Sentencia Penal 71/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 94/2023 de 29 de septiembre del 2023

PRIMERO.- La Sentencia de instancia condena a los acusados, doce de origen o nacionalidad marroquìes, dos belgas y nueve nacionales españoles (uno de ellos, policìa nacional, integrado en la banda) por la comisión, en concepto de autores, del delito contra la salud pública de los arts. 368, 369.1.5, 370 y 374 CP, en su modalidad agravada por notoria importancia, tráfico de drogas en la elevada cantidad de más de 1.200 kg de hachís y más de un kg. de su resina, más casi cuatro kg. de droga quìmica (anfetaminas y anabolizantes) y contando, encima, con un laboratorio y un técnico quìmico (uno de los belgas), así como una amplia estructura organizada para importar precursores para la droga quìmica y otra estructura estable para importar el hachís desde Marruecos, con medios nàuticos incluìdos. Cuatro de ellos, además, contaban con antecedentes penales (dos por delitos de tráfico de drogas).

Con todo este cuadro, puede entenderse que se conformaran veintiùno de los integrantes de la banda con las muy benignas penas (comparadas con la adecuada severidad de las que se imponen a los vendedores minoristas) que oscilan, en función del nivel de implicación en la organización, entre la especialmente baja pena de cinco años de prisión, para el policìa nacional corrompido, cinco años y medio para otros dos, y un año y once meses para dos de las féminas cómplices, siendo la mayorìa de las condenas de los otros integrantes de la banda, de apenas tres años y algunos meses (variando éstos segùn la participación en la organización), con más multa, accesorias y costas, penas que evidencian la ineficacia de los mecanismos represivos, dada la gravedad de los hechos, la pluriactividad de la banda, su nivel de organización contando con laboratorio quimico (provisto de todos los ingredientes para la elaboracion de droga sintética, y de máquinas prensadoras, mezcladoras, plastificadoras, etc.), su dedicación a tal actividad (salvo que se entienda, con ingenuidad, que este alijo era el primero que realizaban, cuando, al menos, realizaron los dos que refleja la Sentencia, uno en la playa de Veneguera y otro en la playa del Castillo del Romeral), su nivel de organizaciòn con profesionalidad delictiva, además de su peligrosidad, pues en el momento de la intervenciòn de los agentes, en la segunda descarga de droga, fueron agredidos de tal manera que hubo que realizar un disparo al aire para ahuyentarles. Dos de los integrantes de la banda, además, se dedicaban al tràfico de una tercera y rentable droga, la cocaìna, mediante correos humanos provenientes de Sudamérica. Súmese la integracion en la misma nada menos que de un policìa nacional y, encima, varios de ellos con antecedentes (el policìa, por lesiones; otro de los integrantes, por asesinato, y los demás, por tráfico de drogas). Pese a todo ello, tambièn son absueltos del delito de pertenencia a banda criminal.

Disconformes pese a tal benignidad legal y del sistema judicial-fiscal, recurren en apelación, ante este Tribunal, la representación procesal de dos de los súbditos marroquìes, únicos que no se conformaron, insistiendo en sus respectivas tesis absolutorias. Los recursos son objeto de impugnación por parte del Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- El primero que recurre es el Sr. Roberto, que fuè condenado a sólo cuatro años y medio de prisión, con dos multas de 3.361.044 euros con la desproporcionada (por baja) responsabilidad personal subsidiaria, de 30 días de prisiòn, caso de impago que, obviamente por su rentabilidad, es lo que previsiblemente acaecerà.

Tras un extenso e innecesario repaso de la Sentencia, en el que la parte apelante va intercalando críticas a la convicciones fácticas de la misma, el recurso se articula en tres motivos en base al art. 846 ter LECr., aunque su sustento idóneo debería ser el art. 790.2 de tal Ley adjetiva.

A.- El primero de los motivos alude a la acostumbrada invocación de vulneración de la presuncion de inocencia, con señalamiento de precepto de rango constitucional, concretamente del art. 24.2, invocando la presuncion de inocencia, al entender, sobre el argumento de que la actividad probatoria desplegada es insuficiente para fundamentar el signo de la Sentencia, que esta Sala debe revocar, según su pretensión, para beneficiarle con un fallo absolutorio.

1.- Como recuerda la STS de 18-6-18, "en el ámbito del control casacional cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, exige de la Sala Casacional una triple verificación.

a) En primer lugar, debe analizar el "juicio sobre la prueba" , es decir, si existió prueba de cargo, estimando por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que, además, haya sido introducida en el Plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometido al cedazo de la contradicción, inmediación e igualdad que definen la actividad del Plenario.

b) En segundo lugar, se ha de verificar "el juicio sobre la suficiencia" , es decir si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene la virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia y

c) En tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad" , es decir si el Tribunal cumplió por el deber de motivación, es decir si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia, ya que la actividad de enjuiciamiento es por un lado una actuación individualizadora, no seriada, y por otra parte es una actividad razonable, por lo tanto la exigencia de que sean conocidos los procesos intelectuales del Tribunal sentenciador que le han llevado a un juicio de certeza de naturaleza incriminatoria para el condenado es no sólo un presupuesto de4 la razonabilidad de la decisión intra processum , porque es una necesidad para verificar la misma cuando la decisión sea objeto de recurso, e incluso, extra processum , ya que la motivación fáctica actúa como mecanismo de aceptación social de la actividad judicial .

