Sentencia Penal 719/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 11408/2023 de 05 de julio del 2024

PRIMERO.- 1.1. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en su Procedimiento Ordinario n.º 15/2008, dictó Sentencia el 27 de abril de 2009 en la que condenó a Amador como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual de los artículos 178 y 179 del Código Penal, en su redacción dada por la LO 15/2003, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, imponiéndole las penas de 6 años de prisión; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; así como prohibición de aproximarse o comunicarse con Claudia por un tiempo de siete años.

El 12 de junio de 2023, el penado solicitó que se le aplicara la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual establecida por LO 10/2022, de 6 de septiembre, reclamando por ello que se revisara la pena que le había sido impuesta y que fuera sustituida por la de prisión por tiempo de 4 años.

El órgano de enjuiciamiento resolvió la petición por auto de 14 de noviembre de 2023, y considerando que la petición de revisión se había presentado después de que la LO 4/2023, de 27 de abril, derogara la ley en la que se asentaba la petición de revisión y que el recurrente había estado en ignorado paradero durante todo el tiempo de su vigencia (el condenado estuvo en busca y captura entre el 6 de mayo de 2010 y el 26 de mayo de 2023), denegó dicha revisión.

1.2. Contra esta decisión se interpone el presente recurso de casación por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente inaplicado el artículo 2.2 del Código Penal.

Argumenta que el artículo 2 del Código Penal establece el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, como lo hacen también el artículo 49.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin que esta aplicación retroactiva esté condicionada por la situación personal del condenado en el proceso.

En su informe sobre el recurso interpuesto el Ministerio Fiscal se muestra conforme con los argumentos del recurrente y, tras solicitar la estimación del recurso, reclama que se revise su condena, imponiendo al penado la pena de prisión por tiempo de 4 años, además de las penas accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximarse a la perjudicada y comunicarse con ella durante un periodo de 5 años; inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo de 9 años; y una medida de libertad vigilada con duración de 5 años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

1.3. Sobre la retroactividad de la ley penal intermedia más favorable, nuestra jurisprudencia ha destacado que siempre debe ser aplicada, desplazando a la norma anterior y posterior que resulten más perjudiciales, pues el principio humanitario reflejado en el artículo 2.2 del Código Penal, no sólo no lo impide, sino que lo impone ( SSTS 692/2008, de 4 de noviembre o 583/2013, de 10 de junio).

Es cierto que en nuestra STS 682/2008, añadíamos como argumento de aplicación de la ley penal intermedia más favorable, que no podía perjudicarse al reo por razones ajenas a él y que la tardanza de la Administración de Justicia no podía empeorar la situación del penado. En todo caso, la expresión resultaba de la consideración del caso analizado, lo que no permite acuñar una regla interpretativa contrario sensu. En modo alguno puede sustentarse que cuando el penado haya estado en situación de rebeldía durante el periodo de vigencia de la legislación intermedia no pueda verse favorecido por la consideración más benévola que sobre el delito cometido tuvo entonces el legislador, pues ello supondría negar el fundamento humanitario que inspira la previsión sustantiva recogida en el artículo 2.2 del Código Penal, al indicar que: "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena". La decisión del Tribunal de ejecución de negar la aplicación del derecho intermedio más beneficioso por haber estado entonces el acusado en rebeldía, contraría una concepción equitativa de la responsabilidad penal y supondría que algunas personas, por coyunturas meramente temporales, puedan soportar mayor reproche penal que el previsto por el legislador y exigido a personas que han atacado de manera semejante el mismo bien jurídico. En el mismo sentido se expresan las SSTS 953/2013, de 16 de diciembre; 320/2018, de 29 de junio o 428/2023, de 1 de junio.

1.4. Lo expuesto conduce a revisar la pena privativa de libertad impuesta al penado. Tanto la legislación penal vigente a la fecha en la que los hechos tuvieron lugar, como la establecida con la entrada en vigor de la LO 4/2023, de 27 de abril, fijan para los hechos enjuiciados un marco punitivo de 6 a 12 años de prisión. Por el contrario, la LO 10/2022, de 6 de septiembre, preveía para el delito perpetrado una pena privativa de libertad de 4 a 12 años. Dado que el Tribunal de instancia no apreció en los hechos razones que justificaran la exacerbación de la pena más allá del límite mínimo fijado por el legislador y que la razón por la que se ha denegado la revisión de la pena es la anteriormente expresada y ha sido rechazada por la Sala, resulta procedente, como reclama también el Ministerio Fiscal, revisar la pena impuesta y fijar al penado la mínima pena de prisión prevista por el legislador en la LO 10/2022.

1.5. En relación al resto de penas previstas, en nuestra Sentencia de Pleno 473/2023, de 15 de junio, plasmamos el criterio jurisprudencial recogido en las SSTS 107/2018, de 5 de marzo; 987/2021, de 21 de diciembre; 20/2023, de 19 de enero; 82/2023, de 9 de febrero o 204/2023, de 22 de marzo, además de otras como la STS 930/2022. Subrayamos en aquella resolución que es obligatoria la aplicación íntegra y no fragmentaria de las normas punitivas que se sucedan en el tiempo y que se sometan a un análisis para determinar cuál de ellas es la más beneficiosa para el reo. Desde ese criterio de comparación o contraste, también afirmamos que la reducción de la pena privativa de libertad que recogió la LO 10/2022 para muchas de las agresiones sexuales que la norma contemplaba, no impedía considerar a esta ley como más beneficiosa pese a que en su artículo 192.3 se preveían unas penas de inhabilitación de derechos que no fueran aplicables en la fecha de perpetración de los hechos pues, decíamos, "el incremento punitivo que representa [la inhabilitación] no es equiparable a la no reducción del tiempo de prisión, especialmente si se trata de penados con circunstancias personales (elevada edad, profesión, actividades) en los que no va a incidir para nada esa pena que, por otra parte, añade poco (aunque añade algo) a la legislación administrativa específica (Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales) que rige para hechos anteriores o posteriores".

1.6. Conforme a lo expuesto, procede revisarse la condena impuesta al recurrente e imponerle, de conformidad con lo previsto en los artículos 178.1 y 2, 179, 57.1 y 192.1 y 3 del Código Penal, en su redacción dada por la LO 10/2022, las penas de 4 años de prisión; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximarse a Claudia, en cualquier lugar en que se encuentre, así como a su domicilio o lugar de trabajo, o comunicarse con ella por cualquier medio, durante un periodo de 5 años; inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 9 años; y una medida de libertad vigilada con duración de 5 años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

SEGUNDO.- Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas procesales.