Sentencia Penal 80/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1264/2021 de 09 de febrero del 2023

PRIMERO.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en su Procedimiento Abreviado n.º 111/2018, dictó sentencia el 9 de diciembre de 2020 en la que condenó a Jorge como autor penalmente responsable de un delito de falsedad en documento mercantil del art. 392 del Código Penal, en relación con el art. 390.1.2.º, en concurso ideal medial con un delito continuado de apropiación indebida del art. 253 del Código Penal vigente a la fecha en que los hechos se enjuiciaron, imponiéndole la pena de 2 años y 4 meses de prisión. Asimismo, se condenó a este acusado como autor de un delito de estafa procesal del art. 250.1.7 del Código Penal a 2 años de prisión y multa de 8 meses en cuota diaria de 20 euros. La sentencia condenó a Jorge a indemnizar a los herederos de Leovigildo en la cantidad de 318.467,36 euros, condenándose a Modesta como responsable civil directa del artículo 122 del Código Penal (partícipe a título lucrativo) hasta la cantidad de 298.967,36 euros.

1.1. Contra el pronunciamiento de condena, la representación de Jorge interpone el presente recurso de casación que se estructura en torno a dos motivos. El primero, formulado por infracción de ley al amparo del artículo 849.2 de la LECRIM, argumenta error de hecho en la apreciación de la prueba, materializado en diversos documentos obrantes en autos que muestran la equivocación del juzgador.

Tres son los documentos en los que fundamenta el recurrente el error en la sentencia que impugna: el informe pericial caligráfico realizado por el perito propuesto por la defensa; el informe pericial caligráfico realizado por la policía científica y el informe pericial económico elaborado por el perito propuesto por la acusación particular. Aduce el recurrente que los informes caligráficos no permiten establecer ni descartar si Leovigildo firmó los contratos por los que supuestamente vendió los dos autobuses un día antes de su fallecimiento, realizando un análisis de la prueba testifical practicada sobre este extremo. En cuanto a la carta de despido, admite que ambos peritos están de acuerdo en la falsedad de la firma atribuida a Leovigildo, pero considera que son erróneas las valoraciones que llevan al Tribunal de instancia a atribuir la falsificación al acusado. Por último, respecto del informe pericial económico emitido por Carlos María, el recurrente considera incorrecta la valoración que hace de los perjuicios sufridos por los herederos. Argumenta que los beneficios no podrían ascender a la cantidad indicada por el perito, pues esos beneficios no resultan compatibles con las deudas de la empresa, con el saldo de sus cuentas y con la declaración del gerente de Las Palmas Bus SA, quien manifestó que la actividad "da para poco".

1.2. La formulación del motivo desconoce las exigencias técnicas del recurso extraordinario de casación.

En pacífica e incontrovertida jurisprudencia, esta Sala ha señalado que la vía del error en la apreciación de la prueba exige, como requisitos, los siguientes: en primer lugar, ha de fundarse en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales como la pericial, aunque estén documentadas en la causa; en segundo lugar, que el documento sea literosuficiente, es decir, que evidencie el error cometido por el juzgador al consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia, por su propio contenido, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas argumentaciones; en tercer lugar, que sobre el mismo extremo no existan otros elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto lugar, que el dato o elemento acreditado por el particular del documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo ( STS 36/2014, de 29 de enero).

Excepcionalmente nuestra jurisprudencia, a los efectos del artículo 849.2 de la LECRIM, ha otorgado la condición de prueba documental a los informes periciales cuando:

a) Existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes, y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario.

b) Cuando contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen, o sin una explicación razonable ( SSTS 2144/2002, de 19 de diciembre y 54/2015, de 28 de enero, entre otras).

1.3. Lo expuesto muestra la inviabilidad del motivo para que puedan acogerse las objeciones que formula el recurrente. De un lado, porque los informes periciales a los que se hace alusión no tienen la consideración de prueba documental a los efectos del artículo 849.2 de la LECRIM. De otro, porque las conclusiones del Tribunal de instancia no sólo descansan en los informes periciales, sino en una valoración conjunta con otros elementos probatorios aportados por las partes. Por último, porque ni siquiera los informes periciales sustentan que las cosas acaecieran como el recurrente sostiene en su recurso, es decir, porque el acusado sostiene que la sentencia incurre en un error al afirmar que fue él quien falsificó u ordenó falsificar la firma de Leovigildo, cuando precisamente los informes periciales no sustentan la evidencia de ese error, pues todos los peritos sostienen que la firma de la carta de despido es falsa y no son concluyentes a la hora de excluir la falsedad de la firma plasmada en los documentos de compraventa de los vehículos.

