Sentencia Penal 325/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5758/2022 de 08 de abril del 2025

Preliminar

Se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia número 212/2022, de 26 de julio de 2022, dictada por la Sección de Apelaciones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia número 393/2021, de 17/12/2021 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, que condenó al hoy recurrente por la comisión de un delito de un delito continuado de abusos sexuales y de un delito de violencia habitual.

La defensa del condenado ha recurrido ante esta Sala y ha formalizado cuatro motivos de impugnación a los que, por razones de orden sistemático se dará respuesta siguiendo una ordenación diferente a la establecida en el recurso. Primero daremos contestación al motivo sobre denegación indebida de prueba (tercero), después analizaremos los motivos sobre valoración de la prueba (segundo) y falta de motivación (cuarto) y, por último, procederemos al estudio del motivo en el que se cuestiona el juicio de tipicidad (primero).

1. Tercer motivo del recurso, al amparo del artículo 851.3 de la LECrim , por incongruencia omisiva: Denegación indebida de prueba.

1.1 En el tercer motivo del recurso se reprocha a la sentencia impugnada que haya rechazado los hechos alternativos propuestos por la defensa, referentes a la ausencia de culpabilidad. Se aduce que la ausencia de lesiones o sintomatología compatibles con violencia, malos tratos o abusos, así como el resto de pruebas videográficas son concluyentes para concluir la existencia de cualquier abuso. La sentencia tampoco valora las pruebas presentadas el día de la vista y se reitera que la inadmisión de determinadas pruebas durante la vista del juicio lesiona el derecho a valerse de los medios de prueba, tales como la pericial psicológica, la testifical de la madre de la denunciante y el visionado de dos archivos de video.

Como bien puede advertirse del desarrollo del motivo, las quejas que se formulan versan sobre la valoración probatoria y la denegación indebida de pruebas, cuestiones que nada tienen que ver con la incongruencia omisiva, que es el motivo de casación al que alude el artículo 851.3 de la LECrim y que es el cauce procesal por el que se formaliza el motivo.

La llamada la incongruencia omisiva (también denominada "fallo corto") se produce cuando el Tribunal de instancia vulnera el deber de dar respuesta a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, frustrando el derecho a obtener una respuesta fundada, derecho que forma parte de la tutela judicial efectiva. En este motivo se incluye la falta de respuesta a las cuestiones jurídicas planteadas, no a las fácticas, que tienen otro cauce, el previsto en el artículo 849.2 (error de hecho basado en documentos) y en el artículo 852 (vulneración del principio de presunción de inocencia). No incurre en ese vicio la omisión de alguna argumentación ya que el tribunal no está obligado a responder a todas las alegaciones de las partes, viene obligado, en cambio, a dar debida respuesta a todas las pretensiones y tampoco incurren en este vicio las omisiones fácticas, en tanto que la incongruencia omisiva no se refiere en ningún caso a cuestiones fácticas ( STS 161/2004, de 9 de febrero). Por lo tanto, ni las cuestiones probatorias planteadas ni la queja sobre denegación de prueba tienen cabida en el motivo de casación previsto en el artículo 851.3 de la LECrim.

En este caso la sentencia dio cumplida cuenta de esta cuestión por lo que ninguna incongruencia omisiva se ha producido. Y en relación con la indebida denegación de prueba procedemos, a continuación, a abordar la queja por más que lo correcto hubiera sido que se formulara la misma de forma independiente y por la vía casacional del artículo 852 de la LECrim.

1.2 Conforme a nuestra doctrina constitucional el derecho al empleo de los medios de prueba pertinentes debe ser comprendido en el marco del derecho a un proceso equitativo al que se refiere el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el derecho a un proceso con las debidas garantías del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En nuestro ordenamiento ese derecho se incluye dentro del haz de garantías del derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24.2 CE.

La determinación de la pertinencia de una prueba no siempre es sencilla pero, como dijo esta Sala en la STS 459/2008, de 2 de diciembre, el objeto del proceso, en función del cual se determina la pertinencia, es un concepto unitario y global que viene determinado por el conjunto de las alegaciones de todas las partes tanto de la acusación como de la defensa por lo que las pruebas de la acusación deberán ir dirigidas a acreditar todos los hechos determinantes de la pretensión de condena y también serán pertinentes las pruebas de la defensa dirigidas a contraprobar lo alegado por la acusación o a desvirtuar las pruebas de que ésta intenta valerse.

