Sentencia Penal 277/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10605/2025 de 09 de abril del 2026

PRIMERO.- 1.1.La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en su Procedimiento Ordinario 5/2023, dictó Sentencia el 2 de junio de 2025 en la que condenó:

a) A Belarmino, como autor del delito de homicidio agravado del artículo 138.2.b), en relación con los artículos 550 y 551.1 del mismo texto, imponiéndole la pena de 17 años de prisión y accesorias; así como autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con las agravaciones específicas de notoria importancia y extrema gravedad por utilización de embarcación, a la pena de 10 años de prisión. Todo ello absolviéndole del delito de piratería por el que venía acusado.

b) A Alvaro, se le condenó como autor criminalmente responsable de un delito de incendio del art. 351.1 del Código Penal, por el que se le impuso la pena de 6 años de prisión; y como autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con las agravaciones específicas de notoria importancia y extrema gravedad por utilización de embarcación, a la pena de 10 años de prisión. Todo ello absolviéndole del delito de atentado por el que era también acusado y

c) A Isidro y Jesus Miguel, como autores de sendos delitos contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con las agravaciones específicas de notoria importancia y extrema gravedad por utilización de embarcación, imponiéndoles la pena a cada uno de ellos de 10 años de prisión y accesorias.

1.2.Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación por el Ministerio Fiscal y la representación de los acusados Belarmino, Alvaro y Isidro, siendo las impugnaciones resueltas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en su Sentencia 33/2025, de 9 de octubre de 2025, que desestimó los recursos formalizados por la representación de los acusados recurrentes y que, estimando parcialmente el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, revocó la absolución de Belarmino respecto del delito de piratería por el que había sido acusado y le condeno como responsable de ese delito a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

1.3.Contra su condena, la representación de los acusados Belarmino y Alvaro formaliza el presente recurso de casación, que se estructura alrededor de ocho motivos, el primero de ellos formulado por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender que se ha producido un quebranto de sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva respecto de su condena como autores de sendos delitos contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y concurriendo la agravación de notoria importancia.

Aducen que la Sala de Apelación no ha realizado una verdadera revisión del recurso de apelación, sino una respuesta somera y esencialmente adhesiva a la sentencia de instancia, sin entrar de manera real en sus objeciones sobre la suficiencia de la prueba.

En lo sustancial, el motivo mantiene que no existía prueba de cargo bastante para afirmar que el velero transportaba cocaína, porque no se incautó sustancia alguna y la condena se edificó exclusivamente sobre una prueba indiciaria que la defensa considera inhábil. La crítica se formula en tres planos: a) que los indicios no estaban plenamente acreditados, b) que no eran lógicamente concluyentes y c) que tampoco eran suficientes para sostener una inferencia condenatoria cerrada.

La defensa argumenta, de un lado, que resulta imposible que los agentes que subieron al velero en el que navegan los acusados pudieran ver un conjunto de fardos en la bodega, pues se trataba de un velero de competición que, como tal, no tiene las claraboyas o escotillas desde las que se dijo haber visto la carga. Cuestiona, además, el valor incriminatorio de la desconexión del sistema electrónico de identificación -con posicionamiento- del barco (AIS, por sus siglas en inglés), por las contradicciones entre los agentes sobre la duración de la desconexión, sosteniendo que no fueron dos días, sino apenas unas tres horas derivadas de una avería eléctrica. Finalmente, niega valor indiciario al documento de la DEA, porque solo hablaba en términos hipotéticos de un posible encuentro con otra embarcación, sin concretar fuente, datos verificables ni ratificación en juicio.

Por último, se destaca que no se intervino ninguna sustancia estupefaciente, habida cuenta el incendio que sufrió la embarcación, por lo que toda inferencia sobre la realidad del delito y, particularmente, que el barco llevara una carga de cocaína y en cantidad de notoria importancia, carece de respaldo probatorio.

1.4.Hemos destacado de manera reiterada que en los procedimientos con doble instancia contemplados en el artículo 847.1.a) de la LECRIM, el control casacional de las sentencias que les pongan término no sólo comporta realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley hecha por los tribunales encargados de la apelación, sino también de la supervisión que realizaron de la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de instancia.

Esto último supone constatar que la prueba de cargo se ha obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales y que su práctica responde al procedimiento y supuestos para los que fue legalmente prevista, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso fundamental de su raciocinio ( STS 1125/2001, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos y razonables que permiten corroborar las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena.

Es cierto, que la inserción del elemento de la razonabilidad dentro del contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia genera un espacio común en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que aunque el control por parte del Tribunal de apelación sobre la coherencia del juicio probatorio del Tribunal de instancia no pasa por exigir un juicio valorativo en el que se detallen todas las pruebas que se han presentado, sí debe confirmar que el órgano de enjuiciamiento haya fijado con claridad las razones contempladas para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos. De modo que las pruebas a considerar al verificar la racionalidad del proceso valorativo no son sólo aquellas que lógicamente conduzcan a la conclusión obtenida por el Tribunal, sino todas aquellas que hayan sido traídas por las partes y que puedan destruir o debilitar la convicción hasta conducirla al campo de lo incierto, lo remoto o lo especulativo. Todo ello cribado por el tamiz de la racionalidad y solidez de la inferencia en la que se sustenta la prueba indiciaria, no sólo desde su cohesión lógica, esto es, que es irrazonable la conclusión si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él, sino desde su calidad concluyente, pues el desenlace propuesto nunca puede ser válido si la inferencia es excesivamente abierta, débil o imprecisa.

En todo caso, la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala, han proclamado que el control de la calidad concluyente de la inferencia debe de ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales de instancia quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo, y obtenido con todas las garantías, del acervo probatorio; de modo que sólo puede considerarse insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable ( SSTC 300/2005, de 21 de noviembre o 123/2006, de 24 de abril, entre otras).

1.5.Desde esta consideración de la función casacional como evaluadora de que la supervisión que ha hecho el Tribunal de apelación respete las reglas anteriormente expuestas de valoración del juicio probatorio del Tribunal de instancia, debe rechazarse la pretensión que sustenta el motivo.

1.5.1.La sentencia de instancia no construye la conclusión condenatoria sobre una intuición policial ni sobre una sospecha genérica, sino sobre un haz plural de fuentes probatorias concretamente identificadas.

En su apartado 2.1 sitúa como punto de partida el Informe sobre Actuaciones de Inteligencia Marítima, el atestado policial y las declaraciones en el plenario de los agentes NUMA NUM009 y NUM010 y del inspector del CNP NUM011; a ello añade la explicación técnica de la jefa de operaciones del CECOP sobre la singularidad de la derrota seguida y la declaración del agente NUM012 sobre la activación del patrullero FULMAR y la localización del velero. A partir de ese material da por acreditados, como datos objetivos que fundamentarán posteriormente el juicio de inferencia, una navegación anómala, el cambio de pabellón de Suecia a Malta, la salida de Tenerife sin declarar destino, la arribada a Mindelo, la ulterior singladura hacia el Caribe, la parada de aproximadamente tres horas en coordenadas próximas a zona que los expertos refieren como habitual en los transbordos de cocaína y de acceso complejo en las rutas de barcos a vela, la desconexión del AIS en ese punto y el posterior cambio de rumbo hacia el nororeste.

A esos datos de contexto añade la sentencia otros dos hechos-base de singular potencia incriminatoria. El primero, la información facilitada por la DEA, según la cual el DIRECCION000 habría tenido un encuentro con una embarcación nodriza de la que habría recibido una importante cantidad de cocaína y con la que se dirigía a las costas españolas. El segundo, ya en fase de intervención, la maniobra brusca e imprevisible ejecutada por quien gobernaba el velero para impedir el abordaje cuando los agentes aduaneros le dieron alcance, maniobra que la sentencia declara intencionada a partir de las declaraciones coincidentes de los agentes intervinientes y que vincula funcionalmente con la finalidad de ganar tiempo para deshacerse de la carga. La sentencia de instancia no toma ese viraje como un episodio neutro o accidental, sino como un comportamiento evasivo inmediatamente conectado con la existencia a bordo de una mercancía ilícita cuya aprehensión se quería frustrar.

El siguiente bloque probatorio tampoco es conjetural. La sentencia considera acreditado el incendio intencionado del velero a partir de las declaraciones de los agentes NUMA NUM004 y NUM007, quienes escucharon la detonación característica de una bengala de salvamento y vieron salir del interior a Alvaro en el preciso momento en que comenzaba a salir humo, vislumbrándose el fuego y percibiéndose las explosiones; y pone ese dato en relación con la presencia de bidones de combustible estibados junto a la carga y que fueron vistos por los agentes que declararon en el plenario. Ese hecho-base no se utiliza aisladamente, sino como un comportamiento inequívocamente dirigido a destruir el cuerpo del delito una vez fracasada la maniobra de evasión, rechazándose el descargo ofrecido por la defensa de que el incendio proviniera de la preparación de los desayunos en la cocina, habida cuenta la deflagración de una bengala que escucharon en el momento de acaecer los hechos.

Finalmente, la sentencia de instancia incorpora el dato probatorio más directamente conectado con la existencia material de la sustancia: la percepción visual de los fardos por los dos agentes que lograron subir a bordo antes del incendio. El NUMA NUM004 declaró que "desde arriba se veía perfectamente", describiendo varios fardos blancos alineados en varias filas, unos encima de otros, con la morfología típica blanca de casi todas las operaciones de tráfico de cocaína y con el tamaño habitual que acumula unos 25 a 30 kilos; y el NUMA NUM007 corroboró haberlos visto a través de una claraboya, también como varios fardos amontonados, identificables por su experiencia profesional como propios de ese estupefaciente. De ahí extrae la sentencia los datos objetivos relativos no sólo a la existencia de una sustancia estupefaciente, sino también a su naturaleza -cocaína- y a su muy relevante volumen.

Así las cosas, los elementos objetivos sobre los que descansa el juicio de inferencia quedan claramente individualizados. La existencia de una sustancia estupefaciente se apoya en la visión directa de los fardos, en la destrucción deliberada de la carga y en la secuencia completa de navegación y evasión; la identificación de la sustancia como cocaína se sustenta por la configuración externa de los fardos apreciada por agentes especializados, en la ruta seguida, en la zona de aprovisionamiento y en la información de la DEA. Y la importancia cuantitativa deriva de la pluralidad de fardos, de su peso unitario aproximado y del modo de estiba; y la finalidad de tráfico o ulterior distribución se deduce de la navegación transoceánica, del rumbo de retorno hacia Europa y de la ausencia de cualquier explicación alternativa verosímil para una travesía de esas características. La utilización de la embarcación como medio específico de transporte, por último, no requiere mayor elaboración, por resultar directamente acreditada por el propio factum.

1.5.2.El juicio de inferencia que la sentencia de instancia construye a partir de esos hechos-base no aparece, en modo alguno, abierto, débil o especulativo. Lo decisivo no es el valor aislado de cada indicio, sino su convergencia. La navegación errática, el cambio de bandera, la ocultación del destino, la parada en una zona reconocida de transbordos, la desconexión del AIS, la alerta de la DEA, la violenta maniobra de evasión, el incendio provocado y la visión directa de los fardos no son hechos dispersos ni equívocos cuando se contemplan en su recíproca relación. Todos ellos apuntan, sin fisuras relevantes, a una misma conclusión: el DIRECCION000 transportaba una importante cantidad de cocaína y sus tripulantes ejecutaron primero una maniobra de elusión y después otra de destrucción probatoria para impedir la ocupación y eludir su responsabilidad. La propia sentencia de instancia razona expresamente que la prueba indiciaria no puede fragmentarse y que su fuerza convictiva deriva de la adecuada interrelación de todos los indicios concurrentes.

1.5.3.Tampoco desvirtúa esa inferencia la existencia de hipótesis alternativas ofrecidas por la defensa. La sentencia de instancia las examina y las descarta con argumentos de racionalidad: la visión de la carga se produjo antes del incendio y a través del vano de escalera a la bodega; no existe constancia objetiva de las supuestas averías invocadas para explicar la desconexión del AIS y el cambio de rumbo, a lo que se añade que no se refleja que el posicionamiento del barco variara durante la supuesta avería que la defensa aduce, como no hubo comunicación alguna a salvamento marítimo ni mención de tales incidencias en las primeras declaraciones. Respecto a la explicación de la travesía como simple "aventura" sin destino concreto, resulta incompatible con una singladura transoceánica de varios días. La versión casual del fuego no se acomoda ni a la detonación propia de una bengala que escucharon los testigos inmediatamente antes del incendio, ni a la inmediata salida del acusado del interior coincidiendo con la ignición, ni a la previa disposición de bidones con contenido inflamable -como denotaron las explosiones- junto a la carga y en el lugar donde se produjo la deflagración. No estamos, por tanto, ante un material probatorio susceptible de sostener con igual fuerza varias conclusiones contrapuestas, sino ante un cuadro de indicios que permite descartar de forma razonada las alternativas exculpatorias.

Especialmente significativo es que la condena no se hace descansar exclusivamente en la comunicación de la DEA ni exclusivamente en la experiencia policial sobre rutas marítimas. Es cierto que ambos elementos refuerzan el contexto; pero la inferencia culmina porque a esa información preliminar se suman después dos hechos de extraordinaria elocuencia: la percepción directa de los fardos por los agentes que alcanzaron la cubierta y la destrucción inmediata de la embarcación y de su carga. De ese modo, la sentencia no salta a una condena desde una mera sospecha de transbordo de carga, sino que cierra el razonamiento con datos objetivos de percepción inmediata y con una conducta postdelictiva inequívocamente orientada a eludir a los agentes de aduanas y hacer desaparecer aquello que se transportaba.

Desde esta perspectiva, la objeción del recurso relativa a que los agentes no pudieron ver fardo alguno no deja de ser una propuesta valorativa alternativa. Pero la instancia, que dispuso de inmediación sobre las declaraciones de los agentes NUMA NUM004 y NUM007, otorgó credibilidad a una testifical directa, precisa y coincidente en lo esencial acerca de la visión de los fardos y de sus características externas. La presunción de inocencia no se vulnera porque la defensa oponga una reconstrucción distinta del punto a través del cual se visualizó la carga. Sólo se vulneraría si la opción asumida por el Tribunal fuera irracional, y no lo es cuando se apoya en testimonios directos, concordantes y corroborados por el contexto de destrucción inmediata de la carga.

1.5.4.La sentencia de apelación, por su parte, no se limitó a una adhesión rutinaria a la de instancia.

En su fundamento primero, apartados 24 a 26, identifica con exactitud las quejas de los apelantes, tanto en lo referente a la suficiencia de la prueba indiciaria como a la alegada falta de acreditación del transbordo, y a continuación reelabora el cuadro incriminatorio enumerándolo en ocho datos, concretamente, las coordenadas y parada en zona habitual de transbordos, la desconexión del AIS durante tres horas, la navegación errática, el doble pabellón y ausencia de destino cierto, la improcedencia de la excusa de la avería, el giro brusco del timón durante el abordaje, la visión de numerosos fardos blancos de 30/35 kilos -en tal cantidad se concretan por la sentencia de apelación, sin repercusión material para el objeto del recurso- a través de la claraboya y el incendio del velero para borrar cualquier rastro de ocupación física de droga. Esa enumeración no es un mero trasunto mecánico, sino una reordenación valorativa de los hechos-base dirigida a verificar su solidez conjunta frente a los concretos agravios de la apelación.

Y no se agota ahí la revisión. La Sala de Apelación añade su propia conclusión, afirmando expresamente que la racionalidad de la inferencia de la Sala a quo le parece también a ella correcta, y explica por qué lo ocultado y finalmente hecho arder no podía ser sino una muy elevada cantidad de cocaína. Después, en los apartados 29 a 33, vuelve sobre la misma materia para enjuiciar las agravaciones y deja claro que la inexistencia de aprehensión material del alijo fue consecuencia precisamente de la conducta criminal orientada a impedir su ocupación; que el delito de tráfico de drogas admite condena por inferencias cuando la sustancia ha sido destruida por los propios responsables; y que, dados los varios fardos de 30/35 kilos y el empleo de una embarcación, la notoria importancia y la extrema gravedad aparecen suficientemente fundadas. No hubo, pues, renuncia al control devolutivo, sino un examen propio de la racionalidad probatoria y de la corrección de la subsunción.

