Sentencia Penal 807/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10398/2023 de 26 de septiembre del 2024

PRIMERO.- La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia que en el recurso de apelación confirmó, desestimando el recurso interpuesto, la condena del recurrente. Eutimio, como autor de un delito de asesinato, otro de robo violento y otro de estafa , en tanto que es condenado el otro recurrente, Geronimo, como autor de un delito de estafa. También recurre la acusación particular interesando una agravación de la condena.

Como interesa el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación es preciso recordar el ámbito del recurso de casación cuando el objeto del recurso es una sentencia dictada en segunda instancia por el órgano encargado de la revisión en apelación.

De acuerdo a una reiterada jurisprudencia, el hecho de instaurar una segunda instancia previa, cuando antes no existía, supuso, necesariamente, que el alcance y ámbito del recurso de casación debía variar, para resituar al mismo en el lugar que le correspondía en la cadena de instancias sucesivas. En este sentido, la STS 476/2017, de 26 de junio, fue la primera en resolver un recurso de casación contra una decisión de una Audiencia Provincial, con posterior recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la que dijimos que partiendo del hecho de que la reforma de 2015 ha instaurado una previa apelación, lo que supone que la casación ya no tendrá como función necesaria la de satisfacer la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales; de manera que la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible. Ello supone que la casación que surge de esta nueva concepción ha de tener un contenido distinto: ser un remedio democrático para asegurar la sujeción de los jueces al principio de legalidad, y asegurar, al tiempo, la unidad en la interpretación del derecho en cada supuesto concreto sometido a la jurisdicción penal y, de manera general, declarar el sentido de la norma. En consecuencia, añade: "De lo anterior resulta que la reforma operada debe suponer, de un lado, una modulación, en sentido restrictivo, del ámbito de control sobre el hecho, correlativa a una ampliación de la casación en el ámbito de la aplicación. e interpretación del derecho, pues el hecho, salvo excepciones por aforamiento; ha sido objeto de conformación por el órgano de enjuiciamiento, que ha percibido con inmediación la prueba, y ha sido revisado por el órgano encargado de la apelación, satisfaciendo las necesidades de revisión proclamadas en el ordenamiento. La revisión casacional debe atender a asegurar la correcta inteligencia de la ley para todos los ciudadanos, en cada caso concreto, al tiempo que extiende la doctrina resultante para otros supuestos en los que la norma sea de aplicación".

A la vista de las anteriores consideraciones, la STS 476/2017, de 26 de junio, fija como punto de partida que la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en:

1) La reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación, pues las cuestiones ya han tenido respuesta desestimatoria.

2) El planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues son cuestiones que han sido consentidas por la parte.

Todas estas ideas que se han señalado sobre esta modalidad de recurso se han plasmado, por ejemplo, en la STS 655/2020, de 3-12, que señala:

En el sentido indicado son muchas las Sentencias que refieren la nueva posición de la Sala de casación. De esa jurisprudencia extraemos los siguientes postulados: "la sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación por el tribunal Superior de Justicia y, por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación", y debe "realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación" ( STS 236/2017, de 5 de abril, 882/2016, de 23 de noviembre). Ahora bien, nos recuerda la STS 308/2017, de 28 de abril, tras reiterar los anteriores asertos, "que tampoco puede extremarse ese dogma tantas veces enfatizado extrayendo de él derivaciones no asumibles. En la medida en que la sentencia de apelación refrenda errores de la sentencia de instancia también el recurso de casación viene a fiscalizar ésta, aunque sea con el filtro de un pronunciamiento de apelación. No cabrá invocar motivos distintos a los previstos para la casación ( arts. 849 a 852 LECrim) . Pero si es viable reproducir la queja que ya fue rechazada en apelación en la medida en que su convalidación por el Tribunal Superior perpetúa el defecto".

