Sentencia Penal 269/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5434/2023 de 08 de abril del 2026

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso de casación el interpuesto por la representación de GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS contra la sentencia nº 125/2023 de 20 de junio, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra.

SEGUNDO.-ÚNICO.- Al amparo del artículo 849.1º el Recurso de Casación que se formaliza contra la citada Sentencia es POR INFRACCION DE LEY al amparo del número 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A.- Aplicación indebida del artículo 114 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, modificado por la Ley 35/2015, de 23 de septiembre, (en lo sucesivo Ley 35/2015).

B.- Aplicación indebida del artículo 120, 121, 123 y 125 de la Ley 35/2015.

C.- Por la no aplicación del artículo 40.4 de la Ley 35/2015.

La forma de presentación del recurso debía haber dado lugar a la inadmisión, ya que se infringe la forma de articular los motivos en sede casacional, ya que los motivos deben articularse por separado y no articulando un motivo y dividirlo en submotivos.

Los motivos deben presentarse de forma separada en su fundamento, estructura y orden y no mezclados en un mismo motivo por suponer una "contradicción formal de planteamiento del motivo".

Se utiliza en este motivo la incorrecta técnica procesal del submotivo, ya que, como apuntamos en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 493/2023 de 22 Jun. 2023, Rec. 3293/2021:

El recurrente utiliza una técnica incorrecta en la formulación del motivo mediante el uso de una praxis procesal que no se ajusta a una depurada técnica casacional con infracción de lo dispuesto en el art. 874 LECRIM al requerirse la debida independencia y autonomía, así como numeración separada de los motivos que se presenten, sin ser admitidos en buena técnica casacional varios motivos en un mismo motivo por ser contradictorio, así como submotivos en un mismo motivo, porque ello no lo admite el art. 874 LECRIM , ya que debe predicarse la autonomía de los motivos que se interpongan, siendo incorrecta la técnica del submotivo.

Deben plantearse los motivos por separado y no es válido interponer el recurso con motivos y dentro de ellos "submotivos" que no existen en la articulación de los motivos en un recurso de casación, donde se exige la presentación de motivos "por separado".

En cualquier caso, realizada esta precisión, hay que significar que:

A.- Aplicación indebida del artículo 114 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, modificado por la Ley 35/2015, de 23 de septiembre, (en lo sucesivo Ley 35/2015).

Se refiere el recurrente a "la petición de la lesionada doña Francisca de la partida indemnizatoria contemplada en los artículos 113 y 114 de la Ley 35/2015, en concreto, de los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura".

Añade que "si el legislador hubiera querido distinguir los supuestos en que el lesionado es extranjero y no reside en España, sin lugar a dudas así lo hubiera hecho constar y se hubiera indicando quien era en ese supuesto, el legitimado activamente para su reclamación, así como también se hubiera pronunciado la comisión de seguimiento del baremo y hubiera propuesto algún tipo de modificación al respecto, tal y como lo ha hecho con otras conceptos contenidos en la Ley."

Incide en que "el apartado 5 del art. 33 cuando habla de la objetivación en la valoración del daño, que supone que se indemniza conforme a las reglas y límites establecidos en el sistema, por lo que no pueden fijarse indemnizaciones por conceptos o importes distintos de los previstos en él. No obstante, los perjuicios relevantes, ocasionados por circunstancias singulares y no contempladas conforme a las reglas y límites del sistema, se indemnizan como perjuicios excepcionales de acuerdo con las reglas establecidas al efecto en los artículos 77 y 112. Así, teniendo en cuenta lo indicado anteriormente el razonamiento dado por la audiencia no está en armonía y colisiona frontalmente con lo indicado por la legislación que es de aplicación".

Y que "al día de hoy carece de legitimación y en todo caso si finalmente se generasen y estos no fueran abonados por el sistema de salud del lugar donde se encuentre en ese momento residiendo la lesionada, ésta nunca se encontraría indefensa y siempre, esos gastos, serian abonados por la compañía aseguradora, en este caso a través de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 35/2015 (gastos nuevos sobrevenidos cuando realmente se produzcan)".

Se trata en la sentencia recurrida en el FD 4 d) la cuestión objeto de debate en torno a la indemnización por gastos previsibles de asistencia sanitaria futura por infracción de los artículos 113 y 114 de la Ley 135/2015, que por importe de 136.396 € ha fijado a favor de la perjudicada Francisca.

