Sentencia Penal 1022/2022 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4272/2020 de 13 de marzo del 2023

1. El recurrente ha sido condenado por la comisión de un delito de apropiación indebida a la pena de 1 año de prisión y al pago de la responsabilidad civil y costas procesales por sentencia número 236/2020, de 24 de junio de 2020, dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.

Frente a dicha sentencia el condenado ha interpuesto recurso de casación, articulando cinco motivos de impugnación, que serán respondidos por un orden diferente al que han sido planteados por razones metodológicas.

Primero daremos respuesta al motivo por quebrantamiento de forma (5º), después a los dos motivos en que se cuestiona el juicio probatorio (4º y 1º) y terminaremos por los dos motivos en que se censura el juicio de tipicidad (2º y 3º).

2. En el quinto motivo del recurso, a tenor del artículo 851.1 de la LECrim se afirma la existencia de contradicción en los hechos probados. Se dice que hay contradicción porque en el relato fáctico no se menciona la existencia de ánimo de lucro pero en los fundamentos jurídicos se utiliza la existencia de ese elemento para el pronunciamiento de condena. También se alega como contradictorio que se afirme que el recurrente ha recibido dinero como provisión de fondos y que ha realizado trabajos y que a la vez se le condene por delito de apropiación indebida.

El motivo es improsperable.

La contradicción es un vicio formal de la sentencia que precisa de los siguientes presupuestos: a) tiene que ser interna, es decir, producida dentro de la propia declaración de hechos probados, no pudiendo ser denunciada como contradicción la que se advierta o crea advertirse entre el "factum" y la fundamentación jurídica de la resolución; b) ha de ser gramatical o semántica, no conceptual, de suerte que no hay contradicción a estos efectos si la misma es resultado de los razonamientos, acertados o desacertados, de quien lee la declaración probada; c) debe ser absoluta, esto es, debe enfrentar a términos o frases que sean antitéticos, incompatibles entre sí, e insubsanable, de forma que no pueda ser remediada acudiendo a otras expresiones contenidas en el mismo relato; d) como consecuencia de la contradicción, que equivale a la afirmación simultánea de contrarios con la consiguiente destrucción de ambos, debe sobrevenir un vacío que afecte a aspectos esenciales del sustrato fáctico en relación con la calificación jurídica en que consiste el "iudicium", lo que se suele significar diciendo que la contradicción sólo es motivo de casación cuando es causal y determinante de una clara incongruencia entre lo que se declara probado y sus consecuencias jurídicas.

En este caso se utiliza este cauce procesal de forma inadecuada. Se enumeran como contradicciones, no vacíos de comprensibilidad del relato fáctico, sino discrepancias con su argumentación o con algunos de sus pronunciamientos, desconociendo que este motivo casacional únicamente ha de utilizarse para denunciar las contradicciones semánticas que puedan existir dentro del relato fáctico, en cuanto afirmen simultáneamente enunciados incompatibles, de forma que se dé lugar a una incongruencia entre los hechos probados y las consecuencias jurídicas.

El motivo se desestima.

3. Con cita del artículo 849.2 de la LECrim en el motivo cuarto del recurso se denuncia la existencia de error en la valoración de la prueba, citando como documentos acreditativos del mismo algunas evidencias probatorias de las que se dice que no han sido debidamente valoradas en la sentencia, como el archivo de la queja formulada por estos mismos hechos ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid o las manifestaciones de los propios denunciantes que han reconocido que no se han realizado por el abogado condenado los trabajos encargados.

Tampoco este motivo puede ser acogido.

Lo que se censura es la valoración probatoria de la sentencia impugnada en su globalidad y no el poder demostrativo de los documentos a que alude el alegato.

En efecto, según venimos reiterando en numerosas resoluciones ( SSTS 542/2018, 307/2017, de 28 de marzo y 126/2015, de 12 de mayo, por todas), "(...) la finalidad del motivo previsto en el art. 849.2 LECr im, consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la incorporación de datos incontrovertibles acreditados mediante pruebas auténticamente documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que prueben directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones, el error que se denuncia y siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contrario (...)".

