Sentencia Penal 100/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5077/2022 de 06 de febrero del 2025

Recurso de Rogelio

PRIMERO.- La sentencia impugnada condena a este recurrente como autor de un delito de prevaricación, en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos. Otro recurrente, Pedro, es condenado como autor de un delito de falsedad documental y otro de prevaricación, en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. En la sentencia han sido condenados también otros cinco acusados que no han presentado recurso de casación y que al confesar su participación en los hechos se les aplicó la atenuación por el comportamiento procesal posterior al delito.

En síntesis, el relato fáctico refiere que el recurrente cuya impugnación analizamos en este fundamento, era Alcalde del Ayuntamiento de Cangas de Narcea, en el que se tramitaron ocho expedientes que se relacionan, enmarcados en el Fondo estatal para el empleo y sostenibilidad local, en el Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo, y en el Fondo de Cooperación municipal del Principado de Asturias, "certificándose obras como realizadas y que no fueron ejecutadas", en las que va relacionando las adjudicaciones irregulares y las certificaciones emitidas por los distintos funcionarios intervinientes. El recurrente, Alcalde del Ayuntamiento "conociendo lo anteriormente relatado -en referencia a las irregularidades que se describen- aprobó las certificaciones y ordenó el pago con cargo a aquellos fondos puestos a disposición", refiriendo en cada uno de los expedientes relacionados y el importe abonado de forma indebida.

En el primer motivo de la oposición denuncia una nulidad de actuaciones, por incompetencia de jurisdicción, vulneración del juicio justo y debido y tutela judicial efectiva, en el que refiere que la competencia para el enjuiciamiento de los hechos, al entender que correspondía al Tribunal de Jurado.

Procede realizar una consideración previa sobre el momento de la interposición del cuestionamiento de la competencia de los órganos judiciales, máxime cuando dan lugar a un distinto ordenamiento procesal. Ciertamente, la determinación de la competencia objetiva respecto del Tribunal de Jurado ha sido objeto de controversia, hasta el punto que sobre la cuestión esta Sala ha tenido varias reuniones para dilucidar la cuestión (Acuerdo de 5 de octubre de 2008, de 29 de enero de 2009, de 20 de enero de 2010, de 20 de julio de 2010, que recuerda la regla del tempus regit actum, y el de 9 de marzo de 2017), con soluciones que han ido permitiendo acomodar la práctica de los tribunales y la previsión legal sobre la competencia, en orden al procedimiento, y al órgano jurisdiccional. En todos los Acuerdos se ha expresado que no se puede esperar al juicio oral para resolver cuestiones de competencia, y que este tipo de cuestionamientos han de ser solventados antes del juicio oral, máxime cuando comportan cambios procedimentales y cambios de órganos jurisdiccionales, previendo la ley procesal un apartado específico para el planteamiento, el art. 666 y siguientes de la ley, que es lo que se debió haber realizado. ( STS 234/2018, de 17 de mayo). Este es el momento procesal para ser planteado que, a su vez, su decisión tiene prevista la específica posibilidad de recurso. Como hemos dicho, al juicio oral deben llegar resueltas cuestiones procedimentales y competenciales. En este sentido, la reciente modificación legal, L.O. 1/2025, de 2 de enero.

Además, en el caso, el juicio oral se apertura a partir de los escritos de calificación de la parte acusadora, por un delito de falsedad, otro delito de malversación, y por un delito de prevaricación, expresamente excluido de la competencia del Tribunal de Jurado. Tampoco es atendible la queja del recurrente cuando expresa que la calificación por delito de prevaricación sólo fue expresada al final de la causa "y tal parece que se procedió a imputar el delito de prevaricación para excluir la competencia del jurado ex artículo 5.2 de la LOTJ", pues la conformación del principio acusatorio, de cristalización progresiva, hace que sea en el mencionado Auto de apertura del juicio oral cuando se concreta el objeto del proceso que se abre en el juicio oral y que, determina la competencia y señala el momento de la puesta en conocimiento de la acusación a la defensa para la articulación de su escrito de defensa y desarrollo del juicio oral ante el órgano competente que, en el caso, teniendo en cuenta los escritos de acusación, no podían plantearse sino ante la Audiencia Provincial por el procedimiento por el que se ha tramitado la causa. El apoyo interpretativo de la decisión de competencia se apoya en una reiterada jurisprudencia de esta Sala.

