Sentencia Penal 332/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7801/2022 de 09 de abril del 2025

PRIMERO.- 1.1. En el primer motivo se invoca infracción de precepto constitucional, por vulneración del principio de presunción de inocencia, art. 24 CE, con respecto al ilícito ánimo de lucro y el engaño bastante con el que el acusado debería haber actuado para celebrar el contrato para ser condenado por un delito de estafa.

Sobre esta cuestión del control casacional de la valoración probatoria hemos recordado en la sentencia 35/2020, de 6 de febrero, con citas de las SSTS 458/2009 de 13 de abril y 131/2010 de 18 de enero; reiterando la doctrina anterior que ni el objeto del control es directamente el resultado probatorio, ni se trata en casación de formar otra convicción valorativa ni dispone de la imprescindible inmediación que sólo tuvo el tribunal de instancia. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por el tribunal de instancia.

Cuando se denuncia en casación la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, hemos dicho en sentencia SSTS 615/2016, de 8 de julio, 200/2017, de 27 de marzo, 376/2017 de 20 de mayo, que "ha de verificarse si la prueba de cargo en base a la cual el tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y por tanto: En primer lugar, debe analizar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad. En segundo lugar, se ha de verificar "el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia. En tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia. Bien entendido, como establece la STS. 1507/2005 de 9.12, "El único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control".

1.2. Pues bien, esta Sala ya se ha pronunciado sobre los elementos de la estafa, en otras, en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo 262/2019 de 24 May. 2019, Rec. 1924/2017 donde apuntamos que: "Sobre los elementos o requisitos necesarios para entender concurrente la infracción penal tipificada como delito de estafa en el art. 248 del Código Penal y, en consecuencia, la apreciación de los contratos civiles criminalizados, se pueden citar los siguientes:

1. Un engaño como requisito esencial por constituir su núcleo o esencia, que ha de ser considerado con entidad suficiente para producir el traspaso patrimonial de carácter precedente o concurrente a la defraudación, maliciosamente provocado.

2. Error esencial en el sujeto pasivo, al dar por ciertos los hechos mendaces simulados por el agente, conocimiento inexacto de la realidad del desplazamiento originador del perjuicio o lesión de sus intereses económicos.

3. Acto de disposición patrimonial consecuencia del engaño sufrido, que en numerosas ocasiones adquiere cuerpo a través de pactos, acuerdos o negocios.

4. Ánimo de lucro, ya sea en beneficio propio o de un tercero, deducible del complejo de los actos realizados.

5. Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, apareciendo éste como inexorable resultado, toda vez que el dolo subsequens, es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trata, equivale a un mero incumplimiento de lo pactado, el que incluso, siendo intencional, carece de relevancia penal y debe debatirse exclusivamente en el campo privado.

6. Propósito de no cumplir o de tan sólo iniciar su cumplimiento, para desembocar en un definitivo incumplimiento.

El Tribunal Supremo refleja, en su sentencia de 11 de diciembre de 2000 que "el dolo penal consiste en el propósito de no cumplir o de tan sólo iniciar su cumplimiento, para desembocar en un definitivo incumplimiento, versando el contrato sobre un negocio vacío que oculta la realidad de un atentado contra el patrimonio ajeno".

Nos movemos en el elemento puramente subjetivo del conocimiento e intención clara del sujeto de no cumplir con las estipulaciones marcadas en el contrato con la otra parte, y ello aunque haya iniciado, incluso, el cumplimiento de lo pactado entre las partes, ya que, si lo que pretendía era no cumplir definitivamente, no excluye la comisión del delito de estafa el hecho de que el sujeto haya dado inicio al cumplimiento de su prestación y posteriormente cese en este cumplimiento cuando era ésta su idea inicial.

O, como apunta el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, en su Auto 834/2016, de 28 de abril: en el ilícito penal de la estafa, el sujeto activo sabe, desde el mismo momento de la perfección del contrato, que no podrá o no querrá cumplimentar la contraprestación que le corresponde en compensación del valor o cosa recibidos, y que se enriquecerá con ellos. Esta doctrina es la conocida como la de los contratos civiles o mercantiles criminalizados.

7. El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Se exige dolo más engaño.

La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este sentido, el dolo no conlleva per se la concurrencia del ilícito penal, ya que en el marco del derecho civil es definido como vicio del consentimiento ( arts. 1265, 1269 y 1270 CC) . Por ello, por sí sólo no constituye ese engaño requerido por el tipo de la estafa, es decir, la maniobra torticera y falaz por medio de la cual el agente, ocultando la realidad, juega dentro de la apariencia para ganar la voluntad del perjudicado o perjudicados, haciéndoles creer y aceptar lo que no es verdadero.

