Sentencia Penal 969/2022 del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10796/2021 de 15 de diciembre del 2022

Recurso de Luis Enrique

PRIMERO.- 1. En el primer motivo se alega, con base en el art. 850. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, indefensión, por vulneración del artículo 24 C.E, interesando la celebración de nuevo juicio.

En el desarrollo del motivo se hace constar que la defensa solicitó la inclusión en el objeto de veredicto de una pregunta encaminada al conocimiento y voluntad en la actuación del acusado, básicamente, referente a la existencia de dolo o no, para una posible condena por homicidio, opción que fue desechada por el Presidente, abocando así irremediablemente de esta manera a una condena por asesinato.

Así pues, el escrito objeto del veredicto sólo contenía una pregunta respecto a la forma en que murieron las víctimas: " QUINTO.- A. Si Luis Enrique Padre causó la muerte de Baltasar, Gines y Isidoro mediante los disparos que se describen en el hecho 16º, que verificó de forma súbita y sorpresiva, sin que existiera ninguna posibilidad de defensa para las personas así agredidas ".

Dicho extremo no era controvertido, era conocido por todos: Luis Enrique padre disparó una escopeta acabando por tanto de manera súbita con la vida de las víctimas, extremo reconocido desde el principio por el recurrente, por sus propios hijos e incluso por los testigos. Sin embargo, a juicio de la parte, si resultaba controvertido, la existencia o no de dolo, la conciencia de lo que en ese momento se estaba a haciendo, por ello la representación solicitó la inclusión de la siguiente pregunta : "Si Luis Enrique Padre cogió y utilizó la escopeta consciente de que con sus actos podía matar". Afirma el recurrente que se presumió la alevosía, y se predispuso al Jurado.

2. Por lo que respecta a la denegación de la inclusión de ciertos extremos en el objeto del veredicto, las alegaciones del motivo reiteran una cuestión que ya fue objeto de análisis por el Tribunal Superior, que rechazó la denuncia, formulada en apelación por quebrantamiento de normas y garantías procesales que causan indefensión.

La sentencia de instancia admite que en el acta de audiencia a las partes sobre el objeto del veredicto consta que la defensa de Luis Enrique (padre) solicitó se incluyera en la pregunta 25 " si el padre cogió la escopeta consciente de ello y con ánimo de atentar contra la vida de las personas". Y también consta que el Magistrado-presidente denegó su adición, dando lugar a la oportuna protesta.

El rechazo del motivo se basó en que, como indica el tribunal, la concurrencia del dolo directo o eventual en la causación de la muerte, como cualquier hecho subjetivo, intencional o de conciencia -animus necandi- no es, por su propia naturaleza, perceptible de manera directa o inmediata, sino sólo apreciable a través de una inferencia obtenida por deducción, a partir de datos externos y objetivos que consten ya probados. También que la voluntad homicida (animus necandi), como la determinación del dolo directo, por la voluntad y el deseo de causar la muerte, o del eventual, por la representación de su probabilidad con asunción del riesgo de producirla, puede ser inferida por el Magistrado-presidente en la sentencia, junto con la calificación jurídica del hecho subjetivo deducido, y que lo que resulta necesario es que los datos externos y objetivos que constituyan la base fáctica de la que deba extraerse o no la inferencia aparezcan sometidos en el objeto de veredicto a la valoración del Jurado y haya un pronunciamiento previo de éste sobre su prueba.

La Sala entiende que el Magistrado Presidente rechazó la inclusión de la pregunta por ociosa, además para rechazar la indefensión alegada, afirma que "La sentencia recurrida razonando el veredicto de culpabilidad de ese acusado (quinta A-1), a partir de los hechos declarados probados en la pregunta 16 y de la participación que se le atribuye en la 25, concluye (pág. 45) que Luis Enrique (padre) realizó los cuatro disparos "con pleno conocimiento y voluntad, frialdad y precisión", dirigiéndolos a "zonas vitales" de sus víctimas "con unamunición de efectos letales" y "luciendo una extraordinaria puntería"; detalles que viene a reiterar más adelante (págs. 61 y 62), donde vuelve a destacar que "desempeñó un papel preeminente en la ejecución de los asesinatos", mostrando "un alto grado de culpabilidad, en nada parangonable u homologable con respecto al que cabe apreciar en la actuación de su hijo". La intención homicida de su acción, con dolo directo, constituye sin lugar a duda una consecuencia lógica e insoslayable de los hechos declarados probados por el Jurado en su veredicto , (...)".

3. Hacemos nuestras las consideraciones realizadas por el TSJ. En este sentido, decía este Tribunal en su Sentencia 486/2013, de 31 de mayo, recordando la 933/2012 de 22 de noviembre de 2012, de interés sobre delimitación del objeto del veredicto, entre otras consideraciones, lo siguiente:

"Carece de sentido, por tanto, reivindicar la inclusión en el veredicto de enunciados absolutamente prescindibles, que nada tiene que ver con el hecho principal -el asunto de la vida en palabras de un procesalista clásico- subsumible en un precepto penal y que, precisamente por eso, integra el objeto del proceso. En suma, la delimitación del objeto del veredicto ha de abarcar todos los elementos fácticos con cuya presencia cabe tener por cometido el tipo. Pero no ha de ser superfluo, por lo que debe prescindir de todos aquellos elementos cuya ausencia no evita la aplicación del tipo. Parece, por tanto, poco comprensible exigir decisiones al Jurado sobre enunciados que, aislados, carecen de significado penalmente relevante".

