Sentencia Penal 532/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 11381/2023 de 05 de junio del 2024

PRELIMINAR.- La sentencia objeto del presente recurso de casación es la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que dicta sentencia condenatoria contra el hoy recurrente. Este acusado fue citado a juicio, junto a los otros los otros acusados en su causa, celebrándose el juicio oral para la mayoría de los acusados en esta causa, no compareciendo al juicio por lo que se decretó su busca y captura, hasta su detención el 9 de enero de 2023, celebrándose nuevo juicio, solo para este acusado.

El recurrente plantea una impugnación casacional que desarrolla en 22 motivos, y más de 250 páginas, en las cuales vuelve a reiterar lo que ya fue objeto de impugnación casacional ante esta Sala respecto del anterior enjuiciamiento celebrado para los otros acusados, y en el que se dictó con fecha 8 de junio de 2016, la Sentencia 492/2016. En la impugnación reproduce motivos de aquella casación y se refiere a apartados y testimonios del primer juicio oral.

No es ocioso recordar que en el enjuiciamiento de un rebelde, cuando ya se ha dictado Sentencia de condena por los mismos hechos contra otros encausados, presenta ciertas singularidades, que en ocasiones, ha dado lugar a impugnaciones en las cuales el recurrente suele expresar la indefensión sufrida, en la medida en que la segunda celebración del juicio, la que le afecta, se parte ya de un hecho declarado probado, e incluso de su confirmación por los mecanismos de revisión de las sentencias condenatorias. En estos casos, hemos declarado que no se produce un supuesto de indefensión, y por lo tanto de nulidad de la sentencia, por cuanto la sentencia que concluye el enjuiciamiento por la Audiencia respectiva ha de ajustarse a los medios de pruebas desplegados en el juicio celebrado en presencia del recurrente, que en su día fue declarado en rebeldía, con plena observancia de los derechos procesales que le asisten en su enjuiciamiento. Es obvio que en la sentencia que afecta al recurrente, en su día rebelde, se pueden hacer referencias fácticas, e incluso jurídicas, a la sentencia anteriormente recaída sobre el mismo objeto procesal, referencias que han de ser inevitables, dado que es el mismo objeto procesal, pero esas menciones, ya sea explícitas o implícitas, no supone una indefensión para el acusado que se enjuicia en la nueva sentencia, pues la anterior sentencia no le afecta, dada su rebeldía, y tiene incólume su derecho a que se enjuiciamiento se realice con arreglo a los medios de prueba que, quieran hacer valer en el juicio que se celebra contra él, en el que la acusación debe proponer la prueba en su enjuiciamiento, para obtener del tribunal una respuesta acorde con sus respectivas pretensiones. (En similares términos STS 648/2018, de 14 de diciembre).

Dicho lo anterior, que ahora se reitera, la nueva sentencia que se dicte ha de observar las exigencias de todo enjuiciamiento, la existencia de la precisa actividad probatoria suficiente para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia que acompaña al acusado, hoy recurrente , en el nuevo juicio. Por la misma razón, no es admisible plantear el recurso de casación cuestionando la actividad probatoria del anterior enjuiciamiento, pues el mismo no se desarrolló frente al hoy recurrente, que entonces se encontraba en situación de rebeldía. En este sentido dijimos en Sentencia 91/2021, de 3 de febrero, que la exclusión del proceso penal de la prejudicialidad vinculante de Sentencias anteriores ( SSTS 381/2007, de 24 de abril ó 827/2011, de 25 de octubre), significa que las cuestiones fácticas han de resolverse según la prueba practicada en cada proceso, aunque el hecho enjuiciado sea el mismo. Paradigmático es el caso de rebeldía de alguno de los imputados. Si en el juicio seguido con posterioridad para el rebelde la prueba practicada es diferente, o arroja resultados distintos, habrá que declarar no probados los hechos, aunque la sentencia anterior haya proclamado lo contrario; o, al revés, estimar que los hechos que la primera sentencia declaró no acreditados, sí lo han quedado en el segundo juicio, v. gr., por haber comparecido testigos que no fueron localizados antes (o muchas otras vicisitudes imaginables: confesión; nueva documentación aportada; firmeza de un testigo que en el juicio anterior por razones que explica, se mostró dubitativo...) (vid STS 388/2018, de 12 de septiembre).