En un segundo apartado de la impugnación refiere la nulidad "ante la pérdida de la imparcialidad por contaminación del Presidente durante la celebración del juicio oral". En el escaso contenido del motivo aducido señala que el que el Presidente se decantó por la acusación al formular preguntas a un coimputado. En el motivo no refiere cuál fuera la pregunta formulada, lo que permitiría indagar si el Presidente del Tribunal ha tomado parte por la acusación, tan solo refiere que el coimputado al expresar que se acogía a su derecho a no declarar a las preguntas de acusaciones y defensas, solo a las de su defensa, señala el recurrente, el Presidente "comprometiendo su imparcialidad, tomando partido por la acusación en contra del reo, al formular una pregunta de signo incriminatorio que excede del marco legal del art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", sin expresar ni la pregunta, ni las razones de ese posicionamiento para ser calificado de contrario a los intereses de la defensa del recurrente. Esa denuncia, por lo tanto, carece de contenido pues no se denuncia en qué medida la imparcialidad aparece comprometida y la posibilidad de indagar aparece prevista en el art. 708 de la ley procesal que habilita el planteamiento de preguntas sobre las que el acusado podría activar sus derechos que le han sido notificados.

En un tercer apartado, denuncia que el tribunal aceptó que bajo una misma representación se actúe como acusación y defensa, en referencia al ayuntamiento que ejercitó la acción penal y, al tiempo, se defendió como responsable civil, afirmando que la objeción a esa doble posición fue expuesta y se rechazó oralmente, argumentando que se resolverá en sentencia, "cosa que no se hace", quejándose de la incongruencia en la en el caso de la denegación de respuesta.

La desestimación es procedente. La lectura de la sentencia, paginas 28-31, permite constatar que el planteamiento de la queja sobre la doble condición de acusación y defensa ha sido objeto de una respuesta y que la misma es acorde a la jurisprudencia de esta Sala cuando ha conocido de situaciones semejantes a la que se denuncia. Esa respuesta satisface el derecho de la parte a que la pretensión deducida sea resuelta de acuerdo al proceso debido, por lo que la tutela judicial, que es objeto del recurso, ha sido correctamente dispuesta.

Las impugnaciones del motivo, se desestiman.

SEGUNDO.- En el segundo de los motivos de la impugnación cuestiona la correcta enervación de su derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y al derecho de defensa, que concreta en el hecho de que el tribunal "impidió a la defensa terminar su alegato defensivo en el plenario retirándole la palabra con el argumento de llevar informando media hora y repetirse en sus alegaciones".

El propio recurrente, al expresar el contenido de su alegación, indica que el Presidente del tribunal cuando llevaba media hora en el uso de la palabra en los informes, fue advertido para que fuera concluyendo, continuando en el uso de la palabra. Pasados 7 minutos, vuelve a plantear el Presidente la necesidad de acabar con el informe, y tras señalar la repetición de la argumentación, da la palabra al siguiente letrado cuando llevaba 45 minutos en el uso de la palabra.

La denominada "policía de estrados", a la que se refieren los arts. 684 LECrim, y el art. 683 LECrim atribuye al Presidente del Tribunal la dirección del debate en una actuación, en ocasiones, complicada, pues la naturaleza del conflicto que se ventila en el juicio oral puede propiciar situaciones para la que es preciso actuar la autoridad de quien dirige el juicio, cuidando de impedir las discusiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar, en el ejercicio de la dirección del debate, la libertad necesaria para la defensa". Dijimos en la STS 1367/2011, de 20 de diciembre que en el ejercicio de esa función de dirección se trata, por tanto, de una función que corresponde a quien dirige los debates, para que se desarrollen sin desviarse de su fin, y que ha de ejercitarse con la mayor prudencia, con objeto de no coartar, es decir, impedir o perjudicar el derecho de defensa de ninguna las partes, garantizando la vigencia de los principios de inmediación, contradicción y publicidad propios de tal fase procesal.