1.6.Por ello, no es atendible la tesis de que la Sala de Apelación abdicó de su función revisora. Lo que hizo fue precisamente lo que le incumbía: identificar los hechos-base en que descansaba la condena, comprobar que procedían de prueba practicada con contradicción, contrastar la consistencia de las explicaciones alternativas ofrecidas por la defensa y confirmar, con argumentación propia, que la inferencia condenatoria no era arbitraria. El hecho de que la Sala de Apelación comparta la conclusión alcanzada en la instancia no convierte su revisión en inexistente; sólo evidencia que, tras examinar los agravios, consideró razonable y suficiente el juicio valorativo ya efectuado.

En consecuencia, el motivo de casación no puede prosperar. No denuncia un verdadero vacío probatorio, ni pone de manifiesto una inferencia ilógica o un razonamiento incompatible con las reglas de experiencia; se limita, en realidad, a fragmentar el cuadro indiciario, aislar algunos de sus componentes y proponer, frente a la valoración convergente de las dos instancias, una lectura alternativa más favorable a los recurrentes. Pero la casación no constituye una tercera instancia para sustituir una valoración razonable por otra simplemente posible. Existiendo prueba de cargo lícita, plural y convergente; habiendo explicitado la sentencia de instancia los hechos-base y el enlace lógico que conduce al hecho-consecuencia; y habiendo la sentencia de apelación ejercido sobre ese razonamiento un control efectivo de racionalidad, la queja por presunción de inocencia carece de fundamento.

Procede, por ello, declarar que la condena por delito contra la salud pública se halla sustentada en una base probatoria constitucionalmente bastante y racionalmente valorada, sin que la ausencia de aprehensión material de la sustancia, causada por la propia destrucción del cargamento, impida afirmar, más allá de toda duda razonable, que el velero DIRECCION000 transportaba una importante cantidad de cocaína destinada a su ulterior introducción y distribución.

El primer motivo debe ser desestimado.

SEGUNDO.- 2.1.El segundo motivo de impugnación también se formula al amparo del artículo 852 de la LECRIM, en relación con el artículo 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y, de manera complementaria, del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de motivación reforzada de la sentencia condenatoria. El motivo se refiere en concreto a la condena de Belarmino por los delitos de homicidio y atentado derivados del fallecimiento del agente del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) durante el abordaje del velero. La tesis de la defensa es que aquella muerte fue un suceso fortuito y que la Sala de Apelación confirmó la condena sobre la base de una valoración probatoria arbitraria, fragmentaria y selectiva.

Sostiene que la Sala no valoró íntegramente las declaraciones testificales, prescindió de la prueba de descargo y eludió cuestiones decisivas como la imputación objetiva del resultado y la existencia de dolo eventual. En particular, reprocha a la resolución recurrida haber extraído certeza incriminatoria de testimonios que, examinados en su totalidad, no permiten afirmar ni quién causó el movimiento lateral del velero que determinó el volcado de la embarcación desde la que los agentes pretendían el abordaje ni por qué se produjo esa desviación, pues los propios agentes introdujeron en su interrogatorio en el plenario algunas hipótesis alternativas también compatibles con un accidente.

El motivo insiste en que ninguno de los testigos pudo ver origen del mecanismo causal del vuelco de la lancha de asalto, dada la posición de ambas embarcaciones durante la maniobra. De ahí que las referencias a un supuesto movimiento intencional de timón o a los nervios del timonel no pasen, según la defensa, de meras conjeturas. Los propios testimonios invocados por la acusación habrían admitido que no sabían con certeza qué ocurrió, que el estado de la mar pudo influir, y que también pudo ser relevante el diseño de la lancha de asalto, especialmente por su escasa altura y facilidad para engancharse y ser volcado por un casco del velero que subía y bajaba con el oleaje.

Desde esa argumentación, la defensa concluye que no existe prueba de cargo bastante para desvirtuar la presunción de inocencia, porque de un "no lo sé"afirmado por los agentes o de una hipótesis fáctica, no puede pasarse sin arbitrariedad a una afirmación de certeza penal. Por ello interesa la absolución de Belarmino por los delitos de homicidio y atentado, solicitando subsidiariamente la nulidad de la sentencia por falta de motivación bastante.

2.2.Ya hemos expresado en el fundamento anterior que la función casacional cuando se denuncia un quebranto del derecho a la presunción de inocencia no pasa por someter a contraste el parecer de la sentencia impugnada con el particular convencimiento que la prueba aporte a este Tribunal. La encomienda de esta Sala consiste en comprobar que la resolución recurrida en casación responde a un juicio lógico que sostenga, más allá de cualquier duda razonable, la responsabilidad criminal del acusado que la impugna; sin que sean aceptables juicios conclusivos excesivamente abiertos o que reflejen un convencimiento intuitivo del Tribunal y que no pueda derivarse de las reglas de la sana crítica de la prueba practicada. No se trata de evaluar si la prueba conduce a la convicción que proclama la sentencia impugnada, sino de constatar si el Tribunal estaba en condiciones de basar racionalmente su convencimiento en el material probatorio que se le presentó.

2.3.Desde esta consideración debe subrayarse que la sentencia de instancia no construye el pronunciamiento sobre una prueba indiciaria débil o sobre meras hipótesis retrospectivas, sino sobre un núcleo central de prueba testifical directa, plural y coincidente, complementado por la prueba pericial médico-forense.

2.3.1.En primer término, da por acreditado que la embarcación auxiliar de asalto se aproximó al velero DIRECCION000 haciendo uso de las señales acústicas y luminosas identificativas de su condición policial cuando aún se hallaba aproximadamente a una milla del velero y siendo todavía de noche. Ese dato se extrae, según razona expresamente, de la declaración conteste de todos los agentes actuantes en el plenario, y se refuerza con la propia lógica operativa de una actuación policial de abordaje, por considerar la Sala que carecería de sentido ejecutar ocultando la condición oficial de la embarcación actuante.

En segundo lugar, la sentencia de instancia fija como hecho objetivo que las condiciones de la mar no explican por sí mismas el accidente. Para llegar a esa conclusión toma en consideración las declaraciones del agente NUM000, patrón de la embarcación de asalto, así como las de los agentes NUM003, NUM002, NUM004, NUM005 y NUM006. De esas declaraciones extrae datos concretos, como que la mar estaba "tendida",para lo que la describieron con olas de mucho seno, regulares y de movimiento lento, que subían y bajaban el barco, pero no hacían presagiar un desenlace anómalo. Y describieron también que el abordaje era una maniobra conocida y repetida por agentes con muy dilatada experiencia, sin que ninguno de ellos hubiera vivido antes un episodio semejante en operaciones de esa naturaleza. Estos son los hechos-base que el Tribunal toma como punto de partida para descartar una explicación puramente meteorológica o accidental.

En tercer término, la sentencia de instancia identifica la concreta maniobra generadora del resultado. Lo hace a partir, singularmente, de la declaración del agente NUM000, quien relató que, cuando la embarcación policial se colocó en paralelo para iniciar la aproximación, notó "de repente un movimiento brusco del otro barco" y sintió que el casco del DIRECCION000 se les "echaba encima",produciéndose acto seguido el vuelco por estribor. Esa percepción no queda aislada, sino que fue corroborada por el resto de agentes intervinientes, que confirman la brusquedad e imprevisibilidad del movimiento. El agente NUM006, además, describió cómo el velero realizó "un movimiento brusco a estribor"que hizo que la proa de la embarcación policial se metiera bajo el agua. Sobre ese material testifical directo, la instancia declara probado el brusco e inesperado cambio de rumbo del velero en el preciso momento del abordaje.

El cuarto dato objetivo que la sentencia fija es la atribución de esa maniobra al recurrente Belarmino. Y también aquí individualiza la prueba de la que lo obtiene. El agente NUM004, único funcionario que logró subir al velero antes del vuelco, reconoció sin género de dudas que la persona situada al timón era Belarmino, excluyendo también con ello el funcionamiento de la nave con el piloto automático; una identificación que la sentencia valida como de recuerdo certero, habida cuenta que según los testigos era el único tripulante con el que pudieron comunicarse en español. A su vez, el agente NUM006 manifestó haber visto a uno de los tripulantes al timón en ese momento, persona que después fue identificada como Belarmino. No se trata, pues, de una atribución apodíctica, sino de una determinación personal apoyada en percepción directa y en un dato relacional añadido que refuerza el convencimiento de los testigos en la identificación, esto es, la comunicación verbal en castellano desde la cubierta.

Finalmente, el resultado mortal y su conexión con el episodio tampoco descansan en una deducción conjetural. La sentencia de instancia refiere expresamente que la maniobra provocó la caída al mar de los ocupantes de la embarcación auxiliar, quedando uno de ellos atrapado en su interior, y añade que el agente NUMA NUM001 falleció por anoxia anóxica, según el informe médico-forense ratificado en el acto del juicio oral. De esta forma, el enlace entre la maniobra de abordaje frustrado, el vuelco de la lancha y el fallecimiento del agente se apoya en prueba pericial ratificada y no en una mera secuencia narrativa asumida sin soporte.

2.3.2.A partir de esos hechos-base, el juicio analítico de inferencia efectuado por la sentencia de instancia no presenta déficit de racionalidad. La conclusión de que no se trató de un accidente fortuito debido exclusivamente al estado de la mar, sino de una maniobra humana brusca ejecutada desde el timón del DIRECCION000, resulta coherente con la convergencia de una pluralidad de datos: la aproximación policial había sido visible y audible, sin que determinara el arriado de velas o la facilitación del alcance del velero o su abordaje; la embarcación de asalto ya estaba en paralelo y en maniobra de abordamiento, lo que el timonel hubo de percibir por la señalización de una lancha que se vio venir y permanecía con las indicaciones; los agentes con larga experiencia calificaron de súbito e insólito el movimiento que realizó la embarcación, sin que las condiciones de la mar fueran sin embargo extraordinarias; y el propio modo de producción del vuelco fue descrito como consecuencia de un desplazamiento brusco del velero hacia la lancha. Frente a ese bloque probatorio, la explicación alternativa defendida por el recurrente no pasa de ser una posibilidad abstracta, pero no alcanza entidad suficiente para desarticular una convicción judicial fundada en testimonios presenciales, inmediatos y concordantes en lo sustancial.

Lo mismo cabe afirmar acerca de la inferencia relativa a la percepción por el recurrente de que la embarcación de abordaje era de naturaleza policial y del riesgo objetivamente creado con la maniobra al timón que él mismo desplegó. A efectos del presente motivo -que es de suficiencia probatoria, no de exacta subsunción típica- basta constatar, como se ha dicho anteriormente, que la instancia razona de forma lógica que quien se hallaba al timón había visto aproximarse, durante una milla, en horario nocturno y en un paisaje desértico, una embarcación con señales luminosas y acústicas activadas, sabiendo que la nave recién llegada se encontraba adosada o inmediata a su costado en el momento del viraje. Desde esa base fáctica no resulta arbitrario concluir que la maniobra no recaía sobre un obstáculo indeterminado, sino sobre una concreta embarcación policial en fase de abordaje, y que el brusco cambio de rumbo generaba un riesgo grave para la integridad de sus ocupantes.

Importa subrayar, además, que la sentencia de instancia no omite las objeciones defensivas, sino que las rechaza razonadamente. Descarta que el movimiento obedeciera a una simple desactivación del piloto automático porque nada acreditó que esta acción se produjera; y descarta que la mar, por sí sola, explique el episodio, porque esa hipótesis no se compadece con la opinión coincidente de los agentes experimentados que participaron en la maniobra y con el carácter súbito y excepcional del viraje descrito por quienes lo sufrieron. La queja de la defensa no revela, por ello, una ausencia de valoración, sino una disconformidad con el sentido de la valoración practicada. Una valoración de intención evasiva de la responsabilidad que es coherente con el comportamiento inmediatamente anterior al abordado y con el que siguió para dar fuego a la mercancía y al propio velero.

2.3.3.La sentencia de apelación, por su parte, no se limitó a una confirmación formularia de lo resuelto en la instancia.

En sus apartados 34 a 39 identifica con precisión el agravio articulado por el recurrente, expone la tesis defensiva del caso fortuito y de la falta de motivación, y seguidamente reelabora el cuadro probatorio relevante. Para ello vuelve sobre la declaración del patrón de la embarcación de asalto, NUMA NUM000, destacando que percibió un movimiento brusco del otro barco y que nunca había sufrido nada semejante; añade la corroboración de los agentes NUM002 y NUM003; y razona que el movimiento fue inesperadamente ocasionado por el timonel y no por el estado de la mar, remitiéndose para ello también a las declaraciones de los agentes NUM005, NUM006 y NUM004. No hay aquí renuncia al control devolutivo, sino una síntesis propia del material probatorio y de la razón por la que éste desmiente la hipótesis exculpatoria.

Todavía más claramente, la Sala de Apelación afronta de modo expreso la concreta crítica defensiva sobre la supuesta selección sesgada de los pasajes incriminatorios. En el apartado 37 afirma que el recurso subraya una parte "escasísima" de los testimonios que introducen posibilidades alternativas, pero precisa que la resolución de instancia, en una valoración conjunta de los seis testimonios policiales, los descarta con la rotundidad exigida por el estándar probatorio penal. Y en el apartado 39 rechaza de forma terminante que la condena se apoye en indicios, afirmando que descansa en "abundante testifical" racionalmente interpretada y discrepante de la versión exculpatoria. La apelación, por tanto, no se inhibe; examina el reproche, contrasta la hipótesis alternativa y confirma con razonamiento propio que la prueba disponible es de cargo bastante.

Desde esta perspectiva, la invocación casacional de una supuesta valoración fragmentaria de la prueba no puede prosperar. El recurrente no pone de manifiesto un vacío probatorio, ni una contradicción insalvable, ni una inferencia absurda; lo que hace es seleccionar algunos tramos dubitativos de algunos pasajes de ciertas declaraciones, para oponerlos al juicio global alcanzado por las dos instancias. Pero la presunción de inocencia no se vulnera porque existan en los testimonios matices, reservas o hipótesis alternativas abstractamente concebibles. Sólo se vulneraría si, contemplado el conjunto de la prueba, la conclusión condenatoria fuera arbitraria o careciera de sustento racional. Y no es eso lo que aquí acontece, pues el soporte probatorio es directo, plural, lícito y convergente, dándose también un discurso explicativo incompatible con un eventual quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación.

2.3.4.Debe añadirse, además, que este segundo motivo no constituye cauce hábil para reabrir por completo debates que el propio recurso replica en motivos posteriores, como la imputación objetiva del resultado mortal o la concurrencia del dolo eventual. En este momento casacional lo decisivo es constatar que existe prueba bastante para afirmar la realidad del golpe de timón, su atribución al recurrente, la percepción de la presencia policial y la producción del vuelco con resultado de muerte. Y sobre esos extremos la base probatoria es sobrada. Las ulteriores consecuencias dogmáticas de esa base fáctica pertenecen a los motivos siguientes y no desvirtúan, por sí mismas, la suficiencia de la prueba de cargo aquí examinada.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1.El tercer motivo de impugnación se formula por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por aplicación indebida del artículo 138.2.b) del Código Penal en relación con los artículos 550 y 551, con consideración subsidiaria de que se habría quebrantado el derecho a la presunción de inocencia y vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. El motivo se construye sobre una idea central, que la responsabilidad de Belarmino que se declara responde a imputación objetiva del resultado mortal y sin que exista relación de causalidad entre el golpe de timón que se le atribuye y el ahogamiento del agente.