En el mismo sentido, la STS 444/2023, de 14 de junio, que insiste en que "el recurso de casación ha de proponerse como objetivo, no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. Cuando éste ha dado respuesta de forma cumplida y la casación es un simple clon de la previa apelación se deforma el sistema de recursos. Si esta Sala considera convincentes los argumentos del Tribunal Superior de Justicia y nada nuevo se arguye frente a ellos, no podremos más que remitirnos a la respuesta ofrecida al desestimar la apelación, si acaso con alguna adición o glosa. Pero en la medida en que no se introduce argumentación novedosa, tampoco es exigible una respuesta diferenciada en tanto estén ya satisfactoriamente refutados esos argumentos que se presentan de nuevo sin la más mínima alteración, es decir, sin atender a la argumentación del Tribunal Superior de Justicia que, en este caso, además, es especialmente, rigurosa, detallada y elaborada."

Desde esta perspectiva analizamos la impugnación de los recurrentes, en las que, dada la reiteración de argumentos de impugnación ya resueltas en la apelación, hemos de referirnos a la solución suministrada en la apelación, que no aparecen discutidos en el recurso de casación que presenta en su formalización

Recurso de Eutimio

SEGUNDO.- Denuncia en el primer motivo la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia en el que desarrolla una impugnación que reproduce el contenido esencial del derecho que invoca como motivo de impugnación, así como la necesidad de la práctica de una actividad probatoria, lícita y regular, para afirmar el hecho probado de la sentencia. Este, en síntesis, declara que la víctima en los hechos, que padecía una enfermedad mental, sostenía que era víctima de abusos sexuales durante su infancia, por lo que contrató los servicios profesionales del acusado Geronimo, abogado con despacho abierto, quien conocedor de la situación de la víctima lo puso en contacto con el otro acusado, cuyo recurso analizados en este motivo, Eutimio, que "haciéndose pasar por sacerdote" le hizo creer que trabajaba para él como investigador al que, según el plan ideado por el otro acusado, logró el desplazamiento económico para las investigaciones que realizaba en búsqueda de los responsables de los hechos que denunciaba. A pesar de la enfermedad que padecía, la víctima sospechó de los acusados, momento en el que el acusado, Eutimio, "actuando con autonomía y para apoderarse de cuanto de valor obtuviera en el domicilio, decidió acabar con su vida, lo que llevo a cabo mediante estrangulamiento". Seguidamente, refiere que tras darle muerte lo enterró en el patio de su domicilio y se dio por desaparecida a la víctima, siendo localizado su cuerpo un año después. Se refiere en el hecho probado que este acusado conocía la enfermedad mental de la víctima y refiere los bienes sustraídos tras la muerte, un vehículo, documentación y tarjetas bancarias contra las cuentas corrientes que identifica, además documentación con los números que permitían detracciones de las cuentas corrientes, terminales de telefonía móviles y dos ordenadores. Teniendo en su poder las tarjetas bancarias realizó extracciones de las cuentas que se identifica y realizó pagos y reintegros, así como logró un préstamo. El total dispuesto asciende a 44.580 euros que extrajo de las cuentas de la víctima.

En el recurso no cuestiona la valoración probatoria expuesta en la sentencia recurrida, sino que se limita a exponer el contenido esencial del derecho en el que fundamenta la impugnación, sin denunciar la actividad probatoria valorada y el proceso racional que se expresa en la sentencia impugnada. Basta con su reproducción para conformar la correcta enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia que parte de la declaración del propio acusado, cuando refiere los contactos con la víctima, la pericial forense sobre la muerte, las localizaciones de los terminales telefónicos, que sitúan al acusado en el domicilio de la víctima al tiempo de la muerte, la acreditación testifical sobre la compra de materiales útiles para el enterramiento de la víctima de los hechos, la llevanza del documento de identidad, la utilización de los bienes sustraídos para las disposiciones económicas realizadas. El Tribunal del Jurado valoró esa prueba y razonó en la sentencia su convicción, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia en el recurso de apelación.

