Sentencia Penal 491/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1036/2022 de 29 de mayo del 2024

Recurso de Estanislao (acusado)

PRIMERO.- El primer motivo que formula este recurrente es por vulneración de los artículos 24.1, 24.2 y 120 de la Constitución Española, conforme autoriza el artículo. 5.4 LOPJ y 852 LECrim, en relación al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, y todo ello por cuanto no existen elementos suficientes que permitan articular un pronunciamiento condenatorio, al no resultar acreditados los elementos normativos del tipo delictivo, lo que ha conducido a una insuficiente motivación.

1. Condenado en la instancia como autor responsable de un delito continuado de receptación y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa, concurriendo la agravante de reincidencia en el delito de falsedad y apreciándose la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de 10 meses de prisión por el delito de receptación y de 21 meses de prisión por el delito de falsedad en concurso con el delito de estafa, en esencia porque guiado por la intención de obtener un beneficio económico, introducía, matriculaba y vendía en España vehículos de alta gama de procedencia ilícita, procedentes en su mayor parte de Italia, alterando en algunas ocasiones los números de bastidor y con soportes no originales elaborando permisos de circulación alemanes, alega que "no existen elementos suficientes que permitan articular un pronunciamiento condenatorio, al no resultar acreditados los elementos normativos del tipo delictivo, lo que ha conducido a una insuficiente motivación".

Con alusión exclusiva al delito de receptación, pues como principia la fundamentación de la sentencia de instancia, este acusado reconoció su participación en las 26 operaciones recogidas en las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal hasta el punto que su defensa se adhirió excepto en el particular de la acusación por delito de receptación, cuya absolución pretende.

Ahora, más concretamente, en referencia a dos elementos normativos de este delito:

a) Existencia de un delito previo contra el patrimonio o el orden socioeconómico.

b) Elemento cognoscitivo: conocimiento por parte del recurrente de esa procedencia ilícita.

2. Motivo que necesariamente debe ser desestimado, pues al margen de su enunciado, en el escrito de recurso, la argumentación viene referida, no a la falta de motivación, ni siquiera a la falta de prueba, sino al deseo de una mejor prueba sobre esos extremos, lo que lógicamente excede del ámbito de este cauce casacional.

Así, el propio escrito de recurso recoge la motivación de la sentencia:

"(...) Que se pudo determinar de forma precisa que procedían de delito. Las autoridades italianas comunicaron los señalamientos por denuncia por la sustracción de varios de ellos. Los atestados reflejan los señalamientos que parecen en la base de datos de vehículos Schengen se aportan denuncias interpuestas en Italia. Sin ser exhaustivos, entre otros, haremos mención a distintos folios de la causa donde se hace referencia a los señalamientos por las sustracciones de distintos vehículos y distintas denuncias. Folio, 779 referido al hecho 11, 828 al hecho 4, 846 al hecho 8, 1062, referido al hecho 1, 1089 y 431 al hecho 3, 1248 y 228 y ss, al hecho 11, 1276 al hecho 15, 1462 al hecho 12, 1675 al hecho 18, 1729, al hecho 19. También folios 77, 202, hecho 2, 383, hecho 3, 360, 3408, hecho 7, 424, 431, hecho 9, 781 y 2227, hecho 10, 1409 y ss, 4036, 4063, 4026 y ss, 4330, folios 41-43 y anexo 4 atestado NUM067, hecho 6.

La comisión de delitos previos contra el patrimonio o el orden socioeconómico relativos a las sustracciones de los vehículos se infiere de la documental obrante en la causa. Se refiere a robos, huertos o apropiaciones indebidas. La posibilidad de que el leasing sea título hábil a los efectos del delito de apropiación indebida no admite dudas. Esas actuaciones previas se reflejan en las denuncias aportadas, apareciendo las fechas, lugares, con su inclusión en la terminal Schengen. Origen ilícito de los vehículos que es además por la documentación falsa para su matriculación y la troquelación falsa de alguno de ellos.