La defensa argumenta que el resultado producido no fue la concreción del riesgo típicamente creado por una maniobra náutica peligrosa, sino un curso causal anómalo y extraordinario, ya que, según la pericial forense, el fallecimiento se produjo por anoxia anóxica o "ahogado seco",esto es, por un mecanismo neurogénico desencadenado por el susto y no por inmersión, golpe o traumatismo. Desde esa premisa, sostiene que no basta con que exista una conexión material entre la maniobra de navegación y resultado mortal, sino que es preciso que el riesgo generado por la acción se materialice precisamente en el resultado típico que la norma trata de evitar, lo que aquí -según la defensa- no acontece en este supuesto.

El recurso añade que la excepcionalidad del desenlace rompe el nexo de conexidad con la acción, pues la muerte por shock neurogénico era extraordinariamente imprevisible ex ante,más aun tratándose de un agente experimentado y cuando los demás ocupantes de la lancha policial sobrevivieron. La defensa subraya que el riesgo normal de una maniobra de ese tipo remitiría, en su caso, a lesiones por colisión, traumatismo o ahogamiento por inmersión, pero no a una muerte refleja por espasmo provocado por el pánico.

Junto a ello, el motivo invoca otros factores que, a juicio de la defensa, refuerzan la quiebra del nexo causal, como serían el propio diseño de la lancha de asalto descrita como de bajo pantoque, la peligrosidad intrínseca de la maniobra de abordaje decidida por los agentes o el estado de la mar tras una tormenta previa. Todo ello pudo influir decisivamente en el enganche de las embarcaciones y vuelco de la ocupada por los agentes, de modo que el resultado no pueda atribuirse jurídicamente al acusado, al quedar mediatizado por elementos operativos y causales ajenos o concurrentes que desbordan el riesgo por él introducido.

3.2.El motivo no puede prosperar.

Ya de entrada conviene recordar que la vía casacional elegida impone un escrupuloso respeto al relato de hechos probados, y en éste se declara, de un lado, que Belarmino «efectuó un cambio brusco e inesperado de su rumbo con el propósito de impedir el abordaje a sabiendas que con ello podría embestir a la embarcación de asalto y causarle daños o incluso comprometer seriamente la vida y la integridad física de sus ocupantes»,y, de otro, que el agente NUMA NUM001 «falleció por anoxia anóxica a consecuencia de la acción en la que el velero DIRECCION000 embistió a esta embarcación». No cabe, pues, reconstruir el presupuesto fáctico del motivo como si la sentencia hubiera declarado una muerte fortuita, autónoma o jurídicamente desconectada de la embestida y del vuelco subsiguiente.

3.3.La jurisprudencia de esta Sala viene manteniendo, con absoluta continuidad, que en los delitos de resultado el análisis de causalidad responsable debe desenvolverse en dos planos sucesivos y no confundibles, que son el de causalidad natural y el de imputación objetiva. La conocida formulación de la STS 908/2008, de 22 de diciembre, lo expresa con una claridad que aquí interesa, al subrayar que «en los llamados delitos de resultado, para solucionar los problemas de la llamada relación de causalidad, la doctrina actual acude al concepto de imputación objetiva, entendiendo que hay tal relación de causalidad siempre que la conducta activa del acusado se pueda considerar como condición sin la cual el resultado no se habría producido conforme a la tradicional doctrina de la equivalencia de condiciones o "conditio sine qua non",relación que se establece conforme a criterios naturales que proporcionan las reglas de la ciencia o de la experiencia; estableciéndose después, mediante un juicio de valor, las necesarias restricciones acudiendo a la llamada imputación objetiva, que existe cuando el sujeto cuya responsabilidad se examina, con su comportamiento origina un riesgo no permitido o aumenta ilícitamente un riesgo permitido, y es precisamente en el ámbito de ese riesgo donde el resultado se produce, entendiéndose que no se ha rebasado ese ámbito cuando dicho resultado se estima como una consecuencia normal o adecuada conforme a un juicio de previsibilidad o probabilidad, porque debe estimarse que normalmente ese concreto resultado se corresponde con esa determinada acción u omisión sin que pueda achacarse a otra causa diferente, imprevisible o ajena al comportamiento del acusado ( Sentencias de esta Sala de 20 de mayo de 1981, 5 de abril de 1983, 1 de julio de 1991, y más recientemente la de 19 de octubre de 2000)».

Sobre esa misma base, la Sala ha precisado, para los cursos causales complejos, que no toda irregularidad del proceso etiológico rompe el nexo de imputación. Antes al contrario, lo decisivo es determinar si el resultado constituye la realización del riesgo no permitido creado por el autor, o si, por el contrario, ha sobrevenido una interferencia extraña, autónoma y jurídicamente absorbente. En la misma STS 908/2008 se dice expresamente: «Cuando se producen cursos causales complejos, esto es, cuando contribuyen a un resultado típico la conducta del acusado y además otra u otras causas atribuibles a persona distinta o a un suceso fortuito, suele estimarse que, si esta última concausa existía con anterioridad a la conducta del acusado, como pudiera ser una determinada enfermedad de la víctima, ello no interfiere la posibilidad de la imputación objetiva, y, si es posterior, puede impedir tal imputación cuando esta causa sobrevenida sea algo totalmente anómalo, imprevisible y extraño al comportamiento del inculpado, como sucedería en caso de accidente de tráfico ocurrido al trasladar en ambulancia a la víctima de un evento anterior, pero no en aquellos supuestos en que el suceso posterior se encuentra dentro de la misma esfera del riesgo creado o aumentado por el propio acusado con su comportamiento».

3.4.Esta doctrina está reforzada por la STS 891/2008, de 11 de diciembre, y otras en el mismo sentido. La jurisprudencia rechaza de modo explícito cualquier teoría individualizadora de la causa "inmediata"como criterio excluyente de responsabilidad y recuerda que las concausas preexistentes no eliminan, por sí mismas, la imputación del resultado. Son particularmente expresivos los pasajes de la sentencia identificada que dicen: «Nuestra jurisprudencia no ha acogido una teoría individualizadora de la causalidad. Por el contrario, es de suponer que a través de la fórmula "el que es causa de la causa es causa del mal causado"( SSTS de: 14.2.1984; 23.6.1990; 12.12.1931; 23.11.1940; 27.6.1953, entre otras), ha dado cabida a la aplicación de la teoría de la equivalencia de condiciones, que excluye, por principio, la interrupción del nexo causal, toda vez que todas las condiciones serían equivalentemente causales. En todo caso, no parece que la jurisprudencia haya distinguido entre causas inmediatas y mediatas, porque es claro que consideró que las condiciones preexistentes no eliminan la relación de causalidad. Por el contrario, en nuestros precedentes sólo es admitida una eliminación de la causalidad en el supuesto de "interferencias extrañas" entre la acción y el resultado»; y añade, con singular importancia para este caso y con cita de otras sentencias de esta Sala, que «la existencia de predisposición de la víctima para reaccionar con menos defensas (...) no tiene aptitud para eliminar la imputación objetiva» y que «una tardía asistencia médica no puede eliminar la relación de causalidad».

3.5.Desde esa perspectiva, la incidencia de accidentes extraños y de concausas preexistentes queda nítidamente delimitada. Las concausas anteriores a la acción -enfermedades previas, especial vulnerabilidad orgánica, predisposiciones físicas- no rompen por regla general la imputación de un resultado, porque no operan como factores ajenos que sustituyan o eliminen el riesgo creado por el autor, sino que aparecen como condiciones sobre las que se proyecta ese riesgo. Y las concausas sobrevenidas con posterioridad a la acción u omisión, sólo la rompen el vínculo causal cuando introducen un factor nuevo, totalmente anómalo, ajeno y absorbente, de suerte que el resultado ya no pueda ser considerado la concreción del peligro originariamente desencadenado por el acusado. Por eso la jurisprudencia admite, a título de ejemplo, que un mortal accidente de ambulancia durante el traslado pudiera constituir una verdadera interferencia extraña; pero niega tal efecto a la asistencia médica tardía o errónea cuando esa asistencia se desarrolla precisamente en el interior del proceso lesivo generado por la conducta inicial. Así lo explica nuevamente la STS 908/2008 al decir «el tratamiento que recibió la víctima (...) por muy equivocado que pudiera haber sido, carece de aptitud para interrumpir el nexo causal (...). Nos hallamos ante un proceso complejo en el que hay una concausa sobrevenida (...) que acaece en el seno del mismo desarrollo de la lesión originada por la agresión (...). Es en el ámbito del grave peligro creado por la conducta de este último donde incide ese tratamiento médico y donde tiene lugar el fatal desenlace».

Y la doctrina científica se mueve en la misma dirección. En trabajos sobre cursos causales irregulares e imputación objetiva, un sector mayoritario centra el problema en los supuestos en los que, a partir de una acción inicial dolosa o imprudente, intervienen después terceros, la propia víctima o una predisposición física desfavorable, desencadenándose un resultado más grave; situando el eje del análisis en si ese resultado representa o no la realización del riesgo creado por la acción inicial, identificando como criterios de exclusión de la imputación objetiva, precisamente, los supuestos en los que el resultado no entra ya dentro del fin de protección de la norma o deja de ser una realización del peligro creado.

3.6.Aplicada esa construcción al caso enjuiciado, la conclusión desestimatoria se impone con naturalidad.

Aquí no nos hallamos ante una causa de fallecimiento sobrevenida, autónoma y extravagante que sustituya al riesgo inicialmente creado por el acusado, sino ante la actualización del mismo peligro que éste desencadenó al abordar -por golpe de timón- una maniobra brusca de acometimiento a la embarcación policial y para impedir el abordaje, sabiendo que embestir a la embarcación de asalto podía comprometer gravemente la vida e integridad física de sus ocupantes. El riesgo creado no era sólo el de un mero roce entre embarcaciones, ni exclusivamente el de una lesión traumática directa, ni tampoco, en una comprensión artificiosamente estrecha, el de un ahogamiento clásico por aspiración de agua. El riesgo creado era mucho más amplio y grave. Se trataba de la embestida o colisión intencional con una embarcación de menor calado y cuando sus ocupantes estaban en pleno abordaje, desarrollándose cuando los dos barcos avanzaban con rapidez en un marco nocturno de aguas profundas y sin aportaciones lumínicas externas, lo que introducía un claro riesgo de desestabilización de la nave o vuelco, con posibilidad de caída de los agentes al mar o atrapamiento inicial, además de con pérdida de comunicaciones para conectar con cualquier posibilidad de socorro en un espacio desértico, lo que introducía un riesgo de muerte o de emergencia vital evidente. Que el mecanismo fisiológico final del fallecimiento se describa como anoxia anóxica y no ahogamiento por sumersión, no saca el resultado de esa esfera de peligro; antes al contrario, lo inserta plenamente en ella, porque esa reacción letal sobrevino en el mismo episodio de vuelco y al quedar el agente atrapado, desorientado y sumergido bajo la línea de flotación de una embarcación invertida.

No altera esa conclusión la insistencia defensiva en el carácter estadísticamente infrecuente del "ahogado seco",ni las alusiones al diseño de la lancha, al estado de la mar o a la peligrosidad propia de toda operación de abordaje. La rareza del concreto mecanismo de producción del resultado no equivale a ajenidad jurídica. El Derecho penal no exige que el autor prevea en todos sus detalles el iterfisiopatológico exacto del desenlace lesivo o de muerte, sino que el resultado sea una concreción del peligro grave que conscientemente puso en marcha.

Tampoco el hecho de que existieran condiciones concurrentes del entorno marítimo absorbe la relevancia causal de la maniobra del recurrente. A lo sumo, tales circunstancias conformaban el contexto previo del riesgo permitido o inherente a la operación; pero lo jurídicamente decisivo es que el acusado lo incrementó de forma abrupta, antijurídica y decisiva mediante un golpe de timón orientado precisamente a frustrar el abordaje. La STS de 11 de diciembre de 2008 resulta aquí especialmente ilustrativa cuando afirma que, sobre «un riesgo ya existente, aunque todavía permitido», la conducta del autor «supuso un incremento desaprobado jurídicamente cuya relevancia es evidente. No solo, pues, causalidad natural, sino también imputación objetiva».

3.7.En realidad, el motivo pretende erigir en causa excluyente lo que, en el mejor de los casos para la tesis defensiva, serían simples condiciones concurrentes o concausas no interruptivas. Pero eso es precisamente lo que la jurisprudencia rechaza. Que la embarcación de asalto tuviera determinada configuración, que el mar presentara movimiento o que la operación de abordaje comportara específicos riesgos en sí misma, no convierte la muerte en un acontecimiento jurídicamente ajeno a la acometida del velero. Nada de ello reviste la condición de "interferencia extraña" en el sentido exigido por la doctrina de esta Sala. No hay aquí un factor independiente que reemplace el curso de peligro abierto por el recurrente; lo que existe es la realización del mismo en un escenario marítimo, oscuro y desértico, que el acusado conocía y del que quiso servirse para impedir la actuación policial, dejando atrás a todo trance y en las condiciones que fuera, a los agentes que pretendían su detención y la incautación de la mercancía ilícita que portaba el velero.

Por contraste de interés para esta causa, puede recordarse la reciente STS 626/2025, de 3 de julio, en la que excluimos cualquier imputación homicida respecto de uno de los partícipes en una carrera ilegal de coches que se desarrollaba en el céntrico tramo urbano de una capital de provincia. En aquel supuesto, la exclusión descansó en no haber quedado probado que uno de los partícipes interviniera en la pérdida de control ni en la concreta colisión mortal entre el vehículo contra el que competía y el conducido por un confiado ciudadano que circulaba por ese punto, concluyendo que «los dos acusados realizaron una conducción homicida pero sólo la actuación de Justiniano causó el homicidio». Justamente eso es lo que aquí no ocurre, porque en el presente caso el relato fáctico sí enlaza de modo directo la maniobra de timón y la embestida abordada por el recurrente, con el vuelco y el fallecimiento del agente.

3.8.No puede concluirse sin evaluar -aun cuando el recurso no lo exprese en este motivo- el hecho de que la responsabilidad se atribuya en concepto de dolo eventual.

Es cierto que si faltaran las razones de imputación objetiva, el resultado no sería atribuible ni a título doloso ni imprudente; pero, una vez afirmado que el fallecimiento constituye la materialización del riesgo no permitido creado por la conducta, el hecho de que el dolo sea eventual y no directo carece de toda eficacia exonerativa. La STS 196/2016, de 9 de marzo, subraya que obra con dolo eventual quien, «conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante, actúa y continúa realizando la conducta (...) sin que sea preciso que persiga directamente la causación del resultado» y la STS 908/2008 contempla esta cuestión en términos que conviene reproducir: «Todo este mecanismo concreto de producción del fallecimiento probablemente no alcanzara a preverlo [el autor]; pero esto tampoco es necesario para el dolo eventual. Basta con prever que su acción podría haber producido la muerte (...). Recordamos aquí la doctrina de la desviación del curso causal: el mecanismo concreto como se produjo la muerte, carece de relevancia en cuanto al problema que aquí estamos examinando, la existencia del dolo. Solo podría afectar a la responsabilidad criminal si hubiera sido esencial tal desviación, entendiendo por esencial aquella que hubiera propiciado la ruptura del vínculo de imputación objetiva».

El motivo se desestima.

CUARTO.- 4.1.El cuarto motivo de impugnación se articula por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por aplicación indebida del artículo 138.2.b) del Código Penal en relación con los artículos 550 y 551, y se construye sobre la tesis de que los hechos probados no describen un homicidio por dolo eventual, sino, en el peor de los casos, un homicidio imprudente, de modo que tampoco cabría mantener la condena por atentado en los términos en que fue impuesta. Con carácter alternativo, se invocan además la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.

