Sentencia Penal 727/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10021/2024 de 08 de julio del 2024

1. Motivo por infracción de derecho constitucional (non bis in idem) al amparo del artículo 5.4 LOPJ .

Se ha recurrido en casación ante esta Sala la sentencia número 68/2023, de 22/12/2023, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 15/2023, de 17/07/23 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete. En esta resolución se condenó al ahora recurrente por la comisión de un delito de asesinato, a la pena de prisión permanente revisable, y por la comisión de un delito de hurto a la pena de un año de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

En el primer motivo del recurso se alega, en síntesis, que se producido una vulneración del principio "non bis in idem" porque para calificar el hecho como asesinato se ha tenido en cuenta que la víctima era una persona vulnerable, circunstancia que también se ha tomado en consideración para apreciar la agravación específica establecida en el artículo 141.1. CP.

Es cierto que la sentencia de instancia apreció la circunstancia de alevosía en consideración a que la acción homicida se produjo mediante un ataque súbito, unido al aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima. El hecho probado resulta patente sobre este extremo. Dice lo siguiente:

" Adela, postrada en el suelo, le dijo al acusado que lo iba a denunciar, refiriéndose al hecho de haberla empujado y caído al suelo, lo cual le afectó emocionalmente sintiendo temor al pensar en la posibilidad de volver a la cárcel, donde había estado años atrás cumpliendo una condena, pues creía que en la actualidad ese tipo de hechos estaba muy castigado por las leyes que protegen a la mujer y que castigan la violencia de género. Acto seguido y de forma inmediata, con ánimo de causarle la muerte y guiado por el propósito de que no se descubriera dicho maltrato y así evitar entrar de nuevo en la cárcel, aprovechándose de que Adela estaba en el suelo y de su fragilidad y limitaciones de movilidad debidas a su minusvalía, de las que era consciente, sin que le diera tiempo a levantarse y reaccionar, se abalanzó sobre ella de forma súbita e inesperada poniéndose encima a horcajadas, sin que ésta pudiera hacer nada para evitarlo y defenderse. Estando sobre ella en el suelo le sujetó con las rodillas un brazo y una pierna, impidiéndole la movilidad y que la misma pudiera defenderse. El acusado, al tiempo que la tenía inmovilizada, la cogió con las manos por el cuello apretándoselo de forma 'ininterrumpida hasta que consiguió asfixiarla causándole la muerte."

En la fundamentación jurídica también se hizo alusión a esta cuestión valorando conjuntamente el ataque súbito y la vulnerabilidad de la víctima para justificar la imposibilidad de defensa. Dice la sentencia de instancia en un párrafo singularmente significativo:

"Junto a la forma de actuar sorpresiva del acusado, resultó determinante otro factor, definitorio de la alevosía por desvalimiento, que también declara probado el jurado, que fue aprovechado por el acusado para asegurarse la ejecución del hecho sin reacción defensiva por parte de la víctima. Las dificultades de deambulación que tenía Adela y su torpeza de movimiento, derivadas de la minusvalía que tenía, eran conocidas por el acusado, que supo aprovechar que no podría levarse de forma ágil y rápida del suelo para abordarla inmediatamente abalanzándose sobre ella. Fue igualmente consciente, cuando estaba encima de ella, de la escasa o nula capacidad defensiva que tenía por sus limitaciones de movilidad, aunque aun así fue más allá asegurándose de que no se pudiera mover absolutamente nada sujetándola' con las rodillas, sin dejarle la más mínima opción de defenderse...".

Es cierto que la doctrina de esta Sala ha sido vacilante sobre el problema que ahora se plantea ya que no faltan sentencias en las que en situaciones similares a la que aquí se enjuicia se ha considerado la imposibilidad de escindir el ataque súbito y la vulnerabilidad para definir la situación alevosa considerando que en esos supuestos de apreciarse de forma escindida ambas circunstancias se produciría una doble valoración de la vulnerabilidad (para apreciar alevosía y para agravar la acción) con lesión del principio "non bis in idem". Así nos pronunciamos en la STS 716/2018, de 16 de enero.