Y es que no se debe olvidar que el art. 52 LOTJ, dedicado a la estructura del objeto del veredicto, en su apdo. 1 a), habla de hechos contrarios o desfavorables y de hechos favorables, y en el art. 37.1, referente al auto de hechos justiciables, antecedente procesal inmediato de aquél, como configurador del objeto del proceso, en que se está diciendo que se ha de excluir "toda mención que no resulte absolutamente imprescindible para la calificación", y ello porque, además de que solo lo que es desfavorable o favorable tendrá trascendencia para la calificación jurídica, sucederá que nos encontremos con proposiciones para las que no ha previsto el art. 59 régimen de mayorías para su aprobación.

Como hemos dicho es importante resaltar que no basta para que una pregunta sea declarada pertinente -y provoque la estimación del recurso- por la concurrencia de una relación directa entre la pregunta y el objeto del juicio, sino que es preciso valorar la relevancia, necesidad y en consecuencia causalidad de las preguntas en relación con el sentido del fallo, debiendo apreciarse globalmente ambos elementos para estimar presente e infringida la norma procesal. Pues en la decisión del recurso de casación "lo relevante es determinar si la negativa a responder privó a la defensa del ejercicio de facultades inherentes a tal condición y si las preguntas omitidas eran relevantes en el preciso sentido de haber tenido aptitud para variar la decisión final, pues no de otro modo debe interpretarse la frase "manifiesta influencia en la causa", que se contiene en el art. 850.3º o la de "verdadera importancia para el resultado del juicio" a que se refiere el nº 4 de igual artículo" ( STS 912/2016, de 1 de diciembre.).

En el supuesto, se declara probado por el Jurado que en el curso de una reyerta con golpes recíprocos Luis Enrique (padre) se hizo, a través de su hijo Juan Manuel, con una escopeta de caza cargada con al menos cuatro cartuchos de postas, que de forma inmediata efectuó un disparo contra Baltasar, situado a una distancia de entre 1 y 3 metros, alcanzándole mortalmente en la zona superior del pecho; otro seguido contra Gines, situado detrás a menos de 5 metros, que le impactó también mortalmente en la parte baja del abdomen y dos más, que acabaron asimismo con la vida de Isidoro, situado a unos diez metros, al alcanzarle en hombro y cara; que él y los hijos coencausados eran cazadores con experiencia en el manejo de armas y que nada más hacer el cuarto disparo se montaron en su vehículo y emprendieron la huida a gran velocidad.

Ante tal relato fáctico, consecuencia de la prueba valorada por el Jurado, resulta obvio, que la pregunta propuesta por el recurrente no resulta relevante en el preciso sentido de haber tenido aptitud para variar la decisión final, ya que la pregunta omitida hace referencia, sin duda al dolo eventual, el cual, según reiterada jurisprudencia no resulta incompatible con la alevosía. En efecto, así lo viene manteniendo una asentada jurisprudencia, por todas la sentencia 320/2021, de 21 de abril, en la que con cita de la sentencia 618/2012, de 4 de julio, afirmábamos que : "Es de recordar la jurisprudencia de esta Sala que declara la compatibilidad de la alevosía con el dolo eventual, como es exponente la Sentencia 119/2004, de 2 de febrero, en la que se expresa que no hay ninguna incompatibilidad ni conceptual ni ontológica en que el agente trate de asegurar la ejecución evitando la reacción de la víctima --aseguramiento de la ejecución-- y que al mismo tiempo continúe con la acción que puede tener como resultado de alta probabilidad la muerte de la víctima, la que acepta en la medida que no renuncia a los actos efectuados".

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 1. En el segundo motivo se denuncia infracción de ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 140 Código Penal.

Entiende el recurrente que se ha aplicado indebidamente el artículo 140.2 del Código Penal, al imponer al mismo por el tercer asesinato la pena de prisión permanente revisable. Se argumenta que en este artículo el Legislador decidió utilizar el tiempo verbal pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo y esa elección es muy importante en Derecho Penal. Para poder imponer la pena de prisión permanente revisable establecida en el apartado 2 del artículo 140 del Código Penal, primeramente, el autor debería haber sido condenado previamente por más de dos asesinatos, lo que no ocurre en el caso en el recurrente, en primer lugar, porque nunca ha sido condenado por más de dos asesinatos, y en segundo lugar, porque la condena, esta que se recurre, no es firme y por tanto no se pude considerar condenado. La utilización de los verbos y los tiempos verbales son importantísimos en el Código punitivo, y de ellos se deduce la anterior conclusión, con cita de la STSJ de Andalucía 41/2021 de 22 de febrero.

Añade que hay que tener en cuenta el carácter excepcional de la pena que establece el artículo 140 del código Penal y ello obliga por razones de proporcionalidad, a reservar su aplicación a casos que tengan también una excepcional gravedad. La sentencia recurrida fundamenta la decisión de aplicar al recurrente el artículo 140.2 respecto de la muerte de Isidoro, en los mismos fundamentos que la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial, y que son los mismos que se tienen en cuenta para calificar los delitos cometidos por el acusado como asesinato del 139.1 1ª, es decir, se tiene en cuenta la alevosía para aplicar el tipo hiperagravado, lo que en su opinión vulnera claramente el principio ne bis in idem, ya que dicha circunstancia es necesaria para calificar la muerte de una persona como asesinato y no homicidio y también para aplicar la hiperagravación.

