Sentencia Penal 335/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6201/2023 de 06 de mayo del 2026

Recurso interpuesto por la acusación particular ejercida por Guillerma.

PRIMERO.- 1.1.La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Procedimiento Ordinario n.º 81/2022, dictó su Sentencia 86/2023, de 13 de febrero, en la que absolvió a Dionisio del delito de abuso sexual sobre Guillerma del que venía acusado, condenándole como autor de ese mismo delito, subsumible en los artículos 181.1 y 2 del Código Penal, con respecto a Dolores e imponiéndole por este delito las penas de prisión por tiempo de 2 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como prohibición de acercamiento a menos de quinientos metros y de comunicación con su víctima por tiempo de tres años.

1.2.Contra esta resolución se interpuso por la acusación particular ejercida por Guillerma así como por el acusado, sendos recursos de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fueron resueltos en su Sentencia 263/2023, de 29 de junio, en el sentido de desestimar las pretensiones de la acusación particular impugnante y estimar la apelación interpuesta por la defensa del acusado, a quien absolvió del delito de abuso sexual por el que había sido condenado en la instancia.

1.3.Contra la referida sentencia absolutoria se interpone por la representación de Guillerma el presente recurso de casación basado en un único motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente inaplicado el artículo 181 del Código Penal respecto a los hechos por ella denunciados.

A juicio de la recurrente, de los propios hechos declarados probados se desprende la concurrencia de los elementos típicos necesarios para una condena por el delito de abuso sexual. Argumenta que la sentencia impugnada reconoce como probado que, una vez en la cama, el acusado inició tocamientos en el pecho de la denunciante y que ésta le manifestó expresamente que "no le apetecía"y que estaba cansada, pero que, pese a esa negativa, el acusado continuó besándola y tocándola. Partiendo de ese propio relato fáctico, la recurrente afirma que ya en ese tramo inicial se habría consumado un delito de abuso sexual, al perseverar el acusado en el contacto sexual a sabiendas de que la perjudicada no consentía. Añade que el dato valorado por la sentencia -según el cual la perjudicada le indicó al acusado antes de la penetración dónde guardaba ella los preservativos- no puede operar como elemento neutralizador de la negativa previa ni como fundamento para introducir duda sobre el conocimiento del acusado. Por el contrario, expone que dicho comportamiento se produjo en un contexto de insistencia por parte del acusado y de bloqueo o "shock" de la víctima, de modo que la indicación de usar preservativo no transformaría una situación no consentida en consentida, ni excluiría que el acusado conociera que actuaba contra la voluntad de la denunciante.

La recurrente insiste, además, en que durante la penetración reiteró al acusado su falta de consentimiento, que le faltaba lubricación y que su cuerpo "no reaccionaba",llegando a verbalizar nuevamente que no quería. Pese a ello -prosigue el motivo- el acusado habría continuado hasta finalizar el acto, lo que, en su tesis, hace imposible que el acusado pudiera creer razonablemente que existía consentimiento.

Desde esa perspectiva, combate el núcleo del razonamiento absolutorio, esto es, la duda del Tribunal sobre si el acusado podía tener conciencia de estar atentando contra la libertad sexual de la denunciante. Para la recurrente, los elementos de los que se extrae esa duda, esto es, que fuera ella quien indicó al acusado dónde se encontraban los preservativos que había de ponerse o que ella misma se colocara encima del acusado para la penetración, no pueden erigirse en signos de asentimiento bastante frente a las negativas expresas y reiteradas que hizo, ni justifican la aplicación del in dubio pro reoen los términos en que se hizo.

Finalmente, la recurrente invoca la doctrina de esta Sala sobre la aptitud de la declaración de la víctima como prueba de cargo suficiente, cuando reúne notas de credibilidad, verosimilitud y persistencia, afirmando que en el presente supuesto concurren esos parámetros, además de existir corroboraciones periféricas provenientes de testimonios de personas del entorno que habrían percibido el estado anímico de la denunciante y a quienes ésta habría relatado lo sucedido.

Con todo, interesa que se estime el motivo, se case la sentencia absolutoria y se dicte otra condenatoria conforme a la calificación postulada por su acusación.

1.4.El recurso de casación, cuando se articula por la vía del artículo 849.1 de la LECRIM, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objetivo exclusivo es analizar el enfoque jurídico que la sentencia impugnada ofreció ante unos hechos dados y ya inalterables.