Sin embargo, también ha habido pronunciamientos en sentido opuesto. Es el de la STS 367/2019, de 18 de julio, en que se produjo un ataque alevoso sobre un bebé, tirándolo por la ventana de un edificio, y se valoró de forma separada el ataque alevoso y la vulnerabilidad de la víctima aplicando la hiperagravación del artículo 140.1 CP.

Ante la disparidad de criterios la cuestión fue solventada en la STS del Pleno número 585/2022, de 14 de junio, en la que esta Sala, reconociendo la disparidad de criterios que hasta entonces se había producido, se decantó por esta última opción interpretativa. En la meritada sentencia hemos declarado que "el legislador ha seleccionado, entre las distintas modalidades de asesinato en las que el autor se aprovecha de la natural incapacidad de reacción defensiva de la víctima, un grupo social muy singular, a saber, el de las personas más vulnerables y, precisamente por ello, más necesitadas de protección. Conforme a la interpretación que ahora postulamos, la muerte alevosa de un niño (o de una persona vulnerable, como acontece en este caso), siempre será más grave que la muerte alevosa de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme o se encuentra bajo los efectos de sustancias que le obnubilan. Y siempre será más grave porque el desvalor de la conducta es también mucho más intenso, sin que lo impida la regla prohibitiva de inherencia que proclama el art. 67 del CP. (...)".

Añade la sentencia que "la reforma que incorpora la prisión permanente revisable es consecuencia de una decisión de política criminal, así como, está basada en principios de oportunidad, siendo la principal razón de la introducción de esta pena de considerable gravedad, la percepción social de la existencia de una delincuencia especialmente grave por razón de las víctimas del delito, personas desvalidas, como son los niños y los ancianos, lo que sin duda implica un mayor desvalor de la acción, un plus de antijuridicidad en la misma. El legislador penal, en distintos supuestos, ha ideado diversas fórmulas de agravación para la parte especial del Código Penal fundadas en la necesidad de una tutela cualificada a favor de determinados sectores sociales, expuestos a un riesgo especialmente elevado de sufrir daño en sus bienes más esenciales -vida, salud, libertad, dignidad, integridad corporal- siendo los niños, ancianos y demás personas vulnerables por razón de enfermedad o discapacidad, ese tipo de víctimas que justifican esa punición especialmente grave acordada por el legislador".

Por lo tanto y de acuerdo con lo expuesto, la aplicación de la agravación prevista en el artículo 140.1 CP no contraviene la prohibición de doble valoración de un hecho. En el caso examinado se produjo un ataque sorpresivo lo que determina la apreciación de alevosía y, además, ese ataque se produjo sobre una persona especialmente vulnerable, lo que obliga a una respuesta punitiva de mayor entidad mediante la apreciación de la agravación de referencia y la imposición de la pena de prisión permanente revisable que está en consonancia con la gravedad de la conducta desplegada por el autor.

El motivo, en consecuencia, se desestima.

2. Motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , por inaplicación de la atenuante de arrebato.

El segundo argumento impugnativo del recurso, a través del motivo por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECrim, se orienta a censurar la sentencia por la inaplicación de la atenuante de arrebato. Dice el recurso que a partir del relato fáctico se infiere que el autor actuó aterrorizado ante la posibilidad de volver a la cárcel -pregunta 32 del objeto del veredicto-.

Es cierto que el Jurado reconoció en su veredicto que el acusado actuó aterrorizado ante la posibilidad de volver a la cárcel por el empujón que había dado a la víctima -pregunta 32- y que ese temor le afectó emocionalmente-pregunta 33- pero el Jurado también declaró probado que ese temor no le afectó gravemente a su capacidad de entender lo que hacía y controlar su voluntad -pregunta 34- y tampoco levemente -pregunta 35- porque: la muerte por asfixia requiere mantener la presión durante varios minutos y el acusado mantuvo su acción durante uno o dos minutos, lo que le permitió ser consciente de lo que estaba haciendo, todo ello unido a que el acusado no padecía ningún trastorno o alteración psicopatológica que pudiera perturbar sus facultades cognitivas.