2. Decíamos en la STS 180/2020, de 19 de mayo, que: "2. Efectivamente, tras la reforma operada por LO 1/2015, indica la STS 102/2108, de 1 de marzo, la nueva regulación permite distinguir tres escalones en el delito de asesinato:

a) el tipo básico del art. 139 (prisión de 15 a 25 años) cuando concurra alguna de las circunstancias cualificadoras previstas:

1.ª Con alevosía.

2.ª Por precio, recompensa o promesa.

3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.

b) el asesinato agravado del art. 139.2 (cuando concurren dos o más de esas circunstancias cualificadoras del asesinato: prisión de 20 a 25 años); y

c) el asesinato hiperagravado o singularmente grave del art. 140 (conminado con prisión permanente revisable), cuando una vez cualificado el asesinato, concurren a su vez, alguna de las circunstancias hipercualificantes previstas:

1.ª Sobre menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables;

2.ª Subsiguientes a un delito contra la libertad sexual; o

3.ª Cometidos por persona perteneciente a grupo u organización criminal.

4. (Como supuesto equiparado con agravación de los plazos para acceder al tercer grado y a la suspensión de la ejecución del resto de la pena) al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas".

En cuanto al tema que ahora se plantea, hemos dicho en la reciente sentencia 113/2022 de 10 de febrero, que "Sobre la interpretación del artículo 140.2 del código penal, no se cuenta aún con doctrina jurisprudencial consolidada, puesto que el Tribunal Supremo no se ha visto llamado a perfilar sus contornos con valor ratio decidendi (la STS 5 mayo 2020, que confirma la aplicación del artículo 140.2 CP en un caso de asesinato múltiple, sólo tuvo que pronunciarse sobre si por todos los delitos se ha de aplicar la única pena de prisión permanente, o si la aplicación del artículo 140.2 no comporta absorción de las penas correspondientes a cada uno de los delitos cometidos).

La Sala entiende que las serias dudas en la interpretación del precepto han de resolverse en el sentido más favorable al reo, sin extenderlo a casos que no hayan de considerarse como claramente' subsumibles en el mismo; igualmente, entiende la Sala que el precepto ha de ser interpretado en el sentido que impida consecuencias concretas que no quepa presumir como queridas por el legislador, por resultar extrañas o directamente contrarias al conjunto, del ordenamiento jurídico-penal. Y son tres las consideraciones en las que se ha de basar la desestimación de los motivos indicados:

A) El precepto utiliza la expresión verbal "hubieran sido condenados", es decir, el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, lo que comporta que la acción descrita (que no es matar, sino "ser condenado") se lleva a un momento anterior a la comisión del hecho del que se predica la prisión permanente revisable. Es decir, la condena que cualifica y agrava el asesinato ha de ser anterior a la comisión del (nuevo) asesinato. Por más que, ciertamente, el empleo de tiempos verbales en el artículo 140 no parece un criterio seguro de averiguación -de la voluntad del legislador por la falta de un criterio gramatical recognoscible (en el 1401.1º se emplea el presente de subjuntivo, "sea", en el 2º se emplea el pretérito imperfecto de subjuntivo, "fuera", y en el 3º, el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, " hubiera cometido", cuando en los tres casos habría podido y debido utilizarse el mismo tiempo verbal), parece gramaticalmente claro que si se hubiese querido contemplar el caso de asesinatos múltiples enjuiciados en un mismo procedimiento, la expresión simple y más correcta habría debido ser " quienes sean condenados", o quienes " fueren" condenados, pero no quienes "hubieran sido" condenados.

B) La exposición de motivos de la ley de reforma del Código que introdujo este precepto, hace referencia a los asesinatos "reiterados o cometidos en serie", y no a los asesinatos múltiples, lo que denota, más que una acción conjunta realizada con unidad de acto y aprovechando la misma circunstancia u ocasión, una decisión o dolo de matar que surge después de haberlo hecho antecedentemente, es decir, una secuencia de crímenes con autonomía propia que repiten o reiteran los cometidos con anterioridad sin unidad de acción.

C) La interpretación alternativa conducida a una consecuencia difícilmente asumible en el presente caso, en el que la aplicación o no del artículo 140.2 dependería del orden en la ejecución de las víctimas: en efecto, si Encarnacion hubiese sido la última, al estar ya penado ese asesinato con prisión permanente revisable por el art. 140.1.1° no podría volver a serlo de nuevo por el hecho de ser subsiguiente a las dos muertes anteriores. No es fácil imaginar que semejante consecuencia (es decir, que la pena varíe según el urden de ejecución de las víctimas, cuando en el dolo inicial ya se ha contempla matar a las tres) haya sido querida por el legislador.".

3. El artículo 140.2 CP establece que al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable.

En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo (si bien hay un error en la remisión al art. 78 bis CP: parece que lo correcto es remitirse a la letra c) del art. 78 bis.1 CP -la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento de un mínimo de veintidós años de prisión-).