1.5.El Código Penal que resulta de aplicación a estos hechos, esto es, aquel cuya redacción se ajusta a la LO 5/2010, proclamaba en su artículo 181 que el delito de abuso sexual existía cuando se realizaban actos que atentaban contra la libertad sexual de otra persona, sin violencia o sin intimidación y sin que mediara consentimiento.

Como el resto de tipos penales englobados bajo la rúbrica de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el precepto pretendía proteger la libertad sexual de las personas, entendida como la facultad de cualquier sujeto de desarrollar su sexualidad en la manera que tuviera por conveniente, estribando el desvalor concreto de esta acción delictiva en la ausencia de un auténtico consentimiento que pueda considerarse, más allá de la pura aquiescencia formal, como un verdadero y libre ejercicio de la libertad personal dentro de la esfera de la autodeterminación sexual.

Como hemos recordado en nuestra jurisprudencia ( STS 226/2003, de 19 de febrero), además de los supuestos del artículo 178 del Código Penal entonces vigente, que se referían a los comportamientos en los que la relación sexual se imponía al sujeto pasivo mediante una compulsión violenta o intimidatoria, el tipo más leve del abuso sexual del artículo 181 del Código Penal exigía la ausencia de violencia o intimidación y fijaba su atención en la falta de consentimiento de la víctima; lo que hacía referencia generalmente a situaciones en que, de improviso, el autor abordaba actos de naturaleza sexual que quien los soportaba no llegaba a aceptar o lo hacía en una situación en la que no podía manifestar libremente su consentimiento. La propia jurisprudencia de esta Sala contemplaba para el delito de abuso sexual entonces vigente que «el desvalor de la acción estriba en la ausencia de un auténtico consentimiento que pueda valorarse más allá de la pura aquiescencia formal o exterior, como verdadero y libre ejercicio de la libertad personal dentro de la esfera de la autodeterminación sexual. Sobre ese fundamento común se articulan los distintos supuestos de la acción típica, que encierran esa común valoración de una relación sexual obtenida sin el apoyo de un acto verdaderamente libre por quien solo aparentemente consiente sin ejercer con ellos su verdadera libertad».

1.6.Desde esta consideración, hemos subrayado en numerosas ocasiones que la negativa de la víctima puede ser expresa o presunta, sin que pueda exigirse a la persona que sufre un abuso sexual un formato específico para atribuir a su negativa el significado que sería propio de cualquier acto de afirmación de libertad sexual. Como decíamos en nuestra STS 408/2007, de 3 de mayo, «el rechazo de la víctima no puede sujetarse anticipadamente a reglas estereotipadas que sirvan de arriesgado criterio a la hora de decidir si un determinado episodio sexual ha sido o no efectivamente consentido. Bastará con que la víctima rehúse o decline un ofrecimiento sexual, sea cual fuere el formato con el que ese rechazo se escenifique, para que el delito pueda reputarse cometido».

En todo caso, decíamos también en la Sentencia 408/2007 que, «Será indispensable, eso sí, que la ausencia de consentimiento sea captada por el autor y, pese a todo, éste haga prevalecer su afán libidinoso»; lo que subrayamos en nuestra STS 238/2007, de 21 de marzo, diciendo que «tampoco basta una negativa en el fuero interno acompañada de una actitud externa de aparente consentimiento a las pretensiones del autor, cuando las circunstancias que la rodean no son por sí mismas suficientemente significativas». En los mismos términos se expresa la STS 288/2024, de 21 de marzo.

1.7.Lo expuesto conduce, en el plano estrictamente jurídico que es propio del cauce casacional del artículo 849.1 de la LECRIM, a la confirmación del pronunciamiento absolutorio combatido. Y ello porque el juicio de subsunción ha de efectuarse, de modo inexcusable, a partir del relato de hechos probados fijado en la sentencia recurrida, sin que esta Sala pueda prescindir de su tenor ni reconstruirlo mediante una revaloración de la prueba personal practicada en la instancia. Pues bien, ese sustrato fáctico incluye de forma expresa una afirmación negativa de singular relevancia típica: «no ha resultado probado que el acusado fuera consciente de que estaba manteniendo relaciones sexuales contra la voluntad de Guillerma».

