la realidad de una edad que era visible, particularmente respecto de la menor Delfina. Las menores han declarado sobre los actos de contenido sexual que realizaba el acusado en el interior del vehículo y en un parking alejado y siempre de noche recibiendo a cambio 100 euros cada una. Este extremo, el de la entrega del dinero es negado por el acusado que, no obstante, refiere haberles dado 5 euros. Este referencia a la entrega de dinero es también afirmada por otra menor, Tamara, conformando una relación fáctica que el tribunal declara probado y subsumida en el tipo penal objeto de los delitos de la acusación.

Constatada la existencia de una actividad probatoria de una actividad probatoria valorada en las dos instancias anteriores, el motivo se desestima.

TERCERO.-En el tercer motivo vuelve a reiterar la denuncia de vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia cuestionando la actuación jurisdiccional que ha tenido en cuenta en la declaración de la víctima en fase de instrucción sin que se cumplan los criterios jurisprudenciales necesarios para dar credibilidad a la misma, dado que no concurren los elementos que la jurisprudencia ha considerado como necesarios para fundar una convicción sobre la valoración de la prueba testifical de la víctima, en referencia a falta de elementos de incredibilidad subjetiva, como móviles espurios, la verosimilitud y la persistencia en la declaración.

El motivo vuelve a reproducir la imposibilidad de incorporar al acto del juicio de las declaraciones sumariales al no haberse practicado con la precisa contradicción efectiva. Respecto al contenido de sus declaraciones, su percepción ha sido objeto de valoración por los tribunales del enjuiciamiento y de la revisión. Esta Sala que carece la precisa inmediación no puede llegar a una convicción distinta de la expresada por los tribunales que han conocido del enjuiciamiento.

Recurso de Alejandro

CUARTO.-Formaliza un primer motivo en el que al amparo del artículo 850.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia la denegación de una prueba instada en el juicio referido a la sanidad mental del acusado por la posible incidencia que el alcohol pudo afectar a su conducta. A salvo de la inicial exposición de la queja por la denegación de la prueba, el resto de la argumentación la refiere a la valoración de la prueba, destacando las incongruencias y contradicciones en las que incurren las testigos, argumentación que es ajena a la vía de impugnación elegida.

La desestimación es procedente. En primer lugar porque el motivo opuesto es por quebrantamiento de forma, cuestionando la correcta conformación y desarrollo del juicio oral, en este caso referido a la denegación de una prueba que pudiera lesionar su derecho de defensa. Sin embargo, constatamos que la prueba fue realizada y obra como documental del informe del médico forense que realizó el examen del acusado, señalando, en el folio 102, 103 y ss, del rollo de sala que el acusado mantenía sus facultades volitivas e intelectivas conservadas en el momento de los hechos. Por otra parte, no consta que en el recurso de apelación se hiciera referencia alguna a la denegación de la prueba, por lo que su planteamiento en casación es novedoso y obvia la correcta conformación del recurso al no invocar en sede de revisión la posible nulidad del juicio oral. En todo caso, la prueba no era necesaria puesto que se había practicado como prueba anticipada, y no era pertinente, porque no hay base alguna en la indagación de la causa que permita afirmar una insanidad mental como la que se postula en el recurso de casación.

QUINTO.-En el motivo segundo y tercero, que deben ser analizados conjuntamente, el recurrente denuncia la vulneración del artículo 24 de la Constitución ante una condena dictada sin una actividad probatoria según denuncia en el segundo motivo, y en el tercer motivo concreta su queja en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

La impugnación se desestima. El derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que desde el tribunal encargados del enjuiciamiento, y en su posterior revisión ante el Tribunal Superior de justicia, los tribunales de la jurisdicción penal hayan dispuesto de las precisa actividad probatoria para comprobar la efectiva enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia que acompaña al acusado durante su enjuiciamiento. Una correcta enervación de ese derecho exige la práctica de una actividad probatoria practicada de forma inmediata, con oralidad, y con la contradicción efectiva derivada de su práctica en enjuiciamiento con intervención efectiva de acusaciones y defensas en la práctica de la prueba, que deberá ser pública, sin perjuicio de las limitaciones establecidas la ley procesal. El tribunal, apreciando en conciencia la práctica de la prueba y los testimonios de forma racional, deberá expresar la motivación de la sentencia el fundamento de su convicción, correspondiendo al tribunal de la revisión, el Tribunal Superior de Justicia, la constatación de la efectiva existencia de la precisa actividad probatoria valorada por el Tribunal de enjuiciamiento. En la revisión casacional nos corresponde analizar si los órganos de la jurisdicción penal han dispuesto de la precisa actividad probatoria practicada a instancias de la acusación, y con intervención de la defensa, que pueda ser calificada de prueba de cargo y que haya sido valorada razonablemente, lo que constatamos a partir de la motivación de la sentencia.

En el caso, la sentencia objeto del recurso es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia que ha revisado la sentencia de la instancia y que ha declarado que el fundamento de la convicción sobre la comisión de los hechos por parte de los acusados y su participación en los mismos, ha sido obtenido de una forma lícita y regular y lo que ha sido objeto de la acusación resulta probado a partir de la prueba y la motivación, lógica y razonable. El tribunal ha valorado los testimonios de las menores que intervinieron en los hechos como víctimas de la acción imputada a los acusados. Basta una lectura de la sentencia de la primera instancia, en la que va reproduciendo los testimonios de las víctimas, así como los testimonios referenciales de la madre y de las cuidadoras y de las personas que han participado en los centros educativos por los que han discurrido el cuidado y atención de las víctimas. El Tribunal de la primera instancia reproduce, bajo el epígrafe resultado de la prueba, las declaraciones de los acusados de las que obtiene el convencimiento sobre el conocimiento de las menores y, concretamente, el conocimiento de la edad de las mismas. Particular relevancia tiene cuando identifica los tres domicilios en los cuales estuvieron las menores que son coincidentes con las declaraciones de Lina, Delfina y Tamara, a la que todos llamaban Santiaga. También analiza las declaraciones del otro acusado, que también identifica a las menores y las situaciones de vulnerabilidad en las cuales se encontraban. El tribunal ha valorado las declaraciones de quien era asistente psicológica en los distintos centros en los que residieron las menores y también la declaración de la madre de Lina, así como la declaración de la educadora social de esta última. Por último, también ha valorado las declaraciones de agentes de policía, todos concurrentes en la vulnerabilidad de las menores, y la sospecha vehemente sobre la realización de actos sexuales a cambio de dinero proporcionado por los dos acusados. Las declaraciones de la menor Lina es igualmente asertiva sobre los hechos narrando las distintas circunstancias en las que se desarrollaron los hechos en las distintas viviendas pertenecientes al acusado hoy llegando a expresar los hechos en Las Palmas que han sido expuesto por la acusación. En el mismo sentido incriminatorio las declaraciones de la menor Tamara.

