Sentencia Penal 90/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3253/2025 de 05 de febrero del 2026

PRIMERO.-Nos encontramos ante un recurso de casación formulado contra una sentencia dictada por una Audiencia Provincial, con ocasión de un recurso de apelación planteado contra una sentencia dictada en primera instancia por un Juzgado de los Penal, se trata de un recurso por interés casacional, sobre cuya naturaleza y alcance hay una asentada doctrina por esta Sala, que podemos tomar de lo que decíamos en Sentencia del Pleno 487/2025, de 28 de mayo de 2025:

«Siendo así, como señalan las recientes sentencias 78/2024, de 21-1; 601/2024, de 13-6; 1031/2024, de 14-11; 1065/2024, de 21-11, nos encontramos en la vía impugnativa que habilitó la reforma de la LECrim operada por Ley 41/2015, de 5- 10, al introducir en el art. 847.1 b) la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y con él, de la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde, de todos los delitos previstos en el Código Penal, con la única exclusión de los leves, salvo cuando estos se enjuician a través de los procedimientos previstos para delitos menos graves o graves.

Se trata de un recurso limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a "la infracción de ley del motivo previsto en el núm. 1 del art. 849", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal buscando la generalización, cuya admisión queda condicionada a la existencia de interés casacional. En este caso el interés casacional debe residenciarse en la contradicción del procedimiento cuestionado con la jurisprudencia de esta Sala.

Como dijimos en la sentencia del Pleno 210/2017, de 28-3, que resolvió la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por Audiencia Provincial en apelación respecto a la pronunciada por el Juzgado de lo Penal "estamos ante una modalidad de recurso que enlaza más con el art. 9.3 CE (seguridad jurídica) que con el art. 24.1 (tutela judicial efectiva)".

En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional" esta Sala, reunida en Pleno no Jurisdiccional de 9-6-2016, adoptó el siguiente Acuerdo:

"A) El art 847.1º letra b) de la LECrim debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849.2º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el art 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art 884 LECrim).

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art 892 LECrim)."

Pleno de esta Sala Segunda que fue refrendado por el auto 40/2018, de 13-4, del Tribunal Constitucional, en un supuesto de inadmisión del recurso de casación en un caso como el presente en el que la petición acusatoria había sido ya juzgada en doble instancia, concluyó que la apreciación de inadmisión cuestionada no podía entenderse arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, ni tampoco contraria a la plena efectividad de los derechos fundamentales, cuya supuesta vulneración sustentaba el recurso de la demandante, sino que se funda en la existencia de una causa legal que ha sido razonablemente aplicada».

SEGUNDO.-Decíamos en el fundamento anterior que este específico recurso de casación, por interés casacional, es un recurso limitado, exclusivamente, al motivo por error iurisdel art. 849.1º LECrim. , como también decíamos que debían ser inadmitidos los formulados por los arts. 849.2º (motivo por error facti),850, 851 y 852 LECrim ., como son los que aleguen infracciones procesales o constitucionales.

De conformidad con la anterior doctrina, no cabe que prospere ninguno de los dos primeros motivos de recurso planteados, el primero de los cuales por quebrantamiento de forma y el segundo por vulneración de garantías procesales, con invocación del art. 24.2 CE, motivos que debieron dar lugar a su inadmisión, que, en el momento procesal en que nos encontramos, se tornan de desestimación.

TERCERO.-El tercer motivo, que lo es por infracción de ley, lo que solicita es que se aplique la atenuante de reparación del daño.

1.Se alega en el motivo que el acusado consignó con anterioridad al día del juicio 1.300 € para atender a la responsabilidad civil, cuando el M.F. había interesado por este concepto la cantidad de 1.000 euros, y, al elevar a definitivas las conclusiones la defensa, interesó la apreciación de la atenuante, sobre lo que no hay pronunciamiento en la sentencia de instancia al ser absolutoria.

Recurre en apelación el M.F. y la acusación, y se estima el recurso y se condena, pero la sentencia de apelación se limita a decir que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pero no dedica atención a la atenuante, aunque impone la pena en su mínima extensión.

Ahora en casación, que recurre el acusado, vuelve a solicitar que se aprecie la atenuante, y el M.F. se opone porque es irrelevante, al ser la mínima la pena que se impuso.