Para la prosperabilidad de este motivo de casación se precisa que el error que se denuncia se funde en una verdadera prueba documental, característica que no concurre en las pruebas personales (declaraciones de acusados, testigos o peritos), por más que estén documentadas en autos. No es lo mismo una prueba genuinamente documental que una prueba personal documentada. También se precisa que esa prueba documental tenga un poder demostrativo directo del error que se denuncia y por tal razón decimos que el documento en cuestión tiene que ser literosuficiente, sin que para acreditar el error deba acudirse al complemento de otras pruebas o a complejas argumentaciones o conjeturas. De esta exigencia se deriva otra, que el documento no esté en contradicción con otras pruebas pues en tal caso no estaríamos ante un problema de error sino ante un problema de valoración probatoria.

En este caso el expediente de la queja seguida ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid no acredita que se haya o no cometido el hecho denunciado en la medida en que lo allí actuado no condiciona el resultado de este proceso y, en todo caso, para llegar a una determinada conclusión acerca de tales hechos resulta obligado valorar la prueba en su conjunto, por lo que los documentos integrantes del expediente colegial no son documentos literosuficientes. En cuanto a las declaraciones de los denunciantes tampoco son documentos sino pruebas personales documentadas. Por lo tanto, lo que se pretende es una revaluación global de la prueba practicada en el plenario, operación que no tiene cabida en los angostos límites de este motivo casacional.

La queja se desestima.

4. En el primero motivo del recurso se reprocha a la resolución impugnada la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución.

4.1 En síntesis, se alega lo siguiente: (i) En el relato fáctico se declara que el recurrente, abogado en ejercicio, asumió unos determinados encargos por las simples manifestaciones de los testigos; (ii) Se afirma sin base probatoria que las actuaciones realizadas por el Letrado no generaron coste alguno; (iii) No se ha tenido en consideración que a día de hoy siguen existiendo honorarios no satisfechos pendientes de liquidación; (iv) Siendo cierto que el recurrente ha retenido cantidades recibidas de su cliente no consta que su recepción fuera indebida; (v) No se ha valorado el hecho de que se halle pendiente el pago de honorarios al recurrente; (vi) En los hechos probados no se recogen los hechos que conforman los elementos típicos del delito de apropiación indebida; (vii) La sentencia utiliza como prueba de cargo lo que son elementos de descargo: La ausencia de hojas de encargo y las manifestaciones de los denunciante negando adeudar cantidad alguna al recurrente.

4.2 Cuando se recurre en casación y se invoca el derecho a la presunción de inocencia nuestro control casacional se desarrolla en diferentes planos. No sólo debe comprobarse la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas sino que debe analizarse la consistencia y suficiencia de las informaciones aportadas para considerar probados los hechos más allá de toda duda razonable. Pero nuestra función no termina con ese análisis. También debe adentrarse en comprobar la racionalidad del discurso valorativo del tribunal de instancia determinando si el valor que se atribuye a las pruebas es conforme con criterios lógicos, con las máximas de experiencia y, en su caso, con el conocimiento científico aplicable. En este ámbito de control procede comprobar si el método de valoración empleado ha tomado en consideración la información derivada de cada prueba y la que pueda deducirse de la valoración conjunta de toda la información probatoria ( SSTC 5/2000 , de 17 de enero; 139/2000 , de 29 de mayo; 202/2000 , de 24 de julio; 340/2006 , de 11 de diciembre y SSTS 544/2015, de 25 de septiembre, 125/2018, de 15 de marzo y 688/2020, de 14 de diciembre, entre otras muchas).

Proyectando la doctrina expuesta al presente caso procede hacer un análisis separado de las dos acciones que han sido enjuiciadas y que han dado lugar a la condena por un solo delito por exigencias del principio acusatorio. En ambos casos la sentencia para la construcción de su relato fáctico ha atribuido pleno valor probatorio a los documentos aportados mediante fotocopia con la denuncia (folios 9 a 16) en atención al reconocimiento del acusado, a la ratificación de los denunciantes y al informe pericial practicado sobre los mismos, que acredita que figura en ellos la firma del recurrente, explicándose en la sentencia las analogías caligráficas apreciadas entre los documentos dubitados e indubitados. Estos documentos acreditan las cantidades entregadas por cada uno de los perjudicados y son el punto de partida de la construcción probatoria de la sentencia impugnada.

