Sentencia Penal 641/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2864/2022 de 24 de junio del 2024

PRIMERO.- La sentencia objeto de la presente censura casacional condena a la recurrente como autora de un delito continuado de falsedad en documento público, al tiempo que es absuelta del delito de estafa procesal y otro de apropiación indebida. En síntesis el relato fáctico refiere que la acusada confeccionó, u ordenó confeccionar, un testamento otorgado en Caracas, en marzo de 1991, por el que se instituía a ella como heredera universal de una persona, en detrimento y perjuicio de los parientes de la testadora. Dicho documento no se correspondía con ningún testamento otorgado en la notaría venezolana que se identifica. "El referido testamento fue utilizado por la acusada a) en una notaría de Pamplona a los efectos de adjudicación de la herencia...b) en el registro de actos de última voluntad para que constara que la testadora había otorgado testamento, y c) en el juzgado de primera instancia e instrucción de Tafalla en el procedimiento de declaración ab intestato... obteniendo, de esta manera, sin tener derecho a ello, un título que le habilitaba para reclamar 1/7 parte del caudal relicto" de una herencia.

Se añade en el hecho probado que en el año 2008, confeccionó, u ordenó fuera confeccionado, otro testamento notarial, de fecha de febrero de 1991 que fue presentado en el Juzgado de Tafalla en Diligencias previas tramitadas "a los efectos de que la magistrada de dicho juzgado considerara que ese documento era auténtico y no el de marzo de 1991 , de esta manera demostrar que con el anterior había sufrido un engaño". La acusada había sido nombrada tutora de la persona a la que se referían las disposiciones testamentarias.

En virtud del mendaz testamento de marzo de 1991, la acusada recibió los bienes que relaciona en el ámbito provincial de Pamplona.

Formaliza la oposición, que articula en cinco motivos, y una introducción preliminar en la que argumenta que, al tratarse de hechos anteriores a la reforma del recurso de casación por ley 41/2015, puede plantear su recurso respecto a hechos que no planteó en la instancia, por lo que no le es de aplicación la interdicción de los planteamientos "per saltum", porque no ha podido plantear un recurso de apelación. Esta consideración carece de virtualidad en este recurso, toda vez se trata de un recurso tramitado de acuerdo a la previsión normativa del recurso de casación anterior a la ley 41/2015, ley que además de modificar el recurso de casación, generalizó el recurso de apelación para los procedimientos incoados con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. En todo caso, las pretensiones revisoras del recurrente son de orden público y permiten fundar la impugnación que pretende.

SEGUNDO.- En el primero de los motivos de la impugnación denuncia un error de derecho por indebida aplicación del art. 23.3 de la LOPJ, con mención al art. 5.4 de la misma ley y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denunciando la vulneración del derecho fundamental a la juez predeterminado por la ley. Sostiene la recurrente que los hechos objeto de la subsunción en el delito de falsedad, la documentación de los testamentos inciertos, no han sido confeccionados en España, sino en Venezuela, por lo que no corresponde a la jurisdicción española su punición. Argumenta que, de acuerdo al art. 23.2.d, e y f de la LOPJ, no es competencia de la jurisdicción española porque no concurre el requisito del perjuicio al crédito o intereses del Estado y reproduce la STS del Pleno de esta Sala 573/2020, que señala la jurisdicción española respecto de la falsedad de documentos identificativos porque "siempre afecta a los intereses del Estado... porque no le puede ser indiferente a ningún país la identificación de personas...", situación que no es de aplicación a las disposiciones testamentarias.