En sustancia, la defensa sostiene que el relato fáctico no contiene los elementos necesarios para afirmar que Belarmino conociera y asumiera un peligro concreto de muerte en los términos exigidos por el dolo eventual. Subraya que, incluso aceptando para la discusión la hipótesis de un movimiento brusco del velero, la propia secuencia descrita por las resoluciones anteriores presentaría a Belarmino actuando con un móvil defensivo o de huida, alterado por los nervios y sin dolo directo, lo que, a juicio del recurso, debilita decisivamente la atribución de una aceptación consciente del resultado letal.

El motivo añade que la prueba no permite afirmar con solidez ese elemento subjetivo, porque los agentes no pudieron percibir de forma clara el mecanismo causal exacto del vuelco de la lancha de asalto, al quedar ésta encajada bajo el casco del velero, de suerte que la inferencia sobre la asunción del resultado mortal se apoya, según la defensa, en una reconstrucción especulativa más que en una base probatoria concluyente.

A ello suma la defensa el carácter extraordinariamente anómalo del resultado finalmente producido, pues insiste en que la muerte por anoxia anóxica o "ahogamiento seco" era prácticamente inimaginable ex ante. Desde esa premisa, razona que, si el dolo eventual exige abarcar cognoscitivamente el peligro concreto generado por la acción, no puede afirmarse que el acusado se representara y aceptara un desenlace de esa naturaleza, tan excepcional y alejado de lo ordinariamente previsible en una maniobra de este tipo.

La conclusión del motivo es, por tanto, que la calificación correcta no sería la de homicidio doloso agravado por atentado, sino, en su caso, la de un homicidio imprudente, interesándose con carácter principal la absolución de Belarmino por el delito del artículo 138.2.b) del Código Penal y, subsidiariamente, una condena por homicidio imprudente con la consiguiente exclusión del delito de atentado.

4.2.El cauce procesal que aquí se emplea ( art. 849.1 LECRIM) sólo tiene por objeto analizar el juicio de subsunción de la sentencia a partir de los hechos proclamados por el Tribunal, lo que determina que el instrumento casacional presenta como presupuesto la intangibilidad del relato fáctico, una vez superadas las objeciones o establecidas las correcciones que el recurrente haya defendido por otros cauces de impugnación que resulten adecuados al efecto, incluyendo todos los que conducen a supervisar la corrección de los hechos probados.

4.3.El delito de homicidio es un delito de resultado y además un delito doloso. En lo que hace referencia a este elemento subjetivo o intencional, entendido como el conocimiento y la voluntad de que se realicen las concretas previsiones de un tipo penal, tanto la jurisprudencia de la Sala como la doctrina científica, no sólo han identificado un dolo de primer grado, en el que el autor busca directamente la consecuencia de su actuación, sino un dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias, en el que el resultado, aunque no constituye la aspiración que impulsa y moviliza la actuación principal del autor, es percibido, conocido y aceptado como una consecuencia inseparablemente unida a sus fines. Una inexcusabilidad del resultado que diferencia el dolo de consecuencias necesarias del llamado dolo eventual, en el que el sujeto activo también se representa el resultado desaprobado por la norma y, aspirando a que no se produzca, pese a todo prioriza la consecución de su comportamiento antijurídico y actúa con asunción del riesgo que encierra la acción.

En todo caso, pese a que en los tres supuestos la intencionalidad se muestra en escala decreciente, las consecuencias penales son idénticas, pues el ordenamiento jurídico solo reconoce un dolo, sin perjuicio de la individualización de la pena que el Tribunal pueda efectuar dentro de las previsiones legales en atención a las circunstancias del hecho y la peligrosidad de su autor.

Por ello, como indicábamos en nuestra STS 418/2014, de 21 de mayo, la jurisprudencia actual en relación al dolo, ha evolucionado desde el concepto de dolo clásico como conocimiento y voluntad de la realización del tipo, hacia una concepción del dolo que pone el acento en el peligro que -conscientemente y despreciando el resultado- introduce el autor de la acción en los bienes jurídicamente protegidos. En el indicado pronunciamiento destacábamos como sentencias pioneras de este desplazamiento del elemento volitivo del dolo hacia la consciente puesta en peligro de bienes jurídicos protegidos, las SSTS de 27 de diciembre de 1982 (Caso Bulto); 23 de abril de 1992 (síndrome tóxico del aceite de colza) y 24 de octubre de 1989, expresando esta última que «...si el autor conocía el peligro concreto jurídicamente desaprobado y si, no obstante, obró en la forma que lo hizo, su decisión equivale a la ratificación del resultado que con diversas...ha exigido la jurisprudencia para la configuración del dolo eventual...».

Hoy día, desde la teoría de la imputación objetiva, se ha consolidado esta nueva concepción normativa del elemento subjetivo. No se trata de evaluar si el agente tuvo voluntad de realizar y asumir las consecuencias de su acción, sino si fue consciente del daño que su acción podía infligir al bien jurídico amparado por la norma penal, y si efectivamente, asumiendo la transgresión, continuó actuando sin una corrección impulsada o acorde con su previsión, en cuyo caso le sería atribuible el resultado antijurídico. Como dijimos en la STS de 1 de diciembre de 2004: «...En el conocimiento del riesgo se encuentra implícito el conocimiento del resultado y desde luego la decisión del autor está vinculada a dicho resultado...».

Por ello, entre el dolo eventual y la culpa consciente hay una base coincidente: advertir la posibilidad del resultado y no querer el mismo. Pero en la imprudencia con culpa consciente existe algún elemento de donde poder deducir que el agente, antes de desarrollar la acción u omisión que se enjuicia, podía confiar racional y fundadamente en que no se iba a producir el resultado, bien a causa de su pericia, o de lo inverosímil de tal consecuencia (inidoneidad de los medios para causarlo).

4.4.Lo expuesto enmarca jurídicamente la acción del recurrente Belarmino en el concepto de dolo eventual, al proclamarse en el relato de hechos probados que «... la embarcación de asalto se situó en una navegación en paralelo para iniciar una maniobra que permitiera abarloar el velero por la banda de barlovento, de manera que cuando la embarcación auxiliar hizo contacto con la amura del casco y el agente NUM004 inició el abordaje del velero, el procesado, Belarmino, que en aquel momento se encontraba al timón de la embarcación, efectuó un cambio brusco e inesperado de su rumbo con el propósito de impedir el abordaje a sabiendas que con ello podría embestir a la embarcación de asalto y causarle daños o incluso comprometer seriamente la vida y la integridad física de sus ocupantes. De esta manera, con aquel brusco e inesperado movimiento, el velero embistió a la embarcación de asalto por su proa y provocó que perdiera su estabilidad y que volcara finalmente, quedando en posición de quilla al sol, de modo que todos los tripulantes cayeron al mar y quedaron atrapados en un primer momento en su interior, aunque después todos ellos pudieron salir excepto el agente NUMA NUM001».

Unas conclusiones que no se debilitan por el desubicado y reiterado reproche de carecer de elementos probatorios de soporte, en los términos que ya hemos evaluado en el segundo fundamento jurídico de esta resolución, particularmente en el punto 2.3.2 del mismo.

El motivo se desestima.

QUINTO.- 5.1.El quinto motivo de impugnación se formula, en lo principal, por la vía del artículo 852 de la LECRIM en relación con el artículo 5.4 de la LOPJ, denunciando vulneración de la presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva, y, con carácter subsidiario, por indebida aplicación del artículo 351 del Código Penal. El motivo se refiere exclusivamente a la condena de Alvaro por delito de incendio con peligro para la vida, y sostiene, de un lado, que no existe prueba bastante de que fuera él quien provocó el fuego y, de otro, que, aun aceptando esa autoría, los hechos no encajan en el artículo 351, sino, a lo sumo, en un delito de daños mediante incendio del artículo 266.

En su desarrollo, la defensa afirma que la inferencia condenatoria carece de solidez porque nadie vio directamente a Alvaro disparar la bengala a la que se atribuye el incendio. Reprocha a la Sala de Apelación haber asumido sin verdadero control crítico la conclusión de la instancia y haber otorgado valor decisivo a elementos que reputa débiles o marcadamente subjetivos, como la supuesta falta de sorpresa del resto de tripulantes. Desde esa premisa, mantiene que la condena se apoya más en conjeturas que en una prueba de cargo concluyente, y que no corresponde a la defensa demostrar una explicación alternativa del fuego, sino a la acusación acreditar de forma suficiente la tesis incriminatoria.

Añade el recurso que, incluso en la hipótesis de que Alvaro hubiese causado el incendio, el dolo que se le atribuye no abarcaría la puesta en peligro de las personas. Según el propio relato acogido por las resoluciones recurridas, la finalidad habría sido únicamente destruir la supuesta carga ilícita del velero. Por ello, la defensa sostiene que falta uno de los elementos típicos del artículo 351 del Código Penal, pues el hecho probado no describe de manera expresa y suficiente una situación de peligro para la vida o la integridad física de quienes se hallaban a bordo.

Sobre esa misma base, el motivo insiste en que la narración fáctica solo refleja que los ocupantes se agruparon en la popa y fueron rescatados por las embarcaciones auxiliares del Fulmar, sin lesión ni incidencia adicional, en un contexto en el que el incendio se producía en alta mar y con medios de auxilio inmediatos disponibles. De ahí extrae la defensa que no solo no se ha descrito el peligro típico exigido por el artículo 351, sino que, materialmente, tampoco concurría con la intensidad requerida, por lo que la subsunción correcta sería, en su caso, la del artículo 266 del Código Penal.

5.2.De modo procesalmente incorrecto, la parte recurrente acumula en este motivo la denuncia de una indebida aplicación de un precepto penal sustantivo como el artículo 351 del Código Penal ( art. 849.1 de la LECRIM) , con el cuestionamiento del relato fáctico y el quebranto del derecho a la presunción de inocencia, por términos del artículo 852 de la ley procesal. Ambos motivos son esencialmente incompatibles, pues el cauce del artículo 849.1.º de la ley procesal impone respetar el relato fáctico, mientras que el argumento constitucional lo cuestiona.

5.3.En cualquier caso, su denuncia sobre la irracional valoración probatoria decae a la vista de que la conclusión alcanzada por el Tribunal de instancia acerca del carácter intencional del fuego descansa en una secuencia de datos objetivos, debidamente acreditados por prueba personal de cargo, que fueron exteriorizados en la sentencia, enlazados mediante un razonamiento explícito y ulteriormente sometidos a un correcto control revisor por la Sala de Apelación.

5.3.1.La inferencia incriminatoria se asienta, en primer lugar, en el dato de que Alvaro fue autorizado por los agentes que ya se encontraban a bordo para dirigirse al interior del velero con el pretexto de recoger pertenencias, agua y tabaco, siendo así que, en ese intervalo temporal, dejó de hallarse a la vista de quienes controlaban la cubierta. Este extremo se obtuvo de las declaraciones plenarias de los agentes NUMA NUM004 y NUMA NUM007, que describieron de forma coincidente tanto la autorización concedida como la ausencia del recurrente del lugar en el que hasta entonces se encontraba.

En segundo término, consta como dato objetivo que, inmediatamente después de que el recurrente accediera al interior, ambos agentes oyeron una detonación que identificaron sin vacilación como la característica de ignición de una bengala de salvamento. La fuente probatoria de este hecho vuelve a ser el testimonio directo y concordante de esos dos agentes, a quienes el Tribunal de instancia atribuyó plena credibilidad y cuya percepción sensorial sobre ese sonido singular fue expresamente asumida como un elemento de singular relevancia para la reconstrucción del episodio.

En tercer lugar, quedó también acreditado que, inmediatamente después de aquella detonación, los mismos agentes vieron salir al recurrente del interior del barco con precipitación, al tiempo que comenzaron a apreciar humo y fuego en el lugar que acababa de abandonar, siguiéndose después varias explosiones y una rapidísima propagación del incendio. Este dato, nuevamente extraído de la prueba testifical de los agentes NUMA NUM004 y NUMA NUM007, posee una elocuencia objetiva evidente, pues sitúa al recurrente en una relación de inmediata contigüidad temporal y espacial con el foco de ignición.

En cuarto lugar, el Tribunal de instancia incorporó a ese cuadro indiciario la existencia de bidones de combustible estibados junto a los fardos que transportaba la embarcación, así como la rápida virulencia del fuego y su ulterior expansión por el velamen y por toda la nave hasta hacerla finalmente zozobrar y hundirse. Tales extremos se apoyan, de una parte, en lo percibido por el agente NUMA NUM004 acerca de la disposición de los bidones junto a la carga y, de otra, en la propia secuencia objetiva del incendio, tal como fue presenciada por los intervinientes y asumida en el factum. No se trata, por tanto, de una conjetura retrospectiva, sino de un dato empírico que explica la inmediata intensificación del fuego tras su inicio.

En quinto lugar, la sentencia de instancia valoró como dato periférico de corroboración la ausencia de reacción de sorpresa en los demás tripulantes ante el inicio del incendio, comportamiento que el agente NUMA NUM004 describió de modo muy gráfico al afirmar que le daba la sensación de que «estaban viendo la jugada».No es éste, desde luego, un indicio autónomo y suficiente, pero la actitud de los involucrados en la actuación policial sí se suma como elemento contextual que, enlazado con los anteriores, refuerza la conclusión de que el fuego no obedeció a un accidente doméstico o casual, sino a una acción deliberada insertada en la lógica de ocultación y destrucción de la carga transportada.

En sexto lugar, la hipótesis alternativa ofrecida por las defensas -la existencia de una sartén olvidada al fuego mientras se preparaba el desayuno, o bien una fuga de combustible derivada de averías mecánicas- fue expresamente contrastada por el Tribunal con el resultado de la prueba y descartada mediante razones que no pueden reputarse arbitrarias. La sentencia destaca, con apoyo en las propias declaraciones de los acusados: que esa explicación no apareció en sus primeras manifestaciones; que no existe prueba alguna de que en ese preciso momento se estuviera preparando desayuno alguno, menos aun cuando el barco policial había anunciado su acercamiento desde una milla de distancia; que la versión no explica el inconfundible sonido previo de la detonación de una bengala; y que resulta altamente improbable que dos de los procesados hubieran bajado al interior sin advertir una supuesta sartén al fuego, si tal hubiera sido realmente el origen del incendio. No es que la argumentación imponga una inversión de la carga probatoria, sino que lo que hace la sentencia es confrontar una tesis exculpatoria tardía con los datos positivos de cargo y apreciar, de manera razonada, su falta de verosimilitud.

5.3.2.A partir de estos datos, el juicio de inferencia formulado en la instancia supera con holgura el canon constitucional de racionalidad exigible a la prueba indiciaria. Los hechos base están plenamente acreditados; son plurales, convergentes y periféricamente corroborados entre sí; el engarce lógico entre ellos y la conclusión alcanzada ha sido explicitado; y la deducción obtenida no aparece ni abierta, ni débil, ni equívoca. Que ningún testigo viera de forma directa el instante exacto en que el recurrente accionó la bengala no desactiva, por sí solo, la fuerza convictiva del conjunto. La presunción de inocencia no exige prueba directa cuando el hecho puede ser acreditado mediante indicios sólidos y concordantes. Lo que veda es la condena basada en inferencias arbitrarias o en meras sospechas, y aquí sucede justamente lo contrario, pues la secuencia "entrada del recurrente al interior", "detonación característica de bengala", "salida precipitada del mismo", "aparición inmediata de humo y fuego en el lugar que abandona" y "explosiones y rápida propagación favorecida por la presencia de combustible", con "actitud pasiva o conforme" de los usuarios o propietarios de la costosa embarcación, constituye un encadenamiento indiciario de notable potencia demostrativa.

5.3.3.Tampoco desvirtúa ese juicio la sola invocación de una hipótesis alternativa. La jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de esta Sala vienen recordando que el control de racionalidad de la inferencia no se satisface mediante la mera postulación de una explicación distinta, si ésta carece de un mínimo sostén objetivo y no alcanza un grado de plausibilidad equivalente al de la conclusión acogida por el Tribunal. Aquí la alternativa exculpatoria no sólo carece de corroboración externa, sino que resulta contradicha por el dato central de la detonación previa de una bengala y por la propia dinámica de aparición del fuego. Por eso la inferencia incriminatoria no queda neutralizada por la posibilidad abstracta de otras conjeturas, lo que únicamente ocurriría si éstas se revelaran racionalmente consistentes y con apoyo probatorio suficiente.