4.3 Cantidades entregadas por doña Noelia.

Se declara probado que la Sra. Noelia entregó al Letrado la cantidad total de 12.629 euros "para afrontar gastos que pudieran derivarse del inicio de dos procedimientos contencioso-administrativos, dos procedimientos penales, petición de suspensión del procedimiento administrativo ante el TEAR, recurso de reposición y gastos para la solución del conflicto con la Agencia Tributaria" y que el recurrente "no destinó dichas cantidades a las finalidades anticipadas pactadas, siendo inexistentes los procedimientos judiciales mencionados".

Según consta documentalmente se entregaron cuatro cantidades diferentes de dinero para los siguientes fines:

- 3.700 euros el día 18-06-2014 "para el pago de procuradores, tasas e impuestos del inicio de dos juicios contenciosos y dos juicios penales relativos al embargo de sus bienes por parte de la Administración Tributaria" (folio 9)

- 4.259 euros el día 27-06-2014 "para la solicitud de suspensión de los procedimientos ante el Tribunal Económico Administrativo con el fin de llegar a la justicia contencioso-administrativa y a la justicia penal en relación con los embargos de sus bienes por parte de la Administración Tributaria" (folio 10).

- 3.500 euros (sin fecha) "para asuntos relacionados con el recurso de reposición relacionado con la sanción administrativa de la Agencia Tributaria de Madrid" (folio 11)

- 900 euros (sin fecha) "para la resolución de conflicto con la Agencia Tributaria en relación con el posible delito de alzamiento de bienes" (folio 12)

En la sentencia de instancia se argumenta que las cantidades entregadas no estaban destinadas a "sufragar unos posibles honorarios profesionales" y se justifica tal afirmación a partir de los siguientes datos: (i) No se presentaron las correspondientes hojas de encargo; (ii) No se aportaron al proceso las minutas de honorarios correspondientes por más que se afirme que en Acuerdo adoptado el 27/05/2015 del Colegio de Abogados de Madrid, sobre la reclamación allí formulada por estos mismos hechos, se haga referencia a la aportación del original de la Minuta; (iii) y porque ninguno de los documentos aportados por la defensa para acreditar las gestiones realizadas tiene vinculación con las mismas.

En la propia sentencia, primero en los hechos probados y después con mayor precisión en el fundamento jurídico cuarto, se reconoce que el acusado realizó las siguientes actuaciones:

"1: presentación de una instancia en la Oficina de Registro de la Agencia de Gestión de Licencias con fecha de entrada del día 10 de julio de 2014, en la que se solicitaba la vista de los expedientes sancionadores con referencia NUM002 y NUM003, aportando al efecto escrito de la interesada, fotocopia DNI y poder notarial, y dos copias de expedientes sancionadores que, sin duda fueron aportados por la interesada al acusado para disponer de todo lo necesario a fin de acometer las actuaciones precisas para resolver estos procedimientos

2: escrito dirigido al TEAM de fecha 10 de julio de 2014 solicitando le fuera puesto de manifiesto el expediente correspondiente a la reclamación económico-administrativa NUM004 a nombre de Noelia

3: recurso de reposición realizado en modelo normalizado y presentado en la Oficina de registro de la Agencia Tributaria de fecha 24.7.2014 interpuesto frente a la diligencia de acumulación y diligencia de embargo de bienes inmuebles"

Y se afirma que tales actuaciones "no generaron coste alguno" o que "no llevaban asociados gastos de ningún tipo".

Partiendo de estos datos no podemos compartir el razonamiento probatorio de la sentencia de instancia. No es cierto que las entregas de dinero no tuvieran como destino sufragar los honorarios profesionales. Al margen de que no se haya aportado hoja de encargo o minuta de honorarios, y al margen también de que se hayan presentado documentos de asuntos que no parecen tener vinculación por su fecha y contenido con los encargos realizados, la contratación profesional del acusado lo fue para la gestión y resolución de determinados asuntos de contenido jurídico según se deduce de los recibos de entrega de dinero, que son documentos cuya validez probatoria ha sido reconocida en sentencia y de cuyo contenido se parte para concretar el dinero entregado y la finalidad de los encargos.