En el caso de la presente casación consta que la defensa desarrolló su alegato defensivo durante cuarenta y cinco minutos, siendo advertido por la presidencia de la excesiva duración, cuando llevaba en el uso de la palabra 30 minutos y, por segunda vez a los 10 minutos cuando, además, se le expuso las repeticiones en las que incurría. Ciertamente, no existe una regulación específica de la duración de los informes, la única prevención es la del art. 734 y siguientes que dispone la ordenación de los intervinientes, debiéndose acomodar a las conclusiones que definitivamente hayan formulado, o las propuestas por el tribunal, art. 733 de la ley procesal penal. El contenido preciso lo encontramos en el art. 734, al identificar el contenido de los informes y referenciarlos en los hechos que consideren probados, su calificación legal, la participación y la responsabilidad civil. Respecto al procedimiento abreviado, art. 788.3 LECrim, en el que permite a quien dirige el juicio una precisión del informe sobre concretos aspectos que se le puede plantear, lo que supone una exigencia de concreción del informe. En otras legislaciones se ha avanzado en esa concreción y, en alguna disposición, se limita tanto al número de folios, como el tiempo de exposición oral.

En las facultades de dirección han de apurarse las exigencias que se derivan de la eficacia en el funcionamiento del servicio público de la justicia, atendiendo a los señalamientos de la agenda, a su cumplimiento, con las necesarias exigencias derivadas del derecho de defensa, que no debe ser coartada, pero esta última situación no legitima a una parte para una duración ilimitada de su alegato, pues, sin detrimento del derecho de defensa, quien dirige el juicio puede ordenar el desarrollo del juicio para darle el contenido preciso para el ejercicio del derecho de defensa, examen de la prueba, fijación de hechos y calificación. El tiempo al que se refiere el recurrente, 45 minutos, parece más que razonable atendiendo a la naturaleza del hecho delictivo que, en el caso, era un delito de prevaricación en concurso con una malversación, y las falsedades, que aparecen acreditados, principalmente, por la documental y la testifical practicada en el juicio.

Por otra parte, en ningún momento se denuncia una indefensión derivado de lo dispuesto en el ejercicio de la discusión del proceso.

Consecuentemente, el motivo se desestima.

TERCERO.- En el tercer motivo denuncia el quebrantamiento de forma del juicio oral seguido al denegar una prueba documental. Se refiere a la testifical del actual Alcalde de Cangas de Narcea que declaró como testigo en representación del Ayuntamiento que ejerce la acusación y, al tiempo, era acusado por su responsabilidad civil. En interés de su queja casacional plantea que en el interrogatorio pretendió introducir en el debate la hoja histórico penal de este testigo, por la vía del art. 720.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque debe querer decir 729.3 de la ley, que permite adicionar una diligencia de prueba para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un testigo. Pretende que con esa aportación hacer ver la falsedad de su declaración "que contestó de forma esquiva" a la pregunta sobre "si había sido procesado y en su caso penado, por qué delito y pena", esto es, los generales de la ley.

Desde luego, la contestación "esquiva" que emplea en la impugnación no significa que negara o afirmara la existencia de una condena anterior, tan solo evidencia la necesidad de mayor concreción en la respuesta.

Por otra parte, repasada la sentencia, en ningún apartado de la motivación se hace referencia a ese testimonio como factor relevante en la convicción del tribunal, pues no es mencionado como fundamento convictivo.

Consecuentemente, aunque su incorporación pudiera ser atendible, en el caso, no ha producido ningún efecto pues su incorporación no hubiera afectado en la valoración probatoria.

El resto de las alegaciones, como la que expresa en su queja referida a que no se le permitió contestar a la pregunta referida a las razones por las que la Junta Electoral Central le permitió ser Alcalde, son ajenas al objeto del proceso, y no podían ser contestadas por el testigo llamado al proceso.

CUARTO.- En el cuarto de los motivos de la oposición denuncia otro quebrantamiento de forma, esta vez por denegación de preguntas que, a su juicio, eran procedentes. ( art. 850.3 LECrim) .

Sostiene que la pregunta denegada al testigo Sr. Jaime, ¿si había interpuesto también una querella contra dos policías municipales por malversar, fraude y falsedad y el resultado de los mismos?, preguntas que en el recurso de casación refiere eran procedentes porque "la defensa pretendía acreditar que el motivo de dicha querella era el mismo que nos ocupa, su debilidad política como proceder frente a mi representado".