3.1.En cuanto a la modalidad hiperagravada referida a la muerte de más de dos personas, la resolución recurrida cita la sentencia de esta Sala -a la que hace referencia la resolución dictada por el Magistrado Presidente, confirmada por el TSJ de Navarra- STS 814/2020 de 5 de mayo, en concreto para justificar la imposición de la pena de prisión permanente revisable a Luis Enrique (padre) por el tercer asesinato cometido -el de Isidoro-, pero la citada sentencia solo resuelve el problema de la compatibilidad de las penas de prisión impuestas con las de prisión permanente revisable, en concreto, que del art. 140.2 no se deprende que lo procedente es la imposición de una única pena de prisión permanente revisable, lo cual se afirma que no es aceptable, descartando la absorción de las distintas penas impuestas por los tres delitos de asesinato por los que venía condenado el recurrente, por el exclusivo desvalor asociado a la última muerte alevosa ejecutada.

Pese a las constantes referencias de la Sala de instancia a la citada sentencia, la misma no resuelve el supuesto que se plantea en el presente caso, y así lo dice expresamente, al pronunciarse en los siguientes términos: "Son muchas las cuestiones suscitadas por la nueva regulación del delito de asesinato introducida por la reforma de la LO 1/2015, 30 de marzo. Algunas de ellas van a ser objeto de examen al analizar el recurso promovido por la acusación particular, apoyado por el Ministerio Fiscal. Que entre esas cuestiones ocupa lugar especial la incidencia que esa ruptura histórica con la definición del delito de asesinato puede tener en el ámbito de prohibición del de non bis in idem es algo que evidencia el interés dogmático y el altísimo tono crítico con el que esa modificación ha sido recibida. No vamos a abordar, por exceder de los términos en que el motivo ha sido formalizado, si la condena por más de tres delitos contra la vida exige que aquellos tengan que ser calificados como constitutivos de un delito de asesinato, no bastando, por ejemplo, la previa condena por homicidio. Tampoco centrará nuestra atención el debate acerca de si esas condenas tienen que haber sido dictadas en el mismo procedimiento o pueden haber sido impuestas en distintas causas penales y, en este último caso, si precisarían algún elemento de conexión que hubiera hecho posible el enjuiciamiento conjunto.".

3.2. En cambio, la sentencia de esta Sala referida, de 10 de febrero de 2022, resulta contundente al afirmar que la condena que cualifica y agrava el asesinato ha de ser anterior a la comisión del (nuevo) asesinato para poder imponer la pena de prisión permanente revisable.

Ante la escasez de elementos exegéticos que proporciona el precepto, entendemos que la interpretación correcta es la propugnada en la sentencia que hemos citado, por lo que podemos afirmar que el artículo 140.2 solo es aplicable a quien cometa un asesinato después de haber sido ya condenado (por tanto, en sentencias anteriores) por al menos tres muertes más; y cabe preguntarnos si esas condenas anteriores pueden ser tanto por asesinato como por homicidio -aunque necesariamente el último delito habría de ser un asesinato-, ya que el precepto refiere muertes, pero teniendo en cuenta la gravedad de la pena a imponer y su valor aflictivo, así como que debe llevarse a cabo una interpretación restrictiva y que no sea contra reo, evitando con ello el riesgo de poder incluirse las muertes no dolosas, debemos circunscribir las mismas solo a delitos de asesinato, anteriores, y además, que sean consumados.

En el supuesto, estamos ante una figura criminológica que podemos denominar "asesinato múltiple" pero no ante "asesinatos reiterados o cometidos en serie", terminología que emplea el propio legislador para caracterizar el tipo de conducta, que denota, más que una acción conjunta realizada con unidad de acto y aprovechando la misma circunstancia, una decisión o dolo de matar que surge después de haberlo hecho antecedentemente sin unidad de acción.

Otro argumento que apoya nuestra tesis, además del gramatical ya analizado en nuestra sentencia 113/2022, con respecto al tiempo verbal empleado, que en realidad estamos ante un supuesto de multirreincidencia o incluso podríamos hablar como lo hace la doctrina, de reincidencia cualificada, pues el Código Penal define la multirreincidencia, tanto en la parte general -art. 66.1 5.ª- como en la especial, en relación al hurto y al robo - art. 235.1.7.- el Código Penal con la misma expresión "hubiera sido condenado".

En consecuencia, procede estimar el motivo, dejando sin efecto la pena de prisión permanente revisable impuesta al recurrente por la muerte de Isidoro, sustituyéndola por la que fijaremos en nuestra segunda sentencia.

El motivo se estima.