No es por lo tanto admisible, como hace el recurrente en el presente recurso de casación, se plantear cuestiones que no han sido objeto de su proceso penal, como ocurre en esta casación en la que el recurrente cuestiona declaraciones, que el tribunal anterior valoró, y respecto a los que señala las contradicciones o faltas de lógica, pues esas declaraciones no han sido vertidas en este proceso, sino que se practicaron en el anterior enjuiciamiento de los hechos. No es posible cuestionar, por lo tanto, aspectos que no son los del enjuiciamiento de este recurrente. Con estas premisas analizamos la impugnación.

PRIMERO.- Formaliza un primer motivo en el que al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 la Ley Orgánica del Poder Judicial, denuncia la vulneración de su derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley consagrado en el artículo 24 de la Constitución.

El motivo se desarrolla de forma extensa y el recurrente ya advierte, desde su inicio, que no lo planteó en debida forma durante el enjuiciamiento, señalando que "se realizó el planteamiento de esta cuestión por esta parte tanto en calificación, como en trámite de informe". Se refiere el primer señalamiento del juicio, al que no compareció y en el que otros acusados plantearon cuestión de competencia, que fue resuelto por Auto de 2 de abril de 2014. En el juicio oral, celebrado contra el recurrente, no hay constancia documental de un planteamiento de una cuestión de competencia, aunque sí en el rollo de sala de la Audiencia Nacional obra el planteamiento de un artículo de previo pronunciamiento en el cual este recurrente cuestionaba la competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los presentes hechos, artículo de previo pronunciamiento que fue resuelto, como se ha dicho, por Auto de 2 de abril del 2014, y confirmada por esta Sala en Auto 1107/2014, de 23 de julio. A través de esa resolución se consolidó la competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los hechos objeto del proceso que se ventilaba en la Audiencia Nacional. En el desarrollo del motivo señala que la vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley que denuncia se concreta, tras conocer en el desarrollo del juicio por los nuevos hechos que resultan del enjuiciamiento que justifican tal planteamiento que en su día se realizó del artículo de previo pronunciamiento, señalando que por las declaraciones testificales oídas en el juicio oral, los hechos investigados no se desarrollaban en territorio de más de una Audiencia, y que existieron investigaciones que han sido ocultadas a los órganos jurisdiccionales.

El motivo se desestima. En primer lugar, porque el cuestionamiento de la competencia ya fue definitivamente resuelta a través de los artículos de previo pronunciamiento previos al juicio oral, confirmadas por esta Sala en la resolución anteriormente señalada, que rechazó la pretensión y fijó, definitivamente, el órgano competente para enjuiciar los hechos y observar el derecho a juez natural predeterminado por la ley. Además, porque en el presente enjuiciamiento no se cuestionó la competencia de la Audiencia Nacional, como debiera haber sido precedente, no siendo factible discutir la competencia una vez conocido el sentido condenatorio del pronunciamiento jurisdiccional. En todo caso, la argumentación que el recurrente emplea para cuestionar la competencia no va referida a las manifestaciones de los testigos en el presente enjuiciamiento, sino a las declaraciones de los funcionarios policiales, que identifica en el recurso, que no declararon en este juicio, sino en el anterior, funcionarios policiales que ni siquiera fueron propuestos como testigos en este juicio. En todo caso, ratificamos el contenido de la Sentencia 492/2016, de 8 de junio, la sentencia anterior y a la que nos iremos refiriendo de forma constante en esta sentencia, cuando da respuesta a una pretensión similar a la que ahora plantea el recurrente.

SEGUNDO.- En el segundo de los motivos denuncia la vulneración de su derecho de defensa y del derecho a un proceso revestido de todas las garantías, señalando que la impugnación se apoya en "la indefensión continua en la que han quedado las partes en el presente procedimiento por la denegación sistemática de pruebas, sin perjuicio de las circunstancias que rodearon al secreto de la causa, su alzamiento y el posterior cierre o conclusión de una investigación judicial, sin posibilitar el ejercicio del derecho de defensa...".

