Sentencia Penal 222/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4524/2022 de 06 de marzo del 2025

1.- La sentencia núm. 308/2020, 12 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Elche, condenó a Ovidio como autor de un delito contra la propiedad intelectual previsto en los arts. 270.1 y 270.5 a la pena de 1 año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses con una cuota diaria de 15 euros y la responsabilidad subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas.

Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación por la defensa del condenado, que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Alicante -Sección Séptima con sede en Elche- en la sentencia 276/2021, 23 de abril.

Se hace valer ahora recurso de casación. Se formalizan cuatro motivos. El Ministerio Fiscal y la acusación particular interesan su desestimación.

2.- Con carácter previo, se impone una acotación metódica con el fin de reordenar los motivos que hace valer la defensa. Así lo exige la naturaleza extraordinaria del recurso de casación y su relativamente reciente configuración como una vía impugnativa contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales al resolver recursos de apelación contra sentencias emanadas de los Juzgados de lo Penal.

2.1.- Conforme a esta idea, los motivos primero, tercero y cuarto que dan vida al recurso no pueden ser admitidos, de conformidad con los arts. 847.1, letra b) y 889, párrafo segundo de la LECrim, según la interpretación que de los mismos ha realizado la jurisprudencia de esa Sala en aplicación del Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 9 de junio de 2016, relativo a la unificación de criterios sobre el alcance de la reforma de la LECrim de 2015, en el ámbito del recurso de casación.

El recurso debe atenerse a las siguientes pautas: aceptación del hecho probado como premisa metodológica para el desarrollo del discurso impugnativo; acomodación del razonamiento a la disciplina del error iuris; y planteamiento de un problema jurídico-penal que justifique su interés casacional. De conformidad con la jurisprudencia de esa Sala el interés casacional concurre en los supuestos siguientes: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido ( SSTS 112/2023, 20 de febrero; 553/2022, 2 de junio; 328/2021,22 de abril 210/2017, 28 de marzo; 324/2017, 8 de mayo; 327/2017, 9 de mayo; 369/2017, 22 de mayo, entre otras muchas).

Como también hemos advertido en numerosos precedentes, no basta para la viabilidad del recurso un enunciado formal del art. 849.1 de la LECrim como estrategia para camuflar alegaciones que, en realidad, están ofreciendo argumentos de disidencia respecto de la valoración de la prueba. Con este criterio no estamos aferrándonos a una interpretación hiperformalista de las vías impugnativas, sino contribuyendo -como apuntó la STS 510/2022, 25 de mayo-, a la "...sostenibilidad del sistema" que, sin duda, ha valorado el legislador de 2015, pues "...de abrirse sin limitaciones la casación a todas las causales clásicas (arts. 849 a 852), el volumen de recursos sería inasumible provocando un indeseado y grave efecto colateral: el padecimiento generalizado -¡masivo!-, del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Para comprobar lo fundado de ese pronóstico basta asomarse a las estadísticas y apreciar las altísimas cifras de providencias de inadmisión (se cuentan por muchos centenares cada trimestre) de recursos intentados, pero rechazados a limine, por limitarse a quebrantamientos de forma o infracciones constitucionales (principio acusatorio, presunción de inocencia...) en asuntos en que el legislador ha querido conferir la última palabra en el ámbito de la jurisdicción ordinaria a las Audiencias Provinciales (sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional). No estamos constitucionalmente legitimados para subvertir esa ordenación legal atribuyéndonos competencias y facultades que el legislador no ha querido conferirnos".

2.2.- En cumplimiento de estas exigencias, han de rechazarse las alegaciones incluidas en el primero de los motivos, que se enuncia al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim.

En él se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías con origen en el deficiente funcionamiento del sistema instalado en la sala en la que se desarrolló el juicio oral, que no fue grabado correctamente.

Esta alegación, como hemos apuntado en el anterior fundamento jurídico, desborda los límites que definen el recurso de casación que habilita el art. 847.2.b) de la LECrim. Además, como puntualiza el Fiscal del Tribunal Supremo, no ha existido indefensión material, pues la sentencia de instancia refleja los datos más significativos que los agentes proporcionaron de cara al fallo condenatorio que finalmente se dicta. Y por lo que se refiere al informe pericial, no deja de ser significativo que el propio recurrente aluda a que las respuestas no se oían "...al menos de forma clara y precisa", sin explicar cuál fue el verdadero alcance de esa falta de claridad y precisión en la audición. Además, debe tenerse en cuenta que la pericial constaba aportada documentalmente en autos y a la misma tuvo acceso el Letrado. De hecho, la sentencia de instancia, en el momento de valorar la prueba, se refiere a dicha pericial indicando los folios de la causa en los que figura la misma.