La valoración de la actividad probatoria es racional y versa sobre la realidad de los hechos de la acusación, cobrando especial referencia la declaración de este recurrente quien manifiesta que conocía a las menores, que las invitaba en los bares, les compraba tabaco y comida, y les daba dinero, conociendo la relación que tenía las mismas con las drogas y la difícil situación que ambas tenían. Esta afirmación del hecho aparece afirmada, también, en las declaraciones de las menores sobre las relaciones sexuales mantenidas a cambio del dinero suministrado por ambos, afirmaciones de los que se hicieron eco los servicios sociales y los funcionarios de policía que lo señalaron en el juicio oral.

SEXTO.-En el tercero de los motivos denuncia la infracción del artículo 14 del Código Penal es referencia a la concurrencia de un error invencible respecto a la edad de las menores. La desestimación es procedente toda vez que el relato fáctico refiere el concreto con el conocimiento de la edad por parte de este recurrente quien, además, afirmó ese conocimiento. Por otra parte, como expresa el fundamento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en este particular, la diferencia de edad entre los acusados y las víctimas así como el reiterado y prolongado conocimiento de los acusados con relación a las mismas haría plausible una mínima diligencia de cuidado que les hubiera llevado a constatar que efectivamente eran menores de edad, extremo que el propio recurrente reconoció haber dicho a otra persona, al que reprendió por no atender a la menor Delfina que se encontraba vomitando a la calle tras la ingesta de sustancias tóxicas, llegando a afirmar que conocía la edad inferior a 16 años. Con relación a la otra menor, Lina, la sentencia fundamenta la indiferencia con relación a la edad que debía haber sido conocida por el acusado dado lo prolongado de la relación. En todo caso, el recurrente conocía que esta menor estaba ingresada en un centro de menores durante el año 2017 y que por vía de su madre conoció que tenía 14 años de edad, por lo tanto se desvanecen las posibles dudas que podía tener y que pretende acreditar a través del señalamiento de fotos de la menor.

Con reiteración de la extensa argumentación expuesta por los dos niveles de la jurisdicción en la que se expresa el contenido de sus declaraciones, la de las perjudicadas, menores de 16 años, las terapeutas, de la madre y los funcionarios policías constatamos la correcta enervación del derecho fundamental de este recurrente respecto a los hechos de la acusación.

SÉPTIMO.-El quinto de los motivos denuncia el error de hecho en la valoración de la prueba aportando como documentos acreditativos del error que denuncia el informe pericial y las declaraciones de las dos testigos menores de edad.

La desestimación no es procedente. La vía de impugnación elegida, exige designar un documento que por sí mismo, en la ausencia de otros acreditamientos sobre la misma materia que pretende acreditar el documento designado, evidencia un error o una situación fáctica que tenga relevancia penal en el hecho. Desde esta perspectiva las declaraciones de las menores no integran el concepto de documento a qué se refiere el número 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la misma forma el informe de forense en el particular referido al relato que la menor efectúa al médico, no integra el concepto de documento del qué obtener un hecho probado el que en el que no se refieren relaciones sexuales.

OCTAVO.-En el último motivo de la impugnación este recurrente cuestiona la vulneración del principio acusatorio toda vez que ha sido condenado por un delito de corrupción de menores que no fue objeto de acusación, afirmación que se desvirtúa cuando constatamos que consta que al inicio del juicio oral el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones para incluir esa tipicidad en su escrito de acusación sin una modificación del hecho declarado probado pero sí de la calificación jurídica que presentaba al enjuiciamiento como escrito de acusación.

NOVENO.-La estimación del motivo opuesto por el condenado Obdulio solo extiende sus efectos a la regularidad de una de las diligencias de prueba y no comporta una distinta conformación del hecho ni una nueva valoración jurídica de los hechos y señalamiento de la consecuencia jurídica.

Recurso de Obdulio

PRIMERO.-La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava, Sección Segunda, y que condenó a los recurrentes como autores responsables de un delito de corrupción de menores, otro continuado de agresión sexual, diferenciando para este recurrente, la concurrencia de la agravación por la penetración, que no se declara concurrente para el otro recurrente.

