Sentencia Penal 197/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7948/2023 de 05 de marzo del 2026

Recurso de Jacobo

PRIMERO.-Formula su primer motivo de recurso la representación procesal de este condenado, al amparo del art. 852 LECrim. , por infracción de precepto constitucional, en concreto, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, art. 5.4 LOPJ en relación con el art. 24.2 CE.

1.En el desarrollo del motivo se parte de que la sentencia recurrida concluye que existe una interrelación entre la comisión del delito de estafa y el de falsedad en documento mercantil, de ahí la condena en régimen de concurso medial, porque tiene en cuenta que son documentos mercantiles los que va recogiendo en los hechos probados, de los cuales el recurrente hace especial hincapié en el pasaje de esos hechos probados en que se declara que «para obtener la confianza de la SGR, los acusados entregaron unos documentos de aval en contra garantía, supuestamente pertenecientes a BNP PARIBAS, entidad bancaria francesa de reputación y solvencia reconocida a nivel mundial (...)»; y se dice también que «estos avales, auténticos condicionantes de la operación y sin los cuales la SGR no habría accedido en ningún caso a la misma, carecían de autenticidad, al no haber sido otorgados por dicha entidad, ni existir el firmante de los mismos, Mariano».

Ahora bien, en ese paréntesis con puntos suspensivos colocado entre uno y otro pasaje de esos hechos probados se dice que «Tales documentos fueron confeccionados por los acusados con los membretes y formato de tal entidad, figurando el primer aval firmado en representación de BNP PARIBAS por Mariano fechado el 20 de junio de 2007, junto con una carta de BNP PARIBAS en la que confirman que el aval había sido debidamente registrado en sus libros».

Ha sido necesario incorporar esta frase que media entre las dos que ha entresacado el recurrente, porque es clave para la comprensión del entramado defraudatorio urdido por los condenados, que fueron ellos quienes confeccionan la documentación falsa indispensable para llegar a conseguir el aval de esos 3.000.000 de euros, que solo logran de la SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR), porque consiguen aparentar una solvencia de la que carecían.

Para una mejor comprensión, podemos hacer un resumen de los hechos, diciendo que los acusados, de común acuerdo, con el propósito de obtener un ilícito beneficio a costa de tercero, y con la intención de no reembolsarlo, a mediados de 2.007 solicitaron a la SGR un aval para su sociedad, NUESTRO LEGADO, SL, de la que era administrador el condenado Jacobo, para hacer frente a una línea de crédito que les fue concedida por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en fecha 29 de junio de 2.007, por un máximo de 3.000.000 de euros, que no tenían intención de devolver, avalando la SGR solidariamente a NUESTRO LEGADO, SL, frente a dicha entidad crediticia, ante la apariencia de solvencia creada por ellos.

En los hechos probados se recoge con detalle los pasos que van dando desde que entran en contacto con la oficina de la SGR en Alicante y la abundante documentación que van aportando con el fin de aparentar lo que era una falsa solvencia, hasta llegar a los documentos de aval de BNP PARIBAS, que se da por probado que confeccionaron ellos mismos, auténticos condicionantes de la operación con SGR, pues generan una apariencia de solvencia a su Comisión de Riesgos, que, al considerar que el riesgo de la operación era prácticamente nulo, hace que ese día 29 de junio de 2007 otorgase tal línea de crédito a NUESTRO LEGADO SL por 3.000.000 de euros, quedando como aval solidario SGR frente a la CAM.

2.Hemos traído los anteriores antecedentes, porque el recurrente centra su atención en que la sentencia recurrida reconoce que el condicionante de la operación, sin el cual no se habría accedido a ella por la SGR, fueron los contra avales pertenecientes a BNP PARIBAS, junto con una carta de esta entidad que confirma que el aval había sido debidamente registrado en sus libros, que el hecho probado declara que fueron documentos falsificados por los condenados, con lo que discrepa el recurrente.

La sentencia recurrida, en su análisis de la prueba documental, relaciona puntualmente toda la que tuvo en cuenta para formar su criterio, y lo que el recurrente le reprocha es que los contra avales entregados a la SGR determinantes para la operación de afianzamiento, manipulados por los condenados con los membretes y formato de BNP PARIBAS y firmado en representación de ésta por Mariano, hayan sido sobrevalorados por el tribunal sentenciador, cuando son fotocopias de documentos emitidos por otro país, sin que conste que se aportaran los documentos originales, ni tampoco haber quedado acreditada su falsedad, al no haberse practicado prueba pericial la que determine, y sin que quede acreditada por el trámite de requerimiento efectuado por la SGR a través de agente judicial (Hussier de Justice), pues, por ser un trámite judicial realizado en otro país y teniendo en cuenta que se trata de un documento público, no sería válido en el nuestro y no tendría valor probatorio de no cumplirse lo preceptuado en el art. 323 LECivil.