Igual rechazo merecen los motivos formalizados con los ordinales tercero y cuarto. El primero de ellos, al amparo del art. 849.2 de la LECrim, error de hecho en la valoración de la prueba; el segundo con reiterada invocación del derecho a la presunción de inocencia e "in dubio pro reo".

2.3.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim se denuncia la indebida aplicación de los arts. 270.5 y 270.1 del CP, al entender que "... de los hechos probados no concurren en la acción los elementos configuradores de dicha infracción punitiva de revelación de secretos, así como los art. 27 y 28 del Código Penal".

En el desarrollo del motivo se alega que no se ha probado que los objetos expuestos a la venta reproduzcan la marca Desigual "...en el diseño de la flor denunciado, como mucho estaríamos ante una imitación según refiere el perito judicial y no el de parte. Tampoco se ha probado el dolo especifico de mi mandante cuando se trata de unos pañuelos con una flor sin marca que se compra a 7 céntimos y se vende a 50 céntimos al por mayor".

También ahora se impone una delimitación previa con el fin de descartar aquellos aspectos d la impugnación que se refieren a cuestiones probatorias que no pueden ser ahora volteadas por esta Sala. De ahí que las referencias ligadas a la falta de acreditación del dolo por parte de Ovidio deban ser descartadas.

Como señala el Fiscal, es difícil negar el dolo a un empresario que viene dedicándose desde hace años a la comercialización de productos de esta naturaleza y que, por si fuera poco, ha sido denunciado en varias ocasiones por hechos bien similares a los que aquí son objeto de análisis.

Sí cobra pleno sentido la línea argumental en la que la defensa apunta dificultades en la subsunción jurídica llevada a cabo por el Tribunal, en la medida en que "...la obra artística protegida formaba parte como elemento decorativo (con mayor o menor sustancialidad en el conjunto) de otro objeto material, esto es, de los productos fabricados por DESIGUAL. Es decir, no se reproduce el dibujo en sí mismo considerado (a modo de, por ejemplo, imitar o plagiar un cuadro o composición musical) sino que verdaderamente en los productos que incorporaban tales dibujos protegidos estos eran un elemento más de los demás que los integraban (junto con el diseño del bolso, monedero o neceser, su material, color, cierres, leyendas, etc....). La cuestión que se plantea es si por tal circunstancia y a los efectos de la tipicidad del hecho conforme al art. 270 CP la obra artística pierde su individualidad al fusionarse dentro de un producto con sus restantes elementos compositivos, de modo que ese producto constituya una nueva unidad que, a su vez, podría ser objeto de protección, bien por la vía de ser considerado en sí una obra artística, bien como un producto susceptible de protección como propiedad industrial".

El motivo no puede ser acogido.

2.3.1.- La cuestión suscitada por la defensa del recurrente ha sido ya abordada por esta Sala con tal grado de similitud que permite la cita literal de algunos de los fundamentos jurídicos de la STS 193/2024, 29 de febrero. La única diferencia relevante entre uno y otro supuesto se centra en el objeto sobre el que recaía la acción imitativa. Entonces se trataba de unos bolsos, ahora de unos pañuelos a los que se incorporaba el estampado original de la marca Desigual.

Recordábamos que el artículo 270 del CP castiga a quien "...con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios".

El art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que son "objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro...". Y el apartado e) de ese mismo artículo incluye en la enumeración ad exemplum que incorpora: "las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas".

Por consiguiente, la comercialización no autorizada de una obra plástica estaría comprendida en el ámbito de protección que el art. 270 del CP otorga al creador de toda obra artística.

2.3.2.- Razonábamos entonces que "... en el concepto de obra plástica la dogmática diferencia, en función de su propia morfología y de la funcionalidad para la que son creadas, distintas realidades. De un lado, lo que pueden considerarse obras plásticas genuinamente artísticas, esto es, obras de arte concebidas y dedicadas exclusivamente a ser contempladas y, en su caso, reproducidas en un único ejemplar o en ejemplares limitados. Son, por tanto, obras destinadas a incorporarse al patrimonio cultural de una sociedad. De otra parte, aquellas obras que añaden a un diseño creativo y artístico la singularidad de tener como destino el ser incorporadas a objetos industriales con el fin de aumentar su valor estético y comercial. Por último, los diseños propiamente dichos, que no son sino creaciones de forma de carácter estético que hacen los productos más atractivos para el consumidor, pero que carecen del nivel artístico que es propio de los otros dos tipos de obras.

La protección jurídica de cada una de estas realidades creativas se articula a través de distintos sistemas, en función de la posible convergencia entre los derechos inherentes a la propiedad intelectual o industrial -sistemas de no acumulación, acumulación absoluta y acumulación restringida-. Cada uno de ellos dispensa al creador un grado de tutela de distinta intensidad y repercute en temas de especial importancia como la obligatoriedad o no del registro y la duración de la protección".