El motivo se desestima. Como acertadamente señala el Ministerio fiscal en su informe a la impugnación del recurso formalizado, lo que se declara probado es que la acusada confeccionó, u ordenó que se confeccionara, en España sendos documentos en cuya virtud se realizaron las disposiciones testamentarias que fueron presentadas en distintos registros y juzgado y, definitivamente, las adjudicaciones hereditarias en su beneficio. Esta apartado fáctico aparece acreditado por la documentaciones a las que se refiere la sentencia sobre las falsedades y la falta de correspondencia del testamento con los registros en Venezuela, las testificales oídas en el juicio y las periciales practicadas. La acción se sitúa en España y en la fundamentación de la sentencia se relaciona que la acusada y sus tías llegaron a España, desde Venezuela en el año 1993 y se presentaron en los Registros y Juzgados en España al tiempo del fallecimiento de su tía en el año 2009. Consecuentemente, el hecho refiere la realización de la conducta, confeccionando, u ordenando la confección, los documentos falsos en España, extremo que resulta acreditado en la forma que refiere el hecho probado y la fundamentación de la sentencia impugnada.

TERCERO.- En el segundo de los motivos de la impugnación refiere un error de derecho por la indebida aplicación, al hecho probado del art. 392 del Código Penal.

El desarrollo argumental del motivo no obedece sino a un error material de la acusación particular al referir que la tipificación del delito de falsedad la refiere a la reforma propiciada por "la ley 1/2015, de 30 de marzo cuando realmente se estaba refiriendo a la producida por la LO 5/2010, de 22 de junio".

Salvado el error material, la nueva redacción del art. 392 del Código penal, propiciada por la LO 5/2010, no afecta la subsunción de los hechos en la norma penal sustantiva aplicable a los hechos. Respecto a la prescripción de los hechos, el recurrente anuncia otro motivo de oposición que analizaremos en su momento, pero respecto a la tipicidad del hecho en el precepto ni alega el recurrente, ni se constata ningún error en la aplicación el precepto penal sustantivo, al referir al mendacidad de la documentación que fue aportada para la adquisición patrimonial por vía de herencia.

CUARTO.- En el tercer motivo de la impugnación denuncia el error de derecho por la inaplicación del art. 131 del Código Penal, y declarar la prescripción del delito, de conformidad con la penalidad prevista al hecho por el art. 392 del Código penal, anterior a la reforma del Código penal propiciada por la LO 5/2010. Argumenta el recurrente que el plazo de prescripción era de tres años, de acuerdo a la previsión del número 5 del art. 131 del Código penal.

El motivo se desestima. Partiendo de la propia argumentación del recurso, referida a que la falsedad se cometió en el año 2008 y que el documento mendaz se presentó en el año 2012, había transcurrido el plazo de prescripción que, al tiempo de los hechos, anterior a la reforma de 2010, era de tres años. Sin embargo, olvida el recurrente que la condena a la acusada lo es por delito continuado de falsedad, continuación delictiva que permite agravar la pena hasta la mitad superior en grado, lo que comporta que el plazo de prescripción no sea el de tres años, sino el de cinco, que no ha transcurrido por lo que el motivo se desestima.

QUINTO.- En el cuarto de los motivos de la impugnación denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia. En el extenso argumento que desarrolla en la impugnación, además de reproducir el contenido esencial del derecho fundamental, y su interpretación jurisprudencial, realiza una crítica a la anterior dirección letrada de la acusada, cuestionando que hubiera dado por válida la mendacidad de los testamentos aportados, lo que supuso "un quebranto del derecho de la parte a la contradicción de una forma eficaz pues en tal trámite procesal ya no se podía comprobar su autenticidad", al tiempo que critica a una testigo, propuesta por la acusación particular, al tiempo que pone en valor la declaración de un testigo propuesto por la defensa de la acusada.

