Sentencia Penal 748/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2017/2022 de 18 de julio del 2024

PRIMERO.- 1.1. El Juzgado de lo Penal n.º 1 de Palencia dictó sentencia el 9 de junio de 2021 en la que condenó a Faustino como autor criminalmente responsable de un delito de calumnia y otro de injurias, ambos perpetrados con publicidad y contra funcionario público, imponiéndole la pena correspondiente al delito de calumnia por aplicación del artículo 8.1 y 8.3 del Código Penal y, concretamente, la de doce meses de multa en cuota diaria de 10 euros, debiendo indemnizar a Estanislao en la cantidad de 10.000 euros.

Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palencia, que fue estimado por su Sección Primera en Sentencia 9/2022, de 17 de febrero, que absolvió al acusado del delito por el que venía condenado. La Audiencia Provincial de Palencia argumentó que las expresiones supuestamente injuriosas y las afirmaciones supuestamente calumniosas se formularon en unos escritos con los que se pretendió denunciar unas supuestas irregularidades administrativas, y sostuvo la prevalencia de la libertad de expresión y del derecho a la información, así como la no concurrencia de un ánimo de calumniar.

1.2. La acusación particular personada recurre en casación por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente inaplicados los artículos 205, 206, 208, 209, 211, 215.1 y 74.1 del Código Penal.

La representación de Estanislao asienta su objeción de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia. En aquella resolución se declaraba que el acusado había remitido una serie de correos electrónicos a diversas personas y entidades atribuyendo al recurrente la comisión de un delito de prevaricación y que lo hizo con intención de menospreciar y vejar al Sr. Estanislao. El recurrente denuncia que la sentencia de apelación ha absuelto al acusado de los delitos de calumnias e injurias y aduce que el relato histórico de la sentencia de instancia recoge los elementos objetivos y subjetivos que exigen los tipos penales objeto de acusación y por los que fue inicialmente condenado.

1.3. El Ministerio Fiscal se opone a la admisión o estimación del recurso, por inexistencia de interés casacional.

1.4. La reforma de la LECRIM operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, al introducir en el artículo 847.1 b) la posibilidad de interponer recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, facilitó que la función nomofiláctica de esta Sala pudiera impulsarse respecto de todos los delitos previstos en el Código Penal, con la única exclusión de los delitos leves, generalizando para ello el recurso de casación contra las sentencias dictadas en segunda instancia por exclusiva "infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849", cuya admisión queda condicionada a la existencia de un verdadero interés casacional.

Como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017, de 26 de marzo, que resolvió de la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la dictada por el Juzgado de lo Penal, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva)", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización.

Y en orden a interpretar el alcance de esta posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional", esta Sala, reunida en Pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

"A) El artículo 847 1.º letra b) de la LECRIM debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECRIM, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 2.º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1.º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 LECRIM) .

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889.2.º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido".

1.5. Consecuentemente, dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación que se ejercita y el cauce procesal por el que se admitió a trámite, debemos subrayar que a esta Sala no le corresponde analizar si el comportamiento del acusado pudo afectar de manera significativa a la reputación del recurrente o no. En consideración a la función nomofiláctica de nuestras resoluciones, lo que se somete a nuestra evaluación es si la decisión de la Audiencia Provincial de Palencia se ajustó o desvió de las exigencias establecidas por nuestra jurisprudencia para la aplicación de los artículos 205 y siguientes del Código Penal; debiendo realizarse el análisis desde el relato fáctico establecido en la sentencia impugnada, al resultar inmodificable en casación.

SEGUNDO.- 2.1. El párrafo primero del artículo 208 del Código Penal dispone que "Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación".

Respecto de este delito, la jurisprudencia de esta Sala subraya que el bien jurídico protegido es el derecho al honor, del que la ya lejana Sentencia del Tribunal Constitucional 170/1994, de 7 de junio, destacaba que "no parece ocioso dejar constancia de que en nuestro ordenamiento no puede encontrarse una definición de tal concepto, que resulta así jurídicamente indeterminado. Hay que buscarla en el lenguaje de todos, en el cual suele el pueblo hablar a su vecino, y el Diccionario de la Real Academia (edición 1992) nos lleva del honor a la buena reputación (concepto utilizado por el Convenio de Roma), la cual --como la fama y aun la honra-- consiste en la opinión que las gentes tienen de una persona, buena o positiva si no van acompañadas de adjetivo alguno"; subrayando también que el contenido del derecho al honor es lábil y cambiante, en cuanto "dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento" ( STC 185/1989).