El argumento que da el tribunal que resuelve la apelación en esta letra d) es el siguiente:

"Se cuestiona que en todo caso la lesionada carezca de legitimación para poder reclamar por el resarcimiento de los gastos de asistencia futura, porque la misma solo esté otorgada en el artículo 114 de la citada ley a los servicios públicos.

Ciertamente el apartado 1 establece que los gastos de asistencia sanitaria "futura serán abonados por las entidades aseguradoras a los servicios públicos de salud conforme a la legislación vigente y los convenios o acuerdos suscritos, dentro de los límites establecidos en la tabla 2.C.1", pero ello está supeditado a la legislación y a los convenios o acuerdos suscritos, y así lo contempla el apartado segundo que establece que "Las entidades aseguradoras y los servicios públicos de salud podrán suscribir acuerdos específicos al objeto de facilitar el pago a que se refiere el apartado anterior y garantizar las prestaciones sanitarias a los lesionados", es decir que ello estará siempre supeditado a la existencia de un convenio, que puede o no concurrir, y que cubra esa asistencia sanitaria futura.

En el presente caso no se discute que exista ese convenio con el Servicio Andaluz de Salud, que ha venido cubriendo la asistencia, pero ocurre que en el presente caso la realidad es que la lesionada, que es evidente que va a tener gastos previsibles de asistencia sanitaria futura (que no se pone en duda por la recurrente-aseguradora), no va a residir en España, y por ende no va a ser cubierta por los servicios públicos de Salud, conforme a la legislación vigente o convenios suscritos con las entidades aseguradoras, ante lo cual y no existiendo un acuerdo con entidades que cubran la asistencia sanitaria futura en el país de residencia de la lesionada, legitimada se encuentra esta para reclamar de forma alzada una cantidad, cuyo importe en cuanto a su cuantificación no se ha impugnado, tal y como ha establecido el juzgado a quo; cuando en modo alguno queda acreditado que conforme a la legislación del país de destino, Suecia, esté cubierta en todo caso desde su estancia inicial todos los gastos de asistencia y que una vez haya podido obtener su residencia legalmente en dicho país, tenga acceso a los servicios médicos en igualdad de cobertura total que contempla el artículo 114 de la ley, es decir de la total integridad de todos los gastos de asistencia médica futura derivados de un accidente previo."

Deben realizarse las siguientes precisiones a las alegaciones del submotivo:

1.- Una persona que ha sido lesionada no tiene obligación de residir en España tras un siniestro y ser atendida por los servicios públicos de salud o los convenios que se firmen, porque tiene derecho a la libre circulación y residir donde estime conveniente, no quedando supeditada a una normativa concreta que está prevista "obviamente" para los casos en que el lesionado/perjudicado reside en España y va a percibir la asistencia por gastos de sanidad futuros del servicio público o convenios firmados.

2.- La referencia del art. 114 RD 8/2004 se aplica a los supuestos de permanencia en España y atención sanitaria del lesionado en España, según se desprende con claridad de la lectura del precepto, por lo que si la residencia lo es fuera del país debe transformarse la reclamación de la atención por gastos de futuro en la indemnización que corresponda para atender esos gastos en el país de residencia. Lo contrario sería convertir a la lesionada/perjudicada en más perjudicada por la aplicación de una norma que no está prevista para su caso concreto.

3.- Es evidente y está reconocido que la lesionada va a tener gastos previsibles de asistencia sanitaria futura.

4.- Es evidente y admitido que no va a residir en España, sino fuera del país en Suecia. Es hecho probado intangible que "La familia ha fijado su residencia futura en Suecia."

5.- Es evidente que tiene derecho a la cobertura de gastos respecto a los futuros de consolidada aparición.

6.- Es hecho probado que "Doña Francisca tendrá gastos previsibles de asistencia sanitaria futura, por necesidad de revisiones crónicas con especialistas".

7.- La lesionada citada está legitimada para reclamar de forma alzada una cantidad, cuyo importe en cuanto a su cuantificación no se ha impugnado, tal y como ha establecido el juzgado a quo.

8.- No se ha acreditado que conforme a la legislación del país de destino, Suecia, esté cubierta en todo caso desde su estancia inicial todos los gastos de asistencia y que una vez haya podido obtener su residencia legalmente en dicho país, tenga acceso a los servicios médicos en igualdad de cobertura total que contempla el artículo 114 de la ley, es decir de la total integridad de todos los gastos de asistencia médica futura derivados de un accidente previo.