El delito de estafa hace preciso que concurra por parte del sujeto activo un medio engañoso de cualquier tipo que induzca a la víctima, por la vía del error, a realizar un determinado desprendimiento patrimonial del que, en relación de causa a efecto, se beneficia el instigador de la operación, que persigue desde el inicio ese fin lucrativo; sus elementos son, por tanto, engaño, ánimo de lucro, perjuicio y relación causal ( SSTS 16 de junio y 16 de octubre de 1992, 18 de octubre de 1993, 15 de junio de 1995 y 31 de enero de 1996, entre otras).

Se exige, al mismo tiempo, un específico dolo que abarque esa voluntad en el sujeto de que, cuando realiza la actividad contractual con la parte perjudicada, no vaya a ejecutar la parte el contrato que al mismo le compete, unido ello a cualquier medio de engaño que lleve a la otra parte a aceptarlo por la vía de la creencia de que se va a producir ese cumplimiento que se le ofrece. El dolo por sí mismo entendido supondría aisladamente la existencia de un vicio en el consentimiento que tendría sus consecuencias en la órbita del derecho civil, pero que, por el principio de intervención mínima del Derecho penal, no es aceptado para entender que ese incumplimiento del contrato tiene efectos y sanciones penales (...)" ( STS 182/2021, de 3 de marzo).

1.3. El tribunal a quo afirma, que el acusado, en calidad de administrador de la mercantil "SUPPLIES TRADE IMPORT EXPORT, S.L." y dada la relación comercial previa y satisfactoria mantenida con "ADAFRAN, S.A." logra concertar un contrato de compraventa o de intermediación para la adquisición de dos camiones, de los que no dispone pese a hacer pensar al representante de la compradora que tenía su disponibilidad, siendo creíble la versión del perjudicado en el sentido que no tendría sentido abonar los camiones si no tuviese el convencimiento de que el acusado tenía su disponibilidad, tal y como el mismo le manifestó.

Sigue añadiendo la sentencia que ambos conciertan verbalmente un contrato que es parte sustancial del engaño, logrando así, de forma inmediata, la entrega por el perjudicado del dinero (21.000€). Y no contento con ello, el acusado pese a apuntar en su tesis defensiva que tuvo conocimiento inmediato de unos embargos sobre los camiones, lo que impidió su adquisición, extremo sobre el que se apunta que ni acredita documentalmente ni consta se lo pusiese en conocimiento del adquirente del citado embargo-, exige, pasado un mes, el pago de los fletes del viaje y de la aduana para trasladar los camiones hasta Sierra Leona, siendo ello imposible, en su propia versión -que se transportaran, pues no pudieron ser adquiridos-. Nuevo desplazamiento patrimonial bajo el engaño del inicio del transporte, que ni estaba iniciado, ni podía iniciarse.

También se analiza la tesis defensiva, la cual no se considera creíble, en concreto que se puso a disposición del comprador una serie de mercancías para compensar el desplazamiento patrimonial, pero no hay prueba alguna que lo acredite, se dice que alguna documental no hubiese sido difícil de aportar, si fuese real la versión, tampoco se considera lógica, habida cuenta que las mercancías, según el acusado, eran relativas a material de higiene y juguetería, sectores extraños a la actividad de "ADOFRAN, S.A.".

Así, considerando la función casacional como evaluadora del juicio probatorio del Tribunal de instancia, debe rechazarse la pretensión que sustentan el motivo que analizamos, puesto que la Sala sí analiza el engaño del que fue objeto el perjudicado creyendo la versión de los hechos que le dio el acusado sobre las posibilidades que tenía para adquirir los camiones, entregando por ello, inmediatamente, aquel el dinero, en concreto 21.000€. Se crea un negocio vacío de contenido pues en ningún momento el acusado tuvo intención de cumplir el mismo, no se aporta prueba alguna sobre los trámites de adquisición de los camiones y, es más, se produce un segundo engaño, cuando, según el mismo, tuvo conocimiento que los camiones estaban embargados, y pese a ello solicita al representante de ADOFRAN la entrega de los gastos de flete y viaje de los mismos, sin que acredite nada al respecto.

