Sentencia Penal 1120/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4839/2022 de 09 de diciembre del 2024

1. Motivos primero y segundo por infracción de derecho constitucional formulados al amparo del artículo 852 de la LECrim

La sentencia que se recurre en casación es la número 335/2022, de 07/06/22, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. En dicha sentencia se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia número 2/2022, de 10/01/2022, del Juzgado de lo Penal número 19 de Valencia en la que se condenó al Sr. Amador, hoy recurrente, por la comisión de un delito de abuso sexual, tipificado en el artículo 181.1 del Código Penal.

1.1 En el recurso se articulan cuatro motivos de impugnación. En el primer motivo, formulado al amparo del artículo 852 de la LECrim, se denuncia la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías en su vertiente del derecho a la prueba, alegándose que se le ha denegado durante el procedimiento una prueba fundamental para su estrategia de defensa, causándole una efectiva indefensión. La prueba indebidamente denegada, a juicio de la defensa, consistía en el libramiento de un oficio al Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la Universidad Politécnica de Valencia para que se remitieran y unieran al procedimiento determinados documentos relativos al expediente administrativo abierto en dicha universidad y relacionados con la denuncia inicial de acoso sexual formulada por la alumna que denunció también en el ámbito judicial los hechos objeto de enjuiciamiento.

Y en el segundo motivo del recurso, sustentado también en la vía casacional del artículo 852 de la LECrim, se censura la sentencia por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia del acusado haciendo determinadas alegaciones que ponen en cuestión la valoración de la prueba llevada a cabo por el tribunal de instancia y, por extensión, del tribunal de apelación.

Ambos motivos van a ser objeto de una contestación conjunta porque incurren en la misma causa de inadmisibilidad que, en este momento procesal, se transmutan en causa de desestimación.

1.2 Se ha recurrido en casación una sentencia de Audiencia Provincial dictada en grado de apelación, por lo que como antecedente necesario conviene concretar el ámbito de impugnación que establece el artículo 847.1 b) en el que se regula esta clase de recurso que fue introducido por la Ley 41/2015.

Según hemos precisado en numerosas sentencias ( SSTS 55/2018, de 31 de enero y 210/2017, de 28 de marzo, por todas) esta nueva modalidad de casación cumple fundamentalmente una función nomofiláctica por cuanto se pretende homogeneizar la interpretación de las normas penales en todos los órganos de la jurisdicción penal.

Como argumentamos en la STS 122/2019, de 8 de marzo, "el legislador de 2015 ha sido sensible a esta necesidad. Al tiempo que generaliza la doble instancia (otra sentida necesidad), ha abierto la casación, solo por infracción de ley del art. 849.1º (error iuris), a los delitos cuyo enjuiciamiento viene atribuido a los Juzgados de lo Penal. De esa forma se implanta una herramienta procesal idónea para homogeneizar la interpretación del derecho penal sustantivo (vid. STC 134/1991, de 17 de junio), lo que repercute en una más efectiva satisfacción del principio de igualdad, minimizando (aunque sin llegar a neutralizar, lo que es objetivo no plenamente alcanzable) y reconduciendo a márgenes tolerables el peligro de respuestas judiciales desiguales ante situaciones iguales, con lo que ello comporta de erosión del principio constitucional de igualdad ( artículo 14 CE) . No es admisible que una misma conducta pueda ser considerada delictiva en un territorio y atípica en otro. O que los contornos de lo punible en cuestiones discutidas dependan en último término del criterio de la Sección de la Audiencia a la que haya derivado el asunto la regla, objetiva pero aleatoria, consagrada en las normas de reparto.

Estamos ante una modalidad de recurso que enlaza más con el artículo 9.3 CE (seguridad jurídica) que con el art. 24.1 (tutela judicial efectiva). Salvando las gotas de simplificación que anidan en esa disyuntiva, esa premisa -es un recurso al servicio de la seguridad jurídica más que de la tutela judicial efectiva- ayuda a diseñar este novedoso formato impugnativo. Esta casación no está reclamada por el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque también lo sirva; sino por el principio de seguridad jurídica.

Se posibilita con ello que las sentencias dictadas por los Juzgados tengan acceso a la casación, pero la extensión del ámbito impugnativo obliga a la restricción de las causas de impugnación, razón por la que el precepto antes citado sólo admita como cauce impugnativo del de infracción de ley, previsto en el artículo 849.1 de la LECrim.

En esa dirección esta Sala en el Pleno no jurisdiccional de 9 de junio de 2016 fijó los límites de este recurso de casación en los siguientes términos:

a) El art. 847 1º letra b) de la LECrim debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849 2°, 850, 851 y 852. Por tanto, al tratarse de un recurso por infracción de ley penal sustantiva queda excluida la posibilidad de invocar vulneraciones de preceptos constitucionales, sin perjuicio de que éstas puedan ser invocadas para reforzar el alegato de infracción de la ley penal sustantiva.

b) Los recursos articulados por el art. 849 1° deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

c) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( artículo 884 LECrim) .

d) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (artículo 889 2º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: (i) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, (ii) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, (iii) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido".