El motivo, consecuentemente, se desestima.

TERCERO.- En el segundo motivo, formalizado por error de derecho del número 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la indebida aplicación al hecho probado de los arts. 138 y 139 del Código Penal. Sin desarrollar, prácticamente, ninguna argumentación, se limita a señalar la ausencia de una actividad probatoria suficiente para la conformación del hecho probado, alegación que es ajena a la impugnación por error de derecho que postula en su recurso y al que la sentencia impugnada da cumplida respuesta en el fundamento primero de la sentencia en el que razona sobre la correcta aplicación de la norma penal punitiva.

Recurso de Geronimo

CUARTO.- Este recurrente es condenado por un delito de estafa, y es absuelto del delito de asesinato del que era acusado en la instancia, ante el Tribunal de Jurado.

Formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, causante de indefensión, que concreta en el hecho de que fue citado a declarar cuando ya era objeto de investigación por la Guardia Civil, e incluso el juez había ordenado injerencias en sus comunicaciones.

El motivo se desestima. La impugnación es reiteración de lo que fue objeto de cuestionamiento en el juicio oral, y resuelto en la sentencia como cuestión previa, y fue objeto de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, y resuelto en la sentencia impugnada, apartado b) del fundamento de derecho segundo de la sentencia. Ahora, lo vuelve a plantear en casación sin cuestionar la respuesta dada en la sentencia impugnada, reproduciendo una impugnación ya atendida. Plantea una hipótesis que no ocurrió, su declaración sin asistencia letrada. Como argumenta la sentencia impugnada, en el cuestionamiento no se arguye lesión del derecho de defensa, pues lo que se plantea es una hipótesis, consistente en lo que hubiera podido ocurrir en el caso de que hubiera declarado sobre los hechos, lo que no hizo. Esta situación que denuncia no se ha producido por lo que es inexistente la indefensión que reclama en el recurso. Además, como se motiva en las sentencias precedentes, la del Jurado y la de la apelación, la imputación a este recurrente se realiza tras su primera declaración ante la Guardia Civil, pues hasta entonces el imputado era el otro acusado y se estaba indagando la concurrencia en el hecho de otras personas pudieran haber intervenido en los hechos que era investigados, existía una línea de investigación sin que de la misma surgiera una imputación judicial al hoy recurrente, que se concretó posteriormente tras recibirle declaración.

Con reiteración de la argumentación expuesta, el motivo se desestima.

QUINTO.- En el segundo de los motivos que opone vuelve a incidir en el mismo defecto de técnica casacional. Denuncia la vulneración de su derecho al proceso debido al considerar que se ha vulnerado el art. 588 sexies c, en el volcado de todos los archivos de un terminal telefónico, y de la memoria de otro, sin fijar las condiciones necesarias para asegurar la salvaguarda de los datos y las garantías de su preservación.

El motivo es reproducción de lo que fue objeto del recurso de apelación, y resuelto en la sentencia de la apelación, apartado c) del fundamento de derecho segundo, en el que se refiere que el recurrente no alega la indefensión producida y que el órgano judicial procedió conforme exige el art. 588 sexies c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo objeto de prueba la observancia de la cadena de custodia, sin que la norma exija la presencia del Letrado de la Administración de Justicia en cada hecho consistente en el examen de los terminales telefónicos y memorias incautadas.

Como hizo en apelación, y ahora en casación, se trata de una impugnación genérica que concreta en cuanto a una irregularidad, que no describe por inobservancia de una norma, ni la indefensión. El motivo se desestima con reiteración de la argumentado en las sentencias precedentes.