Tal declaración excluye, por sí misma, uno de los presupuestos indispensables para la condena, esto es, la constancia de que el autor captó la eventual ausencia de consentimiento y, pese a ello, decidió perseverar en la conducta sexual. Y, según hemos recordado, para la existencia del delito no bastaría con que la víctima no prestara realmente su consentimiento, sino que resultaría además necesario acreditar que esa falta de consentimiento fue aprehendida por el acusado en términos que permitan afirmar, sin margen para la duda razonable, que actuó a sabiendas de invadir la libertad sexual ajena. Si el hecho probado descarta precisamente ese dato de conocimiento, no es jurídicamente viable, desde el limitado marco de este motivo casacional, proclamar la indebida inaplicación del artículo 181 del Código Penal. La absolución, por tanto, no responde aquí a una interpretación restrictiva o desviada del tipo, sino a la falta de acreditación de uno de sus elementos esenciales en los términos en que el Tribunal de apelación ha dejado definitivamente fijado el presupuesto fáctico de su decisión.

1.8.Pese a lo expuesto, el alegato de la recurrente se proyecta más allá de la decisión jurídica del Tribunal y abarca una objeción a la valoración probatoria, proponiendo unas conclusiones diferentes a las recogidas en la sentencia de apelación impugnada.

Sin embargo, pese a los defectos técnicos en el planteamiento de esta cuestión, tampoco podría acogerse esa pretensión del recurso implícitamente suscitada. La decisión absolutoria del Tribunal no está carente de justificación de soporte. Centra el desconocimiento del rechazo a la relación sexual, en que la recurrente autorizó al acusado a acostarse en su cama y que fue ella quien se introdujo después en el mismo lecho. Añade también que, aunque la recurrente trasladó al acusado que "no le apetecía"la actividad que él inició mediante tocamientos, lo hizo sin verbalizar una abierta oposición a los mismos, a lo que siguió haber indicado al acusado dónde guardaba los preservativos y haber abordado una relación sexual en la que ella llegó a colocarse encima del varón, lo que hizo, según dijo, sintiéndose como con la obligación de complacerle.Todo ello llevó al Tribunal de instancia, según refleja en su fundamentación jurídica de la sentencia, a tener una duda razonable o a no alcanzar la plena convicción de que «el acusado actuara conociendo que estaba atentando contra la libertad e indemnidad sexual de Guillerma», sin resultar ilógico ni contrario a las reglas del criterio humano concluir que el acusado pudo representarse seriamente que contaba con un consentimiento sexual libre y real en ese contexto.

1.9.Frente a esta valoración fundada del material probatorio, el recurso acude a la declaración prestada por Guillerma en el plenario, concretamente a su afirmación de que durante la relación insistió al acusado en una segunda ocasión con la expresión «te estoy diciendo que no quiero».Su representación considera «de todo punto imposible que el Sr. Dionisio pudiera creer, como plantea la sentencia, que las relaciones sexuales que estaba manteniendo estaban siendo consentidas por la víctima» y fundamenta en ello su pretensión de que se le condene como autor de un delito de abuso sexual.

Sin embargo, la pretensión se enfrenta a los límites constitucionales que imperan sobre el control devolutivo en aquellos supuestos en los que la acusación impugna una decisión absolutoria. Ya hemos expresado en numerosas sentencias que la posición constitucional del acusado y la de las acusaciones no son simétricas.

El derecho a la revisión de un fallo condenatorio y de la pena impuesta, mantiene un fundamento constitucional directo con el derecho a la presunción de inocencia y con la idea de proceso justo, con garantía de doble instancia penal. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y la acusación particular o popular no son titulares de un derecho fundamental al doble grado frente a la absolución, sino únicamente lo son del derecho de configuración legal a impugnar la sentencia dentro de los límites fijados por el legislador y bajo el prisma de la tutela judicial efectiva. De ahí que, tras la reforma introducida por la Ley 41/2015, el recurso de apelación promovido por la acusación contra una absolución tenga un contenido devolutivo restringido y que esa restricción se proyecte, por influjo sistemático, también sobre la casación. Así lo subraya la STC 72/2024 al destacar la asimetría entre la revisión de las sentencias condenatorias y la de las absolutorias, y así lo recoge la STC 80/2024 cuando recuerda que la apelación del condenado posee un alcance pleno al servicio de la doble instancia, mientras que el recurso de la acusación frente a una absolución queda limitada a un canon externo de razonabilidad.