9.- Aplicar en la literalidad el art. 114 RD 8/2004 que se postula por el recurrente supondría excluir a los lesionados que residan en el extranjero del derecho indemnizatorio de gastos de futuro que va a tener y están acreditados.

10.- La lesionada es quien sufrió el daño y ella es la principal y, en este momento, única legitimada para su reclamación como resulta de lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes del CP y de lo establecido con carácter general en el art. 36.1.a ) LRCSCVM, cuando señala que la condición de sujeto perjudicado la tiene la víctima del accidente -en relación con el art. 113 LRCSCVM, por lo que no puede negarse su legitimación para reclamar tales gastos de asistencia sanitaria futura por el solo hecho de tener que fijar su residencia en el extranjero como expone el Fiscal de Sala.

11.- Hay que señalar que el nuevo sistema indemnizatorio recogido en el RD 8/2004 y en base a la reforma de la Ley 35/2015, ha mejorado la idea y filosofía de la "restitutio in integrum" en materia de responsabilidad civil en la siniestralidad vial, apostando por el principio de la reparación íntegra y no excluyendo como perjudicados a sujetos que lo son realmente, como en este caso ha ocurrido con la lesionada.

12.- No conceder indemnización a una lesionada que debe irse al extranjero y se le han reconocido gastos de asistencia sanitaria futura supondría actuar en contra del citado principio de restitución íntegra del daño o lesión causada.

13.- Con las recientes reformas se mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad. Y el art. 114 RD 8/2004 no puede interpretarse de una forma excluyente en la interpretación del derecho al resarcimiento de todos los perjuicios sufridos por el perjudicado para excluir a quien no reside en España para seguir la atención sanitaria fuera del país.

14.- El principio de reparación íntegra, que es el que se aplica en este caso, está reconocido en el art. 33 del RD 8/2004 que señala que:

33. Principios fundamentales del sistema de valoración.

1. La reparación íntegra del daño y su reparación vertebrada constituyen los dos principios fundamentales del sistema para la objetivación de su valoración.

2. El principio de la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos. Las indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias.

3. El principio de la reparación íntegra rige no sólo las consecuencias patrimoniales del daño corporal sino también las morales o extrapatrimoniales e implica en este caso compensar, mediante cuantías socialmente suficientes y razonables que respeten la dignidad de las víctimas, todo perjuicio relevante de acuerdo con su intensidad.

15.- ¿Cuál es su finalidad? El principio de la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos.

¿Qué debe tener en cuenta la aplicación de este principio? Las indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias.

¿Incluye el daño moral? El principio de la reparación íntegra rige no sólo las consecuencias patrimoniales del daño corporal sino también las morales o extrapatrimoniales e implica en este caso compensar, mediante cuantías socialmente suficientes y razonables que respeten la dignidad de las víctimas, todo perjuicio relevante de acuerdo con su intensidad.

16.- Negar la indemnización en este caso a la víctima/perjudicado supondría atacar al principio de reparación integral que debe mantenerse siempre en materia de responsabilidad civil por hechos derivados de la siniestralidad vial, y negar y ocultar todo el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad vial para reconocer a las víctimas, en el entorno de los delitos causados por medio de vehículo de motor, el derecho indemnizatorio cuando exista este nexo causal en víctimas/perjudicados que lo son y que pueden acreditar la existencia de este perjuicio.

17.- Han sido las dificultades para asegurar el cobro de esos gastos de asistencia futura en Suecia, donde viven sus padres, lo que ha obligado al Juzgado, y así lo ha confirmado la Audiencia, a fijar una cantidad alzada para atender esas necesidades futuras tal y como indica el Fiscal de Sala.

18.- Es preciso destacar, también, que el art. 114 de la LRCSCVM cuya infracción se denuncia, no es una norma reguladora de la legitimación para reclamar el resarcimiento de los gastos de asistencia sanitaria futura. Lo que fija el precepto es la forma en que tales gastos han de ser abonados o resarcidos por las aseguradoras cuando la asistencia es prestada por el Servicio Nacional de Salud, estableciendo que, en tal caso, serán abonados por las entidades aseguradoras a los servicios públicos de salud conforme a la legislación vigente y los convenios o acuerdos suscritos, dentro de los límites establecidos en la tabla 2.C.1 tal y como indica el Fiscal de Sala.