3. La objeción que hace a esa argumentación pese a su tenor literal es que deriva de la apreciación subjetiva de una agente de la Guardia civil, a partir de señalamiento genéricos en el sistema de información de Schegen; apócope que deforma absolutamente la racional valoración de la sentencia recurrida; pues la sentencia indica, además:

Refirió el agente que en el marco de las comprobaciones que regularmente verifican en tráfico sobre documentación de vehículos importados detectaron determinadas anomalías que provocaron las actuaciones desarrolladas después. Fueron intervenidos en distintos momentos los vehículos controvertidos en los que se detectaron distintas irregularidades, entre otras, según los casos, la falsificación del número de bastidor, falsificación de los permisos de circulación alemanes que se asignaban a vehículos italianos o carta de circulación italiana, que resultaba ser o tratarse de documento auténtico perteneciente a otro vehículo idéntico dado de alta en Italia. En muchos de los vehículos intervenidos se pudo determinar de forma precisa que procedían de delito. Las autoridades italianas comunicaron los señalamientos por denuncia por la sustracción de varios de ellos. Los atestados reflejan los señalamientos que aparecen en la base de datos de vehículos Schengen respecto a las denuncias por la desaparición de los vehículos. También se aportaron denuncias interpuestas en Italia.

Para a continuación, sin voluntad de exhaustividad, mencionar distintos folios de la causa donde se hace referencia a los señalamientos por las sustracciones de distintos vehículos y distintas denuncias. Además del testimonio de testigo Horacio, persona encomendada por entidades italianas para recoger los vehículos intervenidos para su traslado al país de origen.

Y añade la sentencia:

La documentación aportada también acredita la realidad de las operaciones como también las distintas alteraciones verificadas, así como la realidad de la realidad de la existencia de denuncias varias sobre la procedencia ilícita de los vehículos sustraídos. Cabe reseñar como documental de interés, entre otras, los documentos 381 a 384,388 a 390,394 a 397,402 a 409,423 a 425,428 a 431, todos ellos referidos a deficiencias de la Guardia civil donde se comprueba la manipulación del bastidor y diligencia sobre la falsedad de documentos; 738 y 739, y 779 a 779,781 a 795,801 a 807 y 800 44848, que viene referidos a inspecciones oculares de vehículos, certificados de circulación falsos y denuncia por apropiación indebida de vehículo; 1000 104.127 relativo actuaciones respecto a cuatro vehículos vendido por Ah-bay y comercializadora Costa Azul; 1000 409.470 denuncias por robo de vehículos en Italia y facturas de venta; 1957 a 1959 y 2472 a 2477, referido a documentación de vehículos; 3554 y 3555 de permiso de circulación y certificado de propiedad falso; 3556 a 3563 sobre documentación de vehículo; 4141 a 4155 sobre falsificación o de circulación; 5053 a 5055 sobre tasación pericial de vehículos.

4. Prueba de cargo suficiente pues, para enervar la presunción de inocencia del recurrente, no sólo sobre la procedencia ilícita de los vehículos de un delito contra el patrimonio; sino también de su conocimiento por parte del recurrente; ya que es contrario a toda inferencia lógica que alguien dedicado a la importación y venta de vehículos los importara careciendo de la documentación de esos vehículos y entendiera normalizado venderlos con documentación falsa y bastidores alterados con troquel, en el caso de que entendiera lícita y sin necesidad de ocultación alguna su origen; y menos aún, que consecuencia del azar, precisamente coincidieran en su intermediación tal número de vehículos con procedencia ilícita. Tal habitualidad, lo que permite inferir, por contrario, es la búsqueda de este origen en los vehículos que comercializaba.

Sin que por otra parte, el que ocasionalmente la posesión inicial del vehículo haya derivado de un contrato de leasing, enerva ese origen ilícito; y así en la STS núm. 900/2021, de 18 de noviembre, con cita de la núm. 585/2021, de 1 de julio, indica que el contrato de leasing es título apto para generar un delito de apropiación indebida en caso de incumplimiento del deber del arrendatario de devolución de los bienes, incorporándolos a su patrimonio y así lo venimos proclamando desde hace muchos años ( STS 70/2018, de 8 de febrero, 1333/2005, de 10 de noviembre, 750/2011, de 4 de mayo y 9 de julio de 1988); o de igual modo, la STS 244/2016, de 30 de marzo, indicaba con mención de algún precedente, como la STS 750/2001, de 4 de mayo, que el leasing o arrendamiento financiero es un título apto para que pueda cometerse sobre tal obligación de devolver el bien arrendado un delito de apropiación indebida.