En síntesis , el relato fáctico refiere que el condenado Alejandro, con ánimo libidinoso y con la intención de satisfacer sus deseos sexuales, realizó actos de naturaleza sexual con una menor, de 14 o 15 años en el momento de los hechos, durante el año 2017, conociendo que era menor de 16 años y que su situación socio económica y familiar era de extrema vulnerabilidad, pues la menor, aunque vivía en casa de sus padres, se encontraba en una situación de dependencia de sustancias tóxicas, con continuas fugas de su domicilio, y pidiendo dinero para sus consumos de sustancias tóxicas, e incluso para comer. El acusado le daba dinero para comida y sustancias estupefacientes, le compraba comida, le invitaba a comer y su objetivo era ganarse su confianza y realizar conductas sexuales con ella. El relato fáctico refiere que mantuvo contactos sexuales con dicha menor en repetidas ocasiones consistentes en caricias, besos en la boca. Esta menor le presentó a otra menor, de 12 o 13 años de edad en el momento de los hechos, que también presentaba iguales dependencias a sustancias tóxicas y a la que también daba dinero. Refiere que en el mes de octubre del 2017, el acusado en su domicilio se acostó en la cama con las dos menores y con la intención de satisfacer sus deseos sexuales efectuó tocamientos a una de las menores. Respecto del otro acusado también condenado, Obdulio, el hecho probado refiere que conoció a las menores relacionadas en el hecho y conocía la situación socioeconómica y familiar de las menores a quienes proporcionó dinero a cambio de realizar conductas sexuales con ellas. Refiere el hecho que con relación a una de ellas creía que era mayor de 16 años, pero con relación a la otra conocía que era menor de 16 años. Este acusado las llevaba a su coche, donde realizaba actos de naturaleza sexual, y en una de las ocasiones con intención de satisfacer sus deseos sexuales quitó la ropa interior a las menores y les introdujo a ambas los dedos en la vagina, dándoles dinero a cada una de ellas.

Este recurrente, formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia "dado que se introducen en el juicio la declaración sumaria de la víctima en ausencia de los requisitos establecidos en los artículos 730, 448 y 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Señala que la única declaración de la menor Delfina se produce en el juzgado de instrucción con fecha 4 de octubre del 2019 y que esta declaración se reprodujo en la vista de juicio oral. Cuestiona esa reproducción puesto que la declaración de la menor en el juzgado se realiza sin la presencia de ningún letrado de la defensa de los acusados, lo que supone una infracción legal, dado que conforme a lo previsto en los artículos cuya infracción denuncia, no se llegó a realizar una prueba preconstituida, como expresamente recoge la sentencia en su fundamentación, añadiendo que la declaración de la menor no se practicó en las condiciones que aseguraran la contradicción efectiva que permitiría su reproducción en el juicio oral. Señala en el sentido que expresa que, como consta en los folios 602 y 603 de las actuaciones, se intentó contactar con la letrada que defendía a los acusados y esta citación no llegó a materializarse. Consecuentemente la afirmación de la sentencia que recoge la diligencia del intento de localización de la Letrada, no deja de ser un intento que no llegó a concretarse y la letrada no compareció, precisamente, porque no fue citada a la declaración.

El motivo se estima. De acuerdo a una reiterada jurisprudencia la prueba que puede ser valorada por el tribunal es la prueba practicada en el juicio oral, si bien de forma excepcional pueden ser reproducidas en el juicio oral aquellas pruebas del sumario practicadas con las garantías propias del enjuiciamiento, es decir, con la concurrencia de los requisitos que conforman la necesaria contradicción efectiva. En los supuestos en los que o bien se haya producido una prueba preconstituida, previendo que la prueba no pueda ser realizada en el juicio oral, o bien se haya practicado con la garantía de realización de la prueba previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá reproducirse la prueba del sumario, cuando concurran los supuestos de los artículos 730 y 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante su reproducción. En el caso de esta casación consta, por diligencia de 4 de octubre del 2019, que la Letrada de la Administración de Justicia ha comunicado con el teléfono del despacho de la Letrada que asistía a los acusados poniendo en conocimiento que en el día de hoy va a comparecer la menor Delfina ante este juzgado. Consta igualmente, que la declaración había sido intentada en anteriores ocasiones y no había comparecido. El día señalado para esa declaración, pues había sido localizada días antes, se dispuso su testimonio, y se intenta la localización de la Letrada, sin que conste que pudiera llevarse a cabo. Se hace constar que ese intento se realizó en varias ocasiones, sin que se afirme su efectiva citación para la diligencia. Sin mayor especificación el mismo día 4 de octubre se celebra la declaración de la menor a la que no comparece la letrada, ignorándose si tal incomparecencia fue voluntaria o lo fue por desconocimiento de la actuación procesal. El recurrente manifiesta que la letrada no tuvo conocimiento de la actuación y no hay prueba alguna que evidencie que esa comunicación llegó a su conocimiento. Esa falta de acreditación del conocimiento de la diligencia procesal de la declaración de la perjudicada en los hechos impide que la misma pueda ser tenida en cuenta como elemento probatorio para la acreditación de los hechos.

No obstante, la estimación de este motivo no comporta una modificación del hecho probado, ni de la valoración jurídica, pues prescindiendo de esa declaración subsisten elementos de prueba suficientes para la conformación del hecho probado, según argumentación en el siguiente motivo.

SEGUNDO.-En el segundo de los motivos de la impugnación el recurrente denuncia la vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución, argumentando que no ha existido prueba de cargo alguna que enerve la presunción de inocencia, habida cuenta de que las declaraciones de las testigos no enervan dicha presunción dadas las continuas contradicciones que existen en cada una de las declaraciones que se dan a lo largo de la instrucción del procedimiento y en la vista oral.

El motivo es el desestima. El recurrente pretende que a través de este recurso de casación realicemos una revaloración de las pruebas y, concretamente, de las testificales de la menor Lina y Tamara destacando lo que considera contradicciones e inexactitudes en sus testimonios. Prescindimos en este análisis de la prueba del testimonio de Delfina, dado que no concurrió la precisa contradicción en su práctica.