El motivo se desestima. Recordamos en la STS 414/2022 de 28 de abril, que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el tribunal ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se materializa en cuatro puntos: a) en primer lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; b) en segundo lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; c) en tercer lugar, si el Tribunal ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 294/2022, 24 de marzo; 483/2021, 3 de junio; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009; 21 de abril 599/2020, 12 de noviembre; 490/2020, 1 de octubre; 396/2020,18 de junio y 302/2020, 12 de junio). De acuerdo a lo expuesto constatamos que la queja casacional pretende que realicemos una nueva valoración de la prueba y desde el examen que propone, sin haber presenciado la prueba, rechacemos el carácter de prueba de cargo de la prueba practicada y realicemos conjeturas distintas sobre la concurrencia de la alevosía y el ánimo de matar. La lectura de la sentencia nos permite comprobar que el tribunal ha dispuesto de la precisa y suficiente, actividad probatoria. No puede instarse una revisión del proceso de convicción racionalmente expresado en la sentencia. La Sala, en la función que le compete, constata la existencia de la precisa actividad probatoria sobre los hechos declarados probados, tampoco advierte que el razonamiento sobre la suficiencia de las pruebas de cargo sea irracional o ilógico. No hemos practicado prueba, no hemos oído a las víctimas y no podemos variar una convicción sobre una valoración de una prueba que no hemos presenciado, si bien sí que podemos constatar que el órgano de enjuiciamiento, ante el que se desarrollaron las pruebas, ha proclamado en la instancia han realizado la función jurisdiccional que les compete respetando el contenido del derecho a la presunción de inocencia. En parecidos términos la Sentencia 986/2022, de 21 de diciembre, que argumenta que debemos recordar - vid. SSTS 552/2021, de 23 de junio; 580/2021, de 1 de julio; 642/2021, de 15 de julio; 805/2021, de 20 de octubre- que si la falta de desarrollo de la segunda instancia había implicado un ensanchamiento de los límites impugnativos del recurso de casación para hacer realidad en nuestro sistema el derecho a la doble instancia, art. 14.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El tribunal, como razona la sentencia ha valorado las testificales oídas en el plenario, sobre la mendacidad de los testamentos aportados y su falta de correspondencia con los registros que documentarían la existencia de los testamentos aportados. También ha tenido en cuenta las periciales practicadas y ha expresado la mayor convicción de la pericial oficial frente a la practicada a instancias de la defensa, sobre la inautenticidad de las firmas que pretendían legitimar las disposiciones testamentarias, expresando en la motivación la razón de su decisión sobre la calidad de una y otra pericia. En definitiva, ha alcanzado una convicción que expresa en la motivación de la sentencia para afirmar el hecho probado en un extremo que esta Sala, carente de la necesaria inmediación , no puede alterar.

Constatada la existencia de la precisa actividad probatoria, el motivo se desestima.

SEXTO.- Plantea en el quinto de los motivos de la impugnación, el error de derecho por la inaplicación de la circunstancia de atenuación por las dilaciones indebidas del art. 21.6 del Código Penal.

La cuestión ni fue planteada en la instrucción, razón que justifica el que el tribunal de instancia no haga mención a una pretensión como la deducida. También da lugar a que señalemos que difícilmente puede prosperar esa impugnación, por error de derecho, cuando el hecho probado no hace referencia alguna a la duración el proceso.

Señala que la causa se inicia en enero de 2012, el juicio se celebró el 20 de noviembre de 2019, dictándose sentencia el 31 de marzo de 2022. En fase de instrucción destaca que se instó por la defensa y acusación una comisión rogatoria a Venezuela, que fue acordada, y posteriormente suspendida, por el retraso en su tramitación, suspensión que se adoptó, previa audiencia de las partes, teniendo en cuenta la falta de noticias sobre su ejecución.

Ahora bien, sí que es dilatorio el plazo transcurrido desde la celebración del juicio, el 20 de noviembre de 2019, y el del dictado de la sentencia, el 31 de marzo de 2022, 2 años y cuatro meses de dilación sin causa que lo justifique, pues el juicio se había celebrado y procedía el dictado de la sentencia. Dilación que ha de ser considerada como indebida.

Como hemos reiteradamente declarado sobre la atenuante de dilaciones indebidas, la "dilación indebida" es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional -derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable-, y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto, atendiendo para ello al interés social derivado de la gravedad del delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado ( SSTEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España; 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España ; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España ; SSTC 237/2001 , 177/2004 , 153/2005 y 38/2008; y SSTS 1733/2003, de 27 de diciembre; 858/2004, de 1 de julio; 1293/2005, de 9 de noviembre; 535/2006, de 3 de mayo; 705/2006, de 28 de junio; 892/2008, de 26 de diciembre; 40/2009, de 28 de enero; 202/2009, de 3 de marzo; 271/2010, de 30 de marzo; 470/2010, de 20 de mayo; y 484/2012, de 12 de junio, entre otras).