No es, por tanto, una cuestión afectante a la presunción de inocencia lo que se somete a debate en el motivo, por más que así se haya enunciado, sino a criterios de pura valoración de prueba, propios de un motivo por error factidel art. 849.2º LECrim. , por lo que nos remitimos a lo que digamos al abordar el segundo motivo de recurso que, aunque con mención al art. 849.1º LECrim. vuelve a acudir al art. 323 LECivil.

3.En este primer motivo de recurso, con amparo en la presunción de inocencia, se cuestiona también la existencia del engaño bastante, que caracteriza el delito de estafa, pues para el recurrente resulta sorprendente que se pudiera engañar a la SGR, que opera como entidad financiera en el tráfico mercantil y cuenta con servicios jurídicos y de asesoramiento en este ámbito, a quien se reprocha no haber prestado la necesaria diligencia para haber evitado la operación con que se vio perjudicada.

En realidad, el discurso que se realiza en torno a este particular poco tiene que ver con la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, porque con él se trata de dar relevancia a algo que, por notorio, hay que presumir que era conocido por el tribunal sentenciador cuando aprecia la existencia del engaño propio de la estafa; de hecho, son entidades cuyo régimen está sujeto a regulación por Ley 1/1994, de 11 de marzo y están supervisadas por el Banco de España, ante lo cual es difícil pensar que el tribunal sentenciador no tuviera en cuenta sus características y capacidad, y aun así considerase que fue objeto de engaño, debido a la habilidad y estrategia de los condenados en la elaboración del plan preparado para sortear los obstáculos que pudieran encontrar en la operación fraudulenta urdida sobre dicha entidad.

En todo caso, el tribunal sentenciador, en la valoración que hace de la prueba practicada a su presencia da suficiente explicación de por qué considera que concurre ese engaño bastante; tiene en cuenta el testimonio del representante de la SGR, quien puso el acento en lo fundamental que fueron los contra avales falsificados, y solo faltaría que se le tuviera que haber exigido que a toda documentación que se le presentase la tuviera que someter a una pericia, o, simplemente, ponerla en duda sistemáticamente, cuando principios como el de buena fe o confianza son rectores en el tráfico mercantil.

Hay, por tanto, una explicación en la sentencia recurrida con la que, de manera razonable, se concluye que el engaño tejido por los condenados era el suficiente a los fines defraudatorios que perseguían, y siendo en ese juicio de racionalidad donde ha de quedar nuestro cometido de control casacional, ningún reproche cabe hacer a la sentencia recurrida porque haya dado por probado unos hechos que describen un ardid, que se puede considerar lo suficientemente engañoso, como para ser causante del perjuicio patrimonial que se ha declarado probado.

No nos corresponde, pues, como tribunal de casación, entrar en la dinámica a que pretende llevarnos el recurrente en torno a la valoración de la actuación de la SGR con la que sembrar una duda en torno a su mayor o menor diligencia, porque, al margen de que, al no haber sido practicada a nuestra presencia la prueba y carecer, por tanto, de principios tan fundamentales como el de inmediación y contradicción, sucede que, en el caso, incluso, aunque pudiéramos llegar a tal conclusión, ello no quita para ignorar que medió tal engaño y que el llevado a cabo fue de tal habilidad, como para conseguir el objetivo con él pretendido.

No se puede extender sin límites una excepción, como la que ha hecho la jurisprudencia de esta Sala, para admitir que, en caso de burdos engaños, la suficiencia del engaño es tan nimia que no alcanza el nivel como para integrar el delito de estafa, porque su suficiencia no puede hacerse depender de la diligencia de la víctima, y, hasta tal punto ha sido así, que, incluso, en casos de timos tan toscos, pero populares en nuestra picaresca, como el de la estampita o el tococomocho, no siempre ha prosperado una línea de defensa que consiguiera resultados absolutorios, y desde luego, en el caso que nos ocupa, la estrategia defraudatoria de los condenados ni por aproximación se acerca a ejemplos como éstos, y es que, como decíamos en STS 919/2023, de 14 de diciembre de 2023 «una cosa es la exclusión del delito de estafa en supuestos de "engaño burdo", o de "absoluta falta de perspicacia, estúpida credulidad o extraordinaria indolencia", y otra, como se señala en la citada sentencia núm. 162/2012, de 15 de marzo, que se pretenda desplazar sobre la víctima de estos delitos la responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está definido en el tipo ni se reclama en otras infracciones patrimoniales».

Procede, pues, la desestimación del motivo

SEGUNDO.-El segundo motivo se formula al amparo del art. 849.1 LECrim. , por infracción del art. 323 LECivil, en relación con el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, de supresión de la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros (conocido como convenio de la Apostilla de La Haya), ratificado por España.