5. Valga recordar además, que la constatación de la existencia del delito anterior contra el patrimonio, solo exige un hecho mínimamente circunstanciado, tal como se recoge en el factum a partir de la documentación obrante en autos, sin que sea necesario ni implique el pronunciamiento de una sentencia previa que los afirme; y en cuanto al elemento cognoscitivo de esa circunstancia, no alcanza un conocimiento detallado, sin que sea obstáculo el que se ignore forma, lugar y tiempo del mismo, ni que se desconozca su específico nomen iuris, o quien fue realmente su autor o intermediario; es decir, basta el conocimiento de que el origen es abstractamente delictivo.

El motivo se desestima.

Recurso de Gabino (acusado)

SEGUNDO.- Este recurrente, condenado también en la instancia como como autor responsable de un delito continuado de receptación y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa, concurriendo la agravante de reincidencia en el delito de falsedad y apreciándose la atenuando de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de 10 meses de prisión por el delito de receptación, y de 21 meses de prisión por el delito de falsedad en concurso con el delito de estafa, así mismo, sólo formula un motivo por vulneración de los artículos 24.1 y 24.2 de la Constitución Española, conforme autoriza el artículo. 5.4 LOPJ y 852 LECrim, en relación al principio de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, y todo ello por cuanto no existen elementos suficientes que permitan articular un pronunciamiento condenatorio, al no resultar acreditados los elementos normativos del tipo delictivo.

1. Igualmente argumenta sobre la insuficiencia de prueba de manera coincidente con el recurrente anterior en relación con el delito de receptación; y además, añade la falta de pericial que acredite las falsedades documentales y en su caso concierto para su perpetración, o su ulterior empleo como engaños para lograr la venta de los vehículos.

2. La sentencia motiva así la existencia de prueba de cargo contra este acusado:

En cuanto al acusado Gabino entendemos también que hay prueba suficiente para acreditar su participación en los hechos que se le atribuyen.

Nos informó acerca de que venía dedicándose sin novedad a la compra de vehículos en Alemania y Francia. Fue en Italia cuando empezaron los problemas. Señala que el acusado Estanislao tenía contactos en ese país y el declarante mandaba su empresa para comprar el coche a la empresa italiana dado que la mercantil comercializadora Costa Azul, de la que es titular, tenía CIF intracomunitario, que permitía pagar el IVA en España, comprueba el vehículo en Italia en neto, esto es sin IVA, después lo matriculada y a los tres meses liquidaba el impuesto. En definitiva, su empresa importaba los vehículos de Italia, señalando que mandaba por fax las escrituras de su empresa al comprador italiano, que verificaba que tenía el CIF intracomunitario y le vendía el coche sin IVA. También dijo que se enteró que había problemas a los seis o siete meses, que a él le dan la documentación y no sabe su procedencia, que participó en la venta de algún vehículo.

Como señaló el agente de la Guardia Civil en el juicio durante la investigación, detectaron que en las importaciones de vehículo realizadas por Comercializadora Costa Azul, no constaba la operación de compra en Italia ni el pago del precio por el vehículo que se adquiría.

Si en el momento de la investigación no constaban estos particulares tampoco se ha demostrado a lo largo de la instrucción ni tampoco en el plenario, a pesar de que ha transcurrido un tiempo muy notable desde que se produjeron los hechos. Si quien realizó la importación de los vehículos no logró acreditar estos extremos mal podrá sostener un desconocimiento de algo que resultaba obvio, pues nadie vende un vehículo sin recibir una contraprestación, que no consta entregada. Aquí no existió ninguna operación de venta o transacción de cualquier otra naturaleza legal y no medió pago del precio. La empresa del acusado sirvió de medio necesario para lograr la importación del vehículo para luego venderlo en España, siendo perfecto sabedor que sus turismos tenían procedencia ilícita, pues de no ser así sencillo hubiera logrado probar la licitud de las operaciones en que intervino.