Cierto que la pena no se ve afectada, pero no es menos cierto que el pronunciamiento sobre su concurrencia, o no, tiene diferentes consecuencias, porque, de considerar procedente la atenuante y, por lo tanto, prosperar el motivo, se habría estimado, parcialmente, el recurso, de manera que, de conformidad con la dispuesto en el art. 901 LECrim. , habrá que declararlas de oficio, mientras que llevaría aparejado una condena en costas al recurrente en caso contrario.

2.Es circunstancia atenuante 5ª «la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral».

Según asentada jurisprudencia de esta Sala, dado el carácter objetivo de esta circunstancia, exige solo dos elementos, uno cronológico, que es que la reparación se haga efectiva antes del juicio oral, como aquí concurre, y otro sustancial, que pone su acento en la cuantía y no es incompatible con que lo sea por la vía de la indemnización, que también se da. De hecho, la sentencia de apelación calcula esos 1.000 euros a favor de la denunciante en concepto de daño moral

Procede, pues, la estimación del motivo, pese a ser irrelevante a efectos de reducción de pena.

CUARTO.-La estimación del recurso lleva aparejado, por disposición del art. 901 LECrim. , declarar de oficio las costas devengadas con motivo del mismo.

PRIMERO.-Nos encontramos ante un recurso de casación formulado contra una sentencia dictada por una Audiencia Provincial, con ocasión de un recurso de apelación planteado contra una sentencia dictada en primera instancia por un Juzgado de los Penal, se trata de un recurso por interés casacional, sobre cuya naturaleza y alcance hay una asentada doctrina por esta Sala, que podemos tomar de lo que decíamos en Sentencia del Pleno 487/2025, de 28 de mayo de 2025:

«Siendo así, como señalan las recientes sentencias 78/2024, de 21-1; 601/2024, de 13-6; 1031/2024, de 14-11; 1065/2024, de 21-11, nos encontramos en la vía impugnativa que habilitó la reforma de la LECrim operada por Ley 41/2015, de 5- 10, al introducir en el art. 847.1 b) la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y con él, de la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde, de todos los delitos previstos en el Código Penal, con la única exclusión de los leves, salvo cuando estos se enjuician a través de los procedimientos previstos para delitos menos graves o graves.

Se trata de un recurso limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a "la infracción de ley del motivo previsto en el núm. 1 del art. 849", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal buscando la generalización, cuya admisión queda condicionada a la existencia de interés casacional. En este caso el interés casacional debe residenciarse en la contradicción del procedimiento cuestionado con la jurisprudencia de esta Sala.

Como dijimos en la sentencia del Pleno 210/2017, de 28-3, que resolvió la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por Audiencia Provincial en apelación respecto a la pronunciada por el Juzgado de lo Penal "estamos ante una modalidad de recurso que enlaza más con el art. 9.3 CE (seguridad jurídica) que con el art. 24.1 (tutela judicial efectiva)".

En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional" esta Sala, reunida en Pleno no Jurisdiccional de 9-6-2016, adoptó el siguiente Acuerdo:

"A) El art 847.1º letra b) de la LECrim debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849.2º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el art 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art 884 LECrim).

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art 892 LECrim)."

Pleno de esta Sala Segunda que fue refrendado por el auto 40/2018, de 13-4, del Tribunal Constitucional, en un supuesto de inadmisión del recurso de casación en un caso como el presente en el que la petición acusatoria había sido ya juzgada en doble instancia, concluyó que la apreciación de inadmisión cuestionada no podía entenderse arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, ni tampoco contraria a la plena efectividad de los derechos fundamentales, cuya supuesta vulneración sustentaba el recurso de la demandante, sino que se funda en la existencia de una causa legal que ha sido razonablemente aplicada».

SEGUNDO.-Decíamos en el fundamento anterior que este específico recurso de casación, por interés casacional, es un recurso limitado, exclusivamente, al motivo por error iurisdel art. 849.1º LECrim. , como también decíamos que debían ser inadmitidos los formulados por los arts. 849.2º (motivo por error facti),850, 851 y 852 LECrim ., como son los que aleguen infracciones procesales o constitucionales.

De conformidad con la anterior doctrina, no cabe que prospere ninguno de los dos primeros motivos de recurso planteados, el primero de los cuales por quebrantamiento de forma y el segundo por vulneración de garantías procesales, con invocación del art. 24.2 CE, motivos que debieron dar lugar a su inadmisión, que, en el momento procesal en que nos encontramos, se tornan de desestimación.