El hecho probado es el siguiente:

" Adela, postrada en el suelo, le dijo al acusado que lo iba a denunciar, refiriéndose al hecho de haberla empujado y caído al suelo, lo cual le afectó emocionalmente sintiendo temor al pensar en la posibilidad de volver a la cárcel, donde había estado años atrás cumpliendo una condena, pues creía que en la actualidad ese tipo de hechos estaba muy castigado por las leyes que protegen a la mujer y que castigan la violencia de género. Acto seguido y de forma inmediata, con ánimo de causarle la muerte y guiado por el propósito de que no se descubriera dicho maltrato y así evitar entrar de nuevo en la cárcel, aprovechándose de que Adela estaba en el suelo y de su fragilidad y limitaciones de movilidad debidas a su minusvalía, de las que era consciente, sin que le diera tiempo a levantarse y reaccionar, se abalanzó sobre ella de forma súbita e inesperada poniéndose encima a horcajadas, sin que ésta pudiera hacer nada para evitarlo y defenderse. Estando sobre ella en el suelo le sujetó con las rodillas un brazo y una pierna, impidiéndole la movilidad y que la misma pudiera defenderse. El acusado, al tiempo que la tenía inmovilizada, la cogió con las manos por el cuello apretándoselo de forma 'ininterrumpida hasta que consiguió asfixiarla causándole la muerte."

También señala el hecho probado que

"El acusado era consciente de que, al presionar con las manos el cuello de Adela hasta que dejara de respirar, causaría como resultado su muerte, siendo esa su intención cuando le estaba apretando, sin que tuviera afectada de forma grave ni leve sus capacidades intelectivas de saber y entender lo que hacía y de controlar su voluntad"

La sentencia impugnada identifica un móvil o explicación para la reacción del acusado frente a la víctima. Señala que ciertamente la posibilidad de volver a la cárcel le afectó emocionalmente pero, a la vez, proclama, validando la argumentación y declaración fáctica de la sentencia de instancia que no tenía alteradas sus facultades mentales ni siquiera de forma leve, añadiendo que el acusado pudo superar esa inicial reacción porque para dar muerte a la víctima tuvo que emplear un tiempo en el que pudo darse cuenta de lo que estaba haciendo.

Entendemos que a la vista de estas circunstancias no procede apreciar la atenuación. La jurisprudencia ha señalado ( STS 1147/2005 y 582/1996, de 24 de septiembre, por todas), que la esencia de esta atenuante radica en una sensible alteración de la personalidad del sujeto cuya reacción de tipo temperamental ante estímulos externos incide sobre su inteligencia y voluntad, mermándolas en relación de causa a efecto y en conexión temporal razonable, presentándose como una respuesta que puede ser entendida dentro de parámetros comprensibles en un entorno normal de convivencia. Su fundamento se encuentra en la disminución de la imputabilidad que se produce en un sujeto que se encuentra con la mente ofuscada por una pasión que en ese momento le afecto, excluyendo su aplicación en supuestos de simples reacciones coléricas y en los casos de simple acaloramiento o aturdimiento que acompaña a la comisión de algunas figuras delictivas.

Se ha venido exigiendo la concurrencia de varios requisitos para apreciar esta circunstancia de atenuación. En primer lugar, debe constatarse la existencia de estímulos o causas, generalmente procedentes de la víctima ( STS 256/2002, de 13 de febrero), que puedan ser calificados como poderosos, y que se entiendan suficientes para explicar en alguna medida la reacción del sujeto, con lo que quedan excluidos los estímulos nimios ante los que cualquier persona media reaccionaría con normalidad. Es en este sentido en el que ha de ser entendida la exigencia relativa a la proporcionalidad que debe existir entre el estímulo y la alteración de la conciencia y de la voluntad que acompaña a la acción. Si la reacción resulta absolutamente discordante por notorio exceso con el hecho motivador, no cabe aplicar la atenuación ( STS de 27 de febrero de 1992), pues no es posible otorgar efectos atenuatorios a cualquier reacción pasional o colérica si no está contrastada la importancia del estímulo provocador del disturbio emocional en que el arrebato consiste y que ha de tener influencia menguante sobre la voluntad e inteligencia del autor ( STS 1483/2000, de 6 de octubre). En segundo lugar ha de quedar acreditada la ofuscación de la conciencia, o estado emotivo repentino o súbito, u otro estado pasional semejante, que acompaña a la acción. En tercer lugar, debe existir una relación causal entre uno y otra, de manera que la conducta sea una consecuencia de la trascendencia del estímulo. En cuarto lugar, ha de existir una cierta conexión temporal, pues el arrebato no podrá apreciarse si ha mediado un tiempo entre estímulo y reacción que prudencialmente permita estimar que se ha recuperado la frialdad de ánimo. Y, en quinto lugar, que la respuesta al estímulo no sea repudiable desde la perspectiva de un observador imparcial dentro de un marco normal de convivencia, (STS1301/2000, de 17 de julio).