Junto a ello, resulta relevante también la declaración de Estanislao. Dicho acusado exculpó a todos los demás excepto a Gabino. Muy claramente dijo que su padre y acusado Onesimo no sabía nada, pero su hijo Gabino sí lo conocía. No hay dato alguno para suponer que Estanislao tenga inquina al acusado para achacarle una indudable responsabilidad en el delito sin motivo o razón. Perfectamente Estanislao podría haber aceptado los hechos y exculpar a todos los acusados, pero no lo hizo. Y esa atribución de responsabilidad por parte del coacusado aparece plenamente corroborada por el hecho cierto de que Gabino colaboró activamente con Estanislao prestándose a realizar un cometido de singular relevancia.

Además lo que admite el acusado Estanislao sobre la ilicitud de las operaciones en que intervino se corresponde con el hecho indubitado de que no hubo compra ni pago de precio de los turismos en que intervino la empresa del Gabino "Comercializadora internacional Costa Azul" o en las que el acusado actuó personalmente.

A mayores, también el acusado intervino en la venta de alguno de los vehículos, hecho que también admite. Por supuesto que en el vehículo del hecho NUM068 lo vendiera Estanislao o que las ventas de los vehículos NUM069, NUM070 y NUM071 se entendieran con DIRECCION000 o que la venta del vehículo del hecho NUM072 no se entendiera con el acusado, no significa que éste no interviniera al menos en grado de cooperador necesario en esas operaciones, en la medida que el acusado, por medio de su empresa y en connivencia con Estanislao, verificó las operaciones necesarias que hemos reseñado para lograr que los turismos pudieran ser vendidos en España. En todo caso, además, el testigo Juan Luis le señala como la persona que le vendió los vehículos en nombre de la empresa DIRECCION000. Ese testimonio vendría a corroborar lo que dijo el acusado Estanislao en el sentido de que las ventas que se realizaron en Madrid las llevó a cabo Gabino. En las ventas a que se refiere los hechos NUM068, NUM073, NUM074, NUM075, NUM072 y NUM076 aparece como vendedor la entidad Comercializadora Internacional Costa Azul.

3. El motivo debe ser desestimado, dado que la jurisprudencia de esta Sala considera que el control casacional del respeto al derecho a la presunción de inocencia no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante el Tribunal de instancia porque a él y solo a él corresponde esta función valorativa, sino que únicamente autoriza a esta Sala de Casación a fiscaslizar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada y, de otra, su suficiencia. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal.

Igualmente, porque también está fuera de dudas que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional, el juicio de inferencia del Tribunal "a quo" sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia.

De lo expuesto, resulta acreditado, incluso admitida, su participación de la importación de los vehículos; así como la falta de constancia tanto de la operación de compra en Italia como del pago del precio por el vehículo que se adquiría; y por contra, resulta constatada su participación en la comercialización de los mismos; vehículos con documentación falsificada. De donde el desconocimiento del origen ilícito cuando importa en esas condiciones y después comercializa esos vehículos con documentación diversa, falsificada, contradice cualquier criterio lógico.

El motivo se desestima; no resulta apto este motivo para revalorizar la prueba practicada, sino para constatar la existencia de prueba de cargo suficiente, como así sucede.

Recurso de FERNÁN GONZÁLEZ ABOGADOS, SL. (acusación particular)

TERCERO.- Esta parte recurrente, igualmente formula un solo motivo por vulneración de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la vía del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos en relación con el artículo 24.2 de la Constitución, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías; por la falta de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3ª, al Recurso de Apelación interpuesto por esta acusación particular el día 17 de mayo de 2018, contra el Auto de transformación de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia, Diligencias Previas 795/2008. El auto de transformación en la presente causa, no habla de una transformación en general; muy al contrario entra al detalle de cada uno de los delitos (reflejando incluso al detalle, cada uno de los vehículos, y los investigados en concreto por dicha operación), y por tanto, contra quien se realiza la imputación formal. Por lo que en la celebración del plenario se le impidió a esta acusación particular, realizar acusación contra todas las personas que consideraba partícipes del delito (y en concreto contra D. Efrain); al no haberse resuelto el Recurso de Apelación al que hemos hecho referencia, interpuesto el 17 de mayo de 2018.