Ese diseño encuentra, también, una plasmación normativa expresa en los artículos 790.2 y 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando la acusación denuncia error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de una sentencia absolutoria, ha de justificar la insuficiencia o falta de racionalidad de la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, la omisión de razonamiento sobre pruebas relevantes o la improcedente declaración de nulidad de una prueba. Y, aun en tal caso, la sentencia de apelación no puede condenar al encausado absuelto en la primera instancia por esa sola vía. Esa regulación, como explica la STC 80/2024 al sistematizar la reforma, no pretende abrir una segunda valoración plena de la prueba al servicio de la acusación, sino habilitar un control extraordinario de defectos cualificados del razonamiento absolutorio.

Sobre esa base legal, la STC 72/2024 ha fijado una doctrina de singular relevancia. El Tribunal Constitucional admite que una sentencia absolutoria puede ser impugnada y, en su caso, revocada cuando incurra en una quiebra constitucionalmente relevante de las garantías de la acusación; pero reduce ese control, cuando la controversia versa sobre la valoración probatoria y la apreciación de la duda razonable, a un examen externo de razonabilidad. Ese control puede proyectarse sobre la ausencia, insuficiencia o error patente en la motivación de la conclusión probatoria; sobre la utilización de inferencias contrarias a la lógica, al conocimiento científico o a las máximas de experiencia; sobre la omisión de razonamiento acerca de pruebas relevantes; o sobre la exclusión indebida de pruebas válidas y legítimas. Fuera de esos supuestos, lo que el Tribunal revisor no puede hacer es sustituir la duda razonada del órgano que absolvió, por una convicción alternativa de culpabilidad. Y si la revocación se apoya, en realidad, en una valoración distinta del material probatorio o en un cuestionamiento directo de la duda razonable expresada motivadamente por el Tribunal que absolvió, se lesionan tanto la tutela judicial efectiva del absuelto como su derecho a la presunción de inocencia.

La STC 80/2024 proyecta esa misma lógica a un supuesto particularmente próximo al que ahora se suscita, en el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo había casado la sentencia absolutoria de un Tribunal Superior de Justicia y había retomado, en sus propios términos, la condena dictada en la instancia por un delito de agresión sexual. El Tribunal Constitucional descarta que allí existiera una mera "rehabilitación"inocua del pronunciamiento inicial. Considera, por el contrario, que la sentencia casacional llenó vacíos valorativos, otorgó significado probatorio a elementos no ponderados de ese modo por el Tribunal de apelación y, en definitiva, no se limitó a depurar una infracción externa del deber de motivación, sino que operó una verdadera revalorización del cuadro probatorio. Por ello apreció vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en su vertiente de doble instancia penal, y del derecho a la presunción de inocencia, declarando la nulidad de las sentencias dictadas en casación y el restablecimiento de la absolución acordada en apelación, que debía prevalecer una vez constatada su validez constitucional.

La STC 1/2026 no hace sino reforzar y extender esa doctrina. En ella se declara expresamente que el criterio sentado en la STC 72/2024 se proyecta, no solo sobre las revocaciones de absoluciones en apelación, sino también sobre los supuestos en que la absolución es dejada sin efecto en casación; y cita de modo expreso la STC 80/2024 como precedente de esa proyección cuando la absolución procedía ya del Tribunal de apelación. Añade, con singular claridad, que hay extralimitación del Tribunal de casación cuando el razonamiento que conduce a la revocación de la absolución descansa en una valoración alternativa de la prueba practicada y cuestiona directamente la justificación de la duda razonable expresada motivadamente por el Tribunal que absolvió. En tal situación, no nos hallamos ante un mero defecto formal subsanable, sino ante una lesión del artículo 24.2 de la Constitución Española que determina la nulidad insubsanable de la revocación y la firmeza de la absolución.

1.10.Lo expuesto determina la validez del pronunciamiento contenido en la sentencia impugnada, en cuanto responde a una valoración probatoria suficientemente motivada y no incursa en déficit constitucionalmente relevante de racionalidad, sin que el cauce casacional permita sustituir la duda exteriorizada por el Tribunal de apelación por una convicción incriminatoria alternativa. La pretensión de la recurrente no revela una indebida inaplicación del artículo 181 del Código Penal desde el presupuesto fáctico definitivamente fijado, sino que exige una nueva ponderación del material probatorio incompatible con los límites derivados de los artículos 790.2 y 792.2 de la LECRIM y con la doctrina constitucional expuesta, singularmente la contenida en la STC 80/2024. Procede, por ello, la desestimación del motivo.