El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que el artículo 24.2 CE no atribuye un ilimitado derecho de las partes a que se admitan y se practiquen todos los medios de prueba propuestos, sino sólo aquellos que, propuestos en tiempo y forma, sean lícitos y pertinentes ( STC 70/2002, de 3 de abril), afirmación que nos lleva a resumir los presupuestos inexcusables para que pueda prosperar una queja por denegación de pruebas y que son los siguientes: a) Las pruebas han de ser propuestas en tiempo y forma, de conformidad con las reglas específicas para cada clase de proceso; b) En caso de denegación indebida de la prueba, que en todo caso debe ser motivada, se debe reiterar la petición en el Procedimiento Abreviado ( artículos 785.1 y 786.2 de la LECrim) y, si se mantiene la decisión, es preciso formular protesta tanto en el Procedimiento Abreviado como en el Sumario Ordinario ( artículos 785, 786 y 659 de la LECrim; c) Si se trata de prueba testifical han de hacerse constar las preguntas que quien la propone pretendía dirigir al testigo, con la finalidad de que, primero el Tribunal de enjuiciamiento, y después esta Sala, en su caso, puedan valorar la trascendencia de la prueba propuesta y d) Por último, la prueba denegada debe tener relevancia para el fallo de la sentencia.

Respecto de esta última cuestión hemos dicho recientemente en la STS 652/2018, de 14 de diciembre, con cita de otras sentencias anteriores ( SSTS 719/2017 y 545/2014, de 26 de junio) que cuando el examen de la cuestión se efectúa en vía de recurso, el carácter necesario y relevante de "para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no sólo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo".

La prueba debe aparecer como indispensable para formarse un juicio correcto sobre los hechos justiciables. La necesidad es requisito inmanente del motivo de casación previsto en el art. 850.1 LECrim. Si la prueba rechazada carece de utilidad o no es "necesaria" a la vista del desarrollo del juicio oral y de la resolución recaída, el motivo no podrá prosperar. El canon de "pertinencia" que rige en el momento de admitir la prueba se muta por un estándar de "relevancia" o "necesidad" en el momento de resolver sobre un recurso por tal razón. Y en la misma resolución citada se precisa que "en casación la revisión de esa decisión ha de hacerse a la luz de la sentencia dictada, es decir, en un juicio ex post. No se trata tanto de analizar si en el momento en que se denegaron las pruebas eran pertinentes y podían haberse admitido, como de constatar a posteriori y con conocimiento de la sentencia (ahí radica una de las razones por las que el legislador ha querido acumular el recurso sobre denegación de pruebas al interpuesto contra la sentencia, sin prever un recurso previo autónomo), si esa denegación ha causado indefensión. Para resolver en casación sobre una denegación de prueba no basta con valorar su pertinencia. Ha de afirmarse su indispensabilidad. La superfluidad de la prueba, constatable a posteriori, convierte en improcedente por mor del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas una anulación de la sentencia por causas que materialmente no van a influir en su parte dispositiva".

Desde otra perspectiva, que ha sido desarrollada por el TEDH en la sentencia de la Gran Sala de 18 de diciembre de 2018 (Caso Murtazaliyeva c. Rusia) el análisis de la denegación de una prueba debe girar sobre dos cuestiones: Si la parte agraviada ha fundamentado su solicitud y si la negativa del tribunal ha menoscabado o no la equidad del juicio, concretándose este último interrogante en analizar si el tribunal al denegar la prueba ha dado razones suficientes para fundar su decisión.

Señala el TEDH que el artículo 6.3 d) CEDH exige que los tribunales nacionales examinen la pertinencia de la pretensión solicitada por la defensa y justifiquen suficientemente sus decisiones sobre este punto. Y como se firma en la STEDH, caso Popov c. Ucrania, de 15 de noviembre de 2012, el tribunal debe examinar cuidadosamente las cuestiones pertinentes cuando la defensa hace una solicitud suficientemente razonada La respuesta del tribunal se debe corresponder a las razones expuestas por la defensa, es decir, debe ser tan sustancial y detallada como aquellas. De tal modo, se concluye en la sentencia de 18 de diciembre de 2018, que cuanto más sólidos y fundamentados sean los argumentos presentados por la defensa, más tendrá que realizar el juez nacional un examen exhaustivo y presentar un razonamiento convincente para rechazar la solicitud de la defensa de práctica de un medio de prueba.

Y en cuanto a si la decisión del rechazo del medio de prueba propuesto afectó negativamente a la equidad del juicio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde su particular posición de garante de la protección de las garantías convencionales -no de las reglas procesales internas- exige una valoración del desarrollo del proceso en su conjunto pues ello permite evitar que la aplicación del estándar de control se convierta en excesivamente rígido y mecánico. Sugiere que una base razonable en la solicitud de práctica probatoria y una denegación injustificada o arbitraria por parte del tribunal son dos indicadores de inequidad en el desarrollo del proceso.

Como supuestos concretos, el TEDH ha precisado que la audiencia de un testigo de descargo cuando su testimonio va dirigido a confirmar la coartada del acusado debe ser considerada a priori pertinente -vid. STEDH, caso Polyakov c. Rusia, 29 de enero de 2009. Por el contrario, en un caso en el que se pretendían aportar datos defensivos que nada tenían que ver con los hechos de la acusación se descartó toda relevancia para demostrar la inocencia del acusado -vid. STEDH, caso Tymchenko c. Ucrania, de 13 de octubre de 2016-. También se ha pronunciado en el sentido que el tribunal nacional no está obligado a admitir solicitudes de práctica probatoria manifiestamente abusivas -vid. STEDH, caso Dorokhov c. Rusia, 14 de febrero de 2008-.