19.- No contempla el art. 114, en cambio, el supuesto de indemnización de tales gastos cuando, como es el caso, la víctima es extranjera y va a ser atendida en el extranjero.

20.- En los informes que se elaboran sobre reformas en el sistema de la legislación en esta materia de tráfico se recuerda que existe una cierta preocupación por lo que respecta al resarcimiento de esos gastos médicos futuros cuando las víctimas son extranjeras o residen en el extranjero", añadiendo que "un 40% de entidades consideran que es un problema grave que debería regularse, sea mediante un sistema de reembolso internacional de gastos entre servicios de salud de distintos países en el seno de la UE, sea mediante convenios bilaterales con los estados extracomunitarios, sea mediante indemnización directa".

Se añade que "debería garantizarse que si las entidades abonan los gastos de asistencia sanitaria futura a la Sanidad española no serán objeto de reclamaciones posteriores por los mismos conceptos en otros países". Ese mismo apartado señala que "las AAVV consideran que los convenios son una posibilidad a analizar, pero que en todo caso se debería permitir a la víctima acreditar dicho gasto futuro, con base en los costes que comporte en su país y la fórmula de cálculo futuro prevista en el sistema, permitiendo en estos casos excepcionales, su percepción directa caso de no existir convenio internacional sobre la materia entre los estados y administraciones implicados. En caso de existir tales convenios, debería abonarse a la administración extranjera correspondiente si garantiza el tratamiento médico vitalicio y sin coste a la víctima".

21.- La vía del art. 43 LRCSCVM no cabe aplicarla para eludir el derecho al cobro de la lesionada, ya que se refiere a una alteración fundamental de las circunstancias o a la aparición de daños sobrevenidos después de establecida la indemnización, lo que la hace inaplicable al caso enjuiciado, en que las circunstancias determinantes de la indemnización por el concepto de gastos sanitarios futuros ya están declaradas probadas en la sentencia impugnada y sin embargo no ha quedado acreditado que la lesionada tenga garantizado en su país de residencia el tratamiento médico vitalicio que precisa y sin coste para ella.

22.- Los gastos sanitarios futuros es un concepto indemnizatorio que ya está expresamente previsto en la ley y este gasto se ha podido cuantificar con arreglo a las normas previstas en el Baremo y no resulta acorde al art. 33 del baremo antes citado obligar a la víctima, que reside en Suecia, a anticipar cada gasto sanitario que se vaya produciendo y que se vea abocada a su constante reclamación judicial. De hacerlo así, el sistema iría en contra de las víctimas de la siniestralidad vial que no van a residir en España.

En cualquier caso, todo ello lo es sin perjuicio del derecho de repetición de la aseguradora en el caso de que:

a.- No se vaya a residir a Suecia para vivir y ser atendida allí, sino que se quede en España.

b.- O que reciba asistencia gratuita en su país por los servicios de salud.

Por todo ello, este submotivo se desestima.

B.- Aplicación indebida del artículo 120, 121, 123 y 125 de la Ley 35/2015.

Apunta el recurrente que "en cuanto al número de horas de ayuda de tercera persona considera la sentencia que corresponde 4 horas de ayuda de tercera persona aunque a tenor de lo dispuesto legalmente, en concreto en la tabla 2.C.2, se determinen que son 3 horas, a tenor de las secuelas que padece la lesionada." Ello en aplicación de los artículos 121 a 125, y más concretamente el 123 RD 8/2004.

Apunta el recurrente que "ese principio de reparación integra no es suficiente para justificar el otorgamiento de un número superior de horas al establecido legalmente".

La AP resuelve en la letra i) del FD 4 afectante a esta lesionada que:

"El juzgado a quo ha concluido que Dña. Francisca va a precisar cuatro (4) horas de ayuda de tercera persona y que la indemnización por ese concepto asciende a 325.621,35 €, teniendo en cuenta que como Dª Francisca va a residir en Suecia, y que aquí "en este momento no tiene derecho a prestación alguna en España y que no lo va a tener pues carece de derecho para ello, y se desconoce la situación que de futuro tendrá en Suecia."