El motivo incurre en un defecto de planteamiento que trataremos de salvar, porque no se puede enunciar como un motivo por error iurisdel art. 849.1º LECrim. , esto es, como un motivo sustantivo penal puro y, sin embrago, derivar el discurso por una queja relacionada con aspectos probatorios, propia de un motivo por error factidel art. 849.2º LECrim. , que es como lo abordaremos; como haremos extensivo lo que digamos a la queja del motivo cuarto, enunciado por error facti,que se limita a citar cuatro documentos, que no son literosuficientes, imprescindible para que pudiera tener visos de prosperar tal motivo, y se remite a este segundo.

De entrada, el motivo lo podríamos desestimar, con la acertada respuesta que, en oposición a él, hace el M.F. cuando dice que «el mero enunciado del motivo, que identifica como precepto sustantivo supuestamente vulnerado el artículo 323 LEC conduce sin necesidad de mayor argumentación a la exclusión del motivo, dado que la norma invocada no es penal sino civil, y tampoco es una norma sustantiva sino procesal».

No nos quedaremos en ello, sino que hay razones de fondo con las que salimos al paso del reproche que se hace al tribunal sentenciador por haber valorado para formar criterio las fotocopias de unos documentos falsificados que fueron determinantes para cerrar la operación fraudulenta con SGR.

Sobre este particular uno de los elementos valorados a efectos de acreditar la falsedad documental ha sido el requerimiento efectuado por la SGR a través de agente judicial (Hussier de Justice), que, por tratase de un documento público de otro país, considera el recurrente que no sería válido en el nuestro y no tendría valor probatorio de no cumplirse lo preceptuado en el art. 323 LECivil, que pone en relación con que carece de la apostilla de la Haya, planteamiento que no podemos compartir, porque, sin entrar en las consecuencias que deriven del incumplimiento de esos requisitos formales, la realidad es que el documento existe y aporta una información al proceso y, como tal, por razón del principio de libre valoración conjunta de cuanta prueba, traída al mismo, no hay razón para dejar de valorarla; y así lo hace la Audiencia en su sentencia, en la que, tras referirse a que consta la certificación en que se consigna que el crédito concedido por la CAM resultó impagado, explica que la SGR «intentó infructuosamente reclamar el cumplimiento de lo que entendía contragarantías vigentes, primero por correo (ff. 498 y ss.) y después por vía de agente judicial (hussier de justice) (ff. 507 y ss T. I y 154 y ss. T. III), con el resultado señalado de que no solo no se reconocía por la sociedad interpelada la existencia del aval, sino aún que el presunto firmante " Mariano" hubiera formado parte de la misma».

Este es el criterio de esta Sala, mostrado en STS 583/2018, de 23 de noviembre, citada por la parte recurrida, en que decíamos que «el hecho de que el documento carezca de apostilla supone que por sí mismo no tiene fehaciencia en los términos que contempla el art. 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no supone que carezca de cualquier valor probatorio ni significa per se que sea falso o que esté falsificado. Simplemente no puede desplegar consecuencias de significación jurídica plenamente equiparable a la de un documento público, pero ello no impide que se pueda tomar en consideración como elemento indiciario, en conjunción con otras pruebas, a los meros efectos de deducir que el acusado era deudor de la entidad bancaria andorrana, y ello con independencia de que carezca de validez como documento público en España. Por tanto, el hecho de que los documentos sean "meras fotocopias no atestiguadas fielmente a través de apostilla", como afirma el recurrente, no les priva de todo valor probatorio».

A lo anterior cabe añadir que la realidad evidenció lo que el requerimiento informaba, como resulta del pasaje transcrito, en que se deja constancia de que BNP PARÍSBAS nunca reconoció la existencia de aval alguno ni que Mariano formó parte de su plantilla, como también lo evidencia la prueba testifical, entre ella el testimonio del representante de la SGR, quien explicó que cuando intentaron ejecutar los avales resultaron falsos y los acusados desaparecieron.

En resumen, hay suficiente prueba acreditativa la falsedad documental llevada a cabo por los condenados, como vehículo para consumar su plan defraudatorio.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

TERCERO.-Tercer motivo, al amparo del art. 849.1º LECrim, por aplicación indebida del art. 21.6 CP, en relación con el 66.1 y 2º CP relativo a la atenuante de dilaciones indebidas.

Lo que se alega en el motivo es que la Audiencia no atendió la petición de la defensa, que solicitó que se apreciara dicha atenuante como muy cualificada, pero se hizo como simple.

Incurre en un error el recurrente, pues hemos repasado su fundamento quinto y constatamos que en su inciso último expresa que aplica «pero con la consecuencia de la reducción de la pena en un solo grado a la vista de las dificultades inherentes a la tramitación de la causa antes señaladas», que, efectivamente, había señalado con detalle.