En todo caso, el recurso sí refleja una voluntad de impugnar las consideraciones probatorias del Tribunal de instancia, lo que lleva a esta Sala a evaluar si el pronunciamiento de condena cuenta con prueba suficiente de cargo.

Y en esta coyuntura debe advertirse que la conclusión del Tribunal de instancia de que el acusado, tras el fallecimiento de Leovigildo, se apropió de los dos autobuses y de una parte importante de los fondos de los que aquel disponía, es una conclusión correctamente derivada del análisis racional del material probatorio presentado por las acusaciones.

El Tribunal concluye que Leovigildo no vendió los vehículos en vida, por lo que los documentos de compraventa fueron falsificados y fue el recurrente quien estuvo detrás del fraude. Así lo infiere de una serie de datos aportados por la prueba testifical y pericial. Concretamente que el acusado, en el propio velatorio del finado, preguntó al hijo de éste sobre cuál era el destino que pretendían dar los herederos al negocio de transporte discrecional que había explotado el padre, evidenciando así que el acusado no había comprado los únicos dos autobuses con los que Leovigildo desarrollaba la actividad. Se añade que no hay ninguna constancia de que el acusado pagara nunca el precio fijado por la supuesta venta de los vehículos (4.500 y 30.000 euros respectivamente), así como una prueba pericial concordante en dos extremos esenciales: en primer lugar, el parecer médico forense que sostuvo que Leovigildo, por su enfermedad, no podía estar en condiciones físicas y cognitivas para efectuar la venta en la misma víspera de su fallecimiento (tal y como los documentos reflejan), pues estaba ingresado en el hospital desde hacía cuatro meses y se encontraba en la fase más avanzada de la enfermedad de párkinson; en segundo término, el dictamen emitido por el responsable del gabinete de documentoscopia del grupo de policía científica del Cuerpo Nacional de Policía, que manifestó no haber podido constatar que fuera Leovigildo quien firmó los contratos de venta de los autobuses, lo que el Tribunal valora como una falta de constatación de la tesis del acusado, pero que se une a los indicios ya expresados y al testimonio del hijo de Leovigildo, que negó que fuera la firma de su padre. Por último, el Tribunal niega credibilidad al testimonio ofrecido por Rafaela, apoderada de la asesoría laboral y fiscal con la que trabajaba Leovigildo. Ésta manifestó que los contratos de venta de los dos autobuses se firmaron -sin indicación de fecha de venta- un año y medio antes, habiendo decidido guardar los contratos hasta que se acabara el leasing en marzo de 2012. Ni ese relato ofrece una explicación de por qué el comprador no pagó los vehículos (menos aun cuando el vendedor seguía como obligado en el arrendamiento financiero), ni por qué se actuó así con la venta de un autobús Volvo que no estaba sujeto a leasing, ni es esta versión compatible con que se terminara datando la transmisión en la fecha de la víspera del fallecimiento de Leovigildo, puesto que en esa fecha todavía no había vencido el leasing, para el caso de que la venta se hubiera condicionado al pago del arrendamiento financiero.

Y en lo relativo a la apropiación indebida del capital, consta que el recurrente transfirió a su propia cuenta importantes cantidades de dinero que pertenecían a Leovigildo. Lo hizo en un periodo de tiempo en el que el titular de los fondos estaba ingresado en el hospital e, incluso, después de haber fallecido, valorando incluso que sólo el acusado pudo ordenar el cierre de la cuenta y que se transfiriera el saldo restante a la de Jorge. Reflejando también su actuación captatoria que fuera él quien presentó la declaración correspondiente al finado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio del año 2011, lo que necesariamente hubo de hacerse después del fallecimiento acaecido en diciembre de 2011 y se hizo señalando que la cantidad que tenía que devolver la Administración Tributaria debía de ingresarse en la cuenta bancaria del recurrente.

Por último, respecto del delito de estafa procesal, el Tribunal concluye que era igualmente falsa la carta de despido sobre la que reclamó una indemnización ante el Juzgado de lo Social. En primer lugar, porque si Leovigildo hubiera despedido en vida al acusado, no hubiera mantenido los poderes que le había otorgado. En segundo término, porque todos los peritos han concluido que la firma de esa carta es falsa y que no corresponde con la firma original del Sr. Leovigildo. Se añade que aunque la testigo Rafaela sostuvo que ella redactó la carta de despido y trató de exculpar al recurrente diciendo que la envió para que se firmara por quien correspondiera, su descargo se consideró carente de credibilidad, pues ni supo explicar por orden de quién abordó la confección de la carta de despido, ni quién fue la persona que la llevó al hospital para que fuera firmada y se la retornó después. Finalmente, se destaca que el acusado nunca informó al abogado que le representó en el procedimiento ante el Juzgado de lo Social que Leovigildo había fallecido, por lo que la reclamación también podía obligar, además de al Fogasa, a los herederos. Con todo, concurren indicios suficientes de que el despido fue simulado por el recurrente, habiendo pretendido cobrar una importante indemnización con cargo al Fogasa y que, sólo cuando el Juez de lo Social reclamó que se informara de quiénes eran los herederos de Leovigildo, es cuando el acusado lo proporcionó, motivando un embargo que dio pie a la denuncia por la que se inició el presente procedimiento.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1. Su segundo motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente inaplicado el art. 21.6 del Código Penal.