5.3.4.Sobre esa base, la Sala de Apelación desarrolló una función revisora ajustada al canon que le era exigible. No se limitó a efectuar una adhesión formularia a lo ya resuelto en la instancia, sino que identificó los concretos elementos de prueba personal sobre los que descansaba la conclusión, resumió con precisión el núcleo del razonamiento analítico desplegado por el Tribunal sentenciador y verificó expresamente la racionalidad de la inferencia. Destacó, en particular, que la convicción condenatoria se asentaba "sin ninguna duda"en el testimonio de los agentes NUMA NUM004 y NUMA NUM007; recordó que éstos permitieron al recurrente acceder al interior para recoger efectos personales y no para apagar fuego alguno; subrayó que oyeron con claridad la detonación de una bengala de salvamento; y enlazó ese dato con la salida precipitada de aquél, la percepción inmediata de humo y fuego y la expansión acelerada del incendio por la presencia de bidones de combustible dispuestos junto al cargamento de los fardos. Asimismo, la Sala de Apelación confrontó de modo expreso esa prueba con las versiones exculpatorias, valorando razonablemente su tardía introducción, su falta de corroboración y su insuficiencia para desactivar la consistencia del cuadro incriminatorio.

Es, por ello, enteramente positiva la valoración que merece la supervisión efectuada por el Tribunal ad quemsobre el juicio inferencial de la instancia, sin que para merecer esa conclusión deba pasar necesariamente por la versión alternativa que conviene a la defensa o por aportar otros elementos de inferencia que solo resultarían disponibles ante un cuadro valorativo incompleto de la prueba en la sentencia de instancia. La Sala de Apelación controló la existencia de prueba de cargo, examinó el proceso de formación de la convicción judicial, descartó que el razonamiento fuera ilógico o insuficiente y confirmó la conclusión condenatoria mediante una motivación que no presenta fisuras constitucionalmente relevantes. Cumplió, en suma, la doble tarea que le incumbía, esto es, la de verificar que el Tribunal de instancia había exteriorizado los hechos-base y la de comprobar que el enlace entre estos datos verificados y la conclusión sobre la intencionalidad del incendio, respondía a criterios de lógica y experiencia y no a intuiciones subjetivas.

5.4.Respecto al error de subsunción típica que el recurso sustenta, debe ser igualmente rechazado.

El recurso hace hincapié en que el fuego no comportó un peligro para la vida o integridad física de las personas, además de haberse orientado, según el propio relato de hechos probados, a la destrucción de la carga, lo a su juicio conduciría a la aplicación del artículo 351.2 del Código Penal y, con ello, al delito de daños por incendio del artículo 266 del Código Penal.

5.4.1.El artículo 351.1 del Código Penal sanciona a los que «provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas»,frente a un artículo 351.2 que indica que «Cuando no concurra tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los hechos se castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código »,esto es, como un delito agravado de daños, por haber sido causados mediante incendio, explosión u otro medio de similar potencia destructiva, o que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad.

El artículo 266 del Código Penal contempla también como modalidad agravada, de manera alternativa a las anteriormente expresadas, cuando la causación de los daños, sea cual sea el instrumento empleado en su comisión, ponga en peligro la vida o la integridad de las personas, supuesto que en modo alguno resulta de aplicación por remisión del artículo 351.2, en la medida en que es precisamente la ausencia de este elemento la que activa la aplicación subordinada del tipo agravado de daños.

5.4.2.La jurisprudencia de esta Sala describe que el delito de incendio con peligro para la vida o integridad física de las personas en el que se asienta la condena, es un delito que se caracteriza por dos elementos objetivos, consistentes en la acción de aplicar fuego a una zona espacial y que comporte riesgo para la vida o la integridad física de las personas, así como por un elemento subjetivo, que estriba en el propósito de hacer arder dicho espacio, con consciencia del peligro para la vida o para la integridad física que se origina con ello.

En lo que hace referencia a las exigencias objetivas del tipo penal, debe entenderse que el fuego es un conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, producto de una reacción química de oxidación violenta y que no debe ser identificado con las llamas, por ser estas una mera manifestación visible del fuego mediante emisión intensa de luz, pero no siempre concurrentes. Por tanto, lo que el tipo penal exige es la causación dolosa de la combustión y el deterioro de los objetos mediante ella, con la consciente puesta en peligro de la vida o la integridad física de las personas ( STS 1384/2005, de 28 de octubre). Paralelamente, la concurrencia del riesgo personal que el tipo penal reclama, se entiende satisfecha desde su consideración hipotética o potencial, esto es, el delito de incendio del artículo 351 del Código Penal no contempla la existencia de una situación de peligro (abstracta o concreta), sino la idoneidad del comportamiento efectivamente realizado para generar dicho riesgo, aun cuando no llegue a producirse ( SSTS 1136/2009, de 4 de noviembre o 1116/2009, de 18 de noviembre, entre muchas otras). Dicho de otro modo, al evaluarse la concurrencia del riesgo desde la idoneidad de la acción y no desde el resultado finalmente impulsado, para la consumación del delito que contemplamos resulta irrelevante si llegó a materializarse un riesgo para la vida o la integridad de las personas que allí se encontraban, o si este riesgo, pese a surgir, decayó poco tiempo después de surgir el fuego, bien porque los ocupantes fueran desalojados, bien porque el fuego se hubiera extinguido o sofocado, por más que estas circunstancias puedan impulsar la rebaja de la pena en un grado, tal y como el propio precepto contempla, precisamente atendiendo a la menor entidad del peligro causado.

Y siendo el riesgo un dato de naturaleza objetiva, sólo cuando no se aprecie la idoneidad del fuego para generar un peligro personal, esto es, cuando carezca de potencial de peligro para la vida o integridad de las personas, bien porque el medio incendiario empleado sea inhábil para su propagación, bien por la limitada capacidad de combustión de la sustancia utilizada, los hechos pueden derivar en el delito de daños del artículo 266 del Código Penal, cuya pena es más adecuada a la real gravedad de los hechos.

En cuanto al elemento interno exigido por el tipo penal del artículo 351.1 del Código Penal, se circunscribe al propósito de hacer arder un espacio, con conocimiento y conciencia de que se crea una potencialidad de peligro para la vida e integridad física de las personas, aun cuando no exista voluntad de que estos daños personales sobrevengan ( SSTS 753/2002, de 24 de abril; 823/2014, de 18 de noviembre).

Consecuentemente, el elemento diferencial entre el delito de daños del artículo 266 del Código Penal y el delito de incendio del artículo 351 del Código Penal, al limitarse aquel a los supuestos en los que únicamente concurre el objetivo dañino, reside en la concurrencia y percepción de que la potencial acción devastadora del fuego pueda comprometer, no sólo a los bienes a los que la combustión puede alcanzar, sino a la vida o la integridad física de los demás, sin perjuicio de que, en este último caso, el reproche punitivo al sujeto activo del delito pueda modularse en función del grado de riesgo introducido o de otras circunstancias concurrentes como elementos configuradores del desvalor de la acción y de su resultado.

5.4.3.Lo expuesto muestra la correcta aplicación del tipo penal que el recurso impugna.

Contrariamente a lo que el recurso sostiene, del solo tenor del relato de hechos probados se desprende, con suficiente objetividad, que el incendio no fue descrito como un mero episodio dañoso referido exclusivamente a la embarcación, sino como un suceso que colocó a las personas presentes a bordo en una situación de riesgo para su vida o, cuando menos, para su integridad física. Y ello resulta de varios pasajes del factum que, considerados en su conjunto y en su enlace natural, exteriorizan con claridad ese peligro.

Ante todo, el propio relato sitúa a varias personas dentro del espacio inmediatamente afectado por el fuego. No se describe un velero vacío ni una combustión producida cuando la nave ya había sido desalojada. Al contrario, se hace constar que "los cinco tripulantes" se hallaban "bajo la custodia del agente NUM004 a proa del timón", añadiéndose que hasta aquella posición había llegado también "su compañero NUMA NUM007". Es decir, el hecho probado parte de que, en el momento en que se desencadena el incendio, había personas a bordo, y no una sola, sino un grupo plural de ocupantes concentrados en la propia embarcación. Ese dato inicial es ya decisivo, porque conecta el incendio con personas efectivamente expuestas a sus efectos.

En segundo lugar, el factum no describe una llama incipiente, localizada o de escasa entidad, sino "un fuego virulento". La expresión no es neutra. Califica objetivamente la intensidad y agresividad del incendio. Y esa descripción se ve inmediatamente reforzada por el inciso siguiente, cuando añade que al fuego "le siguieron varias explosiones, algunas de ellas de los bidones de combustible que se hallaban estibados para este fin junto a los fardos que llevaban". Por consiguiente, el propio relato incorpora dos elementos de inequívoco significado objetivo: la virulencia del fuego y su potenciación mediante explosiones producidas por combustible almacenado en la misma nave. Difícilmente puede negarse el peligro para las personas cuando el hecho probado habla de fuego virulento, explosiones y bidones de combustible en el interior de una embarcación ocupada.

En tercer lugar, la sentencia no presenta el incendio como un foco estático o controlado, sino como un fenómeno expansivo y rápidamente generalizado, al afirmar que "el incendio se propagó rápidamente hacia el velamen y después por toda la embarcación". También este dato tiene una elocuencia propia. La propagación rápida al velamen y, después, "por toda la embarcación", revela que el fuego dejó de afectar a una zona concreta para extenderse al conjunto del buque, con la consiguiente reducción o supresión de zonas seguras de permanencia para quienes se encontraban a bordo. No se trata, pues, de un riesgo remoto o abstractamente imaginable, sino de un proceso de expansión que, según el propio factum, afectó a la totalidad del espacio navegable.

En cuarto término, la objetivación más intensa del peligro se encuentra en la consecuencia inmediata que el relato anuda a esa propagación: "todos los que se hallaban a bordo tuvieron que agruparse en la zona de popa". Esta frase no describe una simple reordenación de personas, sino una maniobra de repliegue impuesta por la situación de peligro creada por el incendio. Si todos los ocupantes hubieron de concentrarse en una parte extrema y residual de la embarcación, ello significa, en la lógica del propio relato, que el resto del velero había dejado de ofrecer condiciones mínimas de seguridad. El incendio había generado, por tanto, una situación que comprometía objetivamente la permanencia normal de las personas en la nave.

A ello se añade, de inmediato, que esas personas "fueron rescatados por la embarcación auxiliar que los trasladó hasta el patrullero FULMAR". La necesidad misma del rescate exterior constituye otro dato fáctico de primer orden. Quien precisa ser rescatado en alta mar desde una embarcación incendiada no se encuentra ante un mero daño patrimonial, sino en una situación de peligro personal que exige una intervención urgente de terceros para conjurar sus consecuencias. El hecho probado no dice que los ocupantes abandonaran el velero sin dificultad o que el episodio quedara controlado por sus propios medios; dice que tuvieron que ser rescatados.

Finalmente, el factum culmina la secuencia afirmando que "como consecuencia de la acción del fuego, el velero DIRECCION000 y toda su carga se hundieron". Este último dato no opera aisladamente, pero sí refuerza de manera concluyente la gravedad objetiva del siniestro ya descrito. El hundimiento de la embarcación como desenlace del incendio confirma, retrospectivamente, la magnitud del proceso destructivo y la entidad del riesgo al que estuvieron sometidas las personas que se encontraban a bordo antes de ser evacuadas.

En suma, aun prescindiendo de cualquier consideración ajena al relato de hechos probados, son estos mismos los que reflejan de modo objetivo el peligro para la vida o integridad física de las personas: la presencia de varios ocupantes en la embarcación; la producción de un "fuego virulento"; las "varias explosiones", algunas procedentes de bidones de combustible; la rápida propagación al velamen y "por toda la embarcación"; la necesidad de que todos los presentes se agruparan en popa; su ulterior rescate por una embarcación auxiliar; y, en fin, el hundimiento final del velero. El factum,por tanto, no se limita a describir que se prendió fuego a una cosa, sino que incorpora una secuencia fáctica que exterioriza de forma bastante que ese incendio entrañó un peligro real y objetivamente apreciable para las personas que se hallaban a bordo. Y el hecho de que el recurrente buscara finalmente la destrucción de la carga para evitar la incautación de las evidencias de cargo, no excluye la concurrencia de elemento subjetivo en los términos de consecuencias necesariasque ya hemos descrito en esta misma resolución. El incendio del barco para la destrucción de la droga, proyectaba para su autor una clara representación de las dificultades que también introducía para todos sus ocupantes.

El motivo se desestima.

SEXTO.- 6.1.El sexto motivo de impugnación se dirige contra la condena de Belarmino por delito de piratería impuesta por vez primera en apelación.

La defensa sostiene, por la vía del artículo 852 de la LECRIM en relación con el artículo 5.4 de la LOPJ, que la Sala de Apelación vulneró la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías y la presunción de inocencia, al revocar la absolución acordada en la instancia y sustituirla por una condena sin respetar los límites propios de la segunda instancia penal.

La Sección Cuarta había absuelto a Belarmino del delito de piratería y la Sala de Apelación, estimando el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, lo condenó como autor de un delito del artículo 616 ter del Código Penal. Desde este precedente, la idea nuclear que desarrolla el motivo es que la Sala de Apelación presentó la cuestión como si se tratara de una mera operación de subsunción jurídica, limitada a precisar si concurría el elemento subjetivo de los "fines privados",pero la defensa sostiene que esa operación no era puramente normativa. A su juicio, determinar si existía ese elemento subjetivo implicaba revalorar el sentido, la finalidad y el alcance de la conducta atribuida a Belarmino, esto es, efectuar una nueva apreciación del componente intencional del hecho, algo que excede de la simple corrección jurídica de la sentencia absolutoria. La propia sentencia de apelación afirma que la controversia se ceñía a examinar si concurría el elemento subjetivo del delito de piratería, y precisamente ahí sitúa la defensa la quiebra de garantías, porque entiende que esa apreciación rebasa la mera subsunción y entra en el terreno vedado por el artículo 792.2 de la LECRIM.

Desde esa premisa, el recurso mantiene que la condena en apelación no podía imponerse directamente, porque al alterar una absolución mediante una nueva lectura del elemento subjetivo se prescindió de un juicio con cognición plena y de las garantías derivadas de inmediación y contradicción. La defensa invoca expresamente la doctrina constitucional sobre la imposibilidad de que el Tribunal de apelación sustituya una absolución por una condena cuando para ello ha de penetrar en aspectos valorativos ligados al dolo, a la finalidad o a la intencionalidad del acusado, sosteniendo que, en tal caso, lo máximo que cabría sería anular la sentencia y devolver las actuaciones para nueva resolución, pero no condenar de forma directa.

La conclusión del motivo es, por tanto, que la condena por piratería debe anularse no tanto por una discusión de tipicidad material -que se reserva para el motivo siguiente- como por la forma en que fue impuesta. La Sala de Apelación habría excedido el marco de una revisión estrictamente jurídica y habría infringido el artículo 792.2 de la LECRIM al transformar una absolución en condena mediante la reinterpretación del elemento subjetivo del tipo. Por ello, la defensa interesa que se deje sin efecto ese pronunciamiento condenatorio por vulneración de los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española.

6.2.El sexto motivo no puede prosperar. Y no puede hacerlo, ante todo, por una razón metodológica que delimita con rigor el ámbito de nuestro enjuiciamiento.