En desarrollo del motivo alude a una serie de diligencias que no han sido objeto de este proceso, y es mera reiteración del cuestionamiento que se realizó respecto al anterior enjuiciamiento, que dio lugar a la sentencia condenatoria posteriormente confirmada por esta Sala en la Sentencia 492/2016. Así, se relaciona en un primer apartado, el que no se hayan puesto a disposición de las partes las intervenciones telefónicas, grabaciones de vídeos y demás documentos de carácter informático. El dilatado término del secreto de las actuaciones; la denegación de diligencias de prueba propuestas en escritos de defensa de las partes, con especial referencia a las que se solicitaron al amparo del artículo 729.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; las actuaciones médicas referentes al testigo protegido número NUM001 y a otros dos testigos; y el hecho de sustraer al conocimiento de las defensas datos indispensables para poder combatir y someter a contradicción lo que los testigos protegidos hubieran puesto de manifiesto en sus declaraciones.

Pues bien, pese al contenido de la impugnación ninguna de las cuestiones a las que se refiere la vulneración que denuncia ha sido practicada en el presente enjuiciamiento. La defensa en este enjuiciamiento no cuestionó las intervenciones telefónicas, ni solicitó el visionado de grabaciones videográficas, ni propuso como prueba a los testigos protegidos. Se trata de una impugnación que versa sobre el extremos ajenos al presente enjuiciamiento de los hechos, y que es mera reiteración de lo que se cuestionó el anterior sentencia dictada en la presente causa que no afectó al hoy recurrente.

TERCERO.- En el tercer motivo denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia que desarrolla, en el motivo "con especial incidencia en cuanto a la nulidad de las intervenciones telefónicas". En el desarrollo argumental del motivo comienza expresando que "en los anteriores motivos de casación del presente recurso se abordaron oportunamente cuestiones de nulidad por infracción de derechos fundamentales y la obtención del patrimonio probatorio con especial incidencia en lo que concierne a las intervenciones telefónicas que se habilitaron judicialmente en el presente procedimiento.... es por ello que, dado al principio de economía, nos remitimos y solicitamos se dé por reproducido en todos y cada uno de esos motivos casacionales en los que se ha denunciado la infracción de derechos fundamentales con la finalidad de abordar el tema en el presente motivo desde el punto de vista del derecho fundamental a la presunción de inocencia". Tras un largo exordio sobre el contenido esencial del derecho fundamental, que forzoso es darlo por reproducido, no llega a exponer el concreto motivo que le lleva a pedir la nulidad de las intervenciones telefónicas, y concluye "por todo cuanto antecede el presente motivo habrá de ser admitido y estimado en su integridad y por ende por declarada infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia".

No hay un desarrollo argumental que permita conocer el contenido de la impugnación que, por otra parte, no fue cuestionada durante el enjuiciamiento de este acusado, planteándose por primera vez en casación la irregularidad, de forma tan genérica que no es posible conocer el ámbito de la queja que expresa. Por otra parte, la Sentencia 492/2016, en sus fundamentos tercero y siguientes, da cumplida respuesta a las quejas concretas de vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones que se planteó en los recursos de casación allí desarrollados.

CUARTO.- En el cuarto de los motivos de la impugnación denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, al entender que el Tribunal de instancia ha procedido a realizar una valoración "arbitraria y carente de razonabilidad que se le otorgan las declaraciones que inculpan sobre todo a mi representado", en referencia a que la sentencia "dictada en el presente procedimiento en líneas generales otorga veracidad y verosimilitud a las declaraciones del testigo protegido en número NUM001, a Pedro Enrique, a Alejo y Anselmo, Arturo y a Armando, las personas que constarían como perjudicados en los episodios que han venido a denominarse de Algeciras y el Cuervo", señalando respecto a ellas "el cúmulo asombroso de contradicciones incoherencias y lagunas de sus declaraciones". Reproduce, seguidamente, el contenido de las declaraciones y realiza, respecto de cada uno de los testigos, valoraciones personales de esas declaraciones, como calificar el relato fáctico de hecho que no se ajusta a las reglas de la lógica en lo más mínimo, y que aparece negado y contradicho por otras declaraciones de la causa.