Recurso de Juan Manuel

TERCERO.- El recurrente formula los tres primeros motivos, sin técnica casacional, sin referencia alguna al precepto concreto de la ley procesal en el que se basa, -cita los preceptos del recurso de apelación no los de la casación-, sin el preceptivo extracto, ni expreso desarrollo del motivo, lo cual ya sería suficiente para su inadmisión. Ahora bien, dada la voluntad impugnativa, y tras la lectura de las alegaciones previas formuladas podemos encuadrar los motivos con el siguiente esquema:

1. El primero con cita del nº 1 del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 24 de la Constitución, en relación con el artículo 846 bis c), letra a) LECRIM, por contradicción entre sí de los pronunciamientos de los hechos probados efectuados por el Jurado en el veredicto y el acta de votación, en los cuatro primeros párrafos de las citadas alegaciones, donde se afirma que " es un hecho no probado que Juan Manuel se quedara en el interior del vehículo, concretamente en el asiento trasero. Del mismo modo, el hecho de que Luis Enrique padre gritara dirigiéndose a su hijo Juan Manuel diciéndole "saca saca" y Juan Manuel abriera desde el interior la puerta trasera izquierda sacando la escopeta (hecho 15°) queda no probado por unanimidad. Al ser hechos no probados, son contradictorios con la culpabilidad de Juan Manuel siendo también contradictorios con el hecho de que Juan Manuel cooperase relevantemente en la causación de las muertes al atender el requerimiento de su padre para que sacara del interior del vehículo la escopeta permitiendo que éste la cogiera de sus manos .".

1.1.En lo que respecta a la aplicación del apartado 1º del art. 851 de la LECrim ., según la jurisprudencia de esta Sala (SSTS 570/2002, de 27-3; 99/2005, de 2-2; 999/2007, 26-11; 753/2008, de 19-11; 54/2009, de 22-1; y 884/2013, de 20-11 , entre otras) para que exista el quebrantamiento de forma consistente en la contradicción entre los hechos probados, es necesario que se den las siguientes condiciones: a) que la contradicción sea interna, esto es, que se dé entre los pasajes del hecho probado, pero no entre éstos y los fundamentos jurídicos; b) que sea gramatical, es decir, que no sea una contradicción deducida a través de una argumentación de carácter conceptual ajena al propio contenido de las expresiones obrantes en el relato fáctico, sino que se trate de contradicción "in términis", de modo que el choque de las diversas expresiones origine un vacío que arrastre la incongruencia del fallo, porque la afirmación de una implique la negación de la otra; c) que sea manifiesta e insubsanable en cuanto oposición antitética y de imposible coexistencia simultánea y armonización, ni siquiera con la integración de otros pasajes del relato; y d) que sea esencial y causal respecto al fallo. ( STS 104/2018, de 1 de marzo).

1.2. Pues bien, la lectura de los argumentos del recurso permite apreciar que nada tienen que ver con los parámetros jurisprudenciales que se acaban de mostrar. Efectivamente, la parte recurrente se limita a repetir la narración de hechos probados y a impugnar después su contenido.

El relato fáctico no contiene ninguna insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible, o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica o bien por omisiones parciales que impidan su comprensión; bien por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impidan saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado, o bien por contener la sentencia un relato de hechos construido de tal forma que conduzcan a la duda acerca de si el Tribunal los está declarando probados o no.

En definitiva, el motivo no puede prosperar porque no tiene desarrollo argumentativo alguno, siendo una reproducción de la pretensión realizada en el recurso de apelación, correctamente rechazada por el tribunal de instancia en el FD8º, que damos por reproducido, ya que nada en concreto se objeta al mismo.

2. En el segundo motivo se alega infracción del artículo 14 de la Constitución por desigualdad en el tratamiento de los dos hermanos, al gozar Luis Enrique de libertad, a pesar de existir contra él iguales indicios de participación en los hechos ocurridos, que el recurrente.

2.1. El principio de igualdad ordena tratar de distinto modo a lo que es diferente ( STC 50/1991). Por lo demás, el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, por cuanto la desigualdad, en sí misma, no constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, ha de entenderse como parificación ante el ordenamiento positivo en idénticas circunstancias, y con paralelo comportamiento o conducta, es decir, que si los casos son idénticos, el tratamiento legal debe ser el mismo para todos ( STS de 28 de octubre de 2004).

El principio de igualdad se vulnera, dice la STS. 999/2005 de 2 de junio, cuando se produce un trato desigual, carente de justificación objetiva y razonable ( STC 106/1994). La alegación sobre su posible vulneración debe examinarse, por lo tanto, desde la perspectiva de la existencia de un tratamiento desigual a supuestos de igualdad, o incluso desde el tratamiento igualitario de situaciones patentemente desiguales, siempre constatando la inexistencia de una justificación suficiente ( STS. 10.4.2003), bien entendido que como recordó la STC. 88/2003 , "el principio de igualdad ante la Ley no da cobertura a un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad" (por todas, SSTC 43/1982, de 6 de julio; 51/1985, de 10 de abril; 40/1989, de 16 de febrero), de modo que aquél a quien se aplica la Ley no "puede considerar violado el citado principio constitucional por el hecho de que la Ley no se aplique a otros que asimismo la han incumplido" ( STC 21/1992, de 14 de febrero), ni puede pretender específicamente su impunidad por el hecho de que otros hayan resultado impunes, pues, la impunidad de algunos "no supone que en virtud del principio de igualdad deba declararse la impunidad de otros que hayan participado en los mismos hechos ( STS. 502/2004 de 15.4).

2.2.En el supuesto, el recurrente vuelve a reiterar los argumentos de su recurso de apelación, que son resueltos por la Sala en su FD 9º, en el que en síntesis explica que es distinta la participación que, a cada uno de los hermanos, le atribuye el objeto del veredicto en los hechos enjuiciados, así como diferentes las pruebas referidas a los hechos determinantes de una y otra imputación; diversa, la valoración probatoria, siendo distinta la apreciación de su respectiva culpabilidad y, en consonancia con ella, diferente también el sentido del fallo pronunciado en la sentencia de primera instancia.