6.2.1.Al venir articulado por la vía del artículo 852 de la LECRIM y del artículo 5.4 de la LOPJ, denunciando vulneración de los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española y del artículo 792.2 de la LECRIM, la cuestión que aquí se suscita no consiste en decidir cuáles sean, en abstracto o en concreto, los verdaderos elementos integradores del delito de piratería del artículo 616 ter del Código Penal, ni en determinar si la interpretación acogida por la Sala de Apelación sobre el significado del término "propósito personal"al que el precepto penal hace referencia, fue o no correcta desde la perspectiva de la legalidad ordinaria. Ese es, justamente, el debate propio del motivo siguiente, formalizado por infracción de ley. En éste, por el contrario, lo único que procede examinar es si la sentencia de apelación modificó o complementó el relato de hechos probados para declarar concurrentes los requisitos típicos que la Sala estimó exigibles, y si lo hizo contrariando las exigencias que la doctrina constitucional impone a la condena en segunda instancia. La propia defensa separa ambos planos cuando en el sexto motivo denuncia la "imposibilidad de condena en segunda instancia"y, ya en el séptimo, discute la aplicación indebida del artículo 616 ter del Código Penal, llegando incluso a reconocer que la Sala de Apelación condenó "basándose en esos mismos hechos probados".

6.2.2.Desde esa premisa, la doctrina constitucional de referencia es conocida. Resulta contrario al derecho a un proceso con todas las garantías que el órgano ad quemcondene a quien fue absuelto en la instancia a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos probados para establecer su culpabilidad sin inmediación ni contradicción. Y esa proscripción se extiende también, en principio, a aquellos supuestos en los que, sin alteración formal del factum,la condena se funda en una distinta apreciación de la concurrencia de elementos subjetivos del delito. Pero, junto a esa regla, el propio Tribunal Constitucional viene afirmando con igual claridad que no existe reproche constitucional cuando la condena en segunda instancia tiene su origen en una controversia estrictamente jurídica entre los órganos de primera y segunda instancia, en la que no están implicadas las garantías de publicidad, inmediación y contradicción y para cuya resolución no resulta necesario oír al acusado, pues ninguna incidencia podría tener esa audiencia en la decisión que hubiera de adoptarse. Además, tras la reforma operada por la Ley 41/2015, la prohibición expresa del artículo 792.2 de la LECRIM se anuda a los supuestos en que la apelación se funda en error en la apreciación de la prueba en los términos del artículo 790.2, no a los recursos construidos por la vía de la infracción de norma jurídica.

6.2.3.Pues bien, confrontada esa doctrina con la sentencia recurrida, no apreciamos la extralimitación constitucional que se denuncia.

La Sala de Apelación dejó expresamente fijado, en términos inequívocos, que el cauce impugnativo utilizado por el Ministerio Fiscal era el del error iurisy que, precisamente por ello, el examen del motivo había de hacerse "respetando la intangibilidad de los Hechos Probados".Añadió seguidamente que la controversia "se constriñe a analizar si concurre o no el elemento subjetivo del delito de piratería del Art. 616 ter Código Penal "y que su tarea consistía, "sin añadir hechos ni intenciones que no figuren en la narración fáctica de la resolución",en determinar si ese elemento era exigible y, en su caso, cómo debía interpretarse.

Y no estamos ante una sentencia que haya enmascarado con esa argumentación una nueva valoración probatoria y complementado el factumcon un nuevo sustrato intencional, tal y como el recurso sostiene. El relato de hechos probados ya incorporaba, con toda nitidez, el dato subjetivo discutido cuando afirmaba que Belarmino "efectuó un cambio brusco e inesperado de su rumbo con el propósito de impedir el abordaje a sabiendas que con ello podría embestir a la embarcación de asalto y causarle daños o incluso comprometer seriamente la vida y la integridad física de sus ocupantes".Sobre ese presupuesto fáctico ya declarado, la Sala de Apelación no añadió un distinto designio histórico, ni construyó una nueva finalidad a partir de la relectura de declaraciones personales, ni corrigió inferencias obtenidas de la inmediación. Lo que hizo fue extraer una consecuencia jurídica al dato fáctico de la intención. Afirmó que ese propósito, ya expresamente proclamado en el factum, satisfacía el sentido etimológico de la expresión «propósito personal»recogida en el tipo penal. Dicho de otro modo, no introdujo un nuevo hecho interno, sino que calificó jurídicamente uno ya afirmado por la sentencia de instancia.

6.2.4.Es verdad que la doctrina constitucional advierte que la distinta apreciación de los elementos subjetivos puede, en ciertos supuestos, implicar una revisión constitucionalmente vedada, singularmente cuando esa nueva conclusión exige revalorar declaraciones de acusados o testigos o sustituir la inferencia fáctica alcanzada por el Tribunal de instancia. Pero no es eso lo sucedido aquí. En la STC 126/2012 la lesión constitucional se produjo porque el Tribunal de apelación alcanzó "un distinto enjuiciamiento sobre los hechos subjetivos"a partir de una nueva valoración de pruebas personales y, además, modificó los hechos probados sin audiencia del acusado. Aquí, por el contrario, el dato subjetivo nuclear no ha sido reconstruido ex novopor la Sala de Apelación, sino tomado del propio relato fáctico de la sentencia absolutoria. La discrepancia entre ambas resoluciones no versa sobre si Belarmino actuó o no con el propósito de impedir el abordaje -eso ya estaba declarado probado-, sino sobre si ese propósito, así descrito, colma o no el elemento típico que la Sala de Apelación considera exigible.

La controversia se desplaza así desde el terreno de la fijación del hecho psíquico al de su significación jurídica. Y es precisamente en ese espacio donde la doctrina constitucional admite la condena sin que resulte indispensable la reproducción de prueba personal ni la audiencia del acusado.

El motivo se desestima.

SÉPTIMO.- 7.1.El séptimo motivo de impugnación se formula por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por aplicación indebida del artículo 616 ter del Código Penal y, con carácter subsidiario, por vulneración de la tutela judicial efectiva en su vertiente de motivación y del principio de legalidad penal.

Su objeto ya no es, como en el motivo anterior, el modo en que la condena por piratería fue impuesta en apelación, sino la propia incorrección material de esa subsunción típica. La defensa sostiene que, aun aceptando los hechos probados tal como han sido fijados, esos hechos no encajan en el delito de piratería. La tesis central del motivo es que la Sala de Apelación efectuó una interpretación extensiva y desbordada del artículo 616 ter, apartándolo de su sentido propio y de la ratio de su introducción por la LO 5/2010, vinculada -según defiende el recurso- a supuestos de piratería marítima genuina, como los ataques organizados a buques para secuestro, saqueo o rescate. Frente a ello, la defensa afirma que el caso enjuiciado no presenta ninguno de esos rasgos estructurales. Aduce que no hay organización pirata, ni armamento, ni medios de abordaje, ni un ataque dirigido a la navegación marítima internacional, sino, a lo sumo, una reacción aislada y defensiva frente al abordaje del velero.

En el plano del tipo objetivo, el recurso razona que no concurren los verbos nucleares del artículo 616 ter en sus tres primeras modalidades, porque Belarmino no se apoderó, ni dañó, ni destruyó embarcación alguna. Añade que tampoco cabe acudir de manera correcta a la modalidad de "atentar",porque el episodio descrito no fue una acción orientada a ejecutar un acto de piratería, sino, según la propia descripción fáctica de la sentencia, una maniobra para evitar el abordaje o facilitar la desaparición de la carga. De ahí que la defensa insista en que Belarmino podrá ser, en la hipótesis acusatoria, traficante, pero no pirata.

En el plano del elemento subjetivo, el motivo combate la interpretación de la Sala de Apelación sobre el llamado "propósito personal"o "fines privados".La defensa reprocha a la sentencia haber equiparado ese elemento a cualquier intención individual, en concreto a la de evitar el abordaje, cuando, a su juicio, ese requisito debe conectarse con el lucro o con finalidades propias de la piratería en sentido estricto. Si bastara cualquier propósito particular, añade el recurso, prácticamente todo acto violento en alta mar podría convertirse en piratería, lo que vaciaría de contenido los principios de legalidad y seguridad jurídica.

La conclusión del motivo es, por tanto, que el artículo 616 ter ha sido aplicado indebidamente porque ni el contexto, ni el bien jurídico afectado, ni el elemento objetivo, ni el subjetivo permiten calificar los hechos como piratería. Por ello se interesa la absolución de Belarmino por ese delito, al entender la defensa que la sentencia de apelación ha expandido indebidamente el tipo penal más allá de sus límites legítimos.

7.2.El artículo 616 ter del Código Penal sanciona al que «... con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas...»;añadiendo que la pena por estas conductas «...se impondrá sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos».Y la propia Ley Orgánica 5/2010, que introdujo este precepto, explicitó su razón de ser en estos términos: «La razón de ser de esta reforma radica en la necesidad de dar respuesta a la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y aérea, y se conforma recogiendo los postulados del Convenio de Montego Bay de 10 de diciembre de 1982 sobre el Derecho del mar y de la Convención sobre la navegación marítima firmado en Roma el 10 de marzo de 1988».

Por su parte, el artículo 101 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, cuyo Instrumento de ratificación fue dado en Madrid a 20 de diciembre de 1996 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 39, de 14 de febrero de 1997, establece:

«Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:

a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:

i. Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos;

ii. Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado;

b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata;

c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente».

Y el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, impulsado tras el secuestro del buque DIRECCION001 en 1985 y hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, cuyo Instrumento de ratificación fue dado en Madrid a 15 de junio de 1989 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 99, de 24 de abril de 1992, y al que también remite expresamente el preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, proclama en su preámbulo como fundamento de sus previsiones que esos actos ilícitos contra la seguridad de la navegación «...comprometen la seguridad de las personas y de los bienes, afectan gravemente a la explotación de los servicios marítimos y socaban la confianza de los pueblos del mundo en la seguridad de la navegación marítima»,añadiendo su artículo 5 el compromiso de los Estados firmantes de establecer penas adecuadas para los delitos contemplados en su artículo 3, que establece:

«Comete delito toda persona que ilícita o intencionadamente: a) Se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación; o

b) Realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de un buque, si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque; o

c) Destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga que puedan poner en peligro la navegación segura de ese buque; o

d) Coloque o haga colocar en un buque, por cualquier medio, un artefacto o una sustancia que pueda destruir el buque, o causar daños al buque o a su carga que pongan o puedan poner en peligro la navegación segura del buque; o

e) Destruya o cause daños importantes en las instalaciones y servicios de navegación marítima o entorpezca gravemente su funcionamiento, si cualquiera de tales actos puede poner en peligro la navegación segura de un buque; o

f) Difunda información a sabiendas de que es falsa, poniendo así en peligro la navegación segura de un buque; o

g) Lesione o mate a cualquier persona, en relación con la comisión o la tentativa de comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a f)...».

7.3.De la simple confrontación de estos textos se desprende ya una conclusión que resulta decisiva para la suerte del motivo aquí formulado. En el artículo 616 ter del Código Penal, el legislador español no se limitó a trasponer miméticamente la definición de piratería del artículo 101 de la Convención de Montego Bay, sino que construyó un tipo penal interno autónomo, de contornos más amplios, inspirado a la vez en la noción internacional clásica de piratería y en el sistema represivo del Convenio SUA de Roma, orientado no sólo a la represión de la depredación pirática en sentido histórico estricto, sino, de manera más amplia, a la tutela penal de la seguridad de la navegación marítima y aérea frente a ataques violentos cometidos en espacios de especial desprotección. Así lo revela el propio tenor del artículo 616 ter, que omite de forma significativa requisitos que sí figuran expresamente en el artículo 101 de Montego Bay; en concreto, no exige que el hecho sea cometido por la tripulación o los pasajeros de un buque privado; no exige que se dirija contra otro buque; no circunscribe la conducta a las realizadas en alta mar, con esa concreta formulación; y, sobre todo y en lo que aquí interesa, no incorpora como elemento típico la concurrencia de un "propósito personal".

7.4.La tipificación respondió así a las más elevadas exigencias del Convenio SUA de Roma, sin que ello suponga ninguna quiebra del principio de legalidad ni de la exigencia penal de taxatividad. Antes al contrario, lo que lesionaría no solo las previsiones del Convenio que pretendió trasponer con la LO 5/2010 sino la lex stricta,sería introducir por vía interpretativa una exigencia subjetiva que el texto legal español no contiene. No estamos ante un tipo penal en blanco que remita, para integrar sus elementos esenciales, a la definición convencional de Montego Bay. Estamos ante un tipo completo, autosuficiente y cerrado en sus verbos nucleares y en sus medios comisivos, cuyo diseño normativo fue opción del legislador nacional, precisamente en observación de la evolución del derecho del mar plasmado en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988.

Esa finalidad aparece, además, reforzada por la sistemática de las fuentes internacionales de referencia. La Convención de Montego Bay responde al concepto clásico de piratería del derecho de gentes, con sus restricciones tradicionales; el Convenio de Roma de 1988, en cambio, se dirige precisamente a reprimir actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima que comprometen la seguridad del buque, de las personas o de la carga, sin supeditar su tipificación a que concurran fines privados lucrativos. La remisión conjunta que hace el preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010 a ambos instrumentos internacionales muestra que el legislador quiso ir más allá de la piratería depredatoria clásica y abarcar, bajo ese nomen iuris,un círculo más amplio de agresiones graves contra la navegación internacional.

7.5.La jurisprudencia de esta Sala es, además, compatible con esa inteligencia del precepto. Ya la STS 1387/2011, de 12 de diciembre, destacó que «El nuevo tipo penal de piratería es un delito contra la comunidad internacional mediante el que se protege la seguridad del tráfico marítimo y aéreo, bien jurídico supraindividual distinto de los bienes individuales que se tutelan en los tipos penales por los que han sido condenados los recurrentes en la sentencia de instancia».Y la STS 134/2016, de 24 de febrero, que recordó que «...el delito de piratería previsto en el art. 616 ter del CP admite distintas formas comisivas, al responder su estructura a la que es propia de los tipos alternativos. La primera de ellas exigiría la destrucción, el daño o el apoderamiento de un buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar. Para la segunda, bastaría el atentado contra las personas, cargamento o bienes que se hallen a bordo de aquellas embarcaciones. En este caso, ya fuera el atentado contra las personas o bienes simplemente instrumental para la ejecución del acto de destrucción o apoderamiento, ya fuera el fin único perseguido por los piratas, el delito quedaría consumado».

Por ello, aun cuando no se compartiera la argumentación de la Sala de Apelación en el extremo en que razona por qué entiende que en este supuesto concurre un "propósito personal"en el sentido del artículo 101 de la Convención de Montego Bay, la conclusión desestimatoria seguiría siendo la misma. Y ello porque la condena no necesita descansar en la importación de este elemento subjetivo, que la sentencia de apelación asume pero que el tipo interno no reclama. Para la confirmación de la condena basta con constatar, como aquí acontece, la concurrencia de los elementos que el artículo 616 ter sí describe, esto es, una conducta violenta, proyectada sobre una embarcación en el mar o sobre las personas que se hallan a bordo de ella, idónea para comprometer gravemente la seguridad de la navegación en un ámbito internacional y, por ello, para lesionar el bien jurídico supraindividual que el precepto protege.

7.6.La tesis del recurrente conduce, además, a consecuencias difícilmente conciliables con la ratio legisdel precepto. Si se entendiera que sólo existe piratería punible cuando el ataque violento obedece a lucro, robo o depredación en sentido económico, quedarían extramuros del artículo 616 ter conductas de extrema gravedad que comprometen de la misma manera la seguridad de la navegación internacional e impulsaron el Convenio SUA que el legislador contempló con ocasión de la creación del tipo penal por LO 5/2010. Piénsese en el asalto, en alta mar, de un buque civil para dar muerte a sus pasajeros por móviles religiosos o ideológicos, aprovechando precisamente el espacio marítimo no sometido al inmediato amparo protector de un Estado. La exclusión de una conducta así del ámbito del artículo 616 ter no respondería ni al tenor literal del precepto español ni a la finalidad político-criminal proclamada por la Ley Orgánica 5/2010, vaciando de modo injustificado la tutela reforzada que el legislador quiso dispensar frente a actos ilícitos cometidos en el mar con aptitud para quebrar la seguridad de la navegación. Esa misma lógica explica que el sistema internacional complementara la piratería clásica de Montego Bay con el Convenio SUA, orientado precisamente a hechos violentos contra la navegación segura, incluidos los conectados con el terrorismo marítimo.