Como propone el Ministerio Fiscal este motivo será analizado junto a los motivos quinto, sexto séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero y decimoséptimo y decimoctavo, toda vez que las manifestaciones respecto a las cuales pretende una revaloración, distintas pruebas testificales oídas en el juicio oral, no se refieren a testigos que hayan declarado en esta causa, sino que fueron testigos del anterior enjuiciamiento. Concretamente, en los motivos cuarto, en cuanto menciona a los testigos, Pedro Enrique, Ambrosio, Apolonio, estos no han declarado en esta causa. Las referencias que realiza con relación al testigo protegido número NUM001 y a Pedro Enrique, en los motivos quinto y sexto, no se corresponde con los testimonios de esta causa y las afirmaciones que discute, y entre las que destaca contradicciones, se refieren a hechos en los cuales el acusado no ha intervenido y no ha sido imputado. El motivo decimoprimero alude a declaraciones de testigos que entran en contradicción con otro testigo, Alejo, sin que aquellos testigos hayan declarado en este juicio. En el motivo decimoséptimo se hace referencia a un testigo que no fue propuesto para el enjuiciamiento de este recurrente, y por lo tanto no prestó declaración en el juicio oral, por lo que no puede realizarse una valoración de su testimonio.

En todo caso, en la Sentencia 492/2016, ante una impugnación de semejante contenido contra la sentencia, donde sí declararon aquellos testigos, contiene un pronunciamiento sobre la pretensión deducida en este recurso respecto de declaraciones vertidas en otro juicio. Por otra parte, la desestimación de estos motivos basta con señalar que la vía impugnatoria en la que cuestiona la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, nos lleva a comprobar que en el enjuiciamiento seguido por los hechos contra el acusado recurrente, el tribunal ha expresado en el hecho probado el resultado de su convicción, y la fundamentación de la sentencia ha tenido en cuenta una actividad probatoria, lícita y regularmente obtenida, con un sentido preciso de cargo sobre los hechos de la acusación, exponiendo una valoración racional de la actividad probatoria tenida en cuenta por el tribunal para afirmar el hecho probado, no siendo viable, en un juicio de revisión, plantear una valoración de pruebas que no se han celebrado en el juicio. Podrá cuestionarse el grado convictivo de la prueba, la licitud o la regularidad de la prueba, su carácter de prueba de cargo y la suficiencia para afirmar el hecho probado, incluso plantear una duda sobre la fuerza acreditativa de la actividad probatoria, pero que no puede pretenderse es que realicemos una nueva valoración de una prueba que no se ha percibido de forma inmediata y que no ha sido valorada en la sentencia objeto de impugnación. El artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala, como fundamento esencial de la valoración en la prueba, la presencia inmediata en su desarrollo, restando un segundo ámbito de valoración referido a la estructura racional de la valoración de la prueba, aspecto que no aparece comprometida la inmediación y el derecho de defensa del acusado. La Sala de casación podrá valorar esos aspectos, junto a la legalidad y regularidad de la prueba, y la estructura racional y lo hará a partir de la motivación de la sentencia donde el tribunal ha de expresar el proceso de convictivo al que llega.

Consecuentemente los motivos cuarto a decimoprimero y decimoséptimo y decimoctavo se desestiman.

No obstante lo anterior, y como se señaló, abordamos ahora la correcta enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia que late en el fondo de los motivos que hemos analizado, circunscribiéndonos exclusivamente a la prueba desarrollada en el juicio oral respecto de este acusado. El tribunal ha tenido en cuenta las declaraciones prestadas por los perjudicados Alejo, Armando y Arturo, testimonios que han sido vertidos en el juicio oral y que, pese al tiempo transcurrido, por sus referencias a las declaraciones de los sumarios, han sido ratificadas en el juicio y permite considerar que existió la precisa actividad probatoria. Del primero de los testigos relacionados resulta la plena identificación del acusado, que en los hechos actuaba como hombre de confianza de otro de los imputados. El testigo lo reconoce como una de las personas que le interrumpió su entrada y le golpeó en varias ocasiones, precisamente, como uno de los que más golpeaba, y siendo relevante su identificación por el apodo con el que era conocido " Fermín". Declarado que la persona que actuaba como jefe de la organización lo identifica, cuando el testigo comía con dicho jefe, y se refiere a él como la persona que portaba una barra de hierro y que fue utilizada en los hechos. También es identificado el vehículo que este recurrente conducía habitualmente. El testimonio de las víctimas fue asertivo, en cuanto a los hechos de las torturas, de las lesiones y de las amenazas, bastando una lectura de la sentencia impugnada para comprobar la crueldad en la redacción de los hechos. También declararon funcionarios de policía encargados de la investigación y que practicaron múltiples seguimientos y vigilancias, corroborando las manifestaciones que resultan de otras testificales, manifestaciones que dan idea del componente de organización criminal de los hechos, así como las investigaciones que se realizaban, y también los testigos policiales, antes indicados, sobre los conocimientos que de los hechos tenían a través de los testimonios de los perjudicados.