SEXTO.- Plantea en el tercer motivo otro aspecto de su impugnación formalizada en el recurso de apelación sin que haga referencia alguna a la contestación suministrada por la sentencia apelada y la propia del Tribunal de Jurado. Se queja de la indefensión padecida por la falta de tiempo para el examen de los correos electrónicos que han servido de base a la condena. Sin embargo, pese a esa queja, que planteó en el juicio y reprodujo en la apelación, las dos sentencias dan cuenta de que el perito designado por la defensa del recurrente argumentó en el juicio oral que en la defensa que le propuso no le advirtió de la puesta a disposición de los correos y que le hubiera dado tiempo a su análisis si hubiera sido advertido de la puesta a disposición del material. Ahora, en casación, vuelve a cuestionar una indefensión no producida, pues el tribunal dispuso lo preciso para el examen por la defensa que si no llegó a examinar toda la documentación no fue por una irregular tramitación procesal, sin la lenidad de la propuesta.

Con reproducción del apartado a) del fundamento de derecho segundo de la sentencia impugnada, el motivo se desestima.

SÉPTIMO.- Denuncia en el cuarto de los motivos el error de derecho del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al aplicar indebidamente al hecho probado la continuidad delictiva del art. 74 CP, arguyendo que fue un único engaño y una disposición económica.

El motivo es coincidente con el que fue objeto de impugnación en el recurso de apelación y resuelto en el apartado e) del fundamento de derecho segundo, el cual se limita a reflejar en hecho probado en el que se transcribe que "sumido en el engaño que provocó la trama ideada por Paulino, y ejecutada por Eutimio ...", la víctima hizo varias disposiciones, extremo del que debe partirse en la impugnación y que no evidencia ningún error sobre la pluralidad de disposiciones.

El motivo se desestima.

OCTAVO.- En el quinto, y último, motivo cuestiona la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la penalidad impuesta.

El motivo, en esta ocasión, es planteado de forma novedosa ante esta Sala en el recurso de casación, pues nada se alegó en la apelación. No obstante, la mera lectura del fundamento de derecho decimotercero de la sentencia dictada por el Tribunal de Jurado pone de manifiesto la correcta individualización de la pena realizada por el órgano jurisdiccional al sustentar el ejercicio de la individualización en las circunstancias personales de la víctima, persona aquejada de una insanidad mental, "que le hacía más propenso al engaño" y las condiciones del recurrente, que como profesional debía velar por su situación necesitada de protección. El recurrente ha conocido las razones de la individualización que ahora no discute salvo una referencia genérica a la falta de motivación que no se ajusta a la realidad-

Recurso de la acusación particular de Marta

NOVENO.- El recurso es reiteración del opuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que ratificó la condena de los acusados, desestimando los recursos de los condenados y de la acusación particular que, ahora en casación, vuelve a reproducir sin cuestionar la argumentación desarrollada en la sentencia impugnada.

En el primero de los motivos plantea un quebrantamiento de forma en el que, sin indicar el cauce procesal que emplea, y cuestiona la decisión del tribunal de Jurado de anticipar el señalamiento de la pericial de un funcionario policial que había sido citado como testigo para celebrar conjuntamente la declaración de ese funcionario, como testigo y como perito.

El motivo fue objeto del recurso de apelación formalizado por la misma acusación particular y a la que se dio respuesta en el fundamento de derecho tercero, apartado a), con un razonamiento que no es objeto de cuestionamiento por el recurrente quien se limita a reiterar su queja ante el Tribunal Superior de Justicia. La sentencia impugnada refiere la inexistencia de indefensión cuando el informe pericial estuvo a disposición de las partes y el perito pudo ser indagado sobre sus conclusiones. El orden en la práctica de la prueba es dispuesto por el Presidente del Tribunal atendiendo a las distintas incidencias que pueden ocurrir

El motivo se desestima, ratificando la argumentación de la sentencia impugnada en lo referente a la falta de apoyo normativo a la queja por quebrantamiento de forma y al no resultar acreditada la indefensión que requiere la queja opuesta.