Por tanto y en conclusión, para analizar si una denegación de prueba lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva es necesario hacer un juicio de ponderación complejo en el que se tomen en consideración distintos factores: La argumentación y solidez de la pretensión probatoria planteada; la motivación ofrecida por el tribunal para la denegación, que debe ser congruente con la pretensión; el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para impugnar la denegación, la relevancia que la prueba pueda tener para apoyar la estrategia de la defensa y la relevancia que pueda tener también para modificar el fallo de la sentencia.

1.3 En el caso sometido a nuestra consideración se propusieron las pruebas al inicio de la sesión de juicio y fueron denegadas de forma motivada, justificando con suficiencia las razones de la denegación.

En relación con los videos que se pretendieron aportar al inicio de la sesión del juicio, la sentencia de instancia denegó su aportación, sólo en parte, con el siguiente razonamiento:

"Se trata en todo caso de unas grabaciones muy anteriores a la fecha del juicio oral, que no acreditan ni las personas que allí están, ni es un sonido claro, ni se han aportado sus traducciones. En segundo lugar se está ante unas grabaciones de unas conversaciones a través de lnstagram, que no acreditan ni la persona que las manda, ni la persona que los recibe. En las mismas constan unas fechas de 2 de marzo, y no se sabe el año, por lo que, en su caso, no son del mes anterior y pudieron haber sido aportadas en su caso anteriormente, o ser solicitada su inclusión con todas las garantías pertinentes. Por todo lo expuesto, dicha prueba no puede ser considerada como válida".

En cuanto a la pericial psicológica fue denegada durante la fase de instrucción y recurrida su denegación ante la Audiencia Provincial que desestimó el recurso señalando lo siguiente:

"Compartimos el criterio de la Juez instructora. No habiéndose cuestionado la imputabilidad del acusado, no se aprecia la utilidad que para los efectos de la instrucción pueda tener el informe psicológico sobre el perfil de personalidad del investigado; siendo asimismo innecesario para replantearse el mantenimiento de unas medidas de alejamiento que parece ser que ya se han adoptado, y que la Juez instructora no se plantea dejar sin efecto (no constando que haya alguna petición en tal sentido). No se justifica la utilidad o pertinencia de la pericia con las difusas y escasamente inteligibles justificaciones expuestas en el recurso (como "conseguir una mejor convicción multidisciplinar jurídico-psicológica sobre los hechos'), ni se aprecia en qué medida sea necesario realizar una valoración integral de la personalidad del investigado para la calificación de los hechos cuando no se cuestiona su imputabilidad."

Con posterioridad la defensa no aportó el informe pericial del que pretendía valerse.

Por último y en relación con la prueba testifical de la madre del acusado, una vez que se desestimó la revocación del auto de conclusión de sumario para la práctica de nuevas pruebas, no se volvió a interesar en el escrito de defensa esa prueba por lo que, como señala la sentencia de instancia, la testigo no fue citada el día del juicio y tampoco consta ni se alega que compareciera y pudiera declarar en ese acto, previa petición de su declaración en el trámite de cuestiones previas.

En la sentencia de apelación, que es a la que aquí se impugna, además de dar por reproducidas las extensas argumentaciones de la sentencia de instancia, relativas a las incidencias habidas en la proposición de la prueba y a las razones por las que se procedió a su denegación, se añaden las siguientes consideraciones:

"a) En cuanto a la prueba pericial psicológica del encausado, se solicitó un dictamen pericial sobre el perfil de la personalidad del acusado en atención al comportamiento, las circunstancias implícitas en la dinámica agresiva, así como de su peligrosidad, con la pretensión de tener así una valoración integral de su personalidad. Nada había y nada hay en autos que indique la conveniencia de practicar una prueba así, ya que no hay el menor signo de que el encausado sufra alguna alteración o anomalía mental. Por lo que dicha prueba era entonces impertinente y ahora sigue siendo impertinente y además innecesaria.

b) Con respecto a la declaración de la madre de la denunciante, podría haber sido una prueba pertinente en la instancia, pero ahora ha devenido innecesaria en esta segunda instancia, conforme a la jurisprudencia más arriba mencionada.

c) En cuanto a la visualización de la grabación de vídeo aportada al comienzo del juicio por el Letrado de la defensa, no se considera tampoco necesaria después de conocerse las explicaciones dadas por la denunciante y las demás pruebas practicadas durante el juicio oral, todo lo cual ha sido examinado en el anterior motivo del recurso".

Tanto la sentencia de instancia como la de apelación analizaron extensamente la improcedencia de las pruebas a las que alude el motivo y denegaron su práctica de forma motivada. Y, frente a la razonada respuesta judicial, en el recurso se hace una deslavazada y breve impugnación, que en modo alguno permite cuestionar las sólidas razones ofrecidas por los dos tribunales para la denegación de las pruebas aludidas en el motivo que, por otra parte, no aparecen de relevancia suficiente para modificar el fallo de la sentencia.