En el caso que nos ocupa, partiendo de los hechos declarados probados por el Jurado, y como se fundamenta en la sentencia recurrida, no concurren los citados presupuestos.

El estímulo referido en la sentencia no guarda proporción alguna con la reacción del acusado. Fue ciertamente una reacción colérica pero el recurrente tuvo tiempo suficiente para controlar su conducta dado que la acción homicida se prolongó durante uno o dos minutos. Además, como se declara en el factum, el autor no tenía alteradas sus facultades mentales, ni siquiera de forma leve. Por lo tanto, no apreciamos error alguno en la calificación jurídica de la conducta descrita en el relato fáctico de la sentencia de instancia.

Ciertamente se dice en el relato de los hechos probados que el autor inició su acción "aterrorizado" por las posibles consecuencias legales del incidente previo pero ese calificativo no determina sin más la existencia de arrebato, no sólo porque en el propio relato se hace referencia a un dato especialmente significativo, la ausencia de cualquier alteración mental, sino porque la descripción fáctica precisa de una valoración jurídica en función de los datos fácticos valorados por el tribunal y en lo que a este caso se refiere esos datos permiten concluir que se produjo una reacción colérica desproporcionada, lo que no justifica la apreciación de la atenuante de arrebato.

El motivo se desestima.

3. Motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , por inaplicación de la atenuante de confesión.

En este tercer apartado del recurso se reprocha a la sentencia impugnada la inaplicación de la atenuante de confesión. Se alega que el acusado confesó a la policía haber matado a la mujer y señaló también donde estaba el cadáver. Entiende que prestó una colaboración relevante que justifica la apreciación de la atenuante de confesión.

En los hechos probados se relata este episodio de la siguiente forma:

"El día 24 de agosto de 2021, con anterioridad a su detención, Mariano fue interrogado por la policía negando saber dónde estaba Adela y afirmando desconocer su número de teléfono. Accedió acto seguido a prestar su consentimiento para realizar una diligencia de entrada y registro en su domicilio, en cuyo inicio Mariano manifestó a los agentes que la había matado y que su cuerpo estaba tapado con cemento en el patio, que tuvo una discusión con ella porque llegó borracha, y la empujó y se dio un golpe. En ese momento se interrumpió el registro y fue detenido, acogiéndose a su derecho a no declarar en sede policial.".

Para dar respuesta a este motivo conviene recordar, una vez más, que el artículo 2.14 del vigente Código Penal dispone como circunstancia atenuante "la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades".

Esta Sala de forma reiterada, tal y como se sostiene en la reciente STS 732/2018, de 1 de febrero de 2019, viene afirmando que para apreciar esta atenuante se precisa de una verdadera confesión por parte del culpable, que sea veraz en lo sustancial, que se mantenga durante todo el proceso, que se realice antes del inicio de las investigaciones y que se preste ante autoridad o agente de la misma que esté cualificado para recibirla ( SSTS 650/2009, de 18 de junio y 31/2010, de 21 de enero, 723/2017, de 7 de noviembre y, más recientemente, la 69/2018, de 7 de febrero). La atenuante de confesión, superada ya su antigua configuración que la vinculaba al arrepentimiento del culpable, encuentra hoy su fundamento en razones de política criminal, en la medida que ahorra esfuerzos de investigación y facilita la instrucción de la causa.