El mero enunciado de la queja hace patente la corrección de la denegación de la pregunta. El vicio procesal denunciado consiste en la resolución del tribunal que impide a un testigo que conteste a una pregunta que fuera pertinente para activar el derecho de defensa. La pertinencia refiere una relación con el objeto del proceso y que su contenido tenga una influencia en la causa, es decir, una potencial aptitud para variar la convicción del tribunal sobre los hechos de la acusación.

La indagación sobre un hecho ajeno al objeto procesal de esta causa no es pertinente, ni tiene relevancia alguna para la conformación del hecho probado al ser irrelevante las condiciones en las que se desarrolla la contienda política en el Ayuntamiento.

QUINTO.- Denuncia en este motivo el error de hecho en la apreciación de la prueba del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El error de hecho que denuncia, parte de la constatación fehaciente, a través de un documento dotado de la característica de literosuficiencia y autarquía demostrativa, de un hecho con relevancia a la subsunción o de un error de un hecho declarado como probado. Ninguna de las condiciones expuestas concurren para la acreditación del error, pues no lo integran ni las declaraciones documentadas, ni las pruebas presentadas que deben ser valoradas y pueden coexistir con otros elementos de acreditación. Igualmente, se requiere que quien lo pretenda, designa el documento y el concreto apartado en colisión con el hecho probado, o su necesaria incorporación, y expresará la nueva redacción del relato fáctico como consecuencia del error denunciado.

El recurrente se limita a referir una resolución del Tribunal de Cuentas "que dejó constancia de la hipotética responsabilidad de los actuales responsables municipales por su desidia en no reclamar la completa ejecución de las obras en el período de garantía de los contratos de obras."

El motivo se desestima. La mera indicación de una sentencia, sin mayor aditamento sobre su correspondencia con los hechos declarados probados, en los que solo se refiere una desidia en la reclamación de ejecución de obras en el periodo de garantía, sin afirmación sobre la ilicitud en la contratación y el pago, no permite la declaración de un error en la valoración de la prueba, ni una declaración fáctica contraria a la contenida en el hecho probado. Su incorporación al hecho no supondría una alteración de la subsunción.

En un segundo apartado de la impugnación refiere la existencia de un Decreto de la Alcaldía delegando en un concejal lo atinente a las obras y estructuras. Esa delegación de funciones no evidencia error alguno en el relato fáctico. Este refiere la intervención en los hechos del acusado y ,en el caso, las delegaciones, además de que pueden ser objeto de revocación parcial, no resultan del documento cuyo error sobre la vigencia de la delegación respecto al hecho concreto. El relato fáctico refiere que el recurrente conocía las incidencias de las obras, añadiendo en la fundamentación que les visitaba y hablaba con los vecinos, y conociendo su inejecución, aprobó las certificaciones y dispuso los pagos. La delegación de funciones no contradice el hecho que ha sido acreditado en la causa.

El motivo se desestima.

SEXTO.- Denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia del art. 24 de la Constitución.

En el desarrollo argumental del motivo reproduce la jurisprudencia de esta Sala sobre el contenido esencial del derecho que invoca. Su transcripción nos permite dar por reproducido y contenido en el caso.

Afirma el recurrente que en ausencia de prueba directa sobre el conocimiento por el Alcalde de irregularidades en la ejecución de las obras, el tribunal ha acudido a razón de "lógica" para afirmar que por su condición de Alcalde conocía que las certificaciones que los técnicos municipales, los coacusados Jesús María y Juan Alberto, emitían, eran falsas, y señala que, por el mismo criterio de lógica el Alcalde no pudo llegar a conocer esos extremos. Por otra parte, afirma, el RD 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el empleo y sostenibilidad, que carece de Exposición de motivos, no establece la obligación del Alcalde de control de los expedientes en los que se producen desembolsos públicos.