En cuanto a los videos, su denegación parcial se produjo porque se referían a conversaciones muy anteriores a los hechos objeto de acusación, concurriendo, además, su falta calidad y ausencia de traducción, pero, en todo caso, las partes fueron oportunamente interrogadas para conocer sus relaciones previas. En cuanto a la declaración de la madre, al ser un testigo referencial difícilmente podría servir para modificar el fallo sin que conste, además, que compareciera el día del juicio para ser interrogada (cuestión sobre la que nada dice el motivo) y en cuanto al informe pericial psicológico, denegado en fase de instrucción, las razones ofrecidas para su rechazo son del todo punto admisibles. No consta que el acusado padeciera ningún tipo de trastorno mental que pudiera afectar a su imputabilidad.

Por lo expuesto procede la desestimación del motivo.

2. Motivo segundo, al amparo del artículo 849.2 de la LECrim , por error en la valoración de la prueba

2.1 En el motivo segundo del recurso se cita como vía casacional la prevista en el artículo 849.2 de la LECrim, pero se hace de forma incorrecta dado que el citado precepto habilita para corregir errores de valoración probatoria que se deduzcan directamente de pruebas documentales y en el motivo lo que se pretende es una revaluación global de la prueba, razón por la que daremos contestación a la queja utilizando la vía casacional procedente, la prevista en el artículo 852 de la LECrim sobre vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

En el desarrollo argumental del motivo se sostiene que la declaración de la testigo de cargo fundamental, la esposa, no cumple con los tres requisitos o presupuestos que ordinariamente se utilizan para valorar la credibilidad. Consta que la testigo prestó su consentimiento a tener relaciones sexuales plenas con el acusado, que era su marido; los informes médicos acreditan que no sufrió lesión alguna compatible con supuestos abusos sexuales; su matrimonio fue autorizado y celebrado con arreglo a los ritos de las leyes islámicas y consta que la testigo era virgen no siendo verdad que la misma noche de bodas mantuvieran relaciones sexuales ya que esa noche se hizo la comprobación de que era virgen y tampoco es cierto que después de la boda continuaran la celebración en la ciudad del acusado, ya que dista del lugar de celebración a unos 500 kilómetros. Además de estas falsedades, la declaración de la testigo no fue precisa ya que no concretó el número de ocasiones de los abusos, ni los lugares siendo su declaración genérica y abstracta, lo que lesiona los derechos del acusado. Los abusos son incompatibles con la empatía que la testigo ha mostrado con el acusado y también con su sentimiento de culpabilidad, sugiriendo la defensa que este tribunal revise los vídeos obrantes en autos para comprobar esos extremos, describiendo el motivo distintas conversaciones que obran en los vídeos cuya aportación fue denegada en apoyo de su versión; entiende la defensa que todas las personas que han intervenido en el acompañamiento de la joven han influido en su testimonio y la denuncia inicial tuvo como factor desencadenante su malestar en la vivienda familiar así como su mala relación con su cuñada. De lo expuesto se deduce que la conclusión probatoria de la sentencia es absurda, ilógica y arbitraria.

2.2 La misión de esta Sala casacional frente a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que resuelven recursos de apelación, es verificar un control que se limita a la corrección de la motivación utilizada en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia para rechazar la vulneración de la presunción de inocencia denunciada en la segunda instancia y que se reproduce en esta sede casacional. En nuestro caso, cuando se trata del recurso de casación, la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia Provincial ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación. En consecuencia, ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior. De otro lado, la Sentencia contra la que se interpone el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que no ha presenciado la práctica de la prueba y, por lo tanto, no ha dispuesto de la inmediación que sí ha tenido el Tribunal de instancia. Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas.

En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos.

2.3 En este caso la sentencia de apelación ha dado cumplida y extensa respuesta a las alegaciones realizadas sobre la irracionalidad e insuficiencia de las pruebas de cargo expresando de forma pormenorizada las razones por las que se ha considerado creíble la declaración de la testigo de cargo, prueba fundamental que ha servido de soporte a la condena.

En el fundamento jurídico tercero de la sentencia de apelación se dio respuesta a las alegaciones referidas a la supuesta falta de valoración de determinadas pruebas señalando sobre el particular lo siguiente: a) Que no se valoraron los informes médicos acreditativos de la ausencia de lesiones porque se declaró probado que no hubo violencia o intimidación para conseguir los accesos sexuales de ahí que fuera innecesaria toda mención a los informes médicos y b) Que en la sentencia de instancia, con cita de su texto, se valoraron las declaraciones de la testigo que figuran en el video aportado por la defensa referentes a la posibilidad de volver a vivir con el acusado porque no le quedaría más remedio una vez finalizado el juicio, explicando el contexto en el que se produjeron esas conversaciones, los contactos con el acusado e incluso que mantuvieran de nuevo relaciones sexuales en una ocasión, admitiendo el tribunal esas explicaciones como convincentes.