Como puede comprobarse de la lectura de los citados documentos, la única entrega que se hizo para hacer frente a gastos fue la de 3.700 euros, las demás tenían como destino la realización de gestiones y actuaciones relacionadas con algunos asuntos cuya concreta determinación no consta (solicitud de suspensión de procedimientos ante el TEA, asuntos relacionados con un recurso de reposición ante la Agencia Tributaria de Madrid o resolución de un conflicto con la Agencia Tributaria de Madrid).

Y tampoco es cierto que el acusado no hiciera actuación alguna. La relación entre la denunciante y el acusado se desenvolvió en el marco de un vínculo contractual de arrendamiento de servicios y las actuaciones que debía llevar a cabo el Letrado no han podido ser concretadas con precisión, no sólo por la falta de constancia en los recibos aludidos sino por las confusas explicaciones que dieron ambas partes. Así la denunciante, según se recoge en la fundamentación jurídica de la sentencia, manifestó que no sabía exactamente para qué actuaciones y gestiones entregó el dinero, remitiéndose en este particular a sus anteriores manifestaciones y precisando que el acusado no hizo ninguna gestión y tuvo que recurrir de nuevo a la anterior abogada para que le solucionara sus asuntos. El acusado, por su parte, manifestó que el dinero recibido no era para pago de procuradores y que hizo gestiones ante la Agencia Tributaria y en el Ayuntamiento de Madrid, así como presentando algunos escritos. Al margen de lo anterior, la propia sentencia reconoce la presentación de algunos escritos con posterioridad a los encargos y no cabe excluir, según manifestó el acusado, que su encargo consistiera también en acudir a los organismos administrativos a tratar de solucionar los problemas que motivaron el encargo. Por último, no es de recibo afirmar que las actuaciones realizadas, bien gestiones ante los organismos aludidos, bien la presentación de escritos no generen costes. En el caso de la prestación de servicios jurídicos el coste viene determinado por el servicio profesional prestado.

Por lo tanto, consta con suficiencia que la denunciante entregó la cantidad de 3.700 euros el día 18-06-2014 "para el pago de procuradores, tasas e impuestos del inicio de dos juicios contenciosos y dos juicios penales relativos al embargo de sus bienes por parte de la Administración Tributaria" (folio 9), sin que el acusado procediera a realizar el pago convenido, apropiándose de esta cantidad pero, por el contrario, no consta que las restantes cantidades entregadas lo fueran para afrontar gastos de la denunciante sino que se entregaron para la realización de servicios profesionales sin que conste que el acusado no realizara actuación alguna en relación con tales servicios. Por lo tanto, sólo respecto de la primera cantidad (3.700 euros) puede afirmarse la existencia de delito de apropiación indebida, lo que conduce a la estimación parcial de la queja.

4.4 Cantidades entregadas por don Secundino.

En los hechos probados de la sentencia impugnada se declara lo siguiente:

"También el acusado y a través de una amiga común conoció a Secundino, quien encargó al acusado en su condición de Abogado, la gestión y solución de tres asuntos que tenía pendientes; uno, relativo a una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Madrid; el segundo asunto encomendado al acusado fue el relacionado con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales declarado mediante autoliquidación el 4 de septiembre de 2009, consecuencia de la adquisición de un local, respecto del que el 22 de septiembre de 2010 la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid practicó una liquidación provisional, habiendo presentado el interesado el 21 de febrero de 2014, con anterioridad al encargo encomendado al letrado acusado, reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid; y el tercer asunto derivado del conflicto mantenido con su socio, Hermenegildo en relación a la sociedad común con el denunciante Carbau 2000, S.L., aceptando el encargo el abogado acusado, para posteriormente Secundino, a partir del segundo semestre de 2014, ir entregando al acusado, y a su petición, diferentes cantidades por los conceptos que el acusado le explicaba a Secundino para justificar la necesidad de entrega de dinero, en concreto éste entregó al acusado un total de 6.965 euros para afrontar gastos de procurador, tasas, hacienda, a cuenta de la factura definitiva a la finalización del proceso mercantil en ciernes, para la solución del expediente sancionador y para fianza vinculada a solicitud de medidas cautelares en proceso mercantil contra el socio Hermenegildo, dinero recibido por el acusado con ánimo de obtener beneficio económico para acometer los encargos asumidos que no destinó a las finalidades anticipadas, habiendo realizado exclusivamente dos actuaciones el acusado por razón del encargo profesional asumido, una petición de aplazamiento de pago a favor de la entidad Carbau 2000 SL, presentada ante la Agencia Tributaria el día 6 de noviembre de 2014, y la remisión de un burofax el día 9 de septiembre de 2014 al socio del denunciante, Hermenegildo, así como el cruce entre ambos de correos electrónicos en diciembre de 2014 con la finalidad de solventar el conflicto existente entre los socios, el denunciante y Hermenegildo, actuaciones que no generaron coste alguno circunstancia completamente conocida por el acusado dada su condición de abogado ejerciente."

En el fundamento jurídico cuarto de la sentencia impugnada, valorando las pruebas aportadas, tanto la documental (folios 14 a 16) como la restante prueba se declara que las entregas de dinero se produjeron, no para la prestación de servicios profesionales, "sino para dar cobertura a los gastos que el acusado en su condición de profesional del derecho decía que se iban produciendo por distintos conceptos, algunos verdaderamente extravagantes para cualquier persona relacionada con el mundo jurídico, pero que para terceros legos en la materia pudieron resultar en aquellos momentos creíbles y convincentes".

Sin embargo y en atención a los documentos obrantes en autos y valorados en la sentencia como veraces y ciertos consta que se hicieron las siguientes entregas de dinero:

- 1.000 euros (1210 con IVA, sin fecha) "para el pago a procurador, tasas y pago a la hacienda a expensas de emitir factura definitiva sobre proceso mercantil en ciernes", sin identificar (folio 14)

- 2.385 euros el día 07/11/2014 "para la solución del expediente sancionador NUM005" (folio 15)

- Y 3.370 euros el día 14/11/2014,"pafra la fianza en relación con solicitud de medidas en relación con solicitud de medidas cautelares de proceso mercantil contra su socio Hermenegildo" (folio 16)

En relación con el segundo de los asuntos encomendados (folio 15 de las actuaciones) consta la solicitud de una nota informativa actualizada de 06/11/2014 interesada al Servicio de Recaudación Ejecutiva en relación con la sanción de fecha 26/02/2012 por importe de 15.810,92 euros y con número de expediente NUM006, coincidente con el reseñado en el recibo de entrega antes aludido.

En cuanto al tercer asunto (folio 16) consta una petición de aplazamiento de pago, presentada ante la Agencia Tributaria el 06/11/2014 y una comunicación al socio del denunciante por burofax anunciándole la interposición de una demanda.

Por tanto y contrariamente a la inferencia conclusiva del juicio sobre la prueba, de las entregas realizadas por este perjudicado sólo la primera, por importe de 1.000 euros (1210 con IVA, sin fecha) lo fue para afrontar gastos por cuenta del principal, ya que en el documento se precisas que la entrega es "para el pago a procurador, tasas y pago a la hacienda a expensas de emitir factura definitiva sobre proceso mercantil en ciernes" (folio 14). En cambio, las otras dos entregas lo fueron para la realización de servicios profesionales y no consta que el acusado no hiciera gestión alguna ni tampoco que las gestiones realizadas no generaran coste alguno, dado que para hacer tal afirmación no se tiene en cuenta el coste derivado de la intervención profesional (estudio de antecedentes, entrevistas, gestiones extrajudiciales, presentación de escritos, etc.)

Por lo tanto, y siguiendo el mismo criterio que el expresado en el apartado anterior de esta sentencia, sólo respecto de la primera cantidad (1.210 euros) puede afirmarse la existencia de delito de apropiación indebida, lo que conduce a la estimación parcial de la queja, todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que puedan asistir a las partes para liquidar su relación contractual en función de las cantidades entregadas y los servicios prestados.