7.7.Por otro lado, también la doctrina especializada ha venido destacando que la expresión "private ends"del artículo 101 de Montego Bay no se identifica necesariamente con el exclusivo ánimo de lucro, tal y como la sentencia de instancia, más allá de las exigencias del tipo, proclama. Una corriente mayoritaria entiende la expresión como toda finalidad no aprobada ni ordenada por un Estado, mientras que la lectura estrictamente patrimonial o lucrativa del término aparece como una posición más restrictiva. En todo caso, incluso en ese plano doctrinal, el debate concierne a la piratería internacional clásica del artículo 101, no a la delimitación literal del artículo 616 ter del Código Penal español, que deliberadamente no incorporó esa cláusula.

7.8.En definitiva, el motivo parte de una premisa errónea: la de que el concepto de piratería del Derecho internacional clásico y el delito de piratería del artículo 616 ter del Código Penal son necesariamente coincidentes. No lo son. El primero cumple una función de delimitación en el ámbito del derecho internacional del mar; el segundo responde a una decisión de política criminal del legislador español, adoptada en el marco de los delitos contra la comunidad internacional, para ofrecer una tutela más amplia de la seguridad de la navegación marítima y aérea. Desde esa perspectiva, la ausencia en el artículo 616 ter de una exigencia de "propósito personal" o de ánimo de lucro no es una laguna que el juez deba colmar, sino una opción normativa consciente que debe ser respetada.

El motivo se desestima.

OCTAVO.- 8.1.El octavo motivo de impugnación se articula por la vía del artículo 5.4 de la LOPJ, en relación con el principio de legalidad penal del artículo 25.1 de la Constitución Española y con los artículos 49 y 50 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y denuncia, en esencia, la existencia de un bis in idemmaterial. Subsidiariamente, la defensa reconduce la queja al principio de consunción del artículo 8 del Código Penal y a criterios de proporcionalidad punitiva.

La tesis central del motivo es que la Sala de Apelación ha castigado dos veces un mismo núcleo de conducta, esto es, el supuesto "golpe de timón"atribuido a Belarmino. Según el recurso, ese único episodio sirve al mismo tiempo para mantener la condena por homicidio agravado por atentado y para añadir, en apelación, una nueva condena por piratería, de modo que a un solo hecho se le anudan dos consecuencias penales autónomas que se solapan materialmente. La defensa subraya que ese régimen desemboca en una pena total de veintisiete años de prisión: diecisiete por el homicidio cualificado por atentado y diez más por la piratería. El motivo sostiene, además, que la propia construcción de la sentencia de apelación revela esa duplicidad sancionadora, porque la condena por piratería se hace descansar precisamente en un "atentado"contra las personas a bordo de la lancha de asalto, esto es, en el mismo contenido de injusto que ya había sido absorbido en la condena por atentado de los artículos 550 y 551 del Código Penal. Desde esa premisa, la defensa reprocha a la Sala haber diferenciado artificialmente bienes jurídicos allí donde, en el caso concreto, la conducta imputada no desborda el ataque ya sancionado contra los agentes actuantes.

En coherencia con lo ya expuesto en los motivos anteriores, el recurso añade que ni siquiera puede afirmarse que hubiera aquí un ataque autónomo a la seguridad marítima en alta mar. Insiste en que no fue el velero quien acometió una nave ajena en ejercicio de una acción pirática, sino que fue la lancha del Servicio de Vigilancia Aduanera la que ejecutó la maniobra de abordaje, produciéndose el vuelco en un contexto que la defensa sigue calificando de fortuito o, al menos, no susceptible de desdoblarse en dos infracciones materialmente distintas. Por eso entiende que la referencia a la seguridad de la navegación opera en la sentencia como una duplicación valorativa del mismo hecho.

La conclusión del motivo es, por tanto, que mantener simultáneamente las condenas por atentado y por piratería vulnera la prohibición del bis in idemmaterial. Y, subsidiariamente, para el caso de que no se aprecie esa lesión en términos estrictos, la defensa interesa que se acuda al principio de consunción o, al menos, a un criterio de proporcionalidad que evite la acumulación punitiva derivada de la doble calificación del mismo episodio. En consecuencia, solicita la absolución de Belarmino por el delito de piratería o la solución concursal que el Tribunal estime procedente.

8.2.Partiendo de lo ya razonado al examinar los motivos precedentes, y, por tanto, desde la premisa de que el relato histórico declara probado que Belarmino, cuando la embarcación auxiliar de asalto ya se hallaba en maniobra de abordaje, efectuó un brusco e inesperado cambio de rumbo para impedirlo, a sabiendas de que con ello embestía la lancha policial y podía poner en grave riesgo a sus ocupantes, pero pretendiendo ganar tiempo para frustrar la actuación de los agentes y posibilitar la desaparición de la carga, la queja ahora articulada no puede ser acogida en los términos en que se formula. Ese es, precisamente, el presupuesto fáctico sobre el que la sentencia de apelación añadió la condena por piratería y sobre el que la defensa construye su reproche de doble sanción.

8.3.En primer lugar, y aunque el recurso no lo formalice con esa exacta categoría dogmática, debemos destacar que no cabría degradar el golpe de timón al rango de mero autoencubrimiento impune.

La doctrina del autoencubrimiento impune nunca ha significado la existencia, en favor del autor del delito antecedente, de una suerte de inmunidad para desplegar cualquiera conducta dirigida a eludir la investigación o la persecución. Antes al contrario, la jurisprudencia de esta Sala viene recordando que no existe en nuestro sistema un derecho fundamental a buscar o pretender la impunidad de los delitos cometidos, de modo que el espacio de operatividad del autoencubrimiento sólo alcanza a aquellas reacciones que permanecen dentro del círculo de la autoprotección o de la defensa frente a la imputación, sin permitir la comisión de un nuevo e independiente injusto penal. Cuando la conducta posterior rebasa este perímetro y lesiona autónomamente otros bienes jurídicos a fin de favorecer la impunidad del delito precedente, deja de ser la simple prolongación impune del primer delito y se convierte en fuente de responsabilidad propia.

Eso es exactamente lo que aquí acontece. El golpe de timón, ni fue un comportamiento pasivo de no colaboración con los agentes, ni se muestra como el simple intento de ocultar el alijo o los vestigios del delito perpetrado. El comportamiento del recurrente supuso una acometida violenta contra una embarcación oficial cuyos distintivos acústicos y luminosos eran perfectamente perceptibles, ejecutada en alta mar, en el preciso momento en que se estaba materializando el abordaje policial, y que creó un riesgo gravísimo para la vida e integridad de sus ocupantes, riesgo que se concretó en la muerte de uno de ellos. La finalidad de ganar tiempo para deshacerse de la carga no elimina, sino que explica, el sentido instrumental de la maniobra. Pero una cosa es que el acto sirviera funcionalmente a procurar la impunidad por el delito de tráfico de drogas y otra, muy distinta, que por ello pierda su autonomía típica respecto del atentado homicida y, en la tesis ya aceptada en el motivo anterior, respecto del delito de piratería. No se trató de un episodio jurídicamente neutro de agotamiento del delito de tráfico de drogas, sino de una acción nueva, violentísima y con un desvalor propio irreductible al mero encubrimiento.

8.4.En segundo término, tampoco concurre el bis in idemmaterial denunciado.

La doctrina constitucional es constante al afirmar que la interdicción del bis in idemexige la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. No basta, por tanto, con una coincidencia subjetiva y con que los dos reproches nazcan de un mismo episodio fáctico; es indispensable, además, que ambos descansen sobre un mismo fundamento punitivo ( STS 93/2017, de 16 de febrero, entre muchas otras). Y justamente esa identidad de fundamento es la que aquí falta. En el homicidio agravado por ser los hechos además constitutivos de atentado se tutela, de un lado, la vida del agente y, de otro, el principio de autoridad y el normal desenvolvimiento de la función pública encarnada por los funcionarios que ejecutaban el abordaje. En la piratería del artículo 616 ter, por el contrario, el bien jurídico protegido se sitúa en un plano diverso y supraindividual, concretamente la seguridad de la navegación marítima en cuanto presupuesto de tutela de la comunidad internacional frente a actos violentos cometidos en el mar. Por eso la coincidencia parcial del sustrato fáctico no desemboca, sin más, en una duplicidad sancionadora constitucionalmente prohibida.

La propia configuración legal del artículo 616 ter confirma esa conclusión. El precepto castiga al que, con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una embarcación o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de ella, y añade de manera expresa que la pena "se impondrá sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos".Y la Ley Orgánica 5/2010, que introdujo el tipo penal que contemplamos, declaró que su razón de ser radicaba en dar respuesta a los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y aérea. Esa cláusula legal no autoriza, desde luego, una duplicidad sancionadora contraria a la Constitución, pero sí revela con nitidez que el legislador contempló la posible concurrencia de la piratería con otros delitos autónomos cometidos con ocasión del mismo hecho, precisamente porque entendió que el tipo de piratería no agotaba por sí solo todo el desvalor de las conductas concurrentes. Dicho de otro modo, la presencia en el artículo 616 ter del verbo "atentar"no lo convierte en un mero trasunto del artículo 550 del Código Penal. En uno y otro caso la palabra se inserta en estructuras típicas diferentes, con presupuestos, contexto y bienes jurídicos no coincidentes.

8.5.En último término, tampoco es aplicable el principio de consunción del artículo 8 del Código Penal.

Como reiteradamente viene declarando la jurisprudencia de esta Sala, la consunción sólo opera en los supuestos de concurso aparente de normas, esto es, cuando uno de los preceptos concurrentes absorbe íntegramente el desvalor del otro y la aplicación separada de ambos supondría duplicar la misma significación antijurídica del hecho ( STS 194/2017, de 27 de marzo; STS 49/2019, de 4 de febrero; STS 351/2021, de 28 de abril; STS 892/2021, de 18 de noviembre). Pero ese no es el caso. Ni el homicidio agravado por atentado agota el plus de antijuridicidad que deriva del ataque violento a la seguridad de la navegación marítima en alta mar, ni la piratería absorbe la muerte del agente ni la específica lesión al principio de autoridad que incorpora el atentado. Son, además, heterogéneos los elementos estructurales de ambos ilícitos y también sus centros de gravedad valorativa. De ahí que no pueda hablarse de lex consumens ni de una relación de especialidad, subsidiariedad o absorción, pues la aplicación de uno solo de los tipos dejaría sin respuesta una parte relevante del injusto efectivamente realizado.

8.6.Por último, la objeción de proporcionalidad que formaliza el recurso, correctamente entendida debe resolverse en otro plano distinto del que desarrolla el recurrente, más aún cuando el cauce procesal empleado es el de la infracción de ley por indebida aplicación de preceptos sustantivos.

El Tribunal Constitucional ha declarado que la proscripción del bis in idemcumple, entre otras funciones, la de evitar una reacción punitiva excesiva y ajena al juicio de proporcionalidad efectuado por el legislador. Pero aquí no se produce tal exceso por el mero hecho de sancionar separadamente dos injustos distintos, porque el propio legislador ha previsto la coexistencia del delito de piratería con "los otros delitos cometidos".La cuestión verdadera no es, pues, si puede castigarse la piratería además del homicidio con atentado, sino cuál es la regla de determinación punitiva aplicable cuando ambos delitos nacen de una sola acción. Y a esa pregunta responde el artículo 77 del Código Penal al preceptuar que cuando un solo hecho constituye dos o más delitos, no estamos ante un concurso real, sino ante un concurso ideal, con el régimen penológico que le es propio ( STS 764/2014, de 19 de noviembre; STS 22/2018, de 17 de enero).

Desde esta perspectiva, la punición conjunta de los delitos de homicidio agravado por atentado y de piratería no quebranta por sí misma el principio de proporcionalidad ni comporta una duplicidad constitucionalmente proscrita, porque responde a la lesión concurrente de bienes jurídicos diferenciados y a una opción legislativa expresamente formulada. Lo que sí sucede es que, al derivar ambos delitos del mismo golpe de timón, la respuesta sancionadora no debió articularse mediante una suma de penas propia del concurso real, sino a través de la regla más favorable del concurso ideal prevista en el artículo 77.2. No porque uno de los tipos absorba al otro ni porque exista bis in idemmaterial, sino porque la unidad de acción impone esa concreta disciplina concursal y la previsión legislativa de aplicar la pena correspondiente a la infracción más grave -en este caso el homicidio con atentado del artículo 138.2.b)- en su mitad superior, siempre que esta regla no exceda de la que represente la suma de las penas separadas establecidas con ocasión del recurso de apelación, esto es, de los 17 años impuestos por el homicidio y de los 10 años fijados por el delito de piratería del artículo 616 ter del Código Penal.

Lo expuesto justifica que la punición de ambos delitos debió saldarse con la imposición de la pena prevista para el homicidio con atentado (de 15 a 22 años y 6 meses), en su mitad superior; esto es, con una pena entre 18 años, 9 meses y 1 día, a 22 años.

El motivo debe estimarse parcialmente, en los términos que se han expuesto y que se concretarán en nuestra segunda sentencia.

Recurso interpuesto por la representación del acusado Isidro.

NOVENO.- 9.1.El primer motivo del recurso de casación interpuesto por Isidro se articula por infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española, al amparo del artículo 852 de la LECRIM, denunciando una vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

La tesis del recurrente es que la sentencia ha construido de forma arbitraria el hecho base de la condena -que el velero transportaba una cantidad relevante de cocaína obtenida en un encuentro con otro buque en alta mar- sin prueba directa ni un entramado indiciario suficientemente sólido, y sin exteriorizar de manera lógica el razonamiento que enlaza los indicios con la conclusión incriminatoria. Por ello sostiene también que concurre un defecto de motivación con relevancia constitucional.

En su desarrollo, el motivo combate, sobre todo, tres pilares de la inferencia condenatoria. Primero, que la navegación del DIRECCION000 pudiera reputarse errática o sospechosa, lo que la defensa la atribuye a averías mecánicas y a una maniobra razonable de retorno. Segundo, que la desconexión del AIS tenga valor incriminatorio, al entender que se trata de una incidencia técnica ligada a fallos eléctricos y que no responde a una ocultación deliberada. Por último, rechaza que los agentes vieran la droga en el interior del velero, considerando que ese testimonio es físicamente inverosímil por la configuración de la embarcación, las condiciones del abordaje y la ausencia de corroboración objetiva. Concluye así que la condena descansa sobre conjeturas policiales y no sobre prueba bastante, por lo que interesa la casación de la sentencia y su absolución.

9.2.El motivo no puede prosperar. La objeción, en lo sustancial, reproduce la misma censura ya examinada al resolver el primer motivo del recurso interpuesto por Belarmino y Alvaro, negando la suficiencia y racionalidad del cuadro indiciario sobre el transporte de cocaína, cuestionando la inferencia relativa al encuentro en alta mar, así como combatiendo el valor incriminatorio de la desconexión del AIS y la observación directa de los fardos, a lo que añade la no aprensión de ninguna sustancia que se haya analizado como cocaína. No se está, por tanto, ante una queja verdaderamente autónoma, sino ante una reiteración con distinta formulación de lo que hemos analizado en el primer fundamento de esta resolución, por lo que, para evitar inútiles reiteraciones, nos remitimos a lo allí expuesto.