Frente a la valoración que propone el recurrente, destaca por su claridad la fundamentación de la sentencia de la primera instancia y la del tribunal de la apelación. Concretamente, en relación a este recurrente, el fundamento de derecho tercero de la sentencia de la primera instancia, prescindiendo, como hemos señalado, de las declaraciones de la menor Delfina, el tribunal apoya su convicción en la declaración de la menor Lina y las testificales que afirman la existencia del locutorio que este acusado regentaba y el conocimiento que el acusado tenía de las menores y su edad. A cambio de dinero realizaba conductas sexuales con ellas que se producían en el vehículo de recurrente, que fue reconocido por las menores en una diligencia de reconocimiento fotográfico, y respecto al que también han depuesto otros testigos. El dato referido al conocimiento de la edad, se constata a partir de las características físicas de los menores, de las facciones de las niñas que constan en las fotografías aportadas al enjuiciamiento, y la fundamentación destaca que en una de las conversaciones con el acusado se cuestionó la edad de las niñas. Además, el propio acusado afirmó no creer que fueran mayores de 16 años. La sentencia también refiere que por la envergadura de las menores, diferencia de edades de los acusados y las menores, la edad de las mismas era perceptible por el acusado y, en todo caso, debió ser objeto de una indagación específica, pues concurrían datos objetivos para afirmar la realidad de una edad que era visible, particularmente respecto de la menor Delfina. Las menores han declarado sobre los actos de contenido sexual que realizaba el acusado en el interior del vehículo y en un parking alejado y siempre de noche recibiendo a cambio 100 euros cada una. Este extremo, el de la entrega del dinero es negado por el acusado que, no obstante, refiere haberles dado 5 euros. Este referencia a la entrega de dinero es también afirmada por otra menor, Tamara, conformando una relación fáctica que el tribunal declara probado y subsumida en el tipo penal objeto de los delitos de la acusación.

Constatada la existencia de una actividad probatoria de una actividad probatoria valorada en las dos instancias anteriores, el motivo se desestima.

TERCERO.-En el tercer motivo vuelve a reiterar la denuncia de vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia cuestionando la actuación jurisdiccional que ha tenido en cuenta en la declaración de la víctima en fase de instrucción sin que se cumplan los criterios jurisprudenciales necesarios para dar credibilidad a la misma, dado que no concurren los elementos que la jurisprudencia ha considerado como necesarios para fundar una convicción sobre la valoración de la prueba testifical de la víctima, en referencia a falta de elementos de incredibilidad subjetiva, como móviles espurios, la verosimilitud y la persistencia en la declaración.

El motivo vuelve a reproducir la imposibilidad de incorporar al acto del juicio de las declaraciones sumariales al no haberse practicado con la precisa contradicción efectiva. Respecto al contenido de sus declaraciones, su percepción ha sido objeto de valoración por los tribunales del enjuiciamiento y de la revisión. Esta Sala que carece la precisa inmediación no puede llegar a una convicción distinta de la expresada por los tribunales que han conocido del enjuiciamiento.

Recurso de Alejandro

CUARTO.-Formaliza un primer motivo en el que al amparo del artículo 850.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia la denegación de una prueba instada en el juicio referido a la sanidad mental del acusado por la posible incidencia que el alcohol pudo afectar a su conducta. A salvo de la inicial exposición de la queja por la denegación de la prueba, el resto de la argumentación la refiere a la valoración de la prueba, destacando las incongruencias y contradicciones en las que incurren las testigos, argumentación que es ajena a la vía de impugnación elegida.

La desestimación es procedente. En primer lugar porque el motivo opuesto es por quebrantamiento de forma, cuestionando la correcta conformación y desarrollo del juicio oral, en este caso referido a la denegación de una prueba que pudiera lesionar su derecho de defensa. Sin embargo, constatamos que la prueba fue realizada y obra como documental del informe del médico forense que realizó el examen del acusado, señalando, en el folio 102, 103 y ss, del rollo de sala que el acusado mantenía sus facultades volitivas e intelectivas conservadas en el momento de los hechos. Por otra parte, no consta que en el recurso de apelación se hiciera referencia alguna a la denegación de la prueba, por lo que su planteamiento en casación es novedoso y obvia la correcta conformación del recurso al no invocar en sede de revisión la posible nulidad del juicio oral. En todo caso, la prueba no era necesaria puesto que se había practicado como prueba anticipada, y no era pertinente, porque no hay base alguna en la indagación de la causa que permita afirmar una insanidad mental como la que se postula en el recurso de casación.

QUINTO.-En el motivo segundo y tercero, que deben ser analizados conjuntamente, el recurrente denuncia la vulneración del artículo 24 de la Constitución ante una condena dictada sin una actividad probatoria según denuncia en el segundo motivo, y en el tercer motivo concreta su queja en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

La impugnación se desestima. El derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que desde el tribunal encargados del enjuiciamiento, y en su posterior revisión ante el Tribunal Superior de justicia, los tribunales de la jurisdicción penal hayan dispuesto de las precisa actividad probatoria para comprobar la efectiva enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia que acompaña al acusado durante su enjuiciamiento. Una correcta enervación de ese derecho exige la práctica de una actividad probatoria practicada de forma inmediata, con oralidad, y con la contradicción efectiva derivada de su práctica en enjuiciamiento con intervención efectiva de acusaciones y defensas en la práctica de la prueba, que deberá ser pública, sin perjuicio de las limitaciones establecidas la ley procesal. El tribunal, apreciando en conciencia la práctica de la prueba y los testimonios de forma racional, deberá expresar la motivación de la sentencia el fundamento de su convicción, correspondiendo al tribunal de la revisión, el Tribunal Superior de Justicia, la constatación de la efectiva existencia de la precisa actividad probatoria valorada por el Tribunal de enjuiciamiento. En la revisión casacional nos corresponde analizar si los órganos de la jurisdicción penal han dispuesto de la precisa actividad probatoria practicada a instancias de la acusación, y con intervención de la defensa, que pueda ser calificada de prueba de cargo y que haya sido valorada razonablemente, lo que constatamos a partir de la motivación de la sentencia.

