Sentencia Penal 212/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5449/2021 de 23 de marzo del 2023

PRELIMINAR.- Formulados seis de los siete motivos del recurso por error facti, al amparo del art. 849.2º LECrim., a modo de introducción, extensible a todos ellos, comenzaremos por avanzar la doctrina de esta Sala, en orden al tratamiento de dicho motivo.

Al ser esto así, el recurso habrá de ser abordado desde los precisos cauces que impone el referido art. 849.2º LECrim, de conformidad a cuyo texto, cabrá corregir errores fácticos, no jurídicos, de la sentencia de instancia, que resulte de un documento susceptible de dar lugar a la alteración del hecho probado con relevancia para el pronunciamiento final del juicio, pero siempre teniendo en cuenta que, en nuestro proceso penal, como resulta del inciso "sin resultar contradichos por otros elementos probatorios", no se reconoce preferencia alguna a la prueba documental sobre ninguna otra, ni testifical, ni pericial, ni otra prueba documental, a la vez que no cabe acudir a otro motivo, como suele ocurrir cuando se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, para desbordar este.

Es doctrina de esta Sala sobre este motivo, que podemos tomar de la STS 113/2023, de 22 de febrero de 2023, la siguiente:

"En relación al motivo de casación por error en la apreciación de la prueba esta Sala (sentencias núm. 936/2006, de 10 de octubre, 778/2007, de 9 de octubre y 424/2018, de 26 de septiembre), viene exigiendo para su prosperabilidad la concurrencia de los siguientes elementos: 1) Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) Ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; 3) Que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal, artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; 4) Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Por tanto -se dice en las STS 765/2001, de 19 de julio- el motivo de casación alegado no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el Tribunal declaró probados erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba, ya que en esos casos, lo que estaría bajo discusión sería la racionalidad del proceso valorativo por la vía de la presunción de inocencia en caso de sentencias condenatorias o de la interdicción de la arbitrariedad, en todo caso, aunque sus efectos de su estimación fueran distintos el referido vicio de error en la valoración probatoria presupone la autarquía demostrativa del documento que ha de serlo desde dos planos: 1º) El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiente, es decir que no precise de la adición de otras pruebas para evidenciar el error; y 2º) que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa, como, siguiendo lo expresamente establecido en el precepto, viene también señalando una reiterada doctrina jurisprudencial" ( STS 310/2017, de 3 de mayo)".

En realidad, el recurso, en los apartados que cuestiona esos aspectos probatorios, lo que hace son consideraciones propias de una mecánica de reevaluación de una prueba no practicada a nuestra presencia, desde una dinámica en la que no cabe que entre este Tribunal de Casación, por carecer de principios tan fundamentales en materia de valoración de la prueba como el de inmediación y contradicción, y lo hace, además, sobre una prueba que ha sido objeto de un valoración exhaustiva y meticulosa, tanto de carácter personal como documental, sin que, por otra parte, indique cuál sería ese documento literosuficiente, que, por sí solo, fuera susceptible de cambiar el signo del pronunciamiento, pues los que cita han sido tenidos en cuenta por el tribunal sentenciador, en la valoración de conjunto de toda la prueba, incluida la de carácter personal, en un discurso que consideramos razonable y razonado.

PRIMERO.- En los motivos primero y quinto del recurso, ambos con invocación del referido art. 849.2º LECrim, solicita el recurrente, que, frente al particular del hecho probado en que se declara que "ARNACA es propietaria del terreno sito en la antigua finca la Guixera de Badalona, carretera de la Conreria, km 2,2 de Badalona", se suprima y se diga en su lugar que "el terreno donde explotaba su actividad ARNACA S.C.C.L. sito en la antigua finca la Guixera de Badalona, carretera de la Conrería km 2,2 de Badalona es propiedad de Jesús Luis", y a tal modificación vincula la supresión de uno de los particulares de la parte dispositiva de la sentencia, relativo a un pronunciamiento concerniente a la responsabilidad, en que se acordó: "6.- restituyendo a ARNACA la posesión del terreno sito en la carretera de la conrería km 2,2 de Badalona en el que desarrolla su función RECUPERACIONES ARNAU SL.".

Para solicitar tal modificación en el hecho probado se refiere a un documento notarial, y entre las alegaciones que realiza para ello, dice que "de lo señalado en el documento público, no impugnado por la acusación, ni tan siquiera introducido en el debate el hecho de quién era el propietario de la finca que ocupaba ARNACA SCCL en el desarrollo de su actividad, debe incluirse como hecho probado:", el que hemos transcrito en el párrafo anterior.

A la vista de esta manifestación, hay una primera razón, y es que si no fue introducido tal hecho en el debate en el plenario en los términos que solicita el recurrente, no cabe que lo haga este Tribunal de Casación, cuya función es la revisión en la aplicación de la ley hecha por el tribunal sentenciador y, por tanto, estaríamos asumiendo una función que no es propia, sino que corresponde al tribunal sentenciador.