El motivo se estima parcialmente.

5. En el motivo segundo del recurso, por el cauce casacional establecido en el artículo 849.1 de la LECrim, se reprocha a la sentencia la infracción de precepto sustantivo en relación con el principio in dubio pro reo.

En el desarrollo argumental del motivo se sostiene que no consta que la retención de las cantidades recibidas fuera indebida; que no se ha tenido en cuenta que los trabajos realizados por el acusado han sido debidamente justificados por lo que los honorarios debidos por los denunciantes eran legítimos y que, existiendo una liquidación de cuentas entre las partes, es improcedente acudir a la vía penal.

A la vista de este conjunto de alegaciones lo que, en realidad, se cuestiona no es el juicio de subsunción normativa sino la valoración de la prueba y semejante planteamiento no puede ser atendido por dos razones: De un lado, porque cuando se acciona por la vía del artículo 849.1 de la LECrim el análisis de la corrección del juicio de tipicidad debe realizarse a partir del relato de hechos probados que debe ser respetado escrupulosamente ( STS 544/2018, de 12 de noviembre, por todas) y en este caso el recurrente cuestiona ese juicio sin cumplir con esta exigencia. De otro lado, porque la lesión del principio in dubio pro reo, como señala acertadamente el Ministerio Fiscal en su informe, sólo puede invocarse en su faceta normativa, de forma que con arreglo a este principio sólo procede la absolución por vía de recurso cuando el tribunal, una vez practicada la prueba, manifieste la existencia de dudas razonables sobre la culpabilidad y, aun así, condene, situación que no se cumple en este caso.

En efecto, según se recuerda en la STS 666/ 2010, de 14 de julio, " (...) es reiterada la doctrina de esta Sala que señala que dicho principio únicamente puede estimarse infringido, en su aspecto normativo, cuando reconociendo el tribunal sentenciador la existencia de una duda sobre la concurrencia de alguno de los elementos integradores del tipo o la participación del acusado, opta por la solución más perjudicial para éste, pero no cuando, como sucede en el caso actual, el Tribunal sentenciador no alberga duda alguna. El principio "in dubio pro reo" nos señala cual debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( SSTS. 709/97 de 21.5 , 1667/2002 de 16.10, 1060/2003 de 21.7). En este sentido la STS 999/2007 de 26.11 con cita de la STS. 939/98 de 13.7 , ya recordaba que "el principio "in dubio pro reo" no tiene acceso a la casación por suponer una valoración de la prueba que está vedada a las partes con arreglo a lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero esta doctrina quiebra cuando es la propia Sala sentenciadora la que en sus razonamientos nos muestra unas dudas evidentes (...)"

El motivo se desestima.

6. En el tercer motivo del recurso, por último, y por el cauce casacional del artículo 849.1 de la LECrim se reprocha a la sentencia la indebida aplicación del artículo 253 del Código Penal.

Se alega que la propia sentencia impugnada reconoce que se han realizado los trabajos encargados por los denunciantes y que lo recibido fue a cuenta de los honorarios devengados por el trabajo profesional del acusado por lo que el dinero recibido es legítimamente propio y lo que haya de devolverse, en su caso, será previa la práctica de la oportuna liquidación por lo que los hechos no son típicos, citando en apoyo de su tesis distintas sentencias de esta Sala que, a su criterio, han resuelto en el sentido pretendido por la defensa.

La relación que vinculaba a las partes es la propia de un arrendamiento de servicios o de un mandato y sobre las consecuencias que puede tener la apropiación de lo recibido en el marco de esas relaciones contractuales esta Sala se ha pronunciado reiteradamente. Citaremos, al efecto, algunas de las sentencias más recientes, aludidas por el Ministerio Fiscal en su informe, que son exponentes del criterio constante de este tribunal.