Conforme con ello, nuestra jurisprudencia ha resaltado que en este delito juega un papel relevante el tiempo, lugar, el estado social y cultural, la edad, el estado civil y, en suma, el conglomerado o contexto en que se desenvuelve la vida de ofensores y ofendidos, sin que ello suponga discriminación alguna, de tal modo que lo que en un ámbito determinado puede ser ofensivo o injurioso, en otro más o menos elevado puede no serlo. Como decíamos en nuestra Sentencia 136/1990, de 19 de julio, la intencionalidad y los efectos derivados de la injuria deben encasillarse en el ambiente en que se desenvuelven las relaciones humanas, pero debe hacerse considerando que una sociedad democrática consagra la libertad de expresión como derecho fundamental ( art. 20 de la Constitución Española), aún constreñido por el respeto a otros derechos, particularmente al derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y a la protección de la juventud o de la infancia ( art. 20.4 de la Constitución Española).

2.2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ( SSTEDH de 8 de julio de 1986, caso Lingens, y de 24 de febrero de 1997, caso De Haes y Gijsels), distingue entre: 1) Libertad de información, que tiene por objeto la transmisión de relatos de hechos o sucesos y 2) Libertad de expresión, que haría referencia a la transmisión de ideas, opiniones o juicios de valor. En igual sentido se expresa nuestra doctrina constitucional incluso en resoluciones ya remotas como las SSTC 105/83, de 23 de noviembre o 143/91, de 1 de julio. Y aunque en muchas ocasiones no puede soslayarse la dificultad práctica de distinguir entre libertad de expresión y libertad de información dada la dificultad de encontrar exposiciones de opiniones o de hechos en estado puro entremezclándose habitualmente unas y otras, de manera que los hechos sirven de asiento a la actividad valorativa y la opinión responda a unos hechos acreditados en mayor o menor grado, el TEDH considera ( STEDH de 8 de julio de 1986) que en coyunturas mixtas, a fin de analizar y fallar si la actuación enjuiciada es o no amparable conforme con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, debe de estarse al elemento fáctico o valorativo preponderante. Consideración igualmente recogida respecto de la legitimidad constitucional del ejercicio de los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española ( STC 143/91).

En todo caso, si bien la expresión de ideas, juicios u opiniones no debe estar sometida al principio de veracidad, en el indicado caso De Haes y Gijsels el propio TEDH destacó que las críticas totalmente infundadas no pueden ser merecedoras de amparo, teniendo especial trascendencia, a efectos de la legitimidad del ejercicio de la libertad de expresión, que las opiniones tengan una adecuada base fáctica.

Y tanto el TEDH como el Tribunal Constitucional han dejado claro que el artículo 10 del CEDH y el artículo 20 de la Constitución Española, amparan dentro de la libertad de expresión no solo a los juicios de valor moderados, favorables o inocuos, como a aquellos que puedan ser finalmente molestos, incómodos o hirientes ( STEDH de 7 de diciembre de 1976, caso Handyside o STC 62/82, de 15 de noviembre), siempre y cuando tales manifestaciones no carezcan de fundamento, se hayan hecho de mala fe ( STEDH de 23 de abril de 1992, caso Castells, o STC 190/92, de 16 de noviembre) o sean objetivamente insultantes, pues la libertad de expresión no protege un hipotético derecho al insulto mediante la utilización de expresiones gratuitas que no aportan nada a la consideración y reflexión colectiva ( SSTC 165/1987, de 27 de octubre; 51/1989, de 22 de febrero, o 214/1991, de 11 de noviembre).

2.3. En igual sentido, nuestra jurisprudencia subraya que la jurisdicción penal debe tener en cuenta que la aplicación del tipo penal no debe resultar desproporcionada ni desalentadora del ejercido de las libertades de expresión e información, imponiéndose una interpretación de los tipos penales conforme con la Constitución Española, de modo que se aplicará el reproche penal únicamente en aquellos supuestos en los que la información sea inveraz o la opinión forzosamente injuriosa ( SSTC 297/2000, de 11 de diciembre; 278/2005, de 7 de noviembre; 258/2020, de 28 de mayo, o 127/2024, de 8 de febrero).

Y aunque hemos expresado que el juicio crítico o la información divulgada sobre la conducta profesional de una persona puede constituir un auténtico ataque a su honor pues afecta a una esfera de manifestación externa de la personalidad y a su relación con el resto del grupo social, moldeando con ello la consideración que los demás tengan de alguien, también hemos resaltado que no todas las críticas sobre la actividad profesional constituyen una afrenta a su honor personal que merezca reproche penal. Dicho de otro modo, nuestra jurisprudencia proclama que la protección del artículo 18.1 de la Constitución Española alcanza a aquellas críticas dirigidas a la actividad profesional de un individuo, aunque puede no cubrir cuando lo que buscan y persiguen es una descalificación personal que repercuta directamente en la consideración y dignidad individual del ofendido.