En el caso, la sentencia objeto del recurso es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia que ha revisado la sentencia de la instancia y que ha declarado que el fundamento de la convicción sobre la comisión de los hechos por parte de los acusados y su participación en los mismos, ha sido obtenido de una forma lícita y regular y lo que ha sido objeto de la acusación resulta probado a partir de la prueba y la motivación, lógica y razonable. El tribunal ha valorado los testimonios de las menores que intervinieron en los hechos como víctimas de la acción imputada a los acusados. Basta una lectura de la sentencia de la primera instancia, en la que va reproduciendo los testimonios de las víctimas, así como los testimonios referenciales de la madre y de las cuidadoras y de las personas que han participado en los centros educativos por los que han discurrido el cuidado y atención de las víctimas. El Tribunal de la primera instancia reproduce, bajo el epígrafe resultado de la prueba, las declaraciones de los acusados de las que obtiene el convencimiento sobre el conocimiento de las menores y, concretamente, el conocimiento de la edad de las mismas. Particular relevancia tiene cuando identifica los tres domicilios en los cuales estuvieron las menores que son coincidentes con las declaraciones de Lina, Delfina y Tamara, a la que todos llamaban Santiaga. También analiza las declaraciones del otro acusado, que también identifica a las menores y las situaciones de vulnerabilidad en las cuales se encontraban. El tribunal ha valorado las declaraciones de quien era asistente psicológica en los distintos centros en los que residieron las menores y también la declaración de la madre de Lina, así como la declaración de la educadora social de esta última. Por último, también ha valorado las declaraciones de agentes de policía, todos concurrentes en la vulnerabilidad de las menores, y la sospecha vehemente sobre la realización de actos sexuales a cambio de dinero proporcionado por los dos acusados. Las declaraciones de la menor Lina es igualmente asertiva sobre los hechos narrando las distintas circunstancias en las que se desarrollaron los hechos en las distintas viviendas pertenecientes al acusado hoy llegando a expresar los hechos en Las Palmas que han sido expuesto por la acusación. En el mismo sentido incriminatorio las declaraciones de la menor Tamara.

La valoración de la actividad probatoria es racional y versa sobre la realidad de los hechos de la acusación, cobrando especial referencia la declaración de este recurrente quien manifiesta que conocía a las menores, que las invitaba en los bares, les compraba tabaco y comida, y les daba dinero, conociendo la relación que tenía las mismas con las drogas y la difícil situación que ambas tenían. Esta afirmación del hecho aparece afirmada, también, en las declaraciones de las menores sobre las relaciones sexuales mantenidas a cambio del dinero suministrado por ambos, afirmaciones de los que se hicieron eco los servicios sociales y los funcionarios de policía que lo señalaron en el juicio oral.

SEXTO.-En el tercero de los motivos denuncia la infracción del artículo 14 del Código Penal es referencia a la concurrencia de un error invencible respecto a la edad de las menores. La desestimación es procedente toda vez que el relato fáctico refiere el concreto con el conocimiento de la edad por parte de este recurrente quien, además, afirmó ese conocimiento. Por otra parte, como expresa el fundamento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en este particular, la diferencia de edad entre los acusados y las víctimas así como el reiterado y prolongado conocimiento de los acusados con relación a las mismas haría plausible una mínima diligencia de cuidado que les hubiera llevado a constatar que efectivamente eran menores de edad, extremo que el propio recurrente reconoció haber dicho a otra persona, al que reprendió por no atender a la menor Delfina que se encontraba vomitando a la calle tras la ingesta de sustancias tóxicas, llegando a afirmar que conocía la edad inferior a 16 años. Con relación a la otra menor, Lina, la sentencia fundamenta la indiferencia con relación a la edad que debía haber sido conocida por el acusado dado lo prolongado de la relación. En todo caso, el recurrente conocía que esta menor estaba ingresada en un centro de menores durante el año 2017 y que por vía de su madre conoció que tenía 14 años de edad, por lo tanto se desvanecen las posibles dudas que podía tener y que pretende acreditar a través del señalamiento de fotos de la menor.

Con reiteración de la extensa argumentación expuesta por los dos niveles de la jurisdicción en la que se expresa el contenido de sus declaraciones, la de las perjudicadas, menores de 16 años, las terapeutas, de la madre y los funcionarios policías constatamos la correcta enervación del derecho fundamental de este recurrente respecto a los hechos de la acusación.

SÉPTIMO.-El quinto de los motivos denuncia el error de hecho en la valoración de la prueba aportando como documentos acreditativos del error que denuncia el informe pericial y las declaraciones de las dos testigos menores de edad.

La desestimación no es procedente. La vía de impugnación elegida, exige designar un documento que por sí mismo, en la ausencia de otros acreditamientos sobre la misma materia que pretende acreditar el documento designado, evidencia un error o una situación fáctica que tenga relevancia penal en el hecho. Desde esta perspectiva las declaraciones de las menores no integran el concepto de documento a qué se refiere el número 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la misma forma el informe de forense en el particular referido al relato que la menor efectúa al médico, no integra el concepto de documento del qué obtener un hecho probado el que en el que no se refieren relaciones sexuales.

OCTAVO.-En el último motivo de la impugnación este recurrente cuestiona la vulneración del principio acusatorio toda vez que ha sido condenado por un delito de corrupción de menores que no fue objeto de acusación, afirmación que se desvirtúa cuando constatamos que consta que al inicio del juicio oral el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones para incluir esa tipicidad en su escrito de acusación sin una modificación del hecho declarado probado pero sí de la calificación jurídica que presentaba al enjuiciamiento como escrito de acusación.

NOVENO.-La estimación del motivo opuesto por el condenado Obdulio solo extiende sus efectos a la regularidad de una de las diligencias de prueba y no comporta una distinta conformación del hecho ni una nueva valoración jurídica de los hechos y señalamiento de la consecuencia jurídica.

Recurso de Obdulio

PRIMERO.-La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava, Sección Segunda, y que condenó a los recurrentes como autores responsables de un delito de corrupción de menores, otro continuado de agresión sexual, diferenciando para este recurrente, la concurrencia de la agravación por la penetración, que no se declara concurrente para el otro recurrente.