Se afirma que los jurados han estimado probada la participación cooperadora de Juan Manuel en la acción homicida del padre, y en cambio, no han considerado probada la participación, también cooperadora con hechos distintos, que a su hermano Luis Enrique se le imputaba, razón por la que, tras la emisión y lectura del veredicto de inculpabilidad, se dictó en el acto sentencia absolutoria. Existen, por tanto, diferencias que justifican el distinto trato que se denuncia y la desigual situación personal en que los hermanos se encuentran, por lo que no cabe infracción alguna del principio de igualdad denunciado.

3. En el tercer motivo se denuncia infracción del principio de presunción de inocencia, por considerar que se trata de una condena que carece de toda base razonable al no existir prueba de cargo directa. En las alegaciones previas hace constar que no hay elemento de convicción que nos permita llegar a la conclusión de que Juan Manuel conocía la forma en la que se iba a desarrollar el ataque limitándose a permanecer en el lugar de los hechos como observador, quedándose atónito ante la conducta de su padre, " Luis Enrique padre" el cual actuó de manera súbita e imprevisible resultando imposible que Gines pudiese hacer nada para impedir u obstaculizar el resultado.

3.1. Decíamos en la STS 730/202, de 29 de septiembre que, nuestra reciente sentencia número 546/2021, trayendo a colación lo ya señalado en nuestro auto número 172/2021, de 11 de marzo, ya señalaba: "Como hemos reiterado en casos de procedimiento ante el Tribunal del Jurado - STS 945/2009 de 29 de septiembre o STS 717/2009 de 17 de junio, con citación de otras-, la sentencia que se impugna en el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia. Cuanto se alegó en el recurso de apelación, y se alega en el de casación, las cuestiones relativas a la vulneración de la presunción de inocencia, y concretamente a la existencia de prueba, a su validez y a la racionalidad del proceso de valoración, en la medida en que han sido planteadas en el recurso de apelación, ya han sido examinadas en la sentencia que lo resuelve.

Esta Sala pues deberá verificar si los criterios utilizados y la doctrina aplicada por el Tribunal que resuelve la apelación son conformes con las exigencias contenidas en la doctrina de esta Sala y en la del Tribunal Constitucional sobre el particular. En este sentido, decíamos en la STS nº 132/2004, de 4 de febrero, que "la existencia de un previo recurso de apelación ha permitido plantear de modo completo ante el Tribunal Superior de Justicia todas las cuestiones relativas a la existencia de pruebas de cargo y a su validez, y además, aquellas atinentes a la racionalidad del proceso valorativo efectuado por el Tribunal de la primera instancia, de modo que al Tribunal de casación le corresponde en realidad comprobar si la respuesta a esas cuestiones contenidas en la sentencia de apelación es suficientemente razonada, si es razonable y si se ha producido conforme a la doctrina de esta Sala en la materia".

3.2. La sentencia recurrida analiza la cuestión debatida en el FD 10º, dando respuesta al recurso de apelación planteado por el ahora recurrente, haciendo expresa referencia a que " Partiendo de la votación a los hechos justiciables 6º y 7º del veredicto en que se declara probado por mayoría que Juan Manuel viajó en el asiento trasero del vehículo y que en el suelo de ese espacio estaba la escopeta que más tarde sería disparada -extremos que la sentencia estima relevantes (págs. 34 y 35)- , el Jurado tiene por probado con la pregunta 8 que todos los encausados -que pocos días antes habían participado en una batida de zorros- conocían la presencia en el vehículo de esa y otra escopeta, así como de la munición.

En la explicación del voto a la pregunta 27, confirma y reitera que Juan Manuel conocía la existencia de la escopeta y sabía que estaba cargada.

Los jurados estiman probado este extremo (acta de votación y 00:41:15), por la manifestación de los hermanos de que eran cazadores y llevaban las escopetas en el coche, y la declaración de Luis Enrique (hijo) de tener la mala costumbre de dejar la escopeta cargada en el vehículo; declaración - corroborada por su padre (00:41:40)-, que en efecto realizó él en el juicio (01:11:10 y 01:21:30), donde añadió que la dejó cargada en el maletero tras la última cacería.".

Por otro lado, el tribunal da una lógica y razonable respuesta a la exclusión en el factum de la sentencia del párrafo segundo de la pregunta 8ª, referido al concreto e inicial conocimiento por los tres encausados de que la escopeta que llevaban en el asiento trasero estaba cargada, lo que declara que no es incompatible con la atribución de su conocimiento por Juan Manuel cuando la sacó del vehículo y la puso al alcance de su padre, ya que el conocimiento de las preguntas 8ª y 2ª se refiere a momentos distintos.

Añade la Sala que el Jurado, no obstante, da respuesta como no probada a la proposición de hecho de la pregunta 15ª, declara en la explicación del voto a la pregunta 16ª del veredicto que ha tenido como "verdadera" la frase "saca, saca" emitida por Luis Enrique (padre) a su hijo Juan Manuel, en el curso de la reyerta. La tiene como probada por las declaraciones de Gregorio y por la declaración que el testigo protegido nº 2 realizó en el juicio, donde en efecto dijo haber oído una voz procedente de la familia (de Vicenta) que decía "saca" o "pásame" y también que, cuando estaba preguntando a Vicenta si le cogía a la niña, se produjeron los disparos; siendo poco el tiempo que medió entre éstos y las citadas voces.