En otro orden de argumentaciones, realiza una crítica a la valoración de la prueba realizada que el tribunal, concretamente, las declaraciones de los coimputados las realiza porque el reconocimiento de los hechos han sido premiados con la declaración de concurrencia de la atenuante de confesión, además su declaración no ha sido contradicha en el juicio oral, pues no se sometió al interrogatorio cruzado de las partes. Respecto a la testifical del Interventor la considera "errónea e infundada y que ha declarado este funcionario se ha valorado de forma inexplicablemente contraria al sentido de sus palabras.". Insiste en la afirmación referida a que en su testimonio, y a preguntas de la defensa del recurrente, manifestó que "que de haber sabido en aquel momento que los pliegos de las obras eran una copia del Real Decreto del Plan, probablemente no los hubiese firmado negativamente."

La sentencia declara probado la ejecución de obra que se enmarca en el conocido Plan E, y que en su realización se cometieron irregularidades en cada expediente, se relacionan ocho, de las que el Alcalde imputado tenía conocimiento, aprobando certificaciones y ordenando el pago. El núcleo del hecho delictivo imputado al Alcalde es el conocimiento de las irregularidades y la ordenación del pago. Para su acreditación el tribunal expone, como fundamento de su convicción, las propias declaraciones del acusado, en cuanto afirma que los visitaba y hablaba con los vecinos, lo que permitía un conocimiento cabal de la obra y su ejecución, las declaraciones del Interventor, que ratificó los informes desfavorables en relación con las obras; las declaraciones de los contratistas que afirmaron el conocimiento del Alcalde sobre la ejecución de las obras, declaraciones que aparecen corroboradas por el resto de la prueba y, particularmente, por la prueba pericial que ha puesto de manifiesto la discordancia entre lo certificado y la ejecución de las obras. Además, de los reconocimiento de los hechos de los coimputados.

Respecto al conocimiento de las obras y pagos por parte del Alcalde, resulta acreditado a partir de la propia consideración de la entidad local que presidía, reseñando las intervenciones personales del acusado respecto de cada una de las ocho obras cuyas irregularidades se declaran probadas, conocimiento que "abarcaba a la realidad material de las obras" y la entidad de lo ejecutado, así como las incidencias entre certificaciones y pagos que se realizaban. Corrobora esa afirmación fáctica, no sólo el argumento de lógica expuesto, también las periciales practicadas, que se identifican y detallan en la sentencia, los folios en los que se expresan las irregularidades, las diferencias entre lo contratado y ejecutado y las irregularidades en las certificaciones emitidas que no se ajustaban a la realidad. Una segunda pericial, complementada con otras, ha aportado un examen de las obras y ha reseñado las irregularidades. Una tercera pericial incide en las mismas irregularidades y la sentencia impugnada las extracta y detalla reseñando las irregularidades que no son discutidas en la impugnación, que refiere la inobservancia de las reglas de valoración de la prueba sobre el cuestionamiento de las declaraciones de los coimputados y la falta de lógica, obviando la prueba pericial y documental que constituye la base probatoria de la convicción razonablemente expresada. Particular relevancia convictiva tiene la pericial de la Sra. Socorro y así se recoge en la sentencia impugnada, detallando el examen de las obras y las irregularidades detectadas.

Constatada la existencia de la precisa actividad probatoria, el motivo se desestima.

La convicción se expresa en la sentencia de manera racional y su lectura permite constatar la correcta enervación del derecho que se invoca como vulnerado.

SÉPTIMO.- En este motivo cuestiona la subsunción jurídica de los hechos al considerar errónea la tipicidad de los hechos probados. Considera errónea la aplicación de los artículos 404 y 432 del Código Penal, delito de prevaricación en concurso ideal con el de malversación, debiendo ser calificados los hechos de estafa, de fraude y malversación del artículo 308 del Código Penal, cuya tipicidad exige una cantidad superior a 120.000 euros.

Argumenta sobre la distinta procedencia política de los alcaldes que se sucedieron en la presidencia del Ayuntamiento de Cangas de Narcea, destacando que los hechos obedecen a la lucha política. Expone, también, que los hechos fueron también valorados por el Tribunal de Cuentas y destaca que el alcalde no es el responsable de los certificados.