La parte apelante se muestra disconforme con la determinación del número de horas, así como con la cuantificación del importe de la ayuda.

En cuanto al número de horas considera que lo procedente desde el punto de vista legal en fijar solo tres horas y no cuatro horas como fija la sentencia, ya que la determinación del número de horas viene específicamente regulado en los artículos 121. 1 de la citada ley 35/2015, en cuyo apartado 1 se indica, que: "La necesidad de ayuda de tercera persona se fija en la tabla 2.C2 de ayuda a tercera persona", de manera tal que una vez reconocida la necesidad de ayuda de tercera persona que se deriva de las secuelas que sufre al estar incluidas en la tabla 2.c.2, lo que procede es determinar el número de horas (art 123) y su cuantía indemnizatoria (art 125), regulando el artículo 123 cómo debe determinarse el número de horas necesarias, y que se remite a la tabla 2.c.2 y que expresa dicho número de horas en función de la secuela, estableciendo el apartado 2 del artículo 123 que: "Si existe más de una secuela que requiera ayuda de tercera persona se aplicarán las siguientes reglas: a) Para secuelas con necesidad de ayuda a tercera persona con un número de hasta seis horas, la valoración total del tiempo necesario se obtiene de sumar las horas correspondientes a la secuela mayor el cincuenta por ciento de las horas establecidas en cada una de ellas."

Partiendo de esta premisa considera: "para las secuelas que afectan a Dª Francisca la tabla 2.C.2 establece cuáles de ellas llevan aparejada ayuda de 3ª persona. Así, y dadas las secuelas reconocidas en Sentencia a Dª Francisca, son dos las secuelas que prevén ayuda de 3º persona (tabla 2.c.2): -la secuela de trastorno cognitivo moderado (01136) y se prevé de 1 a 2 horas. -y la secuela de afasia (01143) que prevé también de 1-2 horas. partiendo de que cada secuela tiene asignada 2 horas diarias de ayuda a tercera persona y, conforme al artículo 123 de la ley se debe sumar a las horas de la secuela mayor el 50% de las horas determinadas para las demás secuelas. por tanto, queda estipulado por ley que el número de horas de ayuda de 3ª persona que deben indemnizarse son tres (3)."

Tal tesis no puede ser compartida por esta Sala, ya que en el presente caso la reducción de una hora conllevaría no respetar el principio de reparación integra contemplado en el artículo 33 de la citada ley, y ello a la vista de los informes médicos, en concreto de la Médico Forense, que ratifica en las 4 horas la necesidad de ayuda de tercera persona. Incluso el perito de la entidad aseguradora también así lo contemplo, ante lo cual debe darse preferencia a ese criterio técnico, partiendo como hemos indicado de ese principio de reparación integra.

Cierto es que el artículo 121. 1 establece que la necesidad de ayuda de tercera persona se fija en la tabla 2.C.2 y en el artículo 123 se contempla en su apartado 2 una regla para los supuestos de concurrir más de una secuela que requiera ayuda de tercera persona, pero no lo es menos que en el apartado 2 del artículo 121 se contempla una previsión para los supuestos no previstos en la tabla, y si bien es cierto que no sería tanto un supuesto no contemplado, pues existe, si que la concreta valoración en el presente caso dada la naturaleza de las distintas secuelas conlleva conforme a todos los informes médicos la necesidad de cuatro horas, que debe considerarse en ese caso de aplicación frente a la regla general, cuando como aquí ocurre, dada la entidad de las secuelas se ha concretado esa periodo especifico.

En relación con el importe de la indemnización, afirma que el número de horas viene condicionado por lo dispuesto en el artículo 125. 6, relativo a la percepción de prestaciones públicas para ayuda de tercera persona, y el juzgado a quo ha fijado la indemnización partiendo de la premisa de que Dª Francisca no percibe las prestaciones públicas estimadas por las bases técnicas actuariales.

Se afirma que desde lo servicios sociales se le ha orientado para la obtención de ayudas, habiendo quedado acreditado que el procedimiento de reconocimiento de derecho a prestación social para Francisca sigue en curso, está paralizado y tendrá derecho en un futuro próximo a una prestación social, así como que se sigue el procedimiento administrativo al igual que el procedimiento laboral del que se desconoce su resolución, ante lo cual la indemnización procedente sería de 106.548€ según la cuantificación del dictamen actuarial elaborado por el actuario D. Celestino.