Por otra parte, en la medida que lo que se solicita por el condenado recurrente es que se diga que el terreno es propiedad de otra persona, no alcanzamos a ver qué legitimidad ostenta para defender derechos que no son propios, sino de esa otra persona.

Y, por último, el motivo no puede prosperar, tal como se plantea, porque el referido documento notarial no tiene esa naturaleza de literosuficiente que viene exigiendo nuestra jurisprudencia, y la conclusión a la que llega el tribunal sentenciador es producto de una valoración conjunta de toda la prueba practicada, entre la cual hay una documentación en la que se ha apoyado, como es el contrato de compraventa privada que acredita que Jesús Luis compró los terrenos para ARNACA (folio 891 a 893), más la documentación aportada por los querellantes, y se cuenta con una prueba de carácter personal, como refleja la sentencia recurrida, al valorar determinados testimonios, como el de Virgilio, del que destaca cuando dijo que "la primera compra de los terrenos de arnaca fue por un contrato privado, luego se compró el terreno de abajo a nombre de arnaca, pero no aparecía eso a nombre arnaca. El segundo terreno ya era de arnaca", o el del testigo Vicente, que recoge que manifestó que "los terrenos donde estaba arnaca eran de la sociedad", que también ha sido tenida en cuenta para llegar declarar probado el hecho en los términos que ha declarado este particular.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

SEGUNDO.- Segundo motivo, con invocación del mismo art. 849.2º LECrim., lo que se cuestiona es el discurso de la sentencia recurrida, que da por probado que "el pago de ARNACA S.C.C.L de cantidades a favor del padre del acusado", que ascendió a 6029,64 euros, no quedó justificado, sino que fue una cantidad de la que se apropió el condenado.

Sobre este particular, se dice en el hecho probado que "en marzo de 2006 el acusado hizo un traspaso por valor de 4829,61 euros en concepto de pago de hipoteca, con la finalidad de ayudar al padre del acusado Jesús Luis al pago del préstamo con garantía hipotecaria que había tenido que constituir para el pago de una sanción tributaria previa. El acusado también realizó un traspaso de fondos por importe de 1200 euros a favor del sr Jesús Luis para el pago de la hipoteca".

Y explica la razón por la que considera injustificado el pago de estas cantidades, porque no es ARNACA la que constituye la hipoteca, sino Jesús Luis, como queda acreditado con la documental sobre movimientos bancarios, de manera que, si salen de la mercantil, entiende el tribunal que no está justificada tal salida, a lo que se une que el testigo Virgilio manifestó en juicio que "los 4829 euros del pago de la hipoteca no sabe a qué se corresponden".

Frente a tal hecho se hacen consideraciones en el motivo, entre ellas que la asunción de la hipoteca por ARNACA fue asumida por el resto de los socios, con lo que nos vuelve a llevar en un tema de valoración probatoria, en el que no nos permite entrar el motivo de recurso.

Procede, por tanto, la desestimación del motivo.

TERCERO.- Tercer motivo, en que se pretende que se incluya entre los hechos probados que los dos querellantes constituyeron otra mercantil, con similar objeto social, cuya finalidad era intentar bloquear el desarrollo de la actividad de ARNACA.

Como hemos dicho en el primero de los fundamentos, no cabe que este Tribunal realice tal modificación en los hechos probados, pues nuestra función es de revisión en la aplicación de la ley hecha por el tribunal sentenciador, de ahí que compartamos la respuesta que al motivo da el M.F. cuando alega que "la vía casacional recorrida por el acusado no está prevista para reformar la secuencia fáctica introduciendo en ellos nuevos hechos, aunque la parte recurrente los considere relevantes, incluso aunque la Sala de Casación compartiera dicho juicio de relevancia. Está prevista para expulsar del "factum" afirmaciones erróneas en su caso sustituidas por las acertadas según la prueba indudable derivada de documentos literosuficientes", los cuales -añadimos- ni siquiera se nos indican en el motivo.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

CUARTO.- En el cuarto motivo se vuelve a solicitar que se incluya en los hechos probados que los tres trabajadores de ARNACA despedidos, a los que se les ha reconocido una indemnización en sentencia, instaron demanda de conciliación en vía administrativa y, en consecuencia, debería suprimirse la cantidad concedida como tal indemnización en la sentencia recurrida.

Incurre el motivo en igual defecto que el anterior, y, aunque la vía para acceder a la pretensión que se interesa sería a través de cuestionar la prueba practicada, no cabría que prosperase el motivo, dado los precisos parámetros que impone el motivo por error facti del art. 849.2º LECrim.

En cualquier caso, explica el tribunal provincial que se produce el traspaso de los tres trabajares de ARNACA a RECUPERACIONES ARNAU, que el recurrente los da de baja en la primera y luego los contrata en la segunda, pero que se emiten tres cheques, uno para cada trabajador, de la cuenta de ARNACA.