En síntesis , el relato fáctico refiere que el condenado Alejandro, con ánimo libidinoso y con la intención de satisfacer sus deseos sexuales, realizó actos de naturaleza sexual con una menor, de 14 o 15 años en el momento de los hechos, durante el año 2017, conociendo que era menor de 16 años y que su situación socio económica y familiar era de extrema vulnerabilidad, pues la menor, aunque vivía en casa de sus padres, se encontraba en una situación de dependencia de sustancias tóxicas, con continuas fugas de su domicilio, y pidiendo dinero para sus consumos de sustancias tóxicas, e incluso para comer. El acusado le daba dinero para comida y sustancias estupefacientes, le compraba comida, le invitaba a comer y su objetivo era ganarse su confianza y realizar conductas sexuales con ella. El relato fáctico refiere que mantuvo contactos sexuales con dicha menor en repetidas ocasiones consistentes en caricias, besos en la boca. Esta menor le presentó a otra menor, de 12 o 13 años de edad en el momento de los hechos, que también presentaba iguales dependencias a sustancias tóxicas y a la que también daba dinero. Refiere que en el mes de octubre del 2017, el acusado en su domicilio se acostó en la cama con las dos menores y con la intención de satisfacer sus deseos sexuales efectuó tocamientos a una de las menores. Respecto del otro acusado también condenado, Obdulio, el hecho probado refiere que conoció a las menores relacionadas en el hecho y conocía la situación socioeconómica y familiar de las menores a quienes proporcionó dinero a cambio de realizar conductas sexuales con ellas. Refiere el hecho que con relación a una de ellas creía que era mayor de 16 años, pero con relación a la otra conocía que era menor de 16 años. Este acusado las llevaba a su coche, donde realizaba actos de naturaleza sexual, y en una de las ocasiones con intención de satisfacer sus deseos sexuales quitó la ropa interior a las menores y les introdujo a ambas los dedos en la vagina, dándoles dinero a cada una de ellas.

Este recurrente, formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia "dado que se introducen en el juicio la declaración sumaria de la víctima en ausencia de los requisitos establecidos en los artículos 730, 448 y 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Señala que la única declaración de la menor Delfina se produce en el juzgado de instrucción con fecha 4 de octubre del 2019 y que esta declaración se reprodujo en la vista de juicio oral. Cuestiona esa reproducción puesto que la declaración de la menor en el juzgado se realiza sin la presencia de ningún letrado de la defensa de los acusados, lo que supone una infracción legal, dado que conforme a lo previsto en los artículos cuya infracción denuncia, no se llegó a realizar una prueba preconstituida, como expresamente recoge la sentencia en su fundamentación, añadiendo que la declaración de la menor no se practicó en las condiciones que aseguraran la contradicción efectiva que permitiría su reproducción en el juicio oral. Señala en el sentido que expresa que, como consta en los folios 602 y 603 de las actuaciones, se intentó contactar con la letrada que defendía a los acusados y esta citación no llegó a materializarse. Consecuentemente la afirmación de la sentencia que recoge la diligencia del intento de localización de la Letrada, no deja de ser un intento que no llegó a concretarse y la letrada no compareció, precisamente, porque no fue citada a la declaración.

El motivo se estima. De acuerdo a una reiterada jurisprudencia la prueba que puede ser valorada por el tribunal es la prueba practicada en el juicio oral, si bien de forma excepcional pueden ser reproducidas en el juicio oral aquellas pruebas del sumario practicadas con las garantías propias del enjuiciamiento, es decir, con la concurrencia de los requisitos que conforman la necesaria contradicción efectiva. En los supuestos en los que o bien se haya producido una prueba preconstituida, previendo que la prueba no pueda ser realizada en el juicio oral, o bien se haya practicado con la garantía de realización de la prueba previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá reproducirse la prueba del sumario, cuando concurran los supuestos de los artículos 730 y 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante su reproducción. En el caso de esta casación consta, por diligencia de 4 de octubre del 2019, que la Letrada de la Administración de Justicia ha comunicado con el teléfono del despacho de la Letrada que asistía a los acusados poniendo en conocimiento que en el día de hoy va a comparecer la menor Delfina ante este juzgado. Consta igualmente, que la declaración había sido intentada en anteriores ocasiones y no había comparecido. El día señalado para esa declaración, pues había sido localizada días antes, se dispuso su testimonio, y se intenta la localización de la Letrada, sin que conste que pudiera llevarse a cabo. Se hace constar que ese intento se realizó en varias ocasiones, sin que se afirme su efectiva citación para la diligencia. Sin mayor especificación el mismo día 4 de octubre se celebra la declaración de la menor a la que no comparece la letrada, ignorándose si tal incomparecencia fue voluntaria o lo fue por desconocimiento de la actuación procesal. El recurrente manifiesta que la letrada no tuvo conocimiento de la actuación y no hay prueba alguna que evidencie que esa comunicación llegó a su conocimiento. Esa falta de acreditación del conocimiento de la diligencia procesal de la declaración de la perjudicada en los hechos impide que la misma pueda ser tenida en cuenta como elemento probatorio para la acreditación de los hechos.

No obstante, la estimación de este motivo no comporta una modificación del hecho probado, ni de la valoración jurídica, pues prescindiendo de esa declaración subsisten elementos de prueba suficientes para la conformación del hecho probado, según argumentación en el siguiente motivo.

SEGUNDO.-En el segundo de los motivos de la impugnación el recurrente denuncia la vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución, argumentando que no ha existido prueba de cargo alguna que enerve la presunción de inocencia, habida cuenta de que las declaraciones de las testigos no enervan dicha presunción dadas las continuas contradicciones que existen en cada una de las declaraciones que se dan a lo largo de la instrucción del procedimiento y en la vista oral.

El motivo es el desestima. El recurrente pretende que a través de este recurso de casación realicemos una revaloración de las pruebas y, concretamente, de las testificales de la menor Lina y Tamara destacando lo que considera contradicciones e inexactitudes en sus testimonios. Prescindimos en este análisis de la prueba del testimonio de Delfina, dado que no concurrió la precisa contradicción en su práctica.