Y en el fundamento jurídico sexto, después de hacer un minucioso análisis de las pruebas practicadas en el juicio, se refrendó la suficiencia de la prueba de cargo así como su correcta valoración argumentando lo siguiente:

"C) Pretende el recurrente que todo lo sucedido en el seno del matrimonio con la menor denunciante se hizo con el acatamiento de ésta a las reglas de su propia cultura marroquí o, si se prefiere, magrebí, y que precisamente por eso la menor aceptó todas sus obligaciones domésticas, conyugales o sexuales, sin' que conste ningún acto de violencia ni de intimidación ejercida por el acusado contra ella. Y se aferra el recurrente a las conversaciones y vídeos que fueron aportados por él mismo a la causa, en los que aparentemente se aprecia que la menor denunciante estaba dispuesta a volver con el acusado y a reiniciar la vida en común que había quedado interrumpida por la -en su opinión- desafortunada intervención de sus profesoras y luego de otros profesionales en psicología o medicina que la habrían presionado para que pusiera fin al Matrimonio celebrado con el acusado e iniciara una nueva vida.

Sin embargo, de las declaraciones de la menor denunciante -especialmente las realizadas en el acto del juicio oral- se desprende no sólo que ella nunca quiso contraer matrimonio con el acusado sino que si llegó a hacerlo fue debido a la imposición de su familia, la cual seguía los criterios culturales mayoritariamente imperantes en Marruecos. Además, ella hizo ver al acusado que no deseaba mantener relaciones sexuales con él, tal y como se indica en la sentencia impugnada: "cuando se enfadaba al realizar el acto sexual, la golpeaba. Que para ello la agarraba del cuello y hacía chocar su cabeza contra la pared. Que en otras veces la tiraba de la cama, que la tiraba intencionalmente. Que a ella le salían hematomas, que se le pasaban solos." También manifestó la menor denunciante "que además de mantener relaciones sexuales contra su voluntad, que le salía moco y sangre por la vagina y que también le obligaba a mantener relaciones sexuales por vía anal." E igualmente dijo "que para poder ir al Instituto tenía que hacer todas las tareas domésticas y no cerrar las piernas, y que si no hacía las tareas, por la noche la obligaba a hacer otros trabajos, o le pegaba, no concretando dicha forma de agresión. También dijo que en una ocasión le dio unas bofetadas en la cara, y le lanzaba objetos, sin mayor concreción.

De ahí la razón de su huida, afrontando no sólo el pánico que le causaba el ser buscada y acosada por su marido sino también el desprecio y la hostilidad de la propia familia de la menor denunciante, de manera tal que desde la perspectiva de su cultura originaria ella ha quedado proscrita y considerada como una infractora de las reglas culturales y sociales que hasta entonces venía respetando.

Más arriba se ha dicho, en relación con las grabaciones y vídeos sobre conversaciones posteriores a la formulación de la denuncia que inició el presente procedimiento, habidas entre la menor denunciante y el acusado, que ella explicó con bastante detalle las razones por las que dijo todo aquello, refiriéndose a que el acusado logró entrar en contacto con ella, diciéndole que quería volver a vivir junto a ella y prometiéndole que a partir de entonces vivirían ellos dos solos, sin la presencia de ninguna otra persona o familiar, subrayando el acusado que la larga duración del procedimiento penal evidenciaba que en realidad no había pruebas en contra suya, y añadiendo que cuando acabase el juicio no tendría á dónde ir, que los papeles que había conseguido caducarían y que se quedaría sola y abandonada, sin ningún tipo de asistencia o de protección. Por tales razones, la denunciante -que en modo alguno quería volver con el acusado- se fue haciendo a la idea de que tendría que irse acostumbrando a volver a vivir con él, porque al fin y al cabo era su marido y porque no estaba segura sobre lo que ocurriría cuando terminase este procedimiento penal, por lo que aceptó verse con el mismo en su casa de vez en cuando, unas cinco veces aproximadamente, e incluso le ha dejado tener una relación sexual con ella.

La menor denunciante subrayó en juicio que esas conversaciones mantenidas entre ella y el acusado a través de Instagram no fueron en realidad tales en muchos casos, ya que el acusado tenía la contraseña de la cuenta para borrar lo que le interesase o para añadir lo que tuviera por conveniente haciéndose pasar por ella, reiterándose la misma en que lo dicho en esas conversaciones o grabaciones no son ciertas, o bien dijo o escribió lo que allí aparece por miedo a sufrir represalias por parte del acusado, lo que es perfectamente creíble a la vista del testimonio que la menor denunciante hizo en juicio.