DÉCIMO.- En el segundo de los motivos denuncia el error de hecho de la sentencia del Jurado sobre la vulnerabilidad de la víctima. Sin una expresión clara de la relevancia de esa declaración respecto del fallo de la sentencia expresa que su disensión se refiere a la fundamentación de la sentencia cuando refiere que pese al diagnóstico de una enfermedad mental en el perjudicado, era una persona que se administraba económicamente, vivía solo y era capaz de ordenar su vida. Para disentir de la valoración argumental de la sentencia impugnada reproduce la prueba valorada por el tribunal pretendiendo de este tribunal en este recurso de casación, una modificación de la argumentación expresada en la sentencia y, de forma más concreta, que el acusado, absuelto del delito contra la vida del perjudicado, sea declarado culpable de su muerte en atención a la vulnerabilidad de la víctima, porque el hecho de aparecer como comisionado del arzobispado, le hace aparecer, arguye el recurrente, como partícipe en la sucesión de los hechos y, concretamente, en la producción de su muerte.

El motivo se desestima. La vía impugnativa empleada en la queja expresada exige la designación de un documento que acredite, por sí mismo y sin necesidad de acreditamiento ajenos a su contenido, un hecho que sea relevante a la subsunción de una conducta declarada probada en el tipo penal de la participación en la muerte dolosa de una persona. El informe médico sobre la enfermedad mental de la víctima, no permite la conclusión a la que pretende llegar el recurrente, la participación en la muerte del perjudicado del acusado absuelto en la sentencia.

Consecuentemente, y ratificando el fundamento tercer, apartado b), el motivo se desestima.

DECIMOPRIMERO.- También por error de hecho en la apreciación de la prueba y con designación de un informe policial sobre la participación en los hechos del acusado Geronimo, denuncia el error del Jurado que declaró no acreditada la participación en los hechos del acusado Geronimo, contraviniendo lo que el informe policial señala, referido a que este acusado, fue colaborador y cómplice de los hechos que finalizaron con la muerte del perjudicado.

El motivo se desestima. El informe pericial que se designa en el recurso no es el documento acreditativo de un error en la apreciación de la prueba, pues ese informe pericial no acredita, por sí mismo, un hecho con relevancia penal, sino que es un informe de la fuerza policial resumiendo sus pesquisas e informando lo que a su parecer, pudo ocurrir en los hechos que han investigado y que deben ser probados en el enjuiciamiento.

El motivo se desestima.

DECIMOSEGUNDO.- En el cuarto de los motivos denuncia el error de derecho por la inaplicación al hecho probado del art. 140 del Código Penal, motivo que es opuesto "por coherencia con lo ya relatado a lo largo de este escrito". Desestimado los anteriores motivos, e inalterados los hechos probados, el motivo se desestima.

DECIMOTERCERO.- En el quinto, y último motivo de la oposición, denuncia la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que entiendo se ha producido en la sentencia del tribunal de Jurado y en la de la apelación al no dar respuesta pretendida por el recurrente a las pretensiones deducidas en el juicio oral y en la apelación planteada ante el Tribunal Superior de Justicia. En el motivo reproduce al argumentación de los primeros motivos, concretamente, sobre la prueba pericial del Teniente de la Guardia Civil que declaró sobre el informe de hechos emitido por el mismo y lo que denomina desconexión entre el referido informe y la convicción del Jurado.

El derecho fundamental a la tutela judicial se satisface mediante la realización del enjuiciamiento de acuerdo a las previsiones legales para el proceso penal y dando respuesta a las pretensiones deducidas ante el tribunal de acuerdo a la previsión legal, sin que en su contenido esencial quepa que el tribunal resuelva de conformidad con las pretensiones de una de las partes, normalmente en contradicción con las de la contraparte. La función de enjuiciar supone la resolución del conflicto planteado por la acusación y defensa, dando respuestas a las pretensiones de condena y de absolución respectivamente planteadas ante el tribunal.

Consecuentemente, el motivo se desestima.