La impugnación es por error de derecho que exige argüir la impugnación desde el respeto al hecho declarado probado discutiendo el error que la indebida aplicación de una norma penal sustantiva. El hecho probado refiere que en el Ayuntamiento de Cangas de Narcea se tramitaron ocho expedientes con cargo a un fondo estatal y otro autónomo, certificando como obras realizadas, sin llegar a ser ejecutadas en los términos aprobados, no obstante se abonaron los importes de la contratación en cada obra. En los ocho expedientes que se declaran probados se refiere al incumplimiento en la ejecución de las obras, el conocimiento que de la situación tuvo el alcalde, y el abono de las obras irregularmente ejecutadas. La malversación de caudales públicos también es correcta en su subsunción. Si, como se declara probado, se certificaron obras que no se corresponden con lo realizado, disponiendo el pago como si hubieran realizado. El perjuicio al patrimonio público es claro y típico del delito de malversación.

Ningún error cabe declarar, por lo que el motivo se desestima.

OCTAVO.- Formaliza en un mismo motivo la denuncia el error de derecho por la declaración de acreedor de la responsabilidad civil al Ayuntamiento de Cangas de Narcea, en lugar del Estado que era el titular de los fondos.

El recurrente opone el motivo por error de derecho, sin mencionar ni el precepto sustantivo aplicado, o inaplicado, indebidamente. Por otra parte, el motivo que se formaliza por error de derecho, debe partir del respeto al hecho declarado probado, el cual refiere que en los expedientes tramitados la ordenación de pago acordada de forma irregular se ejercitó y se cargó al Ayuntamiento que fue quien realizó el pago. En definitiva, el hecho probado refiere quien debe ser reintegrado en la cantidad malversada.

El motivo se desestima.

Recurso de Pedro

NOVENO.- Formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, a la que une, como fundamento de la impugnación, la vulneración de la tutela judicial efectiva, a la no indefensión y a la motivación de la sentencia por incongruencia omisiva, al no dar respuesta a las pretensiones y argumentos de la defensa.

Critica la prueba que el tribunal expresa en el fundamento sexto de la sentencia y, concretamente, alza su queja contra esa valoración que entiende no procedente porque no fue indagado sobre la participación del recurrente en los hechos cuando fue interrogado en el juicio oral. Por otra parte se obvia en la valoración de la prueba que se certificaron las obras al mes y medio de su replanteo cuando la obra tenía un plazo de ejecución de 3 meses, y esas prisas obedecen a la necesidad del ayuntamiento de incorporar las obras para la obtención de un fondo de la Comunidad Autónoma; además, que el Ayuntamiento no ejerció acción alguna para instar responsabilidades por la ejecución anómala. Tampoco se ha valorado la pericial propuesta por la defensa de un coimputado, Jesús María, que se conformó con los hechos y la calificación jurídica de la acusación.

El motivo se desestima. El derecho fundamental a la presunción de inocencia tiene un contenido esencial del que ha de partirse en el enjuiciamiento penal. Toda persona es inocente hasta la acreditación de su culpabilidad en el hecho del que es acusado a partir de la realización de una actividad probatoria, actuada desde la acusación, lícita y regular en su práctica, con sentido razonable de cargo y que sea objeto de racional valoración, lo que implica la valoración de la prueba de descargo practicada para desvanecer hacer cualquier derecho que puede concurrir sobre los hechos y la participación del acusado.

El tribunal ha valorado la actividad probatoria para conformar la convicción, y entre ella, la documental sobre la certificación y cobros, las periciales practicadas en la causa de los que destacan dos, las obrantes en los folios 2.204 y siguientes y 1.206 y siguientes. La pericia a la que alude el recurrente ni siquiera fue propuesta por esta parte sino por otra que se conformó en el juicio. También ha valorado la declaración del coimputado, Jesús María, que interviene en el hecho que ha sido imputado y por el que ha sido condenado, el relacionado con el apartado tres del hecho probado. Respecto de esta declaración del tribunal destaca, como consideración a esa declaración, la correspondencia con los documentos que ha valorado.

La resolución del Tribunal de Cuentas en cuanto afecta al montante de la responsabilidad por alcance, tiene el contenido de su propia responsabilidad y no desvirtúa la declaración fáctica expresada en la sentencia.

Constatada la existencia de la precisa actividad probatoria, el motivo se desestima.

DÉCIMO.- Denuncia en el segundo motivo un quebrantamiento de forma por "omitir la sentencia elementos y circunstancias fácticas de interés que impiden conocer la realidad de lo ocurrido, afectando a los condicionamientos de la calificación jurídica de los hechos de tal forma que dicha laguna de datos de hechos relevantes no puede sustituirse por un razonamiento lógico", censura que enmarca en el número 1 del artículo 851 de la ley procesal.