Procede, pues, la desestimación del motivo.

QUINTO.- El sexto motivo de recurso se cuestiona el siguiente pasaje de los hechos probados:

"El acusado ordenó la creación de RECUPERACIONES ARNAU SL con el objeto de vaciar la sociedad ARNACA de contenido y recursos y traspasarlos a RECUPERACIONES ARNAU SL y ejerció como administrador de hecho en RECUPERACIONES ARNAU SL. Con posterioridad a estos hechos la cooperativa ARNACA quedó sin funcionamiento ni actividad".

Y la base para tal discrepancia la coloca en la escritura de constitución de esta sociedad en que figura como socio fundador y administrador único Francisco, primo del condenado, así como en que no hay prueba documental que soporte la afirmación del hecho probado, y en la valoración de determinados testimonios, con lo que, ante tal línea argumental, el motivo no puede prosperar.

Ciertamente, como se alega en el motivo, el tribunal sentenciador reconoce que cuenta con fuentes de prueba contradictoria, pero, centrado en las testificales, explica las razones por las cuales llega al convencimiento de que el real administrador de RECUPERACIONES ARNAU SL era el condenado: da credibilidad a distintos testigos que, contratados por él, manifiestan que era su jefe y tiene muy en cuenta lo declarado por el asesor externo, de que le encargó dar de baja a ARNACA y crear RECUPERACIONES ARNAU, que se encargaba de la gestión administrativa, que era su interlocutor y quien la puso en marcha.

Si hasta aquí venimos insistiendo que, a salvo lo permitido por la vía del error facti del art. 849.2º LECrim., no cabe que este Tribunal entre en valoraciones probatorias, con más razón si se trata de pruebas de carácter personal, como son las que han servido de soporte para fijar ese hecho probado que se cuestiona en el motivo.

Procede, por tanto, su desestimación.

SEXTO.- El séptimo motivo, que es el único que no articula por error facti del art. 849.2º LECrim., sino por infracción de precepto constitucional, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y tutela judicial efectiva, no deja de encerrar un cierto contrasentido, por cuanto que, si en los motivos anteriores se ha estado cuestionando la valoración de la prueba hecha por el tribunal sentenciador, es porque se entendía que había prueba, cuando, para hablar de vulneración del derecho a la presunción, hay que partir de que se condena sin prueba, por eso nos parecen acertadas las palabras con que, en oposición al motivo, responde la parte recurrida, cuando dice "así, el motivo ha de ser desestimado, en primer lugar, porque no se plantea realmente una vulneración de un derecho fundamental, sino la disconformidad de la recurrente con el razonamiento y valoración de las pruebas que ha efectuado el Tribunal de instancia".

La queja en este motivo es por la cantidad de 40.653,26 euros, de la que se apropió el condenado, con cargo a ARNACA, por la adquisición de la finca de Seva, y el argumento que se esgrime es que, siendo cierta dicha compra a cargo de la cooperativa, los socios, por lo tanto los querellantes, estaban de acuerdo, y que si no se traspasó la finca a la sociedad que crearon para ello se debió a la imposibilidad, que surgió de la circunstancia de haber interpuesto la querella que ha dado lugar a la presente causa y que ha impedido reconducir la situación a lo inicialmente previsto, de manera que, aunque el terreno ha continuado a nombre del condenado y del sr. Romulo, con el que la adquirió al 50 por ciento, sin haber construido la vivienda para la que se adquirió, solo les ha perjudicado a ellos, que han tenido que asumir los gastos de IBI y de urbanización.

El tribunal provincial aborda este particular en el tercer fundamento de derecho, tras haber analizado en el segundo la prueba que ha tenido en cuenta para formar su criterio, entre ella la de carácter personal y la documental, cuya interpretación es lo que cuestiona el recurrente, con lo cual, por más que se haya invocado la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la realidad es que se está reconduciendo el motivo a uno por error facti, del art. 849.2º LECrim.

Tras dicha valoración, el tribunal a quo considera que no puede compartirse el planteamiento del condenado, "toda vez que la finca sigue siendo propiedad al 50% de la mitad del acusado y al otro 50% del sr. Romulo sin que, pese a haber transcurrido 15 años, se haya puesto a nombre de la sociedad expresamente constituida para ostentar la titularidad de dicha finca para su posterior venta a un tercero", argumento en línea con la doctrina del "punto sin retorno", por cuanto que, en ese transcurso de los 15 años, tiempo ha habido para reintegrar el dinero indebidamente tomado y liquidar las cuentas pendientes, y si tantos problemas había y no existía esa voluntad de apropiárselo indebidamente, bien lo podría haber consignado a disposición de quien correspondiera.

Procede, por tanto, la desestimación del motivo.

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 901 LECrim. procede condenar al recurrente al pago de las costas habidas con ocasión de su recurso.