TERCERO.-El tercer motivo, que lo es por infracción de ley, lo que solicita es que se aplique la atenuante de reparación del daño.

1.Se alega en el motivo que el acusado consignó con anterioridad al día del juicio 1.300 € para atender a la responsabilidad civil, cuando el M.F. había interesado por este concepto la cantidad de 1.000 euros, y, al elevar a definitivas las conclusiones la defensa, interesó la apreciación de la atenuante, sobre lo que no hay pronunciamiento en la sentencia de instancia al ser absolutoria.

Recurre en apelación el M.F. y la acusación, y se estima el recurso y se condena, pero la sentencia de apelación se limita a decir que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pero no dedica atención a la atenuante, aunque impone la pena en su mínima extensión.

Ahora en casación, que recurre el acusado, vuelve a solicitar que se aprecie la atenuante, y el M.F. se opone porque es irrelevante, al ser la mínima la pena que se impuso.

Cierto que la pena no se ve afectada, pero no es menos cierto que el pronunciamiento sobre su concurrencia, o no, tiene diferentes consecuencias, porque, de considerar procedente la atenuante y, por lo tanto, prosperar el motivo, se habría estimado, parcialmente, el recurso, de manera que, de conformidad con la dispuesto en el art. 901 LECrim. , habrá que declararlas de oficio, mientras que llevaría aparejado una condena en costas al recurrente en caso contrario.

2.Es circunstancia atenuante 5ª «la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral».

Según asentada jurisprudencia de esta Sala, dado el carácter objetivo de esta circunstancia, exige solo dos elementos, uno cronológico, que es que la reparación se haga efectiva antes del juicio oral, como aquí concurre, y otro sustancial, que pone su acento en la cuantía y no es incompatible con que lo sea por la vía de la indemnización, que también se da. De hecho, la sentencia de apelación calcula esos 1.000 euros a favor de la denunciante en concepto de daño moral

Procede, pues, la estimación del motivo, pese a ser irrelevante a efectos de reducción de pena.

CUARTO.-La estimación del recurso lleva aparejado, por disposición del art. 901 LECrim. , declarar de oficio las costas devengadas con motivo del mismo.

PRIMERO.-Nos encontramos ante un recurso de casación formulado contra una sentencia dictada por una Audiencia Provincial, con ocasión de un recurso de apelación planteado contra una sentencia dictada en primera instancia por un Juzgado de los Penal, se trata de un recurso por interés casacional, sobre cuya naturaleza y alcance hay una asentada doctrina por esta Sala, que podemos tomar de lo que decíamos en Sentencia del Pleno 487/2025, de 28 de mayo de 2025:

«Siendo así, como señalan las recientes sentencias 78/2024, de 21-1; 601/2024, de 13-6; 1031/2024, de 14-11; 1065/2024, de 21-11, nos encontramos en la vía impugnativa que habilitó la reforma de la LECrim operada por Ley 41/2015, de 5- 10, al introducir en el art. 847.1 b) la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y con él, de la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde, de todos los delitos previstos en el Código Penal, con la única exclusión de los leves, salvo cuando estos se enjuician a través de los procedimientos previstos para delitos menos graves o graves.

Se trata de un recurso limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a "la infracción de ley del motivo previsto en el núm. 1 del art. 849", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal buscando la generalización, cuya admisión queda condicionada a la existencia de interés casacional. En este caso el interés casacional debe residenciarse en la contradicción del procedimiento cuestionado con la jurisprudencia de esta Sala.

Como dijimos en la sentencia del Pleno 210/2017, de 28-3, que resolvió la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por Audiencia Provincial en apelación respecto a la pronunciada por el Juzgado de lo Penal "estamos ante una modalidad de recurso que enlaza más con el art. 9.3 CE (seguridad jurídica) que con el art. 24.1 (tutela judicial efectiva)".

En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional" esta Sala, reunida en Pleno no Jurisdiccional de 9-6-2016, adoptó el siguiente Acuerdo:

"A) El art 847.1º letra b) de la LECrim debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849.2º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el art 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art 884 LECrim).

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art 892 LECrim)."