Tal tesis tampoco puede ser compartida por este tribunal de apelación.

La realidad como recoge el juzgado a quo, es que tanto en el momento de estabilización de las secuelas como a la fecha de dictarse la resolución recurrida, la lesionada no tiene reconocido ninguna derecho prestacional y tampoco consta que lo que vaya a tener en Suecia, a donde se ha traslado su residencia por necesidad de ayuda, ante lo cual la realidad es que ha carecido y carece de ayuda, y no hay una expectativa cierta de derecho que permita justificar o reducir importe alguno, como si ese derecho fuera a ser reconocido en un futuro."

Es clave de nuevo a la hora de resolver el submotivo que:

1.- Se objetiva la concesión de cuatro horas y no tres en atención a que la reducción de una hora conllevaría no respetar el principio de reparación integra contemplado en el artículo 33 de la citada ley, y ello a la vista de los informes médicos, en concreto de la Médico Forense, que ratifica en las 4 horas la necesidad de ayuda de tercera persona. Incluso el perito de la entidad aseguradora también así lo contemplo, ante lo cual debe darse preferencia a ese criterio técnico, partiendo como hemos indicado de ese principio de reparación integra.

2.- En efecto, se objetiva que en el apartado 2 del artículo 121 se contempla una previsión para los supuestos no previstos en la tabla, y si bien es cierto que no sería tanto un supuesto no contemplado, pues existe, si que la concreta valoración en el presente caso dada la naturaleza de las distintas secuelas conlleva conforme a todos los informes médicos la necesidad de cuatro horas, que debe considerarse en ese caso de aplicación frente a la regla general, cuando como aquí ocurre, dada la entidad de las secuelas se ha concretado esa periodo especifico.

3.- Tanto en el momento de estabilización de las secuelas como a la fecha de dictarse la resolución recurrida, la lesionada no tiene reconocido ninguna derecho prestacional y tampoco consta que lo que vaya a tener en Suecia, a donde se ha traslado su residencia por necesidad de ayuda, ante lo cual la realidad es que ha carecido y carece de ayuda, y no hay una expectativa cierta de derecho que permita justificar o reducir importe alguno, como si ese derecho fuera a ser reconocido en un futuro.

4.- Pues bien, como indica el Fiscal de la Sala es cierto que la aplicación de la tabla 2.C.2 -a la que remiten los arts. 121.1 y 123.1- y de las previsiones del art. 123.2 darían lugar a la determinación de tres horas de ayuda (dos secuelas a las que corresponden dos horas de ayuda a cada una [2+2] minoradas en el 50% respecto de la secuela menor [2+1]=3).

5.- Ahora bien, el art. 121.2 LRCSCVM contempla la posibilidad de indemnizar con ayuda de tercera persona secuelas no previstas en la tabla 2.C.2 cuando se acredite mediante prueba pericial médica una pérdida de autonomía personal análoga a la producida por las secuelas previstas en la misma. Es en la aplicación analógica de este precepto en el que se funda la sentencia impugnada para reconocer las cuatro horas de ayuda conforme al criterio de la pericial médica de la forense, lo que daría cobertura normativa a la resolución impugnada y deberá conducir a la desestimación de este motivo del recurso.

6.- Está acreditado, conforme al informe pericial de la médico forense -coincidente con el de la aseguradora-, que el conjunto de secuelas y limitaciones que padece la lesionada establecen una necesidad de horas de ayuda de tercera persona superior a la que aparece en la tabla 2.C.2.

7.- No puede acudirse a un sistema estricto, restringido y tasado de la norma indemnizatoria del baremo de tráfico, ya que la objetividad de la valoración no obsta a la interpretación analógica de las prescripciones que integran la ley, ante casos no previstos cuando exista identidad de razón.

8.- No cabe aceptar que las ventajas del baremo y su aplicación se rigen por un exhaustivo carácter tasado y taxativo de la indemnización huyendo de las características del caso concreto y de informes periciales que acrediten la necesidad de adaptación analógica de la normativa al caso concreto. Lo contrario sería huir del principio de reparación íntegra.