Bastará así con recordar, en síntesis, que la condena descansa en un haz plural de datos objetivos y concordantes: la navegación anómala del DIRECCION000, el cambio de pabellón, la ocultación del destino, la parada en una zona reconocida de transbordos, la desconexión del AIS, la información operativa recibida, la maniobra evasiva al tiempo del abordaje, el incendio intencionado de la embarcación y la percepción directa de los fardos por los agentes que lograron acceder a bordo. También hemos razonado ya, que la fuerza convictiva no proviene del examen aislado de cada uno de esos elementos, sino de su convergencia, y que las hipótesis alternativas ofrecidas por las defensas fueron expresamente ponderadas y descartadas con argumentos de racionalidad, sin que la inexistencia de aprehensión física de la sustancia, causada precisamente por la destrucción voluntaria del cargamento, impida afirmar la realidad del transporte de cocaína cuando el juicio de inferencia aparece sólidamente trabado.

El motivo se desestima.

DÉCIMO.- 10.1.El segundo motivo de impugnación se articula por la vía del artículo 852 de la LECRIM e infracción del artículo 11.1 de la LOPJ, denunciando la vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y, de manera muy destacada, a la inviolabilidad domiciliaria del artículo 18.2 de la Constitución Española.

El motivo sostiene que la intervención policial sobre el velero, tanto el abordaje como la entrada y registro en el mismo, fue jurídicamente inválida desde su origen. En primer lugar, porque Malta, como Estado del pabellón, nunca autorizó expresamente ni el abordaje ni el registro de la embarcación. Pese a que esa autorización había sido solicitada, nunca llegó a concederse, por lo que considera vulnerado el artículo 17 de la Convención de Viena de 1988, habida cuenta que el silencio no puede equipararse a consentimiento. En segundo término, niega que la actuación policial pudiera justificarse como simple "derecho de visita",defendiendo que esa figura solo permite comprobaciones superficiales de documentación e identidad del buque, pero no un abordaje coercitivo ni, menos aún, la penetración en espacios interiores. Por eso insiste en que la Sala de Apelación utilizó indebidamente esa noción para legitimar una actuación que, por su propia naturaleza, fue un verdadero abordaje con registro interior. Añade, además, que tampoco concurría ninguno de los supuestos tasados del artículo 110 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) que permiten excepcionar la libertad de navegación en alta mar.

Junto a ello, el motivo afirma que el velero cumplía materialmente la función de domicilio para sus tripulantes, que llevaban más de un mes de navegación oceánica, de modo que los camarotes y espacios habitacionales estaban amparados por el artículo 18.2 de la Constitución Española. Desde esa consideración, el recurso rechaza que para el registro pudiera prescindirse del auto judicial con apoyo en una supuesta flagrancia, pues el propio relato del operativo revelaría que el abordaje fue aplazado por las condiciones del mar y que existió tiempo suficiente para recabar autorización judicial.

10.2.La impugnación se formaliza por la vía del artículo 852 de la LECRIM, en relación con el artículo 11.1 de la LOPJ, y denuncia la invalidez radical del abordaje del velero y de la ulterior obtención de prueba por haberse actuado, según sostiene la defensa, sin autorización del Estado del pabellón y sin habilitación judicial bastante para acceder al interior de una embarcación que reputa domiciliaria. La cuestión, sin embargo, exige separar con rigor tres planos distintos que el motivo funde indebidamente en uno solo: el de la regularidad internacional del abordaje en alta mar; el de la eventual lesión del derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria; y el de la posible exclusión probatoria derivada del artículo 11.1 de la LOPJ. Sólo cuando se produce una vulneración efectiva de un derecho fundamental sustantivo puede activarse, en los términos exigidos por la doctrina constitucional, la regla de exclusión probatoria ( SSTC 114/1984, de 29 de noviembre, y 81/1998, de 2 de abril).

10.3.Desde esa premisa, el primer salto argumental del recurso no puede ser aceptado.

Aun en la hipótesis de que pudiera discutirse la regularidad internacional de la actuación en relación con el artículo 17 de la Convención de Viena de 1988 (sospechas de tráfico ilícito sobre buques de otro pabellón) o con el artículo 110 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que cita el recurso, de ello no se sigue sin más la nulidad constitucional de la prueba. Nuestra jurisprudencia ha reiterado que las normas internacionales reguladoras del abordaje en alta mar no están concebidas primariamente para la tutela directa de derechos fundamentales individuales, de modo que su eventual infracción no determina automáticamente la prohibición de valorar las fuentes de prueba obtenidas. En ese sentido se pronuncian expresamente las SSTS 720/2013, de 8 de octubre y 48/2024, de 17 de enero, al recordar que la eventual falta de autorización para el abordaje, aun cuando pudiera dar lugar a un conflicto entre Estados, no convierte por sí sola la diligencia en radicalmente nula a efectos del artículo 24 de la Constitución Española.

10.4.Despejado ese primer plano, el debate se desplaza al artículo 18.2 de la Constitución Española.

También aquí el motivo fracasa. La STC 22/1984, de 17 de febrero, definió el domicilio constitucional como el espacio en que se desarrolla la vida privada de la persona y donde ésta ejerce su libertad más íntima, poniendo así el acento en su función como soporte material de la privacidad. Sobre esa idea, esta Sala ha precisado reiteradamente que no todo recinto cerrado es domicilio, ni toda parte de una embarcación participa sin más de esa protección. La STS 229/2008, de 15 de mayo, distingue con claridad entre las zonas del buque aptas para la privacidad -camarotes, dormitorios u otros espacios reservados- y aquellas otras destinadas al almacenamiento, a la carga o a funciones puramente instrumentales, que no quedan amparadas por el artículo 18.2 de la Constitución Española. La STS 31/2023, de 25 de enero, insiste en la misma línea, al recordar que el concepto de domicilio no se extiende a lugares utilizados simplemente para depositar o guardar objetos; como lo hace también la STS 48/2024 anteriormente citada que, específicamente referida al registro de un buque, proclamó que no puede extenderse el concepto de domicilio a zonas distintas de los camarotes.

A esa doctrina sobre el concepto material de domicilio se añade otra, también asentada, sobre la licitud de la percepción visual obtenida desde el exterior. No toda visión del interior de un espacio reservado de intimidad quebranta por sí sola la inviolabilidad domiciliaria. Lo decisivo es si la observación recae sobre algo que se ofrece a la vista desde una posición externa legítima o si, por el contrario, se recurre a medios que crean artificialmente una posición de ventaja invasiva. La STS 329/2016, de 20 de abril, anuló una observación policial realizada con prismáticos sobre el interior de una vivienda situada en un piso elevado y rechazó expresamente que la falta de cortinas o de persianas bajadas implicara consentimiento o que en esos supuestos desapareciera para el morador una expectativa legítima de privacidad, que permanece ante formas de intromisión tecnológica como son los prismáticos o la utilización de drones de vuelo.

Pero esa misma línea jurisprudencial refleja una consideración inversa cuando no se emplean instrumentos que permitan superar una expectativa fundada de privacidad. La simple percepción visual sin artificios ópticos que venzan la distancia o los mecanismos de defensa de la privacidad no genera, por sí misma, lesión constitucional. Esa distinción entre lo visible desde fuera y la intromisión tecnológica o artificiosa enlaza, además, con precedentes clásicos de la Sala Segunda en materia de flagrancia, en los que se consideró legítima la percepción policial desde posiciones externas no invasivas. Así, la STS de 18 de febrero de 1994 apreció la existencia de delito flagrante cuando los agentes observaron desde una ventana abierta cómo los ocupantes confeccionaban papelinas de droga y entraban los compradores; la STS de 31 de enero de 1995 hizo descansar la licitud de la entrada en que, hallándose la puerta parcialmente abierta, uno de los agentes oyó al comprador pedir "un gramo" y llevar el dinero en la mano, percibiendo al vendedor sacar una bolsa y extraer la bolsita que entregó al comprador; y la STS de 3 de octubre de 1994, en la que la apertura de la puerta permitió a los agentes percibir en un monedero las papelinas que el acusado se ofreció a vender. No se trata, claro es, de supuestos idénticos al presente, pero sí reflejan un criterio constante, esto es, que lo que queda expuesto a la contemplación directa desde una posición exterior legítima, sin forzar visualmente el ámbito reservado por medios extraordinarios, no queda automáticamente cubierto por la prohibición del artículo 18.2 de la Constitución Española.

10.5.Aplicada esa doctrina al caso, la tesis de la defensa se desmorona.

Lo que los agentes percibieron no fue el interior de un camarote, dormitorio o estancia de vida privada tras una penetración en zonas habitacionales, sino varios fardos blancos bajo cubierta y perfectamente visibles a través del vano de entrada al interior, todo desde una posición externa y funcionalmente vinculada al propio abordaje, sin utilización de prismáticos, dron, cámaras telescópicas, cámaras ocultas o ningún otro medio apto para salvar artificialmente la distancia o franquear una barrera de privacidad. La zona observada, además, se presentaba como espacio de estiba o carga, no como reducto de intimidad personal. Y, según resulta de los hechos tenidos por acreditados en la instancia y en la apelación, el incendio posterior impidió cualquier ulterior registro de dependencias privadas. De ahí que no pueda aceptarse la premisa del recurso, que habla de un "registro interior exhaustivo"del ámbito domiciliario del velero, cuando lo que revelan las actuaciones es, muy al contrario, una percepción visual inmediata de la carga desde cubierta y la frustración del registro por la destrucción sobrevenida del velero.

10.6.En definitiva, como se ha adelantado, el motivo se asienta sobre una triple premisa que no puede asumirse. Ni toda irregularidad en el plano del Derecho del mar arrastra sin más una nulidad constitucional; ni toda embarcación habitada constituye, en bloque, domicilio a efectos del artículo 18.2 de la Constitución Española; ni la percepción de lo existente en el interior de la embarcación y en un espacio destinado a estiva, equivale a un registro domiciliario, menos aún si el descubrimiento descansa en una posición exterior legítima y no resulta de la utilización de artificios técnicos de intrusión.

El motivo se desestima.

UNDÉCIMO.- 11.1.El tercer motivo de impugnación se formula subsidiariamente, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por infracción de ley en la aplicación de los artículos 369.1.5 y 370.3 del Código Penal.

Su objeto ya no es la absolución plena, pretendida en los dos motivos anteriores, sino la corrección de la calificación jurídica y, en particular, la inaplicación de las agravaciones de notoria importancia y extrema gravedad que han intensificado la respuesta penal.

La tesis central del motivo es que esas agravaciones no podían imponerse porque faltan los presupuestos fácticos indispensables para ello. La defensa insiste en que no se incautó sustancia alguna; no hubo análisis químico ni acta de pesaje; tampoco cadena de custodia; ni existe un documento objetivo que permita afirmar con certeza la existencia, naturaleza, pureza o cantidad de la droga. Desde esa premisa, sostiene que la sentencia construye la agravación sobre meras inferencias extraídas de la supuesta visión de "fardos"y de la experiencia policial, pero no sobre prueba directa, objetiva o pericialmente válida. El motivo añade que ese déficit probatorio impide, en primer término, aplicar la agravante de notoria importancia del artículo 369.1.5 del Código Penal, porque tal subtipo exige acreditar una cantidad concreta que supere los umbrales jurisprudenciales. Y, en segundo lugar, también veda la aplicación del subtipo hiperagravado del artículo 370.3, pues no puede hablarse de extrema gravedad cuando ni siquiera están objetivamente establecidos los elementos básicos sobre los que descansa esa intensificación punitiva. La defensa subraya que agravar una condena en esas condiciones vulnera tanto la legalidad penal como la presunción de inocencia.

Como argumento adicional, el recurso pone de relieve que el Ministerio Fiscal no solicitó pena de multa en sus conclusiones definitivas, lo que deriva, argumenta, de no haber podido evaluar con solvencia el valor, la cantidad o la pureza de la sustancia.

11.2.El tercer motivo tampoco puede prosperar.

Se formaliza, subsidiariamente, por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, denunciando la indebida aplicación de los artículos 369.1.5 y 370.3 del Código Penal. Pero ese mismo cauce casacional delimita ya, de entrada, el ámbito del debate.

Como hemos dicho, la infracción de ley presupone la íntegra aceptación del relato de hechos probados y sólo autoriza a discutir si, partiendo de él y sin alteración alguna, la subsunción jurídica efectuada por el Tribunal sentenciador fue o no correcta. No permite, por tanto, reabrir la controversia sobre la realidad del cargamento, su naturaleza, su cantidad o el modo de transporte, porque todos esos extremos pertenecen al plano fáctico y han de ser respetados en esta sede.

Desde esa premisa, el motivo carece de base; más aún cuando, como ya se ha razonado en los fundamentos precedentes de esta resolución, existe prueba bastante para concluir que la mercancía transportada era cocaína y que lo era en una cantidad muy elevada, sin que la destrucción del alijo por los propios acusados impida afirmar ni la realidad del delito ni la concurrencia de las agravaciones a partir de un juicio de inferencia sólidamente fundado.

11.3.Pero si, pese a ello, descendemos al estricto examen del factum,tampoco encontramos espacio para la estimación del motivo.

El relato histórico no se limita a consignar la presencia de unos fardos de contenido neutro o indeterminado. Declara probado que el agente que subió a bordo vio, a través de la casamata, fardos blancos acumulados, de unos 30 o 35 kilos cada uno, "del mismo tipo de los que suelen utilizarse para el transporte de cocaína",y añade después que otro agente volvió a verlos a través de una claraboya. Pero, el hecho probado da un paso más, para no quedarse en la apariencia, y precisa que Alvaro se dirigió al interior del velero "con el propósito de destruir la carga ilícita que transportaban",provocando para ello el incendio que acabó hundiendo la embarcación y toda su carga. Esa referencia final no puede aislarse del resto del relato, sino que ha de leerse sistemáticamente con él. Lo que se describe no es una mercancía cualquiera, sino el cargamento ilícito que la tripulación trató de hacer desaparecer y que, según la previa descripción fáctica, se presentaba con las características típicas del transporte de cocaína. El presupuesto fáctico relativo a la naturaleza de la sustancia, por tanto, sí aparece recogido en la declaración de hechos probados.

Lo mismo sucede con la agravación de notoria importancia. El artículo 369.1.5 del Código Penal la anuda a que la cantidad de sustancia sea de notoria importancia, y la jurisprudencia de esta Sala viene situando ese umbral, a partir del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 19 de octubre de 2001, en quinientas dosis de consumo diario. Para la cocaína, tomando como referencia 1,5 gramos de consumo diario, la notoria importancia equivale a 750 gramos y así lo recoge la doctrina jurisprudencial de la Sala a partir de los datos del Instituto Nacional de Toxicología.

Pues bien, ante ese umbral jurisprudencial, el factumdescribe "fardos blancos acumulados", "varias filas" y "uno encima de otro", de 30 o 35 kilogramos cada uno. Aun prescindiendo de cualquier cálculo exhaustivo y ateniéndonos al mínimo que el propio hecho probado permite afirmar, la distancia entre ese volumen de carga y el umbral de 750 gramos es sencillamente abrumadora. No era precisa una determinación química de exactitud milimétrica para apreciar una agravación cuyo fundamento emerge con evidencia del propio relato histórico. La destrucción del alijo impidió el pesaje pericial; pero no borró el dato fáctico, que es el verdaderamente relevante en este motivo, de que se transportaban múltiples fardos de decenas de kilos cada uno.

Y tampoco ofrece dificultad la subsunción de los hechos en el artículo 370.3 del Código Penal. El propio precepto considera de extrema gravedad, entre otros supuestos, aquellos en que se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico. Eso es exactamente lo que recoge el hecho probado: el DIRECCION000 era un velero de 24,38 metros de eslora, tripulado por los acusados, que realizaba una travesía transoceánica y transportaba en su interior la carga ilícita cuya destrucción se intentó mediante el incendio. La agravación, por tanto, no descansa aquí en una construcción hipotética ni en una valoración añadida extramuros del factum,sino en un dato expresamente incorporado a éste y no determinado por el peso de la carga, sino por la utilización de la embarcación como medio específico de transporte del cargamento ilícito.

El motivo se desestima.

DUODÉCIMO.-Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas originadas por el recurrente Belarmino, condenando en costas a los recurrentes Alvaro y Isidro, cuyos recursos han sido desestimados.