Más allá del debate académico sobre la intensidad de los mecanismos tuitivos que merezca cada una de las obras plásticas, el grado de protección ya había sido decidido por el titular de los derechos de explotación que, según describe el hecho probado de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Elche, se trataba de "...pañuelos cuyos dibujos y estampados reproducían sin autorización estampados y dibujos registrados como creación artística en el registro de la propiedad intelectual y de cuyos derechos de propiedad intelectual era titular ABASIC, S.L. perteneciente al GRUPO DESIGUAL. Dicho perjudicado presentó denuncia al respecto". Más concretamente, "...204 pañuelos que reproducían sin, autorización y con alto grado de semejanza los dibujos y estampados utilizados en los pañuelos con referencia 4165741 de la colección Primavera-Verano 2014, 57W54F7 y 57W54E3 de la colección Otoño-lnvierno 2015 del denunciante, y debidamente registrados a su nombre en el Registro de la propiedad intelectual".

En consecuencia, la originalidad, capacidad de innovación y la exclusividad de esos estampados había sido ya reconocida a través de una inscripción en los asientos del Registro de la Propiedad Intelectual que, desde ese mismo momento, blindaba al creador frente a utilizaciones inconsentidas de los diseños.

2.3.3.- La tesis que propugna la defensa del recurrente -en un elaborado y laborioso motivo de impugnación- llevaría a la desprotección de las obras plásticas aplicadas, esto es, aquellas que se incorporan a un producto que después se comercializa enriqueciendo su atractivo comercial y, por tanto, su valor económico.

Esta interpretación pugna con la literalidad del art. 270.1 del CP, en el que se castiga a quien "... en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya (...) o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra (...) artística (...) o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios".

Decíamos en la STS 193/2024, 29 de febrero, y reiteramos ahora, que "... el ámbito de tipicidad que describe este precepto impide considerar ajenos a la protección penal aquellos casos en los que la obra plástica protegida registralmente va más allá de la finalidad estética de su simple contemplación visual y se reproduce e incorpora a un objeto útil -en el presente caso, 204 pañuelos- que incrementa mediante la imitación su valor económico.

El art. 273.3 del CP también protege la exclusividad en la explotación de los dibujos industriales o artísticos. Vaya por delante que los estampados de la obra "colección desigual otoño-invierno 2015" y de la obra "colección Desigual primavera-verano 2016" a favor de ABASIC S.L no parecen identificables con las notas definitorias que son propias del diseño industrial. Pero, aunque lo fueran, el art. 3.2 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que "Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con (...) los otros derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra".

2.3.4.- La interpretación que respalda la condena del ahora recurrente está también avalada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En efecto, en la repetida sentencia 193/2024, 29 de febrero, nos hacíamos eco de distintos pronunciamientos que alumbran el criterio de esta Sala respecto del grado de protección penal de los derechos de la propiedad intelectual.

La sentencia del TJUE 27 de enero de 2011 -Sala Segunda, C-168/2009- dictada a raíz de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano, en el marco del litigio entre Flos Spa y Semerano Casa e Famiglia, tiene por objeto la interpretación de los artículos 17 y 19 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

Son muchas las cuestiones allí abordadas, vinculadas a la protección de derechos de autor, en aquel caso, del diseño de unas lámparas, su marco temporal de duración y los efectos de la publicación de la directiva respecto de aquellos derechos que ya habían entrado en el dominio público. Pero sí resulta de interés para el tema que centra nuestra atención subrayar la respuesta del TJUE cuando afirma que es contraria a la Directiva 98/71 la normativa de un Estado miembro que excluya la protección mediante el derecho de autor a aquellos dibujos y modelos registrados en un Estado miembro cuando cumplan todos los requisitos exigidos para gozar de tal protección.

Más próxima al objeto del presente recurso de casación es la sentencia del TJUE 12 de septiembre de 2019 -Sala Tercera, C-683/2017-. Esta resolución dio respuesta a la cuestión prejudicial suscitada por el Tribunal Supremo de Portugal, en el conflicto Cofemel y G. Star Raw CV.

La respuesta que ofrece el TJUE subraya la necesidad de no extender más allá de lo indispensable la protección jurídica a creaciones que sólo aportan un efecto visual valorable desde una perspectiva estética. Así, considera contrario al ámbito de protección que dispensa el art. 2.1.i) de la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, una normativa nacional "...que confiera protección con arreglo a los derechos de autor a modelos como los modelos de prendas de vestir controvertidos en el litigio principal, en atención a que, más allá de su finalidad práctica, generan un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético".