Por otra parte, el Código Penal en su artículo 21. 7ª reconoce la posibilidad de apreciar circunstancias atenuantes por analogía cuando el hecho a tomar en consideración guarde semejanza con la estructura y características con cualquiera de las cinco circunstancias atenuantes reconocidas en el artículo 21 del Código Penal, si bien también ha precisado esta Sala, de un lado, que la atenuante de análoga significación no puede ser aplicada cuando falten los requisitos básicos de la atenuante-tipo, porque en tal caso se establecería un criterio contrario al mandato legal, y, de otro, que tampoco puede exigirse una similitud y una correspondencia absoluta entre la atenuante analógica y la que sirve de tipo, pues ello equivaldría a hacer inoperante el humanitario y plausible propósito de que hablaba la sentencia 28.1.80, ( SSTS. 27.3.83, 11.5.92, 159/95 de 3.2, lo mismo en SSTS. 5.1.99, 7.1.99, 27.1.2003, 2.4.2004)".

En desarrollo de estos criterios se ha acogido por esta Sala (STS. 10.3.2004), como circunstancia atenuante analógica a la de confesión, la realización de actos de colaboración con la Justicia cuando ya se ha iniciado la investigación de los hechos ( SSTS. 20.10.97, 30.11.96, 17.9.99). Tal y como se señalaba en la STS 1430/2002, de 24 de julio, siendo cierto que no es posible aplicar atenuantes que no cumplan con las exigencias legales, burlando la voluntad del Legislador ( SSTS 03/02/1995 o 29/04/1999), cabe " [...] que la atenuación por analogía de la responsabilidad criminal se fundamente en una cooperación del acusado con la autoridad judicial tras la detención de aquél en orden al más completo esclarecimiento de los hechos investigados, reveladora de una voluntad de coadyuvar a los fines del ordenamiento jurídico que contrarresten la anterior voluntad antijurídica mostrada al cometer la infracción ( STS de 6 de marzo de 1993)... En estos supuestos de la realización por quien ya est detenido y sometido a un procedimiento judicial de actos colaboración con los fines de la justicia, la integración de dicha conducta en una relación de analogía con la atenuante del art. 21.4, requiere una cooperación eficaz, seria y relevante [...]".

Pues bien, en este caso no procede el reconocimiento de esta atenuante porque el acusado reconoció los hechos cuando las investigaciones estaban avanzadas y era inminente el descubrimiento pleno de su autoría ya que cuando prestó la confesión la policía había avanzado en las investigaciones y estaba ya en su domicilio haciendo una entrada y registro y con toda seguridad los agentes habrían descubierto el habitáculo realizado para esconder el cadáver. Dadas las concretas circunstancias del caso la colaboración del acusado no fue especialmente relevante y, además, como ya señaló la sentencia de apelación, la confesión prestada no fue completa y veraz ya que "lo que les manifestó es que tuvo una discusión con ella porque llegó borracha, que le empujó y se dio un golpe" por lo que la versión que ofreció en su declaración fue muy distinta a la que ha resultado probada, tratando de sostener que la muerte de la víctima fue accidental.

El motivo se desestima.

4. Motivo por error en la valoración de prueba basado en prueba documental ( artículo 849.2 LECrim )

En el cuarto y último motivo se insiste en el argumento impugnativo del motivo anterior indicando que también procedería la apreciación de la atenuante de confesión porque el acusado reconoció su culpabilidad en la declaración prestada ante el juez de instrucción.

El cauce casacional elegido para plantear este último reproche exige, conforme a nuestra reiterada doctrina, que el error probatorio que se entienda producido se acredite por el contenido de una prueba documental sin referencia o contradicción con otras pruebas. Debe tratarse de un documento literosuficiente. En este caso, el documento que se cita como referente del error no es una prueba genuinamente documental sino una prueba personal documentada, que es algo sustancialmente diferente. Pero más allá de esta deficiencia, de la misma manera que no procedía el reconocimiento de la atenuante mencionada por la confesión prestada ante la policía, tampoco procede su reconocimiento por la posterior declaración prestada ante el Juzgado de Instrucción. En menor medida que la primera confesión, la realizada ante el juez de instrucción no supuso una aportación relevante a la investigación y fue realizada una vez que la policía había comprobado completamente su participación y autoría en los hechos. Por lo tanto, no se cumplen los presupuestos que venimos exigiendo para la apreciación de la atenuante interesada.

El motivo se desestima.

5. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse al recurrente las costas derivadas del recurso de casación.