Reprocha el recurso que la sentencia de instancia no haya aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, siendo que la duración total del procedimiento haya sido de cinco años.

2.2. El artículo 21.6 del Código Penal considera circunstancia atenuatoria de la responsabilidad la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.

A la hora de interpretar la atenuante de dilaciones indebidas, el Tribunal Supremo ha destacado que son dos los aspectos que han de tenerse en cuenta. De un lado, la existencia de un "plazo razonable", referido en el artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el "derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable" y, por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su artículo 24.2. La Jurisprudencia ha destacado que siendo dos conceptos confluyentes en el propósito de que cualquier persona sometida a proceso pueda obtener un pronunciamiento definitivo de manera rápida, difieren sin embargo en sus parámetros interpretativos, pues las "dilaciones indebidas" son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, en función de la existencia de lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales, mientras que el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales respecto de otras causas de semejante naturaleza, así como los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 81/2010, de 15 de febrero o 416/2013, de 26 de abril). En todo caso, ambas lesionan el derecho fundamental del acusado -cuando no hayan sido provocadas por él mismo- a que su causa sea conocida y resuelta en un tiempo prudencial ( STS 1589/2005, de 20 de diciembre), tanto considerando que las circunstancias personales, familiares y sociales del acusado cambian durante procesos temporales singularmente dilatados, por lo que la pena no puede cumplir las funciones de ejemplaridad y rehabilitación como lo harían en el momento en que la acción evidenció la necesidad de resocialización ( STS 1515/2002, de 16 de septiembre), como por infringir la demora un padecimiento natural al acusado que debe computarse en la pena estatal que se imponga, para lograr mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la sanción impuesta y el mal causado por su acción ( STS 932/2008, de 10 de diciembre).

2.3. En el presente supuesto, además de que el recurso no identifica periodos de paralización en la tramitación de la causa, tampoco puede concluirse que el acusado haya obtenido una respuesta judicial en un plazo extraordinariamente inasumible e infundado, considerando que el procedimiento ha tenido una duración total de cinco años. De un lado, respecto de los dos años que duró la instrucción, debe considerarse que la investigación exigió oír a un número importante de testigos y supuso la realización de varias pruebas periciales, concretamente referidas a la falsedad de las firmas plasmadas en los documentos, así como a los padecimientos médicos de la víctima y las consecuencias económicas del fraude, habiendo precisado todas ellas un importante reconocimiento del objeto de la pericia. De otro lado, respecto del tiempo consumido hasta el dictado de la sentencia, además de englobar la tramitación de la llamada fase intermedia, la propia sentencia impugnada destaca que estuvo determinado por una suspensión del juicio oral, en enero de 2020, acordada a instancia de todas las partes.

El motivo se desestima.

TERCERO.- El recurso formalizado por la representación de Modesta, condenada como partícipe a título lucrativo, descansa en un único motivo por infracción de ley al amparo del artículo 849.2 de la LECRIM, argumentando error de hecho en la apreciación de la prueba, materializado en diversos documentos obrantes en autos que muestran la equivocación del juzgador.

En su alegato, la recurrente invoca los mismos documentos que el recurrente anterior y censura los mismos extremos allí planteados, aduciendo que su condena resulta improcedente en la medida en que su esposo no falsificó documentos, ni se apropió indebidamente de dinero alguno, de manera que ella no ha podido aprovecharse de los efectos de ningún delito. A partir de esta consideración general, reproduce íntegramente los argumentos desarrollados por el anterior recurrente que ya han sido analizados en el fundamento primero de esta sentencia.

En aras a evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos a lo que allí hemos expuesto sobre la indebida utilización del cauce procesal empleado y a la fundada valoración probatoria en la que descansa la responsabilidad delictiva que cuestiona la recurrente.

El motivo se desestima.

CUARTO.- La desestimación de los recursos conlleva la condena en costas a los recurrentes, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.