En la STS 150/2018, de 27 de marzo, hemos dicho que "(...) la jurisprudencia de esta Sala ha considerado reiteradamente que la relación profesional entablada por un Letrado en ejercicio con su cliente se encuadra en el arrendamiento de servicios, título que no da lugar a la comisión de un delito de apropiación indebida cuando el profesional que ha recibido una cantidad en concepto de provisión de fondos como parte de sus honorarios no cumple el encargo recibido. Pues las cantidades recibidas en ese concepto lo han sido como pago anticipado de sus servicios, por lo que las hace legítimamente suyas aunque se produzca un incumplimiento contractual, que podría dar lugar, en su caso, a un delito de deslealtad profesional o a una obligación civil de reintegro (...)".

Es posible que la entrega de cantidades se realice para atender gastos concretos por gestiones encargadas. En tal caso "se apreciará un delito de apropiación indebida si el Letrado, en lugar de destinarlas a la finalidad pactada las hace suyas. En este sentido, en la STS nº 4/2009, de 23 de diciembre de 2008 se decía que "Lo que se recibe en concepto de pago de honorarios es precio o merced que en el marco del arrendamiento constituye la prestación debida por el servicio prestado, o que se ha de prestar. Por lo cual en principio su entrega lo es como pago y con transmisión del dominio del dinero. Si luego el servicio profesional convenido no se presta o se presta incorrectamente existirá en efecto un incumplimiento contractual sobrevenido en el marco de un negocio jurídico bilateral con obligaciones recíprocas; con la posibilidad de integrar una estafa, si el contrato se presenta como una mera apariencia engañosa que esconde desde el principio la decidida voluntad por el sujeto de no cumplir con el servicio prometido. Lo anterior sin embargo no excluye otras posibilidades. El cliente no siempre entrega dinero al Letrado como pago de sus honorarios. Puede hacerlo con ese título obligacional, pero también con otros tales como el del mandato, para la realización de gestiones que exijan desembolsos y gastos varios, para cuya cobertura se hace entrega dineraria. Entrega que no es para su adquisición dominical por el receptor, sino para su posesión con disponibilidad autorizada para un concreto fin al que necesariamente ha de destinar el dinero. En esos casos la desviación del fin que justifica su posesión, representa una apropiación indebida por parte del receptor que, abusando de su tenencia lo hace suyo sin aplicarlo al destino pactado".

En el caso analizado sólo respecto de las entregas reflejadas en los recibos aportados como documentos 9 y 14 de las actuaciones se puede afirmar que lo fueron para afrontar gastos por cuenta del mandante y que el acusado, haciendo dejación de su obligación, las incorporó indebidamente a sus patrimonio, lo que justifica su condena por aplicación del artículo 252 CP vigente al tiempo de los hechos.

Sin embargo, las demás entregas lo fueron para realizar gestiones propias de la profesión de Abogado. Los eventuales incumplimientos del acusado en relación con estos encargos no cumplen las exigencias típicas del delito de apropiación indebida del artículo 252 CP razón por la que, sin modificación alguna del juicio histórico de la sentencia impugnada, procede limitar la respuesta penal a la apropiación de las dos cantidades a que antes hemos referencia, lo que obliga a una nueva individualización de la sanción penal.

Es cierto que la doctrina de esta Sala sobre la apropiación de fondos por Letrado dista de ser homogénea y que en algunas sentencias de esta Sala se ha considerado que la recepción de fondos para realizar determinados encargos sin realizar completamente los mismos constituye delito de apropiación indebida por existir una obligación inequívoca de restituir lo recibido ( STS 341/2020, de 22 de junio), pero en este caso, y según hemos razonado, no puede afirmarse ni que el dinero recibido lo fuera para afrontar gastos por cuenta del principal, ni que el acusado no realizara actuación alguna. Los incumplimientos del Letrado en relación con los encargos recibidos, carecen de relevancia penal y deberán ser reclamados, en su caso, ante la jurisdicción civil.

El motivo se estima parcialmente.

7. En orden a la individualización judicial de la penal por esta Sala, una vez que se ha limitado el número de acciones constitutivas de delito y dada la escasa cuantía de la apropiación entendemos procedente imponer la pena mínima de SEIS MESES DE PRISIÓN, con la correspondiente pena accesoria.

8. De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben declararse de oficio las costas procesales derivadas del recurso de casación.