Pleno de esta Sala Segunda que fue refrendado por el auto 40/2018, de 13-4, del Tribunal Constitucional, en un supuesto de inadmisión del recurso de casación en un caso como el presente en el que la petición acusatoria había sido ya juzgada en doble instancia, concluyó que la apreciación de inadmisión cuestionada no podía entenderse arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, ni tampoco contraria a la plena efectividad de los derechos fundamentales, cuya supuesta vulneración sustentaba el recurso de la demandante, sino que se funda en la existencia de una causa legal que ha sido razonablemente aplicada».

SEGUNDO.-Decíamos en el fundamento anterior que este específico recurso de casación, por interés casacional, es un recurso limitado, exclusivamente, al motivo por error iurisdel art. 849.1º LECrim. , como también decíamos que debían ser inadmitidos los formulados por los arts. 849.2º (motivo por error facti),850, 851 y 852 LECrim ., como son los que aleguen infracciones procesales o constitucionales.

De conformidad con la anterior doctrina, no cabe que prospere ninguno de los dos primeros motivos de recurso planteados, el primero de los cuales por quebrantamiento de forma y el segundo por vulneración de garantías procesales, con invocación del art. 24.2 CE, motivos que debieron dar lugar a su inadmisión, que, en el momento procesal en que nos encontramos, se tornan de desestimación.

TERCERO.-El tercer motivo, que lo es por infracción de ley, lo que solicita es que se aplique la atenuante de reparación del daño.

1.Se alega en el motivo que el acusado consignó con anterioridad al día del juicio 1.300 € para atender a la responsabilidad civil, cuando el M.F. había interesado por este concepto la cantidad de 1.000 euros, y, al elevar a definitivas las conclusiones la defensa, interesó la apreciación de la atenuante, sobre lo que no hay pronunciamiento en la sentencia de instancia al ser absolutoria.

Recurre en apelación el M.F. y la acusación, y se estima el recurso y se condena, pero la sentencia de apelación se limita a decir que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pero no dedica atención a la atenuante, aunque impone la pena en su mínima extensión.

Ahora en casación, que recurre el acusado, vuelve a solicitar que se aprecie la atenuante, y el M.F. se opone porque es irrelevante, al ser la mínima la pena que se impuso.

Cierto que la pena no se ve afectada, pero no es menos cierto que el pronunciamiento sobre su concurrencia, o no, tiene diferentes consecuencias, porque, de considerar procedente la atenuante y, por lo tanto, prosperar el motivo, se habría estimado, parcialmente, el recurso, de manera que, de conformidad con la dispuesto en el art. 901 LECrim. , habrá que declararlas de oficio, mientras que llevaría aparejado una condena en costas al recurrente en caso contrario.

2.Es circunstancia atenuante 5ª «la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral».

Según asentada jurisprudencia de esta Sala, dado el carácter objetivo de esta circunstancia, exige solo dos elementos, uno cronológico, que es que la reparación se haga efectiva antes del juicio oral, como aquí concurre, y otro sustancial, que pone su acento en la cuantía y no es incompatible con que lo sea por la vía de la indemnización, que también se da. De hecho, la sentencia de apelación calcula esos 1.000 euros a favor de la denunciante en concepto de daño moral

Procede, pues, la estimación del motivo, pese a ser irrelevante a efectos de reducción de pena.

CUARTO.-La estimación del recurso lleva aparejado, por disposición del art. 901 LECrim. , declarar de oficio las costas devengadas con motivo del mismo.

PRIMERO.-Nos encontramos ante un recurso de casación formulado contra una sentencia dictada por una Audiencia Provincial, con ocasión de un recurso de apelación planteado contra una sentencia dictada en primera instancia por un Juzgado de los Penal, se trata de un recurso por interés casacional, sobre cuya naturaleza y alcance hay una asentada doctrina por esta Sala, que podemos tomar de lo que decíamos en Sentencia del Pleno 487/2025, de 28 de mayo de 2025:

«Siendo así, como señalan las recientes sentencias 78/2024, de 21-1; 601/2024, de 13-6; 1031/2024, de 14-11; 1065/2024, de 21-11, nos encontramos en la vía impugnativa que habilitó la reforma de la LECrim operada por Ley 41/2015, de 5- 10, al introducir en el art. 847.1 b) la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y con él, de la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde, de todos los delitos previstos en el Código Penal, con la única exclusión de los leves, salvo cuando estos se enjuician a través de los procedimientos previstos para delitos menos graves o graves.