También se analiza el extremo relativo a la pregunta 27ª del objeto de veredicto, haciendo constar que "(...) el Jurado tiene -como se ha visto por probado que Juan Manuel reaccionó " atendiendo al requerimiento de su padre para que sacara del interior del Seat Toledo la escopeta..., permitiendo que este la cogiera de sus manos", tal como constaba en la proposición 16, también declarada probada, donde se decía que el padre "cogió la escopeta de manos de su hijo". En la explicación del voto a la 27, el Jurado, amén de remitirse sobre el conocimiento y la carga del arma a las declaraciones de los hermanos, basa su apreciación probatoria en las declaraciones de Juan Pablo que, en efecto, manifestó en todas las realizadas que fue Juan Manuel quien sacó la escopeta del interior del coche, recogiéndola de sus manos el padre. Ha llamado la atención del Jurado que, con el sólo grito de "saca, saca", sin expresión del objeto, Juan Manuel sacara precisamente la escopeta, como se consigna en la motivación del acta de votación, lo que -en palabras de su portavoz a la lectura del veredicto- permitía entender que "ya se conocía qué tenía que sacar del vehículo" (00:41:50).

Apuntan asimismo los jurados como elemento de su convicción en la motivación de la respuesta a la pregunta 16 que "huellas y ADN de Juan Manuel" fueron pericialmente detectadas en la escopeta utilizada, lo que también resulta acreditado por los informes técnicos ratificados en el juicio por sus autores (01:05:30; 01:48:00 y 02:24:30).".

En conclusión, la argumentación de la sentencia de instancia valora prueba de cargo suficiente y adecuada, considerando lógico y razonable el sentido del voto de los jurados, siendo la sentencia dictada por la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia racional al evaluar la suficiencia y validez de las pruebas, sin que el recurrente lleve a cabo argumentación alguna con respecto al discurso valorativo, limitándose a reiterar su motivo de apelación.

4. En el cuarto motivo se limita a repetir la petición formulada en la apelación en la que muestra su disconformidad con la imposición de la pena de prisión permanente revisable impuesta al mismo, la cual es estimada por el TSJ, dejando sin efecto la citada pena impuesta, sustituyéndola por la de 15 años de prisión, por lo que la denuncia carece de objeto.

Los motivos se desestiman.

Recurso del Ministerio Fiscal

CUARTO.- En un único motivo se interesa se estime el recurso interpuesto por infracción de ley, case la sentencia y dicte otra con arreglo a la solicitud que se formula y se condene a Juan Manuel, como autor de dos delitos de asesinato del art. 139.1.1ª del C. Penal por las muertes de Baltasar y Gines, así como un tercer delito de asesinato de los arts. 139.1.1ª y 140.2 del C. Penal por la muerte de Isidoro, a las penas de 15 años por cada uno de los dos delitos de asesinato y la prisión permanente revisable por el tercer delito de asesinato en los términos que fue condenado en la sentencia del Tribunal de Jurado, debiendo permanecer inamovible el resto de lo acordado en el fallo respecto a las penas accesorias y responsabilidad penal.

La queja no puede ser atendida. Nos remitimos a lo analizado en el FD 2º, que damos por reproducido.

El motivo se desestima.

Recurso de Juan Pablo y Julieta,

QUINTO.- Los dos primeros motivos con idéntico contenido se articulan por dos vías -al amparo del art. 851.1 y del art. 852 de la LECrim- al no expresar terminantemente los hechos declarados probados por el Veredicto del Jurado, al no incluirse en la relación de Hechos Probados de la Sentencia Hechos declarados probados por el Veredicto del Jurado, vulnerando el art. 70.1 de la LOTJ, así los arts. 24.2 y 24.1 CE con creación de situación de indefensión.

Lo que se denuncia es, en definitiva, que el Hecho Octavo de la Sentencia se prescinde del siguiente texto declarado como probado por el Jurado y que figura en el Hecho 8º del Veredicto " las llevaban (las armas) con el objetivo de utilizarlas para el caso de que fuera necesario en el curso del enfrentamiento que iban a mantener con Juan Pablo y su familia ", interesando por ello la nulidad de la sentencia, para que se dicte otra en la que se incluya el citado extremo, y poder solicitar la condena del coacusado absuelto Luis Enrique (hijo).

Los FD 1º y 5º de la sentencia tratan la cuestión planteada de que se incluyera en el relato de hechos probados que los tres acusados llevaban en el vehículo en el que viajaron dos escopetas y la munición, con el objetivo de utilizarlas para el caso de que fuera necesario en el curso del enfrentamiento que iban a mantener con Juan Pablo y su familia, porque entienden que de él se derivaría la coautoría de los tres encausados por el acuerdo previo de una acción conjunta con asunción del eventual uso de armas y sus consecuencias.

La sentencia de instancia en el apartado 6º del FD º1, tras un análisis detallado del proceso, concluye afirmando que "El veredicto del Jurado dio cuenta de la votación y de la motivación de sus respuestas a cada una de las proposiciones de su objeto.