Las pruebas testificales de quienes han intervenido en la investigación, de quienes han sido víctimas de los hechos y las corroboraciones que aparecen en la causa, hacen que la actividad probatoria sea suficiente para declarar correctamente enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

QUINTO.- En los motivos decimosegundo y decimotercero, aunque con distinto apoyo como motivo de impugnación, denuncia el error de derecho por la indebida aplicación de artículo 368 del Código Penal, delito de tráfico de drogas, entendiendo que los hechos pudieran ser calificados en cuanto a la sustracción de la sustancia tóxica, de delito de robo.

El motivo se desestima. En primer lugar porque ninguna de las partes planteó en sus escritos de calificación esta posible subsunción jurídica de los hechos, lo cual supondría un planteamiento novedoso, generador de indefensión, en esa instancia. Además, porque el motivo planteado como infracción de ley al amparo del número 1.º del artículo 849 de la ley procesal, exige respeto al hecho de que probado y este señala que la organización criminal a la que pertenecía el acusado tenía como interés en su actuar delictivo el de adquirir las sustancias tóxica a través de la forma conocida como "volcado", el apoderamiento de droga de personas que se dedican habitualmente a esa actividad.

Por último, la Sentencia de 492/2016 a la que tantas veces nos hemos referido da cumplida respuesta en el fundamento de derecho 16 a esta cuestión a la que nos remitimos para dar respuesta al motivo de deducido.

SEXTO.- En el motivo decimocuarto denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia argumentando que "distintos delitos concurren bajo las normas del concurso real, lo que es, afirma, irracional incluso incurriendo en contradicción consigo misma".

El motivo es de difícil inteligencia y para su resolución basta con reproducir el fundamento de derecho quincuagésimo primero de la Sentencia 492/2016, que ante una impugnación semejante desarrolla la concurrencia de los distintos delitos bajo las normas del concurso real, atendiendo a la distinta naturaleza del bien jurídico protegido, así como a la mecánica comisiva de uno u otro delito, qué hacen que la concurrencia de estos delitos lo sean bajo las reglas del concurso real, y no las del concurso ideal en su modalidad de concurso medial.

SÉPTIMO.- En el motivo decimoquinto vuelve a denunciar la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva cuestionando en este motivo "el razonamiento arbitrario del tribunal sobre la real existencia de la sustancia estupefaciente cuando no fue incautada y sin que consten las correspondientes analíticas tanto cuantitativos como cualitativos para incardinar los hechos en el delito contra la salud pública".

El Tribunal de instancia, en el fundamento segundo de la sentencia, señala que la existencia misma de la droga viene acreditada de forma indiciaria por las declaraciones testificales practicadas en el plenario, especialmente los policías nacionales, y la declaración de las personas que estaban en la finca de DIRECCION000. De su resultancia el tribunal afirma que ha quedado plenamente acreditado que la sustancia estupefaciente, la que estaba en el contenedor número 2, vino procedente de Bolivia a España mediante la intermediación de varias personas entre las que se encontraba Alejo que en el plenario declaró sobre la intención de los miembros de la organización de saber, a toda costa y por todos los medios, dónde estaba la sustancia estupefaciente y, a través de torturas y las lesiones causadas, a los perjudicados, les indicó el lugar donde estaba guardada llevándosela. Sobre ese mismo hecho, también declararon los testigos Arturo y Armando. Estos testigos han depuesto en el juicio oral expresando su dedicación al tráfico y señalaron que se trataba de una cantidad importante de sustancia tóxica.