1. Hace referencia a que recurrió el Auto con fecha 14 de marzo de 2019, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia en Diligencias Previas 795/2008, en el que se acordaba seguir los trámites del Procedimiento Abreviado; que al inicio de la vista oral, aún no había sido resuelto y en cuya consecuencia, afirma, se le impidió realizar acusación contra todas las personas que consideraba partícipes del delito (y en concreto contra D. Efrain); sin que dicha cuestión hubiere tenido respuesta en la sentencia recurrida.

Además de dicha cuestión expuesta en la preparación del recurso, con posterioridad ha sido resuelta dicha apelación, con fecha de 13 de octubre de 2021, cuya parte dispositiva resuelve: " ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de FERNAN GONZÁLEZ ABOGADOS SL contra el auto dictado el 8 de mayo de 2018, dictado en las Diligencias Previas número 795/2008 del Juzgado de Instrucción núm. 12 de Valencia , que desestimó la reforma del auto de 14 de marzo del mismo año; resoluciones que se revocan a efectos de que se amplíe por el Juez Instructor el trámite de procedimiento abreviado respecto de los hechos interesados por la Acusación Particular recurrente".

Lo que refuerza, entiende, su petición de nulidad de todo lo actuado desde dicha resolución, con remisión de nuevo de la causa al Juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia, para que dicte nuevo auto de transformación conforme a lo dispuesto en el Auto 1002/2021 dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, para la debida observancia de su derecho a la tutela judicial a un proceso con todas las garantías.

2. Conviene remarcar los hitos procesales de este incidente:

i) El 18 de octubre de 2017, se dicta Auto de acomodación a Procedimiento Abreviado, donde en relación al episodio ateniente a esta parte recurrente, referido al vehículo duodécimo de los descritos RANGE ROVER, n.2 bastidor NUM028. Matrícula italiana NUM029 y matrícula española NUM030, describe:

Vehículo sustraído en Italia entregado en calidad de depósito a su propietario italiano "BNP Paribas Group" aunque mediante Providencia de 5 de julio de 2009 (folio 2521) se ordenó su devolución a la Caixa,

Estanislao y "COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COSTA AZUL SL" ( Gabino) lo venden a la entidad "Fernando Gonzalo Abogados SL "que paga 68.000 Euros. Se adquiere mediante Leasing de la Caixa.

En tal venta colaboró Ángela que matriculó el vehículo en Tomelloso y la entidad AUTO HOUSE ESPAÑA SL., así como Leoncio (AUTO HOUSE ESPAÑA SL).

Tasado en 55.850 Euros.

ii) Por auto de 7 de noviembre se rectifica el error material producido en esa resolución de 18 de octubre, sobre la denominación de la entidad recurrente; que ha de ser FERNAN GONZALEZ ABOGADOS SL y no FERNADO GONZALO ABOGADOS SL.

iii) Subsiguiente a recurso de reforma formulado por la representación de Leoncio, también contra el referido Auto de 18 de octubre de 2017, por resolución de 8 de enero de 2018, ese Juzgado de Instrucción, argumenta:

La reforma que plantea la representación procesal de Leoncio parte de la existencia de un error en esta instructora consistente en relacionarlo con la entidad " Auto House España SL ", cuando tal relación es inexistente (acompaña certificación emitida por el Registrador Mercantil de Madrid al respecto ) y en el hecho de que el Sr Leoncio únicamente declaró en calidad de Investigado en relación al vehículo que figura en la operación descrita en el número NUM073 del auto recurrido, no respecto a las operaciones NUM077, NUM078, NUM072, NUM079, NUM080, NUM081 y NUM082 y al respecto el Ministerio Fiscal al evacuar el traslado conferido no se opone a que se le reciba declaración. Esta instructora reconoce que ha podido existir un error a la hora de saber sobre qué vehículos u operaciones pudo haber declarado el Sr Leoncio en calidad de investigado e incluso que pueda existir una falta de concreción a la hora de relacionar al mismo con la entidad "Auto House España SL" por lo que, a efectos de no causar indefensión al mismo y siendo imprescindible oírle en relación a las operaciones en las que indiciariamente se entiende que intervino, deberá dejarse sin efecto el auto de incoación de acomodación procedimental impugnado, volviendo a la fase de Diligencias previas debiendo señalarse día para recibir declaración al recurrente como investigado.