Recurso interpuesto por la representación procesal de Dolores.

SEGUNDO.- 2.1.El primer motivo del recurso interpuesto por la representación de Dolores se formula por infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 852 y 849.1 de la LECRIM, en relación con el artículo 5.4 de la LOPJ, denunciando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española.

Reprocha la recurrente que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia sustituyó injustificadamente la valoración probatoria realizada por la Audiencia Provincial, modificando el relato fáctico y dejando sin efecto el pronunciamiento condenatorio acordado en la instancia, pese a no haber contado con la inmediación propia del juicio oral. Añade que la resolución recurrida tampoco dio respuesta suficiente a la incorrecta tramitación de su recurso supeditado de apelación, interesando la nulidad de actuaciones por no haberse tramitado dicha impugnación.

2.2.El motivo no puede prosperar. Como ya hemos razonado en el fundamento precedente, el alcance del control devolutivo no es simétrico cuando la impugnación se dirige contra una sentencia absolutoria y cuando lo hace frente a una sentencia condenatoria. La doctrina inaugurada por la STC 167/2002, de 18 de septiembre, impide que un Tribunal de recurso condene o agrave la situación del acusado mediante una nueva valoración de pruebas personales no practicadas a su presencia, pero no limita del mismo modo la revisión de una condena cuando quien recurre es el condenado. En este segundo supuesto, la apelación cumple la función de asegurar el derecho al doble examen de la condena, de modo que el Tribunal ad quempuede revisar las bases fácticas, probatorias y jurídicas del pronunciamiento condenatorio, sin quedar reducido a un control meramente externo de arbitrariedad o irracionalidad.

Así lo establecen la STC 184/2013, de 4 de noviembre, y, más recientemente, la STC 80/2024, de 3 de junio, al destacar que la apelación del condenado sí dispone de un alcance pleno al servicio de la garantía de doble instancia penal. La misma doctrina ha sido asumida por esta Sala en las SSTS 136/2022, de 17 de febrero; 570/2022, de 8 de junio; y 514/2023, de 28 de junio, en las que se precisa que cuando se recurre una sentencia condenatoria, el efecto devolutivo transfiere al Tribunal de apelación no solo la facultad de revisar el razonamiento probatorio de instancia, sino también la de valorar las informaciones probatorias resultantes del juicio plenario y determinar si son suficientes para enervar la presunción de inocencia. La inmediación no atribuye al Tribunal de instancia una potestad intransferible e inmune al control del Tribunal superior, ni blinda la condena frente a una revisión cognitiva real. Constituye un método de acceso a la prueba, pero no una regla que impida al Tribunal de apelación apreciar que la condena no alcanza el estándar de certeza exigible.

2.3.Desde esa perspectiva, la sentencia recurrida no vulnera la tutela judicial efectiva de la acusación particular. El Tribunal Superior de Justicia no revocó una absolución para condenar al acusado, sino que estimó el recurso interpuesto por quien había sido condenado en la instancia. Por ello, podía examinar si la prueba practicada ofrecía una base suficientemente concluyente para mantener el juicio de culpabilidad, pudiendo absolver si apreciaba una duda razonable sobre alguno de los presupuestos fácticos indispensables para la condena.

Y eso es precisamente lo que hizo la resolución impugnada. El Tribunal Superior de Justicia partió del visionado de la grabación del juicio, de la prueba practicada en el plenario, de la cronología del procedimiento, y del contenido de las conversaciones posteriores incorporadas mediante acta notarial, concluyendo que existían dudas suficientes para dejar sin efecto el pronunciamiento condenatorio. Su razonamiento se apoyó, de forma sintética, en varios elementos: a) la insuficiencia de prueba médica o científica sobre el concreto grado de afectación que podía haber producido en la denunciante la ingesta de una sola copa de vodka, aun puesta en relación con la falta de alimentación o con los problemas alimentarios que refirió; b) el que la denuncia fue formulada varios meses después de los hechos; c) el contenido concreto de las comunicaciones posteriores a los hechos cursadas entre Dolores y el acusado, en las que se aludía a desarrollar juntos planes de carácter personal o lúdico y se mantuvo una relación frecuente durante más de un mes; d) la distinta explicación ofrecida sobre el significado de esos mensajes, primero vinculada al miedo por una actitud amenazante y después a un proceso de negación o de confusión; e) la manifestación de la propia Dolores de haber tomado conciencia de lo sucedido cuando posteriormente habló con la otra denunciante; y f) la declaración de Antonieta, que fue valorada por el Tribunal Superior como elemento exculpatorio en la medida en que la testigo refirió que, al día siguiente de los hechos, la denunciante le desveló que se había acostado con el acusado y que en su relato no le reveló ninguna situación de anormalidad equiparable a la después denunciada.