Se trata de un recurso limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a "la infracción de ley del motivo previsto en el núm. 1 del art. 849", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal buscando la generalización, cuya admisión queda condicionada a la existencia de interés casacional. En este caso el interés casacional debe residenciarse en la contradicción del procedimiento cuestionado con la jurisprudencia de esta Sala.

Como dijimos en la sentencia del Pleno 210/2017, de 28-3, que resolvió la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por Audiencia Provincial en apelación respecto a la pronunciada por el Juzgado de lo Penal "estamos ante una modalidad de recurso que enlaza más con el art. 9.3 CE ( seguridad jurídica) que con el art. 24.1 (tutela judicial efectiva)".

En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional" esta Sala, reunida en Pleno no Jurisdiccional de 9-6-2016, adoptó el siguiente Acuerdo:

"A) El art 847.1º letra b) de la LECrim debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849.2º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el art 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art 884 LECrim) .

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art 889.2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art 892 LECrim) ."

Pleno de esta Sala Segunda que fue refrendado por el auto 40/2018, de 13-4, del Tribunal Constitucional, en un supuesto de inadmisión del recurso de casación en un caso como el presente en el que la petición acusatoria había sido ya juzgada en doble instancia, concluyó que la apreciación de inadmisión cuestionada no podía entenderse arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, ni tampoco contraria a la plena efectividad de los derechos fundamentales, cuya supuesta vulneración sustentaba el recurso de la demandante, sino que se funda en la existencia de una causa legal que ha sido razonablemente aplicada».

SEGUNDO.-Decíamos en el fundamento anterior que este específico recurso de casación, por interés casacional, es un recurso limitado, exclusivamente, al motivo por error iurisdel art. 849.1º LECrim. , como también decíamos que debían ser inadmitidos los formulados por los arts. 849.2º (motivo por error facti),850, 851 y 852 LECrim ., como son los que aleguen infracciones procesales o constitucionales.

De conformidad con la anterior doctrina, no cabe que prospere ninguno de los dos primeros motivos de recurso planteados, el primero de los cuales por quebrantamiento de forma y el segundo por vulneración de garantías procesales, con invocación del art. 24.2 CE, motivos que debieron dar lugar a su inadmisión, que, en el momento procesal en que nos encontramos, se tornan de desestimación.

TERCERO.-El tercer motivo, que lo es por infracción de ley, lo que solicita es que se aplique la atenuante de reparación del daño.

1.Se alega en el motivo que el acusado consignó con anterioridad al día del juicio 1.300 € para atender a la responsabilidad civil, cuando el M.F. había interesado por este concepto la cantidad de 1.000 euros, y, al elevar a definitivas las conclusiones la defensa, interesó la apreciación de la atenuante, sobre lo que no hay pronunciamiento en la sentencia de instancia al ser absolutoria.

Recurre en apelación el M.F. y la acusación, y se estima el recurso y se condena, pero la sentencia de apelación se limita a decir que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pero no dedica atención a la atenuante, aunque impone la pena en su mínima extensión.

Ahora en casación, que recurre el acusado, vuelve a solicitar que se aprecie la atenuante, y el M.F. se opone porque es irrelevante, al ser la mínima la pena que se impuso.

Cierto que la pena no se ve afectada, pero no es menos cierto que el pronunciamiento sobre su concurrencia, o no, tiene diferentes consecuencias, porque, de considerar procedente la atenuante y, por lo tanto, prosperar el motivo, se habría estimado, parcialmente, el recurso, de manera que, de conformidad con la dispuesto en el art. 901 LECrim. , habrá que declararlas de oficio, mientras que llevaría aparejado una condena en costas al recurrente en caso contrario.

2.Es circunstancia atenuante 5ª «la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral».

Según asentada jurisprudencia de esta Sala, dado el carácter objetivo de esta circunstancia, exige solo dos elementos, uno cronológico, que es que la reparación se haga efectiva antes del juicio oral, como aquí concurre, y otro sustancial, que pone su acento en la cuantía y no es incompatible con que lo sea por la vía de la indemnización, que también se da. De hecho, la sentencia de apelación calcula esos 1.000 euros a favor de la denunciante en concepto de daño moral

Procede, pues, la estimación del motivo, pese a ser irrelevante a efectos de reducción de pena.

CUARTO.-La estimación del recurso lleva aparejado, por disposición del art. 901 LECrim. , declarar de oficio las costas devengadas con motivo del mismo.