Al inicio de la audiencia prevista en el artículo 62 de la LOTJ , el Magistrado-presidente, tras examinar el acta de votación y anticipándose a la lectura de la portavoz, manifestó (00:00:08): "-Después de haber visto el acta de votación, se observa una pequeña contradicción que me gustaría que las señoras y señores que integran el Tribunal del Jurado nos aclararan en el sentido siguiente: En el hecho punible 8º ustedes declaran probado por unanimidad... (se hace lectura del tenor de la pregunta, enfatizando el texto del último inciso del párrafo primero y el del párrafo segundo). Sin embargo, cuando declaran no culpable a don Luis Enrique (hijo) del hecho delictivo por el que ha sido acusado consideran en definitiva no probado... (y se lee el tenor del hecho 28º, enfatizando también el inciso final del párrafo).

Y, refiriéndose el Magistrado-presidente al hecho 28º relativo a la participación de Luis Enrique (hijo) preguntó: "-¿Nos pueden explicar... si lo que quieren decir es que... podía conocer que esa arma estaba allá, pero que ni apoyó los preparativos para cargarla, ni en concreto, en aquel momento, hizo nada para que en definitiva fuera utilizada por la intermediación de Juan Manuel... para producir los cuatro disparos. ¿Es así lo que entiende el Jurado, señora portavoz?"

La portavoz responde (00:03:00):

- "Lo que hemos considerado es que en base a la documentación que hemosrevisado no hemos podido determinar... en qué modo él apoyó a los preparativos".

A la vista de esta respuesta, el Magistrado-presidente dijo estar "aclarada la contradicción" (00:03:17) y ordenó pasar a la lectura del veredicto.".

Sigue analizando la sentencia la cuestión en el apartado 7º, donde se afirma que la sentencia dictada por el Magistrado-presidente, en el relato de hechos declara probado, en lo referente a la proposición 8ª los siguiente :" a) que en su vehículo llevaban los encausados dos escopetas Benelli, una en el suelo del asiento trasero y otra en el maletero (HP 7º), y b) que los tres eran cazadores con experiencia en el manejo de armas, los dos hermanos habían participado en una batida de zorros pocos días antes y conocían la presencia en el vehículo de las escopetas y la munición (HP 8º). Pero no incluye en ese relato de hechos probados que llevaran las escopetas y la munición "con el objetivo de utilizarlas para el caso de que fuera necesario en el curso de enfrentamiento que iban a mantener con Gregorio y su familia", y tampoco que conocieran que la escopeta que estaba en el asiento trasero se encontrara "cargada con al menos cuatro cartuchos del calibre 12", pese a que ambos extremos figuraban con los anteriores en el hecho justiciable 8º del objeto del veredicto que en Jurado declaró probado por unanimidad.

Ninguno de estos últimos hechos sustenta en el factum la participación en la acción homicida de los hijos Vicenta Juan Manuel Luis Enrique, al venir determinada la del único de ellos condenado, Juan Manuel, por el hecho de sacar la escopeta, que estaba cargada con al menos cuatro cartuchos, a requerimiento de su padre, que le gritó diciéndole "saca, saca" y la cogió de sus manos (HHPP 15º y 16º).".

En definitiva, el párrafo: " las llevaban con el objetivo de utilizarlas para el caso de que fuera necesario en el curso del enfrentamiento que iban a mantener con Gregorio y su familia" , el tribunal no lo puede declarar probado, teniendo en cuenta la explicación del Jurado, al ponerse de manifiesto la discrepancia entre la contestación a la pregunta 8 -"hechos justiciables' que declaran probados"- y 28 "hechos que configuran la participación de las personas encausadas", por tanto la exclusión del párrafo no es consecuencia de la armonización de declaraciones opuestas, sino por no declararse probada la existencia de un concierto previo entre los coacusados.

El relato de la sentencia no tiene por qué ser una transcripción literal del veredicto, el Magistrado Presidente puede excluir determinados hechos, si observa que alguno de los hechos imputados por la acusación no cuenta con una prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE. Si bien es cierto que en el supuesto la contradicción, si hubiera sido advertida con antelación, hubiera provocado la devolución del acta al Jurado (art. 63), para que suprimieran el citado párrafo de la pregunta 8ª, pero el Magistrado Presidente lo solventa vía aclaración en el plenario antes de la lectura del veredicto, y ante la respuesta de la portavoz decide excluir el mismo del relato fáctico, lo cual no se encuentra vetado por la ley, que permite incluso vía art. 49.2 de la LOTJ, la exclusión por el Magistrado Presidente del veredicto de algún hecho que considere no acreditado.

Los motivos se desestiman.

SEXTO.- El motivo tercero se formula al amparo del art. 849.1 de la LECrim por entender que ha habido infracción de Ley de carácter sustantivo al haberse vulnerado el art. 140.2 CP en la condena establecida para Juan Manuel por la Sentencia dictada por el TSJ de Navarra.

El motivo no puede prosperar, nos remitimos a lo analizado en el FD 2º de la presente resolución.

SÉPTIMO.- Procede imponer las costas devengadas por los recursos interpuestos por las representaciones procesales de Juan Manuel, y de Juan Pablo y Julieta; y declarar de oficio las derivadas de los recursos de Luis Enrique (padre) y del Ministerio Fiscal ( art. 901 LECrim).