Los quebrantamientos de forma contenidos en el número 1 del artículo 851 de la ley procesal penal, son vicios de la sentencia cuando por su falta de claridad emplea extremos que predeterminan el fallo o se expresa en contradicción con otros apartados del hecho probado de manera que no pueda conocerse el hecho declarado probado limitando las posibilidades de articular un recurso de casación ante esta Sala. Si el hecho no es claro, si emplea técnicas jurídicas, -que impide articular un motivo de oposición por error de derecho-o se es contradictorio, afirmando y negando al tiempo datos fácticos, se imposibilita el recurso de casación.

La queja expresada nada tiene que ver con este motivo de impugnación. El relato fáctico es claro, no expresa contradicciones, ni contiene términos jurídicos que imposibiliten la impugnación casacional.

DECIMOPRIMERO.- En el cuarto motivo, pues el tercero ha sido renunciado a su desarrollo, denuncia un error de derecho por la indebida aplicación de los artículos 392 CP, delito de falsedad, 404 CP, delito de malversación de caudales públicos, como partícipe en el delito.

Respecto al delito de falsedad argumenta que no es delito realizar una factura por una obra no completa.

Respecto de los delitos en los que este recurrente ha sido condenado como partícipe extraño en la autoría especial del funcionario público, denuncia que la sentencia no señala la participación realizada, si de inductor o de cooperación necesaria.

El motivo se desestima. El hecho probado es claro y preciso en la afirmación fáctica en la que resulta la autoría en el delito de falsedad, "los acusados... de mutuo acuerdo y con la intención de beneficiarse económicamente decidieron realizar diversas desviaciones del proyecto de modo que Jesús María, sabiendo que no era cierta, relacionó en su certificación como ejecutado, sin haberlo sido, obras cuyo coste abonado en la empresa de Pedro... por el ayuntamiento. A tal fin contratas del Narcea presentó una única factura de fecha..." con la una cantidad superior a 32.939 euros a lo realmente ejecutado.

Del hecho probado resulta la mendacidad de la factura, con un incremento de 32.000 euros del que se aprovechan ambos acusados, cuya tipicidad es la procedente, al faltar a la verdad en el contenido material del documento, hecho probado que supone una participación necesaria en la conducta de y prevaricación y de malversación.

Ningún error cabe declarar por lo que el motivo se desestima.

DECIMOSEGUNDO.- En el quinto motivo denuncia la infracción de ley por error de hecho en la valoración de la prueba. Anteriormente hemos señalado los requisitos de esta vía de impugnación y recordado las exigencias en un documento o efectos del recurso de casación.

En el recurso planteado, designa para la acreditación del error, las declaraciones del coimputado Jesús María, que se ha conformado con los hechos y calificación de la acusación pública; la prueba documental, de la que extrae distintas valoraciones y una distinta conformación fáctica del hecho probado; respecto a la pericial, realiza valoraciones sobre la prueba practicada. Igualmente cuestiona la determinación de la responsabilidad civil, por la cuantificación realizada, siguiendo el informe de la parte acusadora, y por la no inclusión de partidas reconocidas.

El motivo se desestima. La vía de impugnación exige designar un documento por parte de quien arguye el error y no puede consistir en la pretensión de revaloración de la prueba. La sentencia impugnada valora la prueba practicada y señala los fundamentos de su convicción a partir de las declaraciones del coimputado Jesús María, declaración que se corrobora con la documental que designa, expresando los folios de las actuaciones con la documental que designa, y los folios de las actuaciones que recoge la participación e intervención de este acusado en la documentación de las obras (Folios 231, 233, 237, 239, 1.093 y ss., 1.118, 1.123 y siguientes, etc) con expresión de certificación y facturas. Añade, como fuente de prueba, las periciales, en particular de los peritos Sra. Socorro y Sra. María Purificación, que revelan el conocimiento de este acusado sobre el conocimiento de la falta de concordancia entre lo ejecutado y lo certificado.

La pretensión que expone en la impugnación, la revisión de la valoración de la prueba, no es posible desde la infracción de ley que denuncia.