La doctrina jurisprudencial sostiene que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (la pérdida de bienes o derechos derivada del proceso penal) y el mal causado por la conducta delictiva ( SSTC 177/2004 y 153/2005). Por lo tanto, esa pérdida de derechos derivada del menoscabo del derecho fundamental debe determinar la reducción proporcional de la gravedad de la pena adecuada a la gravedad de la culpabilidad, porque ya ha operado como un equivalente funcional de la pena respecto a la que corresponde por el grado de culpabilidad. Ahora bien, que ello sea así no significa, sin embargo, como precisa la doctrina, que el transcurso del tiempo comporte una extinción, ni siquiera en parte, de la culpabilidad, pues esta es un elemento del delito que como tal concurre en el momento de su comisión y el paso del tiempo no comporta, por lo tanto, que disminuya o se extinga ( SSTS 987/2011, de 15 de octubre ; 330/2012, de 14 de mayo; y 484/2012, de 12 de junio).

En cuanto a las causas del retraso a ponderar para la aplicación de la atenuante, la jurisprudencia ha señalado que "ni las deficiencias organizativas ni el exceso de trabajo pueden justificar, frente al perjudicado, una dilación indebida" ( SSTS 1086/2007, 912/2010; y 1264/2011 , entre otras; STEDH 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España ).

Por último, y en lo que concierne al cómputo del plazo razonable, comienza a correr cuando una persona es imputada formalmente y finaliza con la sentencia que pone fin a la causa ( SSTEDH de 17 de diciembre de 2004, caso Pedersen y Baadsagaard c. Dinamarca; 13 de noviembre de 2008, caso Ommer c. Alemania; y 11 de febrero de 2010, caso Malet c. Francia; y SSTS 106/2009, de 4 de febrero ; 326/2012, de 26 de abril; 440/2012, de 25 de mayo; y 70/2013, de 21 de enero).

La previsión normativa sobre la atenuación la refiere como "La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa". Por consiguiente, el texto legal, según ha advertido la doctrina, coincide sustancialmente con las pautas que venía aplicando la jurisprudencia de esta Sala para operar con la atenuante analógica de dilaciones indebidas. Los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues, aunque también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante.

En nuestra jurisprudencia hemos destacado como requisitos, STS 328/2019, de 24 de junio al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6ª del Código Penal .

La aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial nos lleva a la conclusión de la declaración de concurrencia, atendiendo al plazo en el que la causa estuvo paralizada desde la terminación el juicio oral hasta el dictado de la sentencia, más de dos años, en el que de manera no justificada la causa estuvo paralizada incidiendo en la lesión en el derecho de la acusada a soportar la tensión de una acusación no resuelta jurisdiccionalmente. Consideramos que su concurrencia es la de simple atenuante en atención a la expresión de lo acaecido en el caso, el traslado de una componente del tribunal a otro órgano judicial en virtud de los concursos previstos para la provisión de destinos y la situación derivada del COVID, que no justifica, aunque permite entender la situación de emergencia derivada de la pandemia.

En consecuencia, y como interesa también el Ministerio Fiscal en su informe a la impugnación, procede declarar concurrente la atenuación por las dilaciones indebidas que se declaran concurrentes y procede imponer una pena en la extensión mínima procedente. Tratándose de un delito continuado de falsedad, la pena procedente es la que media desde los seis meses a tres años en su mitad superior, esto es de 1 año y nueve meses a 3 años, procediendo imponer la pena en su extensión mínima de 1 año y 9 meses, manteniendo al pena de multa, ya impuesta en su límite inferior, de 9 meses, con una cuota diaria de 8 euros, con una responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.