D) En definitiva, a la vista de los elementos probatorios tomados en consideración por la sentencia impugnada es claro que la subsunción que de los hechos declarados probados hizo el tribunal de instancia en el artículo 182.1 y 2 del Código Penal se considera plenamente acertada, ya que el acusado abusó de una posición reconocida de autoridad o influencia sobre la víctima, nacida del matrimonio que contrajo en territorio marroquí, para realizar actos sexuales con la misma, siendo así que aquélla es de una edad mayor de 16 y menor de 18 años"

Ciertamente la única prueba que sirve de soporte a la condena es la declaración de la testigo de cargo, víctima de los hechos denunciados, y esa declaración fue valorada por el tribunal de forma minuciosa, analizando los distintos parámetros que la jurisprudencia de esta Sala viene declarando como necesarios para determinar la credibilidad de los testigos. Se consideró que la testigo carecía de motivos espurios para prestar su testimonio y que ofreció un relato completo y coherente de los hechos, corroborados parcialmente en cuanto a las circunstancias del matrimonio y también en cuanto a las secuelas o trastornos producidos por la situación vivida. El hecho de que durante el proceso de maduración que la joven siguió hasta denunciar los hechos tuviera algún encuentro con el acusado o que durante ese proceso tuviera dudas acerca de la conveniencia de denunciar no es razón suficiente para poner en cuestión la seriedad, firmeza y credibilidad de su declaración.

Por otra parte, la sentencia de instancia también tuvo en cuenta las manifestaciones de la joven en Instagram, sobre las que ofreció en la vista las oportunas explicaciones, y la declaración de los peritos que comparecieron a juicio, tanto de la Fundación Diagrama como de los médicos forenses.

Por lo tanto y de acuerdo con lo razonado por el tribunal de apelación, la condena del acusado tiene su basamento en prueba de cargo suficiente y valorada de acuerdo con criterios de racionalidad a los que nada cabe objetar.

El motivo se desestima.

3. Cuarto motivo, al amparo del artículo 852 de la LECrim , sobre falta de motivación de la sentencia

En el cuarto motivo del recurso se alega que la sentencia no dio una respuesta motivada a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes pero, al margen de referencias jurisprudenciales, no se da una justificación concreta respecto de que pretensiones se predica la falta de motivación. Compartimos la afirmación de que las sentencias deben ser motivadas, exigencia que se puede extraer de multitud de sentencias de esta Sala y del Tribunal Constitucional y que forma parte del haz de garantías del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.2 CE y a la que alude directamente del artículo 120.3 CE, pero basta leer la sentencia impugnada para constatar que tiene una motivación suficiente y extensa sobre todas las cuestiones planteadas en el juicio. El motivo carece de consistencia y debe ser desestimado.

4. Primer motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , por indebida aplicación de los artículos 183.1 , 183.4 y 173.2 del Código Penal y subsidiariamente por inaplicación del artículo 14 CP

4.1 Señala el motivo que a tenor de los hechos probados y de las manifestaciones de la denunciante no hay prueba de que ésta hiciera algo que no fuera consentido por lo que no se dan las circunstancias para la calificación de los hechos como delito de abuso sexual. Se argumenta que el hecho de haberse celebrado el matrimonio según las reglas de las creencias islámicas no puede tomarse por sí solo como dato fáctico para afirmar que el procesado ejerciera una posición dominante y de superioridad sobre la denunciante, ya que ésta podía actuar libremente como ir a estudiar el Instituto, viajar a Marruecos o relacionarse con otras personas. Por otro lado, el acusado desconocía el estado de sometimiento y la sumisión de la joven, si ésta tenía interiorizada ese sentimiento. El acusado de nacionalidad marroquí creía legítimamente en el consentimiento incondicional y en la participación libre de la joven en las relaciones sexuales como lo evidencian los videos aportados al acto del juicio, razón por la que debe apreciarse como elemento de exención de responsabilidad el error invencible.

4.2 Como punto de partida para abordar este motivo debemos recordar una vez más que siguiendo la doctrina establecida de forma reiterada por este tribunal y de la que es exponente la STS 799/2017, de 11 de diciembre, entre otras muchas, "el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es plantear una discordancia jurídica con el tribunal sentenciador sobre unos hechos probados, ya inalterables. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado".

En este caso, después de que el acusado y la denunciante contrajeran matrimonio en Marruecos por el rito islámico, los hechos probados describen las siguientes acciones:

"A partir de este momento y desde Agosto de 2016 a marzo de 2017, el acusado, adoptó una actitud de continuo dominio y control hacia la menor, quien tenía que estar a su plena disposición, y por ello y también por el propio hecho de ser mujer y de peor condición que él, la menor estaba obligada a hacer las tareas del hogar, en beneficio también del resto de personas que residían en el inmueble citado. También le controlaba todos los aspectos de su vida y decidía cualquier cosa por olla, si ella iba al Instituto o no, además de tener que satisfacer todos los requerimientos sexuales del acusado. Así, en el ámbito de las relaciones íntimas, la menor debía estar a disposición del acusado para mantener todo tipo de relaciones sexuales, tanto penetraciones por vía anal como vaginal, así como felaciones, cuando el acusado así lo solicitaba.

En dichas relaciones sexuales Eufrasia prestaba - continuamente su consentimiento y asentía, pero debido a la situación de dominación y autoridad que tenía sobre ella Erasmo y debido a sus convicciones religiosas y sociales y las posibles consecuencias, y a pesar de no querer realizarlas".