Es evidente, pues, que un efecto visual más o menos atractivo y estético no puede justificar una protección exclusiva desde la perspectiva de los derechos de autor. De lo contrario -así lo entiende también esta Sala- una desmedida extensión de la tutela jurídica que confiere un derecho excluyente a su creador, implica el riesgo de convertir el art. 10.1 e) de nuestra Ley de Propiedad Intelectual en un auténtico cajón de sastre que habilitaría solicitar protección por derechos de autor frente a creaciones que sólo aportan un efecto visual propio desde el punto de vista estético. La propia expresión " todo tipo de objetos personales" que emplea aquel precepto revela una clara voluntad legislativa de numerus apertus, Pero dicha expresión choca con el concepto que caracteriza la verdadera "obra artística" merecedora de protección, caracterizada por la exclusividad creativa, por una originalidad que no se puede predicar de " cualquier objeto personal".

Y la obra artística que reúne los requisitos -objetivos y subjetivos- que el propio TJUE define en los apartados 28 a 35 de la sentencia 12 de septiembre de 2019, no la que se limita a un efecto visual más o menos estético, ha de contar con la protección de los Estados.

De acuerdo con esta premisa, "...el concepto de "obra" constituye, tal como resulta de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, apartados 37 y 39, y de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, apartados 33 y 35 a 37, y la jurisprudencia citada)".

Sigue razonando el TJUE que "...para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, apartados 88, 89 y 94, y de 7 de agosto de 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, apartado 14)". En cambio, cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2012, Football Dataco y otros, C-604/10 , EU:C:2012:115 , apartado 39 y jurisprudencia citada).

A la concurrencia de una originalidad creativa ha de añadirse "...la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, apartado 40)", sin que sea suficiente para etiquetar como obra protegible la impronta subjetiva que la contemplación de esa creación puede generar en el espectador. De ahí "...la necesidad de descartar cualquier elemento de subjetividad, perjudicial para la seguridad jurídica, en el proceso de identificación del citado objeto implica que este ha de ser expresado de forma objetiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C- 310/17, EU:C:2018:899, apartado 41)".

De ahí que "...una identificación basada esencialmente en las sensaciones, intrínsecamente subjetivas, de la persona que percibe el objeto en cuestión no cumple la exigencia requerida de precisión y objetividad (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, apartado 42)".

Pues bien, cuando se dan esas circunstancias, descartada la artificiosa protección de objetos que sólo generan un efecto visual desde el punto de vista estético, la obra artística ha de "...disfrutar de protección con arreglo a los derechos de autor conforme a la Directiva 2001/29, sin que el grado de libertad creativa de que dispusiera su autor condicione el alcance de esa protección, que no es inferior al que se reconoce a cualquier obra comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, apartados 97 a 99)".

2.3.5.- A la vista de este amplio cuerpo de jurisprudencia emanada del TJUE, ninguna duda albergábamos de que, ateniéndonos al relato de hechos probados proclamado por el Juez de lo Penal, los imitativos estampados de la firma DESIGUAL adheridos a los pañuelos distribuidos por el acusado iban mucho más allá de unos simples objetos destinados a una finalidad práctica y limitados en su diseño a generar un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético. Se trataba, por el contrario, de obras artísticas que reunían todas las condiciones exigidas para la protección penal de la creatividad intelectual, contando a su favor con la correspondiente inscripción del Registro de Propiedad Intelectual, en los términos que se concretan en el relato de hechos probados.

Por consiguiente, no existen razones que justifiquen la exclusión protectora que el art. 270.1 del CP dispensa a la obra artística de la que pueda predicarse su genuina autenticidad y originalidad creativa y que, por supuesto, vaya más allá de un valor sólo atribuido a partir de la percepción subjetiva de quien la contempla.

2.3.6.- No afecta a esta conclusión el desenlace de la STS 884/2021, 17 de noviembre, citada por la defensa en el desarrollo del motivo. En este caso, la absolución vino determinada por la imposibilidad de convertir una sentencia absolutoria dictada en la instancia por falta de dolo, en una resolución condenatoria.

Así se razona en el FJ 1º: "... con independencia de la tipicidad objetiva que el recurrente afirma concurre en el hecho, denunciado el error de derecho por la indebida aplicación del art. 270 del Código Penal, lo relevante, a la hora de la decisión de esta casación, es la negación expresada en la sentencia sobre la tipicidad subjetiva. El tribunal de instancia refiere que la acusada, sin perjuicio de las dudas que puedan plantearse respecto de la inclusión en el tipo penal del delito contra la propiedad intelectual, referido a un dibujo artísticos propios y registrados incorporados a objetos útiles, o si lo procedente es la protección como propiedad industrial, la acusada actuó amparada en un registro de propiedad industrial que le habilitaba en la explotación económica".

Al error de derecho entonces invocado se sumaba el dato de que la acusada tenía inscrita a su favor

Se impone, por consiguiente, la desestimación del motivo por su falta de fundamento ( art. 885.1 de la LECrim) .

3.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.