Sobre esa base, la sentencia de apelación concluyó que los elementos e inferencias de descargo superaban a los que habían servido a la Audiencia Provincial para fundar la condena y, en coherencia con ello, modificó el hecho probado y declaró no acreditado que el acusado, aprovechando que Dolores se encontrara muy mareada por la ingesta de vodka, iniciara los actos sexuales descritos en la instancia sin que la joven pudiera reaccionar. La absolución no se asentó, por tanto, en una falta absoluta de motivación, ni en una revocación caprichosa de la sentencia condenatoria, sino en la apreciación razonada de que la prueba disponible no permitía afirmar, más allá de toda duda razonable, el presupuesto fáctico sobre el que descansaba la responsabilidad penal.

2.4.En su recurso, la recurrente discrepa de esa valoración y entiende que debía prevalecer la convicción alcanzada por el Tribunal de instancia. Pero su discrepancia no basta para fundar la casación. Lo que se solicita en el motivo es que esta Sala restaure la valoración probatoria efectuada por la Audiencia Provincial y anteponga su convicción condenatoria a la duda expresada por el Tribunal Superior de Justicia. Una pretensión que resulta incompatible con los límites del recurso de casación cuando se dirige contra una sentencia absolutoria dictada en segunda instancia.

Como se ha expuesto en el fundamento primero, las SSTC 72/2024, de 7 de mayo, y 80/2024, de 3 de junio, delimitan el control de la absolución postulada por las acusaciones a un canon externo de razonabilidad, que permite fiscalizar: la ausencia o insuficiencia de motivación; el error patente; la inferencia contraria a la lógica, al conocimiento científico o a las máximas de experiencia; la omisión de valoración de prueba relevante; o la exclusión indebida de prueba válida. Pero no autoriza a sustituir la duda razonada del Tribunal que absuelve por una convicción incriminatoria alternativa.

2.5.Tampoco puede prosperar su queja frente al pronunciamiento que emitió el Tribunal Superior de Justicia respecto al recurso supeditado de apelación que interpuso en su día. La sentencia recurrida ofreció una respuesta expresa y adecuada sobre esta cuestión. Consideró que la pretensión de la acusación particular de que se aumentara la pena impuesta en la instancia había quedado privada de objeto una vez revocada la condena por el Tribunal Superior de Justicia. Y detalló que la irregularidad procesal derivada de no haberse tramitado específicamente el recurso supeditado tampoco justificaba la nulidad de actuaciones, pues en tal coyuntura no se había derivado una indefensión material y efectiva para la parte. Un posicionamiento que se ajusta a una doctrina constitucional que viene exigiendo, desde las SSTC 48/1984, de 4 de abril, y 48/1986, de 23 de abril, que la indefensión relevante a efectos del artículo 24 de la Constitución Española comporte una privación real de posibilidades de alegación o defensa; lo que esta Sala ha reiterado de forma constante.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1.El segundo motivo se articula por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por indebida inaplicación del artículo 181.1 y 2 del Código Penal, en conexión con la vulneración constitucional denunciada en el motivo precedente.

Sostiene la recurrente que la declaración de Dolores reunía los parámetros jurisprudenciales exigidos para operar como prueba de cargo suficiente y que la sentencia impugnada negó indebidamente eficacia incriminatoria a su testimonio, en particular al apreciar imprecisiones en el relato referido a los actos de mayor gravedad.

3.2.El motivo debe seguir la misma suerte desestimatoria, pues aparece construido como consecuencia directa de la infracción constitucional denunciada en el primer motivo del recurso y que hemos rechazado. Si la sentencia de apelación no vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al revisar la condena y absolver al acusado, tampoco puede afirmarse que esa absolución haya determinado, por arrastre, una indebida inaplicación del tipo penal.