El artículo 182 CP vigente al tiempo de los hechos castigaba al que "interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho", agravando la sanción (de 2 a 6 años de prisión) cuando los actos consistan en "acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías".

Actualmente esta conducta se tipifica como agresión sexual, al realizarse el atentado contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, considerando que falta éste cuando concurre una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, castigándose con pena de 4 a 12 años de prisión ( artículos 178. 1 y 2 y 179 CP) .

No ofrece duda alguna que el relato fáctico describe unas relaciones sexuales no consentidas, realizadas en el contexto de un matrimonio forzado. La denunciante no consintió esas relaciones, sino que se vio forzada a tolerarlas como consecuencia de la relación de superioridad que sobre ella ejercía el acusado una vez que contrajo matrimonio con ella.

El matrimonio forzado es una práctica contraria a los derechos humamos que el ordenamiento jurídico español proscribe y sanciona penalmente a través de dos delitos: El artículo 172 bis castiga a quien mediante violencia o intimidación compele a otro a contraer matrimonio y el artículo 177 bis 1 e) castiga como delito de trata de seres humanos a quien empleando violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima o mediante entrega de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la capte, transporte, traslade, acoja o reciba con la finalidad de celebrar un matrimonio forzado.

En este caso, excluida la calificación de los hechos como delito de trata de seres humanos, no se ha sancionado la celebración del matrimonio forzado sino las prácticas sexuales dentro del mismo, impuestas por el acusado como consecuencia de su situación de dominio basado en su posición familiar.

No cabe duda de que un matrimonio forzado es un contexto muy apto para que en su seno se produzcan relaciones sexuales impuestas y no consentidas y es lo que en este caso sucedió y se declaró probado. Cuando la sentencia declara que la menor asentía y consentía esas prácticas precisa que lo hacía "debido a la situación de dominación y autoridad que tenía sobre ella Erasmo y debido a sus convicciones religiosas y sociales y las posibles consecuencias, y a pesar de no querer realizarlas" lo que supone una conducta forzada y realizada en un contexto de coacción personal, es decir, sin consentimiento libre y voluntario.

4.3 No procede apreciar una situación de error invencible o vencible por parte del acusado, conforme a lo pretendido en el escrito de recurso.

Desde luego no hay ninguna base fáctica en el relato de hechos probados que pueda servir de soporte para apreciar la existencia de error. Por el contrario, en el factum se destaca un hecho probado excluyente del error al declarar que "cuando llegaron a España después de contraer matrimonio el acusado le comunicó a Eufrasia que en España no podía decir que tipo de relación les unía, por lo que toda persona que le preguntase al respecto Eufrasia tenía que decir que el acusado era su tío, y advirtiéndole además que cuando salieran juntos debía de vestirse y maquillarse como él le decía y como una mujer adulta, a lo que ella obedecía. Y en concreto Erasmo se presentó ante el Instituto al que iba Eufrasia - IES DIRECCION001- como su tío". Es decir, el acusado conocía que en España no era tolerado ese tipo de matrimonio ni esa relación forzada y anclada en criterios de dominación y conminó a la joven a que ocultara el matrimonio y que se hiciera pasar por su sobrina.

Además, en el desarrollo de la relación convivencial se sucedieron las relaciones sexuales no consentidas y forzadas, debiéndose precisar sobre este particular que por el hecho de contraer matrimonio y al margen de su forma de celebración y de las particularidades culturales subyacentes en la relación de pareja, no es admisible ni tolerable que puedan realizarse prácticas sexuales no consentidas. En este caso en el juicio probatorio se refieren sucesos coactivos excluyentes de una situación de error. En su declaración la testigo de cargo manifestó de forma precisa en relación con las relaciones sexuales que "eran relaciones de marido y su mujer, de matrimonio. Ella sabía que era su obligación y se dejaba. Ella sabía que si no se dejaba, sabía lo que iba a pasar, sabía que luego no podría ir al Instituto, o que le iba a dar un golpe o una cachetada, por lo que ella se dejaba, porque era mucho mejor, porque si no se dejaba, había un castigo. Y estos hechos concretos no son narrados de forma específica y concretados en un momento determinado". También manifestó que "ella intentaba llegar tarde a la habitación, para que él estuviera dormido. Dijo que era frecuente que ella cerrara las piernas y él, lo que hacía era abrirlas . También manifestó que en ocasiones le pegaba cachetadas pero no fuerte y que "en las relaciones sexuales ella no tomaba nunca la iniciativa. Y añadió que para ella era su obligación, y sólo cerraba las piernas a veces, y que él a veces también la insultaba, con palabras como zorra. A ella no le gustaba que le dijera eso, y cuando él se enfadaba, se lo decía".

Por lo tanto, los hechos probados han sido correctamente calificados como delito de abuso sexual, debiéndose desestimar las alegaciones realizada en contra de dicha calificación.