En cuya consecuencia en la parte dispositiva estima la reforma interpuesta por la representación procesal de Leoncio, con la precisión de que la reforma debe dar lugar a dejar sin efecto el mencionado auto volviendo a la fase de diligencias previas donde se recibirá nueva declaración al Sr. Leoncio señalando fecha para ello.

iv) En esa misma resolución se desestima otro recurso de reforma y se pospone el pronunciamiento sobre otro recurso de reforma formulado por el Ministerio Fiscal.

v) Consecuente al Auto de 17 de marzo de 2018, se modifica el Auto de acomodación a Procedimiento Abreviado, ahora con fecha de 14 de marzo de 2018, donde en relación al episodio del vehículo nº NUM078, se suprime el último inciso del penúltimo párrafo: así como Leoncio (AUTO HOUSE ESPAÑA SL).

vi) Con fecha 17 de mayo de 2018, por la representación procesal de FERNAN GONZALEZ ABOGADOS SL formula recurso de apelación contra la anterior resolución, en orden a que se proceda la inclusión del referido Leoncio (AUTO HOUSE ESPAÑA SL) como participante en la venta del vehículo que adquirieron, junto a Estanislao y "COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COSTA AZUL SL" ( Gabino).

vii) Por parte de la acusación particular, ahora recurrente, con fecha de 12 de septiembre de 2018, se formuló sin embargo, escrito de acusación en relación a las vicisitudes de la compra del referido vehículo nº NUM078, Rang Rover, procedente de Italia, donde además de mencionar como acusados a Estanislao y a Gabino, entre otros particulares se indicaba que En todo momento los tratos, negociaciones y entrega del dinero fueron gestionados directamente con el acusado D. Leoncio, sin que interviniera ninguna persona más en la operación de venta del vehículo y afirmando como autores, a los "acusados", sin distingo ni excepción para ninguno de los tres.

viii) En fecha 15 de octubre de 2018, el Juzgado dicta auto de apertura de juicio oral, donde entre las personas contra las que se tiene dirigida la acusación, se incluye a Leoncio, si bien, dado el importe de la responsabilidad civil, exclusivamente en relación al vehículo BMW ordinal NUM073, de cuyas operaciones de venta era acusado por el Ministerio Fiscal, no por Fernán González Abogados (que lo hacían por el vehículo Range Rover, ordinal NUM078).

ix) En el momento de cuestiones previas, al inicio de la vista oral, la representación de Fernán González Abogados SL, interesa la suspensión de la vista oral, hasta que se resuelva el recurso de apelación pendiente que interpuso contra el segundo Auto de modificación del Procedimiento Abreviado, dictado el 17 de marzo de 2018; que se deniega en base a que el recurso de apelación, de conformidad con el art. 766 LECrim, es en un solo efecto, no tiene por tanto efecto suspensivo, por lo que nada impide la continuidad del juicio; si bien correlativamente, el hecho delictivo referido al vehículo Ranger Rover, resta excluido del procedimiento, de manera que en el caso de que fuera estimado el recurso, cabría enjuiciar a Leoncio por este hecho delictivo.

x) La sentencia, efectivamente, conforme a sus antecedentes de hecho, no tiene por acusado a Leoncio en relación con el vehículo Range Rover que adquirió esta sociedad recurrente; y únicamente le enjuicia y absuelve por su intervención en las operaciones de venta relativas al vehículo BMW, reseñado en el ordinal 11º.

3. En el procedimiento abreviado no se regula expresamente esta situación, a diferencia del procedimiento ordinario, donde pendientes los recursos de apelación en un efecto que haya pendientes, queda en suspenso el procedimiento hasta que sean resueltas las apelaciones pendientes ( art. 622 LECrim) ; aunque ciertamente, el art. 758 remite a las normas comunes en todo aquello que no resulta previsto en las modificaciones específicas que regulan el Procedimiento Abreviado.