9.- La normativa en materia de baremo indemnizatorio no puede aplicarse a espaldas de la situación en la que ha quedado la víctima de un accidente de tráfico y ser considerada ésta como un mero número a la que se aplica un precepto abstracción hecha de las circunstancias del caso y de la realidad lesional que padece. No se puede considerar con ello que si se acreditan el número de horas de atención que se precisa, concederlas supone una vulneración del baremo, ya que lo contrario sí que supondría vulnerar los derechos de la víctima a la tutela judicial efectiva.

10.- Debemos recordar que el motivo que se presenta es por infracción de ley ex art. 849.1 LECRIM y en su formulación no se respetan los hechos probados que señalan que: "Doña Francisca presenta pérdida de autonomía evidente que afecta a la movilidad tras la estabilización y necesita ayuda de tercera persona tras la estabilización, consistente en cuatro horas de ayuda en el domicilio".

11.- No existe por tanto infracción de los artículos 120, 121, 123 y 125, al haber sido correctamente interpretados conforme permite el propio sistema y respetando el art. 33 en relación con el principio que debe regir "in dubio pro damnato".

Con ello, la argumentación de la AP se cohonesta con el hecho probado intangible, pero también con la prueba pericial practicada que ha llevado a esta admisión de las cuatro horas que ahora se cuestionan.Criterios sobre el principio de reparación íntegra como exigencia en las reclamaciones como indemnización en la seguridad vial.

Se pueden citar como criterios de la Sala y de la doctrina especializada en orden a la reparación integra del daño causado a las víctimas, entre otras sentencias, las siguientes: SSTS 668/2018 de 19 Dic, 115/2026, de 11 febrero, 1541/2002, de 24 sept, y 474/2025, de 27 mayo.

1.- La reparación no es solo compensación, sino que es parte de una conducta activa del autor orientada a restituir plenamente a la víctima en la totalidad del daño causado suponiendo un resarcimiento pleno a lo que tiene derecho la misma.

2.- Supone que no exista ninguna parte del daño causado pendiente de ser resarcida por el autor del delito.

3.- Se suprime con la reparación íntegra la pendencia de partidas pendientes de ser compensadas y resarcidas.

4.- La reparación íntegra supone el rechazo de interpretaciones rígidas del sistema indemnizatorio y que pueden ser excluyentes de indemnizaciones ante daños efectivamente causados a la víctima.

5.- Con este principio se trata de fijar la importancia del daño real frente a categorías legales cerradas.

6.- La aplicación de este principio supone el refuerzo del papel del juez para adaptar la indemnización al caso concreto y de evitar "zonas de no indemnización" que se anulan si se aplica el principio de reparación en su integridad analizando cuál es el daño causado que debe ser compensado en su integridad.

7.- Esta exigente reparación íntegra dependerá de si se acredita ese daño causado con prueba suficiente que es la que determina aplicar este principio en base a la necesidad de la restitución y reparación del daño realmente causado y no uno inferior.

8.- La reparación íntegra centrada en el principio de la "restitutio in integrum" supone aplicar la necesidad de una lectura finalista del sistema de responsabilidad civil.

9.- La indemnización que debe ser satisfecha es la que debe garantizar la "plena indemnidad", y ello lleva consigo una expresa prohibición sistemática de que se prohíben interpretaciones restrictivas del sistema que impidan que la víctima sea plenamente resarcida.

10.- No puede prevalecer un automatismo del baremo si deja lagunas sin ser indemnizadas cuando ese daño es real, existe y debe ser indemnizado económicamente.

11.- La reparación íntegra es principio rector del sistema indemnizatorio.

12.- La reparación íntegra es principio estructural del sistema indemnizatorio.

13.- El sistema de responsabilidad civil en materia de siniestralidad vial no puede operar como un sistema cerrado y hermético, sino como un instrumento dirigido a reparar todo el daño real que haya sido acreditado por la víctima o perjudicado y que esté causalmente conectado con el hecho en concreto, sin exclusiones formalistas.

14.- El objetivo de la "restitutio in integrum" debe ser la plena indemnidad del perjudicado.

15.- El principio de la "restitutio in integrum" evita infraindemnizaciones.

16.- El principio de la "restitutio in integrum" incrementa el nivel de protección material de la víctima.

17.- El principio de la "restitutio in integrum" reduce el riesgo de "daños sin indemnización".

18.- El principio de la "restitutio in integrum" amplía el perímetro indemnizable, evita lagunas resarcitorias y prioriza el daño real sobre el formalismo.

