Sentencia Penal 333/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3737/2023 de 06 de mayo del 2026

PRIMERO.- 1.1.El Juzgado de lo Penal n.º 1 de Elche, en su Procedimiento Abreviado n.º 311/2020, dictó sentencia el 13 de diciembre de 2021 en la que condenó a Lázaro como autor criminalmente responsable de un delito de apropiación indebida del artículo 253 del Código Penal, imponiéndole la pena de prisión por tiempo de 1 año y 6 meses, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

1.2.Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, que fue desestimado por su Sección Séptima, en sentencia de 10 de noviembre de 2022, la cual es objeto de recurso de casación interpuesto por la representación del acusado por dos motivos distintos, al que se ha adherido el Ministerio Fiscal con un motivo autónomo.

1.3.El recurso de casación interpuesto por la representación de Lázaro invoca, con carácter general, los artículos 5.4 de la LOPJ, 852 y 849.1 de la LECRIM, denunciando en dos motivos la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia y, correlativamente, del derecho a la tutela judicial efectiva, ambos recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española.

En el primer motivo aduce, en síntesis, que no existe prueba suficiente para afirmar la comisión del delito de apropiación indebida. Su alegación esencial es que el acusado no incorporó definitivamente el vehículo a su patrimonio ni realizó actos que reflejen que actuara a título de dueño, de manera que los hechos revelarían, a lo sumo, una prolongación del uso del vehículo arrendado y un eventual incumplimiento contractual o civil, pero no una apropiación penalmente típica. Añade, además, que contrariamente a lo que la sentencia de instancia sostiene y ha confirmado la Sala de Apelación de la Audiencia Provincial, habría contado con autorización para ampliar algunos días el alquiler del vehículo por cuya apropiación se le ha condenado.

En el segundo motivo, también vinculado a la presunción de inocencia y formalmente canalizado por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, reitera sustancialmente la misma queja desde la perspectiva de la carga de la prueba. La defensa afirma que la condena se ha construido sobre indicios, presunciones y sospechas, sin acreditarse el elemento nuclear del delito, esto es, la apropiación del vehículo con vocación dominical o incorporación definitiva al patrimonio del acusado. De nuevo insiste en que el hecho enjuiciado no excedería del ámbito civil derivado del contrato de alquiler y de los daños ocasionados.

1.4.La reforma de la LECRIM operada por la Ley 45/2015, de 5 de octubre, al introducir en el artículo 847.1 b) la posibilidad de interponer recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, facilitó que la función nomofiláctica de esta Sala pudiera impulsarse respecto de todos los delitos previstos en el Código Penal, con la única exclusión de los delitos leves, generalizando para ello el recurso de casación contra las sentencias dictadas en segunda instancia por exclusiva «infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849 »,cuya admisión queda condicionada a la existencia de un verdadero interés casacional.

Como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017, de 26 de marzo, que resolvió de la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la dictada por el Juzgado de lo Penal, «estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva)», orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización.

Y en orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por «interés casacional»,esta Sala, reunida en Pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

«A) El artículo 847 1.º letra b) de la LECRIM debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECRIM, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 2.º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1.º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 LECRIM) .

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889 2.º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art. 892 LECRIM) ».

1.5.Lo expuesto muestra que los dos motivos formulados por el recurrente carecen de viabilidad casacional, en la medida en que no plantea un error de subsunción de los hechos en la norma penal, sino que cuestiona los mismos. lo que determina su actual desestimación.

SEGUNDO.- 2.1.El Ministerio Fiscal, con ocasión del traslado efectuado en virtud del recurso interpuesto por la defensa, se adhirió al mismo y formuló un único motivo de casación por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicados los artículos 72 y 66.1.6.ª del Código Penal.

Considera que la pena impuesta fue mal individualizada y resulta arbitraria, al haberse fijado por encima del mínimo legal apoyándose en circunstancias no acreditadas o improcedentes. En concreto, reprocha que la sentencia basa la extensión de la pena impuesta en unos antecedentes penales no reflejados en los hechos probados, así como en la no devolución del vehículo, comportamiento que ya ha sido contemplado para la subsunción de la acción en el tipo penal. Por eso interesa que se estime el recurso, se revoque la sentencia en ese punto y se imponga la pena en su mínima extensión legal.