Se adoptara una u otra solución, contaría con sustento interpretativo plausible en nuestro ordenamiento (vid. STS 705/2022, de 11 de julio); donde tampoco a priori cabe una solución unívoca, al deber ponderarse cual era el contenido y objeto de la apelación, para quien llevaría consecuencias la resolución pendiente y fuere cual fuere la resolución que resultase de la apelación como afectaría una suspensión de la vista y consiguiente dilación al resto de las partes.

Pero aun cuando se entendiera que resultaba preferible en un caso concreto, la suspensión de la vista mientras se resolvía la apelación, no por haberse celebrado la vista sin esperar al resultado de la apelación conllevaría por sí solo, quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva.

4. En autos, parece que la resolución que estima la apelación se contiene en el Auto 1002/2021, de 13 de octubre, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que es de fecha posterior a la sentencia que se recurre.

Pese a la restricción de aportación documental en casación, dicha resolución aparte de tener carácter intraprocesal, su existencia y contenido es admitido por la propia representación procesal de Leoncio (vid. su escrito formulado al amparo del art. 882 LECrim) . Pero aunque se considerara extraprocesal, como indicamos en la STS núm. 910/2023, de 13 de diciembre con referencia a la sentencia de Pleno núm. 339/2021, de 23 de abril (refiriéndonos a la casación, donde frene a la regulada admisión en apelación, la aportación documental está sometida a severísimas restricciones), no impide que en algún supuesto la norma contenida en el art. 271.2 LEC derivada de su estricta especificidad, pueda tener posible operatividad y justificación, cuando incorporada por esta vía, sirva para evitar un innecesario recurso de revisión.

El art. 271 LEC, que obedece a la rúbrica de preclusión definitiva de la presentación de documento, instrumento, medio, informe o dictamen, incorpora como excepciones a la regla, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o notificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso. Norma de enjuiciamiento civil, que ante la carencia de previsión específica para la jurisdicción penal, de conformidad con el art. 4 LEC, debe entenderse de aplicación supletoria en los procesos penales. Además, indica la norma que la resolución sobre la admisión y alcance en estos supuestos de aportación de las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, que por su fecha no pudieron tenerse antes en consideración, se resolverá no en el momento de presentación del documento, sino en la misma sentencia.

5. En dicha resolución se indica que debe ampliarse el auto de adecuación a procedimiento abreviado el episodio del vehículo Range Rover, con la participación de Leoncio. Pero tal pronunciamiento no exige en modo alguno la nulidad de todo lo actuado desde el dictado del Auto recurrido, como interesa la recurrente.

Al no haber resultado enjuiciado Leoncio en la sentencia recurrida, nada obsta a que dicha resolución de apelación, tenga su curso normal y llegado que sea al Juzgado de Instrucción, proceda a dictar auto ampliatorio de educación al procedimiento abreviado donde se describa su intervención en la venta del reiterado Ranger Rover.

Carece de sentido, al no afectarle la decisión de apelación, reiterar el enjuiciamiento de los otros acusados que han resultado condenados. La reiteración del procedimiento respecto de los episodios enjuiciados, nada adiciona a la pretensión de los recurrentes del enjuiciamiento de Leoncio, por el vehículo que adquirieron.

De hecho, indica la representación de Leoncio, que ya

- En fecha 15 de noviembre de 2021, el juzgado de instrucción n º 12 de Valencia dictó un auto de acomodación procedimental en relación a Leoncio, en el que cumplía lo ordenado por el auto de auto de fecha 13 de octubre de 2021 dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia.

- En fecha 24 de febrero de 2022, se dictó auto de apertura de juicio oral en el que se va a juzgar a Leoncio por los hechos que solicitaba la acusación particular.

De modo que el derecho a una tutela judicial efectiva del recurrente, se satisface plenamente en el sentido solicitado, con ese ulterior enjuiciamiento ya tramitado de nuevo, que es lo que establece la resolución de la apelación que se encontraba pendiente y que en nada contradice con la motivación de la Audiencia, cuando en trámite de cuestiones previas, motiva la denegación de la suspensión de la vista interesada.

6. Consecuentemente, en cuanto que las vicisitudes procesales que describe el recurrente, no conllevan consecuencia o afectación de la parte dispositiva, el motivo debe desestimarse.

CUARTO.- De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de desestimación del recurso, se impondrán al recurrente.