De hecho, en el fundamento de derecho sexto, a la hora de individualizar la pena tiene en cuenta las reglas correspondientes al concurso medial entre la falsedad en documento mercantil y la estafa, la continuidad delictiva y la regla dosimétrica del art. 66.1.2ª CP, que es la relativa a las atenuantes muy cualificadas, y sucede que, de hecho, la pena que acaba imponiendo, de 2 años y 3 meses de prisión y multa de seis meses, como advierte el M.F, es, en realidad, una rebaja de dos grados, porque el tribunal sentenciador ha incurrido en un error en la individualización.

Los hechos son anteriores a la reforma habida en el CP por LO 1/2015 de 22 de junio, que, por lo tanto, no contemplaba la agravación específica de la estafa por valor superior a 250.000 euros del art. 250.2 CP según dicha reforma, que contempla una pena de 4 a 8 años y que sería de aplicación al caso al superar con creces la cantidad defraudada, de ser posteriores los hechos.

Sí será de aplicación la agravación del nº 5 (defraudación superior a 50.000 euros), cuya pena es la de prisión de 1 a 6 años, que, al ser continuada la estafa, la pena sería 3 años y 6 meses a 6 años, y, reducida en un grado, queda en un año 1 año y 9 meses a 3 años y 6 meses. [Dejamos al margen la multa]

La falsedad en documento mercantil del art. 392, castigado con pena de prisión de 6 meses a 3 años, al ser continuado, la pena será de 1 año y 9 meses a 6 años, rebajada en un grado, queda una pena de 10 meses y 15 días a 1 año y 9 meses. [También nos olvidamos de la multa].

Tomando como referencia el arco penológico mayor, que es el de 1 año y 9 meses a 3 años y 6 meses, correspondiente al delito de estafa, para calcular la mitad superior, de acuerdo con las reglas que el art. 77 CP establecía para el concurso medial según la redacción vigente en la época de los hechos, resulta una pena de 2 años 7 meses y 15 días, que es la mínima que se hubiera podido imponer con la rebaja en un grado de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, de manera que, si la que viene fijada en la sentencia recurrida es la de 2 años y 3 meses, y no podemos modificarla al alza, en evitación de una reformatio in peius,de hecho sería consecuencia de haber rebajado en dos grados la atenuante muy cualificada.

Procede, por tanto, la desestimación del motivo.

Recurso de Marcial

CUARTO.-Formula su primer motivo este recurrente al amparo del art. 5.4 LOPJ y 852 LECrim. , por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) del derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE) .

Leído el desarrollo del motivo, se observa que se limita a la cita de doctrina y jurisprudencia de la Sala generada en torno al tratamiento de la presunción de presunción de inocencia o del principio in dubio pro reo,o a un reproche porque la condena recaída en la instancia, en opinión de quien firma el recurso, no está sustentada en prueba de cargo, o que la valoración que hace el tribunal sentenciador responde a un análisis ilógico e incoherente de la prueba practicada que alcanza en ocasiones la tergiversación. En realidad, se trata de un discurso vacío de contenido, que le permite decir al M.F., con razón, «que carece de la más elemental potencia dialéctica, con virtualidad para rebatir los argumentos de la sentencia recurrida», y como así lo considera este Tribunal, por falto de fundamento, de conformidad con el art. 885.1º, el motivo, que debiera haber sido inadmitido, llegado este momento procesal ha de llevar a su desestimación.

En todo caso, y, al margen de lo anterior, el tribunal sentenciador da suficiente explicación de la participación de este recurrente en los hechos; aunque sea en un porcentaje de capital marginal, adquiere la sociedad NUEVO LEGADO junto con el otro condenado, y se domicilia en sus oficinas, que interviene en las gestiones previas de adquisición de terrenos en representación de dicha sociedad, que los documentos de aval se presentaron en esas oficinas, o que en la reunión final, en junio de 2010, cuando vence la operación intervinieron los dos condenados, o que ambos desaparecen en el intento de ejecución del aval de la SGR.

En definitiva, hay prueba, y pese a que en el motivo se tacha de irracional la valoración que de la misma realiza el tribunal sentenciador, sin embargo no se nos da una razón de por qué así lo considera el recurrente.

En consecuencia, el motivo ha de ser desestimado.

QUINTO.-El segundo motivo, por indebida aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, discurre por unos alegatos en línea con los realizados por el anterior recurrente, y con la pretensión de que se aprecie como muy cualificada dicha atenuante, por lo que nos remitimos a las consideraciones hechas en el fundamento jurídico tercero, en el que concluíamos que supone, de hecho, una rebaja en dos grados, la pena impuesta en la sentencia recurrida.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

SEXTO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. , procede condenar a cada recurrente al pago de las costas ocasionadas con su recurso, incluidas las de la acusación particular.