En la argumentación expuesta no hay atisbo de irracionabilidad para poder afirmar que los perjudicados, en esta causa, se dedicaban al tráfico de drogas, y las personas enjuiciadas, y el recurrente, se dedicó a la misma actividad a través de la acción del volcado, sustraer a traficantes de droga el objeto de su tráfico. Esta misma cuestión y hemos de reproducirla que esta sentencia fue abordada por la Sentencia 492/2016 en el fundamento de derecho número 15.

OCTAVO.- En el motivo decimonoveno reitera la denuncia sobre vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, esta vez referidas a los hechos que sustentan el delito de amenazas en Fausto. En la motivación se refiere a las contradicciones en el testimonio del perjudicado, y a la afirmación fáctica sobre la disponibilidad del arma encontrada en el vehículo en el que fue detenido.

El motivo se desestima. El fundamento de derecho sexto de la sentencia impugnada explica la actividad probatoria que el tribunal valora sobre los hechos. En primer lugar, la declaración del perjudicado, reproducida en el juicio oral, de acuerdo al art. 730 de la ley procesal penal, al que no pudo ser citado al encontrarse en ignorado paradero.

Su testimonio incriminatorio aparece corroborado por las intervenciones en el coche que ocupaba el acusado de unas escrituras que el perjudicado había denunciado como sustraídas, al tiempo de las amenazas sufridas por el mismo, y que servirían de garantía de ejecución de lo que se le demandaba con las amenazas. El perjudicado denuncia a quienes le amenazaban y avisa a la Guardia Civil de su presencia inmediata, manteniendo un dispositivo que da lugar a la detención de este acusado y otro, condenado con anterioridad, portando las escrituras que serían objeto de las amenazas. Además se intervino el arma en un habitáculo en la guantera del coche en el que iba este recurrente.

Consecuentemente, el motivo se desestima.

NOVENO.- En el motivo vigésimo denuncia el error de derecho por la indebida aplicación del art. 564 del Código Penal, el delito de tenencia ilícita de armas. En su desarrollo argumental, refiere que el motivo es consecuencia del anterior y cuestiona que la sentencia no motive, de forma específica, el conocimiento de la llevanza del arma.

El motivo se desestima. La vía impugnatoria, el error de derecho, exige el respeto al hecho declarado probado y el relato fáctico refiere, con claridad, la intervención en el vehículo en el que viajaba el acusado de la pistola y la munición que han sido peritadas, y respecto a las que el acusado carecía de las licencias y permisos que requieren. Respecto al conocimiento de su llevanza, la sentencia ratifica los criterios, también empleados en la Sentencia de esta Sala 492/2016, cuando refiere que el coche era habitualmente utilizado por este recurrente en sus desplazamientos y en la sentencia impugnada se refiere a que en los hechos en los que interviene el recurrente, Algeciras y El Cuervo, se emplearon pistolas, de lo que resulta racional inferir que la pistola intervenida en la guantera del vehículo habitualmente utilizado por este recurrente estaba a disposición, entre otros, de este recurrente.

Consecuentemente, el motivo se desestima.

DÉCIMO.- También por error de derecho denuncia la indebida aplicación del art. 22.2 del Código Penal, la agravante de disfraz, y del art. 66 del Código Penal, en cuanto a la graduación de la pena.

Son dos motivos absolutamente dispares que merecerían un análisis en motivos separados.

Respecto a la agravante de disfraz, el hecho probado es asertivo al referir que en los hechos, los acusados, entre ellos el hoy recurrente, iban disfrazados de Guardias Civiles, ostentando placas identificativas y ocultando sus caras con capuchas, siendo este un medio hábil, en abstracto, para impedir su identificación, y así lo ha exigido la jurisprudencia de esta Sala para su declaración de concurrencia (STS 939/2004, de 12 de julio), al declarar su concurrencia aunque el resultado pretendido no se consiga.

Respecto a la penalidad, la argumentación del recurrente se refiere a la anterior sentencia, no a la que es objeto de impugnación, cuyo fundamento octavo explica la individualización de las penas para los distintos delitos explicando su imposición.