La vía del artículo 849.1 de la LECRIM exige partir de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, sin alterarlos, completarlos o sustituirlos mediante una nueva valoración de la prueba. Esta exigencia ha sido reiterada por esta Sala de forma constante, subrayando que el cauce de infracción de ley solo permite controlar la corrección del juicio de subsunción sobre el presupuesto fáctico fijado por el Tribunal sentenciador. Y ese presupuesto fáctico no permite la aplicación del artículo 181.1 y 2 del Código Penal en los términos pretendidos, pues la sentencia de apelación modificó el relato de hechos probados para excluir que hubiera quedado acreditado que el acusado, aprovechando una situación de afectación alcohólica de Dolores, realizara los actos sexuales descritos por la sentencia de instancia sin posibilidad de reacción por parte de ella.

A partir de esa declaración negativa, el juicio de tipicidad queda privado de la base fáctica indispensable para afirmar la realización de actos sexuales no consentidos o ejecutados aprovechando una situación de privación o anulación suficiente de la capacidad de autodeterminación sexual. Y la casación no puede reconstruir ese presupuesto fáctico acudiendo de nuevo a la declaración de la víctima, a las corroboraciones invocadas por la acusación o a una lectura distinta de las conversaciones y testimonios examinados en apelación.

Es cierto que la declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente, incluso cuando sea la única prueba directa de los hechos. Así lo viene afirmando esta Sala, entre muchas otras en las SSTS 282/2018, de 13 de junio; 119/2019, de 6 de marzo; y 258/2023, de 19 de abril. Pero esa doctrina no establece una regla de prueba tasada ni convierte el testimonio de la víctima en prueba necesariamente concluyente. Los parámetros de credibilidad subjetiva, credibilidad objetiva o verosimilitud y persistencia en la incriminación son criterios racionales de contraste, destinados a facilitar el control externo de la motivación probatoria, no presupuestos que obliguen a condenar siempre que la acusación afirme su concurrencia. Precisamente la STS 258/2023, de 19 de abril, recuerda que tales indicadores son marcadores orientativos y que la convicción judicial no puede descansar en un puro acto de fe, sino en una credibilidad objetiva y racionalmente justificable.

Por ello, la discrepancia de la recurrente sobre la valoración del testimonio de Dolores no puede transmutarse en infracción de ley. La Audiencia Provincial ya descartó, incluso en su sentencia condenatoria, que hubiera quedado probada la penetración vaginal o la introducción de dedos en la vagina, pese a recoger que la denunciante había referido esos extremos. Y la sentencia de apelación fue más allá y consideró que tampoco podía mantenerse, con el grado de certeza constitucionalmente exigible, el núcleo fáctico que había sustentado la condena por abuso sexual. Pretender ahora que esta Sala otorgue plena eficacia incriminatoria al conjunto de la declaración de la víctima, incluyendo los extremos más graves que ni siquiera fueron incorporados al relato de hechos probados de la instancia, supone reclamar una nueva valoración integral del material probatorio, incompatible con el cauce casacional empleado.

Tampoco puede desconocerse que el tipo penal aplicado en la instancia exigía, en la redacción entonces vigente del artículo 181 del Código Penal, la realización de actos que atentaran contra la libertad sexual sin consentimiento válido o aprovechando una situación que impidiera a la víctima prestarlo libremente. Nuestra jurisprudencia, recogida entre otras en las SSTS 226/2003, de 19 de febrero; 408/2007, de 3 de mayo; 238/2007, de 21 de marzo; y 288/2024, de 21 de marzo, ha venido subrayando que el desvalor típico se asienta en la ausencia de un consentimiento auténtico y libre, pero también en la necesidad de que ese déficit de consentimiento resulte acreditado en términos compatibles con el principio de presunción de inocencia. Si la sentencia recurrida declara que no consta debidamente acreditado que Dolores estuviera privada de voluntad por la ingesta de alcohol ni que la relación careciera de consentimiento, no existe un sustrato fáctico que permita afirmar la indebida inaplicación del precepto penal invocado.

En definitiva, el segundo motivo no denuncia un error de subsunción sobre hechos firmes, sino que pretende recuperar una base fáctica condenatoria excluida por el Tribunal de apelación. Y esa operación no puede realizarse en casación a instancia de la acusación, pues supondría reinstaurar una condena mediante la sustitución de la duda razonada del tribunal ad quempor una valoración incriminatoria propia. La doctrina constitucional expuesta en el fundamento primero, singularmente las SSTC 72/2024, de 7 de mayo, y 80/2024, de 3 de junio, impide que esta Sala proceda de ese modo.

El motivo se desestima.

CUARTO.-Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la condena en costas a las recurrentes, cuyos recursos han sido desestimados.