19.- La certeza que determina el baremo ex ante no puede aplicarse a costa de la necesaria protección de las víctimas y su derecho a ser resarcidas de todo el daño que han tenido.

20.- La seguridad del baremo no puede conllevar inseguridad y desprotección de las víctimas cuando están en condiciones de acreditar la existencia de un daño.

Por ello, el submotivo se desestima.

c).- Por la no aplicación del artículo 40.4 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, modificado por la Ley 35/2015 en relación en relación con el artículo 117 del Código Penal.

Alega el recurrente que la decisión de la Audiencia Provincial para no acceder a la actualización de los pagos a cuenta interesada por la aseguradora carece de total justificación toda vez que el artículo 40 está previsto y desarrolla el momento de la determinación de las partidas resarcitorias, así como las consecuencias de dicha determinación en cada momento.

Sostiene que en el caso de pagos a cuenta o consignaciones hay que hacer el cómputo total de la indemnización a la fecha del pago y deducir lo consignado a cuenta una vez actualizado su valor, todo ello de conformidad con el art. 40.4 del R.D.L. 4/2008 que indica que, si se han realizado pagos a cuenta, las cantidades que se abonen se actualizarán de acuerdo con las reglas previstas en los apartados anteriores y se deducirán de ese modo del importe global.

Señala al respecto la AP en la letra j) del FD nº 4 que:

"No puede compartir la Sala que sea procedente la no actualización de los pagos a cuenta ya realizados. Precisamente el apartado 4 del citado artículo se recoge expresamente que: "4.- Si se realizan pagos a cuenta, las cantidades que se abonen se actualizarán de acuerdo con las reglas previstas en los apartados anteriores y se deducirán de ese modo del importe global." , es decir las cantidades realizadas en concepto de pagos a cuenta, debe conforme al apartado 1 también ser actualizadas "con la actualización correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial". La diligencia la aseguradora en relación con los pagos a cuenta realizado, ya ha tenido su valoración mediante la no imposición de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro."

El recurrente postula que la sentencia ha descartado la actualización conforme al art. 40.4 RD 8/2004, pero lo que la sentencia señala es que "no puede compartir la Sala que sea procedente la no actualización de los pagos a cuenta ya realizados.Y para ello se remite a la claridad del citado precepto del art. 40.4 CP que señala que 4. Si se realizan pagos a cuenta, las cantidades que se abonen se actualizarán de acuerdo con las reglas previstas en los apartados anteriores y se deducirán de ese modo del importe global

En lo que sí tiene razón el recurrente es que nada afecta en este punto el art. 20 de la ley de contrato de seguro, pero a los efectos de aclarar esta cuestión para el caso de que existiera alguna duda hay que señalar que el art. 40.4 RD 8/2004 es de aplicación y debe admitirse su referencia en cuanto al cálculo de las sumas consignadas que se acrediten debidamente con las pruebas oportunas.

Recordaremos que en el informe del Fiscal de la Sala se recuerda que "el Fiscal entiende que de acuerdo con lo prescrito en el art. 40.4 LRCSCVM invocado, si se hubieran realizado pagos a cuenta, las cantidades abonadas deberán igualmente actualizarse, deduciéndose así del importe global. Por tanto, en la medida en que las sentencias de instancia y apelación han actualizado las cuantías de las partidas indemnizatorias debidas a las tablas indemnizatorias correspondientes a años posteriores a la fecha del siniestro, se deberían igualmente actualizar a esas mismas fechas los pagos a cuenta."

Por ello esta es la claridad que debe ofrecerse a este caso en el bien entendido supuesto de que la sentencia recurrida sí que ha reconocido la aplicación del art. 40.4 RD 8/2004, con independencia de la aplicación, o no, del art. 20 LCS.

El submotivo se desestima aunque con la aclaración antes realizada del entendimiento de la aplicación del art. 40.4 RD 8/2004, pero recordamos que la AP lo que apunta es que "no puede compartir la Sala que sea procedente la no actualización de los pagos a cuenta ya realizados.Y para ello se remite a la claridad del citado precepto del art. 40.4 CP. Por ello, la aplicación de la actualización conforme a los pagos a cuenta que resulten acreditados es procedente y en el caso de que se hayan llevado a efecto los mismos y en las cuantías que resulten acreditadas.

TERCERO.-Desestimándose el recurso, las costas se imponen al recurrente ( art. 901 LECrim) .