2.2.No existe obstáculo para que la adhesión al recurso incorpore una cuestión distinta de la suscitada por el recurrente principal. La jurisprudencia de esta Sala, a partir del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 27 de abril de 2005, abandonó una concepción estrictamente accesoria de la adhesión y admitió su carácter supeditado únicamente en cuanto a su subsistencia, pero autónomo respecto de los motivos, argumentos y pretensiones que pueden hacerse valer. Así lo declaró la STS 577/2005, de 4 de mayo y lo reiteró la STS 8/2010, de 20 de enero, entre muchas otras; y lo recordó de nuevo la STS 277/2018, de 8 de junio, al afirmar que es posible una adhesión autónoma en cuanto a la pretensión y, por ello mismo, también en cuanto a los argumentos y pedimentos que la sustentan, siempre, claro es, dentro del objeto procesal ya abierto por el recurso principal y con pleno respeto al principio de contradicción. No se trata, por tanto, de una mera coadyuvancia argumental, sino de una impugnación subordinada en su existencia al recurso principal, pero no necesariamente mimética en su contenido.

Eso es precisamente lo acontecido en el presente caso. La defensa del acusado formalizó un recurso dirigido a cuestionar la suficiencia de la prueba de cargo y la corrección constitucional del juicio de condena. El Ministerio Fiscal, al adherirse, no procedió a respaldar o a matizar esos motivos, sino que promovió un motivo propio y diferenciado, estrictamente jurídico, referido a la individualización de la pena. Un planteamiento procesalmente admisible con arreglo a la doctrina expuesta, pues introduce una censura normativa autónoma, compatible con el marco devolutivo abierto por el recurso principal y susceptible de contradicción por las demás partes.

2.3.No obstante ello, nuestra jurisprudencia tiene recogido que el ámbito de la casación se constriñe a las cuestiones que las partes plantearon en sus escritos de conclusiones formulados en la instancia, sin alcanzar cuestiones nuevas que, pudiéndose haber planteado en tiempo, afloran en el trámite casacional sin poder ser discutidas en el plenario ni someterse a la debida contradicción. El recurso de casación se circunscribe así al examen de los errores legales que pudo cometer el Tribunal de instancia al enjuiciar las cuestiones que las partes le plantearon, sin que puedan formularse alegaciones ex novoy per saltumrelativas a la aplicación o interpretación de preceptos sustantivos no invocados, es decir, sobre cuestiones jurídicas no formalmente propuestas ni debatidas por las partes, y que, por tanto, no aparecen expresamente razonadas y resueltas en la sentencia de instancia ( SSTS 320/2018, de 29 de junio; 176/2018, de 12 de abril; 445/2010, de 13 de mayo; 344/2005, de 18 de marzo o 707/2002, de 26 de abril).

Tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre y, con ello, la generalización del sistema de doble instancia en la jurisdicción penal, se abrió la vía de la casación por motivo de infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM respecto de sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, facultando así que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pueda analizar el alcance de aquellos tipos penales cuyo enjuiciamiento es ordinariamente competencia de los Juzgados de lo Penal, lo que posibilita fijar doctrina jurisprudencial sobre la práctica totalidad de los preceptos del Código Penal.

A esta nueva realidad procesal le resulta igualmente aplicable la doctrina que se ha expuesto. Puesto que la decisión que se impugna es la sentencia dictada en apelación por las Audiencias Provinciales, el planteamiento ex novode un motivo casacional con el que se discrepe de la sentencia de instancia, supondría emplear un instrumento establecido para evaluar la corrección de la resolución dada en segunda instancia, si bien proyectándolo a una cuestión jurídica sobre la que la sentencia impugnada guarda silencio, al ser una materia que no fue expresamente debatida por las partes. Consecuentemente, la falta de viabilidad casacional determina necesariamente su desestimación.

TERCERO.-La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente Lázaro, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.