2.4. Por último, en lo que a este procedimiento interesa y tal como se ha adelantado, hemos expresado que esta diferenciación es de contornos difusos y que debe abordarse desde las circunstancias del caso, esto es, considerando quién, cómo, cuándo y de qué forma se cuestionó la valía profesional del ofendido ( STS 9/2007, de 15 de enero y SSTC 180/1999, de 11 de octubre; 282/2000, de 27 de noviembre y 14/2003, de 28 de enero). Como decían las SSTC 106/1996, de 12 de junio y 151/2004, de 20 de septiembre, no cabe definir lo objetivamente ofensivo al margen por completo de las circunstancias y del contexto en el que se desarrolla la conducta expresiva, ni tampoco limitar la cobertura que ofrece la libertad de expresión a aquello que sea necesario, entendido en el sentido de imprescindible, adecuado y absolutamente pertinente, ni reducir su ámbito de protección a las expresiones previsibles o al uso en situaciones de acuerdo o avenencia, pues esa lectura de los márgenes de actuación del derecho fundamental supondría reducir el ámbito de la libertad de expresión a las ideas de corrección formal abstracta y utilidad o conveniencia, lo que constituiría una restricción no justificada de esos derechos de libertad de los ciudadanos e implicaría desatender, en contra de las posiciones de nuestra jurisprudencia, la libertad del sujeto y el entorno físico o de situación en el cual se produce su ejercicio.

2.5. Lo expuesto conduce a la desestimación del motivo respecto del delito de injurias previsto en los artículos 208 y 209 del Código Penal.

Con independencia de cuál sea el juicio analítico de esta Sala sobre los hechos, las funciones de enjuiciamiento asignadas al Tribunal de apelación se han ejercido conforme a las reglas de aplicación jurídica que hemos expuesto, lo que impide proclamar que la sentencia sea contraria a la doctrina jurisprudencial de la Sala.

A partir del material probatorio que se aportó, el Tribunal admite que el acusado realizó una descalificación rotunda y profunda de la actuación profesional del recurrente. Lo hizo incluso sosteniendo que las decisiones del recurrente fueron voluntaristas y prevaricadoras. Faustino denunció públicamente que el recurrente (director del Instituto de enseñanza en el que trabaja) había estimado las reclamaciones de dos alumnas que se consideraron indebidamente calificadas en la asignatura impartida por el acusado. Calificó la decisión del recurrente de arbitraria y prevaricadora, añadiendo fuertes reproches al director porque nunca permitieron que el acusado viera los informes en los que fundaron la modificación de las notas y porque terminaron por incoarle un expediente disciplinario que le ha suspendido de docencia.

Pese a ello, considerando las circunstancias en las que surgieron y crecieron las discrepancias, además del contenido y cauce de los mensajes, el Tribunal también declara que los escritos se difundieron con la intención de denunciar unas decisiones que el acusado consideraba abusivas e injustificadas, sin que estuvieran impulsadas por la intención de menoscabar el honor del recurrente. De ese modo, enfatiza que, aunque los hechos pudieran llegar a erosionar objetivamente el derecho al honor del recurrente, la actuación del acusado estuvo amparada por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y que esta circunstancia elimina la antijuridicidad de la conducta, justificando la revocación de la sentencia de instancia y la absolución del acusado.

2.6. Y esta consideración probatoria o fáctica, intangible para esta Sala en consideración a que la sentencia sólo era susceptible de recurso de casación por infracción de ley, se ha sometido por el Tribunal de apelación a las exigencias jurisprudenciales que hemos proclamado en orden a resolver cualquier conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor en el delito de injurias.

2.7. Igual pronunciamiento resulta respecto del supuesto delito de calumnia.

El artículo 205 del Código Penal describe la calumnia como la "imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". Y aunque hemos expresado que el tipo penal no recoge un animus difamandi, pues está necesariamente abarcado por quien consciente y voluntariamente atribuye falsamente hechos penalmente relevantes o por quien lo hace con un consciente desprecio a la verdad, también hemos expresado que la acción penal por el delito de calumnia no puede prosperar en aquellos supuestos en los que los hechos se encuadren en el espacio del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, al operar las libertades del artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española como causas excluyentes de la antijuridicidad de la conducta, dado que los hechos no pueden ser valorados a un mismo tiempo como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito ( SSTC 2/2001, de 15 de enero o 185/2003, de 27 de octubre).

2.8. Resumiendo, este recurso de casación no debió ser admitido en tanto que no se ha identificado por el recurrente que la resolución judicial impugnada se haya dictado en contra de la jurisprudencia de esta Sala o existan resoluciones contradictorias de las Audiencias aplicables a este caso. Lo que el recurrente pretende es que esta Sala casacional valore la prueba, modifique algunas conclusiones de la sentencia recurrida y dicte un juicio de subsunción jurídica de las expresiones contenidas en los escritos difundidos en el delito de injurias y calumnias, lo que desborda el estrecho margen procesal de este recurso de casación por interés casacional.

Dicho de otro modo, cualquiera que sea el juicio que nos merezcan las expresiones proferidas por el acusado, no tenemos margen para su corrección en el ámbito de este extraordinario recurso casacional, determinando con ello la desestimación del motivo.

TERCERO.- Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la condena en costas al recurrente, cuyo recurso ha sido desestimado.