1.3 Partiendo de estas precisiones jurisprudenciales advertimos que en estos dos motivos se invocan lesiones de naturaleza constitucional y procesal que, como hemos dicho anteriormente, quedan fuera del ámbito propio de esta clase de recurso, en el que sólo cabe invocar problemas de tipicidad, es decir, de infracción de ley en sentido estricto por lo que ambos motivos deben ser desestimados.

2. Tercero motivo, al amparo del artículo 849.2 de la LECrim , por error en la valoración de la prueba acreditado documentalmente

Al igual que en los dos motivos precedentes la queja que se formula en este apartado del recurso debe ser desestimada porque no se plantea un problema de subsunción normativa o tipicidad sino que se cuestiona la valoración probatoria a través de un motivo de casación que no tiene cabida en esta clase de recurso en el que únicamente puede impugnarse la sentencia de apelación en los estrictos términos que autoriza el artículo 849.1 de la LECrim.

El motivo se desestima.

3. Cuarto motivo, con base en el artículo 852 de la LECrim , por vulneración de los artículos 24 y 25.1 de la Constitución , en su vertiente de proscripción del non bis in idem, por aplicación indebida de la pena de inhabilitación para el ejercicio de empleo público

También en este motivo se invoca la lesión de un derecho constitucional como fundamento del motivo de casación, por lo que formalmente el alegato incurre en causa de desestimación por no respetar el ámbito impugnativo del recurso de casación admisible contra sentencias de apelación de una Audiencia Provincial.

No obstante lo anterior y dado que el principio constitucional invocado está incardinado constitucionalmente en el derecho a la legalidad penal, reconocido en el artículo 25 de la CE, pero también en el artículo 1 del Código Penal, daremos respuesta a la queja.

El non bis in idem es un principio del proceso penal que se configura como un derecho fundamental integrado en el artículo 25.1 de la CE. Según se desarrolla en la STS 338/2015 de 2 de junio, con cita de la STC 91/2008 de 21 de julio, tiene una doble dimensión, material y procesal. La material o sustantiva impide que un mismo sujeto sea sancionado en más de una ocasión con el mismo fundamento, bien en procedimientos penales o sancionadores, y por los mismo hechos, toda vez que ello supondría una reacción punitiva desproporcionada que haría quebrar, además, la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones. La procesal o formal proscribe, en su sentido originario, la duplicidad de procedimientos penales en caso de que exista la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Ello implica la imposibilidad de proceder a un nuevo enjuiciamiento penal si el primer proceso ha concluido con una resolución de fondo con efecto de cosa juzgada, ya que, en el ámbito de lo definitivamente resuelto por un órgano judicial, no cabe iniciar un nuevo procedimiento, pues se menoscabaría la tutela judicial dispensada por la anterior decisión firme y se arroja sobre el reo la carga de un nuevo enjuiciamiento. Por tanto, la falta de reconocimiento del efecto de cosa juzgada puede ser el vehículo a través del cual se ocasiona dicha lesión.

En este caso se adoptaron unas medidas provisionales que no pueden servir de fundamento para anular la sanción penal impuesta en el presente procedimiento so pretexto de la invocación del non bis in idem. De un lado, no se impuso una sanción como tal ni consta que el procedimiento administrativo concluyera por resolución con efectos de cosa juzgada lo que impide la apreciación del citado principio y, de otro, para apreciar la relevancia jurídica de la duplicidad de procedimientos sancionadores debe atenderse también a la conducta procesal del acusado, tal y como se advierte en la STC 152/2001, de 2 de julio, cuya doctrina ha sido ratificado en otras posteriores como la STC 2/2023, de 6 de febrero. Si el recurrente entendía que debía alzarse la medida provisional acordada al disponerse la suspensión del procedimiento administrativo por inicio del proceso penal, debería haberlo interesado en el ámbito administrativo y no escudarse en esa circunstancia para tratar de neutralizar el pronunciamiento de los órganos de la jurisdicción penal. En todo caso, las consecuencias de este pronunciamiento en el posterior proceso administrativo, caso de que continúe, deberán establecerse en este último, dado que incluso en supuestos de doble sanción no habrá lesión del non bis in idem si en el segundo proceso se procede a descontar y evitar todos los efectos negativos anudados a la previa resolución sancionadora, ya que, desde la estricta dimensión material, [el descuento] provoca que en el caso concreto no concurra una sanción desproporcionada" ( STC 334/2005 , de 20 de diciembre, FJ 2). El derecho reconocido en el art. 25.1 CE en su vertiente sancionadora no prohíbe el 'doble reproche aflictivo', sino la reiteración sancionadora de los mismos hechos con el mismo fundamento padecida por el mismo sujeto" ( STC 2/2003, FJ 6), reiteración que en este caso no se ha producido.

El motivo se desestima.

4. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse al recurrente las costas derivadas del recurso de casación.