Frente a la valoración que propone el recurrente, destaca por su claridad la fundamentación de la sentencia de la primera instancia y la del tribunal de la apelación. Concretamente, en relación a este recurrente, el fundamento de derecho tercero de la sentencia de la primera instancia, prescindiendo, como hemos señalado, de las declaraciones de la menor Delfina, el tribunal apoya su convicción en la declaración de la menor Lina y las testificales que afirman la existencia del locutorio que este acusado regentaba y el conocimiento que el acusado tenía de las menores y su edad. A cambio de dinero realizaba conductas sexuales con ellas que se producían en el vehículo de recurrente, que fue reconocido por las menores en una diligencia de reconocimiento fotográfico, y respecto al que también han depuesto otros testigos. El dato referido al conocimiento de la edad, se constata a partir de las características físicas de los menores, de las facciones de las niñas que constan en las fotografías aportadas al enjuiciamiento, y la fundamentación destaca que en una de las conversaciones con el acusado se cuestionó la edad de las niñas. Además, el propio acusado afirmó no creer que fueran mayores de 16 años. La sentencia también refiere que por la envergadura de las menores, diferencia de edades de los acusados y las menores, la edad de las mismas era perceptible por el acusado y, en todo caso, debió ser objeto de una indagación específica, pues concurrían datos objetivos para afirmar la realidad de una edad que era visible, particularmente respecto de la menor Delfina. Las menores han declarado sobre los actos de contenido sexual que realizaba el acusado en el interior del vehículo y en un parking alejado y siempre de noche recibiendo a cambio 100 euros cada una. Este extremo, el de la entrega del dinero es negado por el acusado que, no obstante, refiere haberles dado 5 euros. Este referencia a la entrega de dinero es también afirmada por otra menor, Tamara, conformando una relación fáctica que el tribunal declara probado y subsumida en el tipo penal objeto de los delitos de la acusación.

Constatada la existencia de una actividad probatoria de una actividad probatoria valorada en las dos instancias anteriores, el motivo se desestima.

TERCERO.-En el tercer motivo vuelve a reiterar la denuncia de vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia cuestionando la actuación jurisdiccional que ha tenido en cuenta en la declaración de la víctima en fase de instrucción sin que se cumplan los criterios jurisprudenciales necesarios para dar credibilidad a la misma, dado que no concurren los elementos que la jurisprudencia ha considerado como necesarios para fundar una convicción sobre la valoración de la prueba testifical de la víctima, en referencia a falta de elementos de incredibilidad subjetiva, como móviles espurios, la verosimilitud y la persistencia en la declaración.

El motivo vuelve a reproducir la imposibilidad de incorporar al acto del juicio de las declaraciones sumariales al no haberse practicado con la precisa contradicción efectiva. Respecto al contenido de sus declaraciones, su percepción ha sido objeto de valoración por los tribunales del enjuiciamiento y de la revisión. Esta Sala que carece la precisa inmediación no puede llegar a una convicción distinta de la expresada por los tribunales que han conocido del enjuiciamiento.

Recurso de Alejandro

CUARTO.-Formaliza un primer motivo en el que al amparo del artículo 850.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia la denegación de una prueba instada en el juicio referido a la sanidad mental del acusado por la posible incidencia que el alcohol pudo afectar a su conducta. A salvo de la inicial exposición de la queja por la denegación de la prueba, el resto de la argumentación la refiere a la valoración de la prueba, destacando las incongruencias y contradicciones en las que incurren las testigos, argumentación que es ajena a la vía de impugnación elegida.

La desestimación es procedente. En primer lugar porque el motivo opuesto es por quebrantamiento de forma, cuestionando la correcta conformación y desarrollo del juicio oral, en este caso referido a la denegación de una prueba que pudiera lesionar su derecho de defensa. Sin embargo, constatamos que la prueba fue realizada y obra como documental del informe del médico forense que realizó el examen del acusado, señalando, en el folio 102, 103 y ss, del rollo de sala que el acusado mantenía sus facultades volitivas e intelectivas conservadas en el momento de los hechos. Por otra parte, no consta que en el recurso de apelación se hiciera referencia alguna a la denegación de la prueba, por lo que su planteamiento en casación es novedoso y obvia la correcta conformación del recurso al no invocar en sede de revisión la posible nulidad del juicio oral. En todo caso, la prueba no era necesaria puesto que se había practicado como prueba anticipada, y no era pertinente, porque no hay base alguna en la indagación de la causa que permita afirmar una insanidad mental como la que se postula en el recurso de casación.

QUINTO.-En el motivo segundo y tercero, que deben ser analizados conjuntamente, el recurrente denuncia la vulneración del artículo 24 de la Constitución ante una condena dictada sin una actividad probatoria según denuncia en el segundo motivo, y en el tercer motivo concreta su queja en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

La impugnación se desestima. El derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que desde el tribunal encargados del enjuiciamiento, y en su posterior revisión ante el Tribunal Superior de justicia, los tribunales de la jurisdicción penal hayan dispuesto de las precisa actividad probatoria para comprobar la efectiva enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia que acompaña al acusado durante su enjuiciamiento. Una correcta enervación de ese derecho exige la práctica de una actividad probatoria practicada de forma inmediata, con oralidad, y con la contradicción efectiva derivada de su práctica en enjuiciamiento con intervención efectiva de acusaciones y defensas en la práctica de la prueba, que deberá ser pública, sin perjuicio de las limitaciones establecidas la ley procesal. El tribunal, apreciando en conciencia la práctica de la prueba y los testimonios de forma racional, deberá expresar la motivación de la sentencia el fundamento de su convicción, correspondiendo al tribunal de la revisión, el Tribunal Superior de Justicia, la constatación de la efectiva existencia de la precisa actividad probatoria valorada por el Tribunal de enjuiciamiento. En la revisión casacional nos corresponde analizar si los órganos de la jurisdicción penal han dispuesto de la precisa actividad probatoria practicada a instancias de la acusación, y con intervención de la defensa, que pueda ser calificada de prueba de cargo y que haya sido valorada razonablemente, lo que constatamos a partir de la motivación de la sentencia.