En definitiva, el acusado, ocultando la realidad, jugó dentro de la apariencia de realidad, para ganar la voluntad del perjudicado, haciéndole creer y aceptar lo que no era verdadero, lo que pretendía el acusado era no cumplir definitivamente, sin que excluya la comisión del delito de estafa el hecho de que el sujeto haya dado inicio al cumplimiento de su prestación y posteriormente cese en este cumplimiento cuando era ésta su idea inicial, lo que resulta patente en este caso, en el que la versión defensiva se basa en los embargos de los camiones, extremo que no se acredita, ni se informa al comprador del citado impedimento, ni se prueba nada al respecto, y en cambio se solicita la entrega de más dinero para fletes del viaje y de la aduana para trasladar los inexistentes camiones.

La jurisprudencia de esta Sala ha destacado que el delito de estafa puede surgir con ocasión de los negocios jurídicos bilaterales, consistiendo el engaño en el empleo por uno de los contratantes de artificios o maniobras falaces que hagan creer a la contraparte en ciertas cualidades de la prestación que va a recibir que son realmente inexistentes, o que le convenzan de que recibirá la prestación comprometida, ocultando el verdadero propósito de no atenderla y de enriquecerse con lo recibido a cambio. ( STS 129/2024, 8 de febrero).

El motivo decae.

SEGUNDO.- En el segundo motivo se alega infracción del art. 66 del CP en relación con los artículos 21.6ª y 7ª del mismo cuerpo legal.

En el desarrollo del motivo se afirma que en el FD 5º de la sentencia se estima la concurrencia de dos de las circunstancias contempladas por el artículo 21 del CP, por lo que resulta de aplicación la regla 2ª del art. 66 del CP, en consecuencia, se debería haber bajado la pena en uno o dos grados.

La queja es improsperable. No es cierto que el tribunal aprecie la existencia de dos circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. En el Fundamento de Derecho Quinto, exclusivamente, se hace referencia a la atenuante de dilaciones indebidas como "no muy cualificadas", explicando la Sala toda la tramitación de la causa, haciendo un recorrido cronológico a partir de la comisión del delito (finales de 2013 y principios de 2014) hasta el juicio oral (el 13 de julio de 2022).

La sentencia de esta Sala 322/2024, de 17 de abril, con cita de las SSTS 290/2018, de 14 de junio, y 72/2019, de 11 de febrero, precisa que esta Sala ha reconocido en determinados supuestos la atenuación analógica de cuasiprescripción desde dos razones justificantes esenciales:

a) que el periodo de prescripción estuviera próximo a culminarse, de manera que el olvido social del delito, que termina por fundamentar la extinción de la responsabilidad criminal, se percibe ya de manera marcada e intensa; y

b) que la parte perjudicada haya recurrido una dosificada estrategia para servirse del sistema estatal de depuración de la responsabilidad criminal como instrumento que potencie la incertidumbre del autor del hecho delictivo, bien como instrumento de presión para una negociación extrajudicial o, lo que sería como mecanismo con el que potenciar la vindicación del perjuicio sufrido; supuestos en los que el sistema penal está en condiciones de reequilibrar, en términos de proporcionalidad, unas estratagemas dilatorias que el ordenamiento jurídico no consiente, particularmente para los delitos públicos, respecto de los que expresamente impone su denuncia inmediata en los artículos 259 y ss de la LECrim.

Pero, en todo caso, la jurisprudencia se cuida de advertir que no cabe premiar penalmente aquellos supuestos en los que, sin más, transcurre un dilatado periodo de tiempo entre la comisión de los hechos y su enjuiciamiento o de los que las autoridades a las que se encomienda la persecución del delito no tienen conocimiento de su comisión y, por tanto, carecen de los elementos de juicio indispensables para la incoación del proceso penal ( SSTS 1387/2004, de 27-12; 77/2006, de 1-2; 374/2017, de 24-5).

En este caso, no se dan ninguna de las dos circunstancias exigidas, ya que el plazo para apreciar la prescripción del delito de estafa al tiempo de cometerse los hechos era de 5 años, y al presentarse la denuncia había transcurrido un año y 9 meses desde la comisión de los últimos hechos delictivos (desde enero de 2014 a octubre de 2015). Por tanto, no puede afirmarse que "el periodo de prescripción estuviera próximo a culminarse". Tampoco existe indicio alguno de que la parte perjudicada tuviera algún interés en retrasar la denuncia. Por lo que la atenuante análoga no es apreciable.

El motivo se desestima.

TERCERO.- Procede imponer las costas al recurrente ( art. 901 LECrim) .