4.4 La sentencia también condena por delito de maltrato habitual y en la medida en que el recurrente cuestiona la tipicidad de los hechos resulta obligado determinar si, además del delito de abuso sexual, se cometió un delito de maltrato habitual en el ámbito doméstico. En los hechos probados, además de referir la existencia de relaciones sexuales no consentidas por la denunciante, se refieren una serie de acciones que por su habitualidad merecen la consideración de delito de maltrato, tipificado en el artículo 173.2 del Código Penal.

El delito de maltrato habitual tiene lugar cuando se produce una reiteración de conductas violentas, comprendiendo tanto la violencia física como la psíquica, que por su repetición genere una atmósfera irrespirable o un clima sistemático de maltrato para los miembros de la familia. La sanción de esta conducta no sólo tiene como bien jurídico la integridad física de los sujetos pasivos sino fundamentalmente la paz familiar, la preservación del ámbito familiar como una comunidad de afectos presidido por el respeto mutuo, razón por la que se sancionan los actos que exteriorizan una actitud tendente a convertir ese ámbito familiar en un microcosmos regido por el miedo y la dominación ( STS 305/2017, de 27 de abril).

En definitiva, como hemos dicho en una reiterada jurisprudencia, se trata de un delito en el que se ejerce un clima de "insostenibilidad emocional" en la familia mediante el empleo de una violencia psicológica de dominación llevada a cabo desde la violencia física, verbal y sexual, por la que ejerce esa dominación que intenta trasladar a los miembros de la familia y lo consigue de facto.

Se refleja, por la doctrina, que el maltrato habitual es un delito autónomo cuyo bien jurídico protegido es la integridad moral de la víctima, tratando de impedir la vivencia en un estado hostil y vejatorio continuo. Y, lo que es importante, su forma de manifestación puede ser física, pero, también, psicológica, pudiendo causar, incluso en algunos casos, más daño a las víctimas el psicológico que el físico, por cuanto aquél puede que ni tan siquiera lleguen a percibir que están siendo víctimas, lo que agrava más el hecho de la no denuncia en muchos casos y la permanencia en el tiempo del maltrato psicológico que puede afectar, y de gravedad, a la psique.

Además, en lo que atañe a la relación concursal entre el delito de maltrato habitual del artículo 173.2 CP y los delitos de maltrato individual del artículo 153.1 CP, recuerda la doctrina que el delito del artículo 173.2 CP mantiene su autonomía respecto de los eventuales tipos que puedan resultar de los actos violentos que repetidos constituyen su sustrato y esencia. Véase la cláusula de salvaguardia del concurso de delitos del artículo 173.2 in fine CP. Así, el art. 173 es compatible con la sanción separada de los distintos hechos violentos ejercidos sobre la víctima.

Se trata de un tipo con sustantividad propia que sanciona la consolidación por parte de sujeto activo de un clima de violencia y dominación; de una atmósfera psicológica y moralmente irrespirable, capaz de anular a la víctima e impedir su libre desarrollo como persona, precisamente por el temor, la humillación y la angustia inducidos. Un estado con autonomía propia y diferenciada, que se vertebra sobre la habitualidad, pero en la que los distintos actos que lo conforman sólo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor ( SSTS 684/2021, de 15 de septiembre, 271/2022, de 23 de marzo, y 63/2025, de 30 de enero, entre otras).

En el caso que centra nuestra atención, en el relato de hechos probados se hace constar que "(... desde agosto de 2016 a marzo de 2017, el acusado, adoptó una actitud de continuo dominio y control hacia la menor, quien tenía que estar a su plena disposición", describiéndose conductas tales como obligar a la denunciante a maquillarse vestirse como una adulta y a decir que el acusado no era su marido sino su tío, obligarla pese a su juventud a realizar todas las tareas domésticas en beneficio no sólo del acusado sino de otras personas de su familia y controlar todas sus decisiones como, por ejemplo, determinar si iba o no al Instituto, además de satisfacer todos los requerimientos sexuales del acusado.

Se trata de conductas que no sólo generaron un ambiente de temor y dominación, sino que pueden calificarse de violencia psicológica, hasta el punto de que por consecuencia de estas continuas imposiciones la denunciante ha visto afectado su desarrollo sexual y personal, habiendo sufrido episodios de ansiedad y estrés que han afectado notablemente a su desarrollo evolutivo, presentando un patrón de conducta que predomina el rasgo de personalidad-sumisa, con sintomatología ansiosa, tristeza, pesimismo, falta de alegría e incapacidad para experimentar placer, quedando afectado su estado emocional, con necesaria intervención psicológica para poder restablecer el mismo.

En consecuencia, a la vista de la descripción fáctica de la sentencia, los actos realizados por el acusado tienen pleno encaje en el concepto normativo de violencia psicológica, ya que generaron en la víctima una situación objetiva de presión psicológica, temor y angustia.

El motivo se desestima.

5. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede condenar al recurrente, cuyas pretensiones han sido desestimadas.