En el caso, la sentencia objeto del recurso es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia que ha revisado la sentencia de la instancia y que ha declarado que el fundamento de la convicción sobre la comisión de los hechos por parte de los acusados y su participación en los mismos, ha sido obtenido de una forma lícita y regular y lo que ha sido objeto de la acusación resulta probado a partir de la prueba y la motivación, lógica y razonable. El tribunal ha valorado los testimonios de las menores que intervinieron en los hechos como víctimas de la acción imputada a los acusados. Basta una lectura de la sentencia de la primera instancia, en la que va reproduciendo los testimonios de las víctimas, así como los testimonios referenciales de la madre y de las cuidadoras y de las personas que han participado en los centros educativos por los que han discurrido el cuidado y atención de las víctimas. El Tribunal de la primera instancia reproduce, bajo el epígrafe resultado de la prueba, las declaraciones de los acusados de las que obtiene el convencimiento sobre el conocimiento de las menores y, concretamente, el conocimiento de la edad de las mismas. Particular relevancia tiene cuando identifica los tres domicilios en los cuales estuvieron las menores que son coincidentes con las declaraciones de Lina, Delfina y Tamara, a la que todos llamaban Santiaga. También analiza las declaraciones del otro acusado, que también identifica a las menores y las situaciones de vulnerabilidad en las cuales se encontraban. El tribunal ha valorado las declaraciones de quien era asistente psicológica en los distintos centros en los que residieron las menores y también la declaración de la madre de Lina, así como la declaración de la educadora social de esta última. Por último, también ha valorado las declaraciones de agentes de policía, todos concurrentes en la vulnerabilidad de las menores, y la sospecha vehemente sobre la realización de actos sexuales a cambio de dinero proporcionado por los dos acusados. Las declaraciones de la menor Lina es igualmente asertiva sobre los hechos narrando las distintas circunstancias en las que se desarrollaron los hechos en las distintas viviendas pertenecientes al acusado hoy llegando a expresar los hechos en Las Palmas que han sido expuesto por la acusación. En el mismo sentido incriminatorio las declaraciones de la menor Tamara.

La valoración de la actividad probatoria es racional y versa sobre la realidad de los hechos de la acusación, cobrando especial referencia la declaración de este recurrente quien manifiesta que conocía a las menores, que las invitaba en los bares, les compraba tabaco y comida, y les daba dinero, conociendo la relación que tenía las mismas con las drogas y la difícil situación que ambas tenían. Esta afirmación del hecho aparece afirmada, también, en las declaraciones de las menores sobre las relaciones sexuales mantenidas a cambio del dinero suministrado por ambos, afirmaciones de los que se hicieron eco los servicios sociales y los funcionarios de policía que lo señalaron en el juicio oral.

SEXTO.-En el tercero de los motivos denuncia la infracción del artículo 14 del Código Penal es referencia a la concurrencia de un error invencible respecto a la edad de las menores. La desestimación es procedente toda vez que el relato fáctico refiere el concreto con el conocimiento de la edad por parte de este recurrente quien, además, afirmó ese conocimiento. Por otra parte, como expresa el fundamento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en este particular, la diferencia de edad entre los acusados y las víctimas así como el reiterado y prolongado conocimiento de los acusados con relación a las mismas haría plausible una mínima diligencia de cuidado que les hubiera llevado a constatar que efectivamente eran menores de edad, extremo que el propio recurrente reconoció haber dicho a otra persona, al que reprendió por no atender a la menor Delfina que se encontraba vomitando a la calle tras la ingesta de sustancias tóxicas, llegando a afirmar que conocía la edad inferior a 16 años. Con relación a la otra menor, Lina, la sentencia fundamenta la indiferencia con relación a la edad que debía haber sido conocida por el acusado dado lo prolongado de la relación. En todo caso, el recurrente conocía que esta menor estaba ingresada en un centro de menores durante el año 2017 y que por vía de su madre conoció que tenía 14 años de edad, por lo tanto se desvanecen las posibles dudas que podía tener y que pretende acreditar a través del señalamiento de fotos de la menor.

Con reiteración de la extensa argumentación expuesta por los dos niveles de la jurisdicción en la que se expresa el contenido de sus declaraciones, la de las perjudicadas, menores de 16 años, las terapeutas, de la madre y los funcionarios policías constatamos la correcta enervación del derecho fundamental de este recurrente respecto a los hechos de la acusación.

SÉPTIMO.-El quinto de los motivos denuncia el error de hecho en la valoración de la prueba aportando como documentos acreditativos del error que denuncia el informe pericial y las declaraciones de las dos testigos menores de edad.

La desestimación no es procedente. La vía de impugnación elegida, exige designar un documento que por sí mismo, en la ausencia de otros acreditamientos sobre la misma materia que pretende acreditar el documento designado, evidencia un error o una situación fáctica que tenga relevancia penal en el hecho. Desde esta perspectiva las declaraciones de las menores no integran el concepto de documento a qué se refiere el número 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la misma forma el informe de forense en el particular referido al relato que la menor efectúa al médico, no integra el concepto de documento del qué obtener un hecho probado el que en el que no se refieren relaciones sexuales.

OCTAVO.-En el último motivo de la impugnación este recurrente cuestiona la vulneración del principio acusatorio toda vez que ha sido condenado por un delito de corrupción de menores que no fue objeto de acusación, afirmación que se desvirtúa cuando constatamos que consta que al inicio del juicio oral el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones para incluir esa tipicidad en su escrito de acusación sin una modificación del hecho declarado probado pero sí de la calificación jurídica que presentaba al enjuiciamiento como escrito de acusación.

NOVENO.-La estimación del motivo opuesto por el condenado Obdulio solo extiende sus efectos a la regularidad de una de las diligencias de prueba y no comporta una distinta conformación del hecho ni una nueva valoración jurídica de los hechos y señalamiento de la consecuencia jurídica.