En definitiva, el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada , es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente, si la decisión escogida por el Tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena, -- SSTC 68/98, 85/99, 117/2000, 4 de Junio de 2001 ó 28 de Enero de 1002 , ó de esta Sala 1171/2001 , 6/2003, 220/2004, 711/2005 , 866/2005 , 476/2006 , 548/2007 , 1065/2009 , 1333/2009 , 104/2010, 259/2010 de 18 de Marzo , 557/2010 de 8 de Junio , 854/2010 de 29 de Septiembre , 1071/2010 de 3 de Noviembre , 365/2011 de 20 de Abril y 1105/2011 de 27 de Octubre , entre otras--.

En resumen, la invocación al derecho fundamental a la presunción de inocencia permite constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas; c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado. Lo que se ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas, legalmente practicadas, y de suficiente contenido incriminatorio y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad (así lo expone, entre otras, la STS 760/2018, de 28 de mayo de 2019 - ROJ: STS 1706/2019).

2.- En el caso, el apelante en nada alude a ilicitud o anomalìa alguna en la prueba, sino sólo su insuficiencia, con lo que el motivo se reduce a uno de caràcter estrictamente revisorio, por falta de "suficiencia" ( STCo. 160/88 y STS 10-12-02) de la prueba.

El hecho probado que atañe al apelante es su participación en la introducciòn, mediante una embarcaciòn, de los 47 fardos de hachís (casi tonelada y media) desembarcados en la noche de autos, en la playa de Castillo del Romeral (el otro envío de droga lo fué en la de Veneguera, zona extremadamente aislada, hecho notorio ex art. 281.4 LECv.), sin que se declarara probado que tripulara la embarcación, frente a la inicial tesis fáctica acusatoria, sino que participó en la descarga.

Este cambio en la descripcion de los hechos, efectuado merced a la variacion de las conclusiones (de provisionales a definitivas) en el acto del juicio y, expresamente autorizada por el art. 788.3 LECr., deviene irrelevante, puesto que, tanto si tripulaba la embarcacion como si participara en la descarga de los fardos de droga, su conducta encaja perfectamente en el tipo delictivo aplicado, con lo que no hay, en absoluto, infracción de la doctrina jurisprudencial que, en los amplios antecedentes del recurso (sin integrarse en ninguno de los motivos, que, de seguir la adecuada técnica procesal, serìa de nulidad, por defecto procesal), señala el apelante, que es la constituìda por las SSTS 1-4-13 (n.º 326) y 25-10-07 (n.º 888) y, en el ámbito constitucional, la STCo. 302/00, puesto que tales sentencias autorizan la variacion de los "facti" siempre que, en los terminos de esta última, la alteraciòn no sea "sustancial", es decir, respetándose el principio acusatorio por no variarse los hechos en su nùcleo, añadiendo la jurisprudencia constitucional citada que "el juzgador conserva un relativo margen de autonomía para fijar los hechos de conformidad con el resultado de los medios de prueba, incluyendo aspectos circunstanciales siempre que no muten la esencia." pudiendo "ofrecer una versiòn distinta de los hechos...lo que ha de presentar el tribunal es la esencialidad de ellos hechos, sin que haya de ajustarse miméticamente a cada uno de los detalles de la narraciòn presentada por el fiscal...sin alterar el contenido nuclear"; la primera de las STS antes citada precisa que "esto no significa que el Tribunal haya de convertirse en absoluto esclavo, tambièn en sus detalles, del relato fáctico presentado por la acusación..Es imprescindible que exista acoplamiento o ajuste en lo esencial pero no la similitud que brinda un espejo". Y la esencia de esta limitacion reside en la proscripcion de indefensiòn, de tal manera que el acusado no se vea sorprendido por hechos distintos.

En el caso presente, el cambio reside en que al apelante se le atribuía, en el relato de la acusación pùblica, la accion de transporte de la droga (tonelada y cuarto de hachìs) en la embarcaciòn hasta la playa y luego resulta que, a lo largo del juicio, se constata, por el esfuerzo de la defensa, que no patroneaba, pero sí que se demuestra (fundamentalmente por su presencia en la rigurosamente solitaria playa, de noche y oculto hasta ser detenido), que sí participa en su intento de desembarco desde la embarcación hasta la playa, de forma que el cambio es un detalle nimio y que, desde luego, encaja en el tipo delictivo sin alteracion sustancial alguna.

Despejada la tacha anterior y volviendo a la suficiencia de la probanza, concretamente, el Hecho Probado II, que atañe a los aquí apelantes reza: "que sobre las 00.20 horas del día 2 de Enero de 2.020, los acusados Roberto y Romulo...se encontraba [n] en la playa..esperando la llegada de la embarcaciòn tipo Zodiac.. " .

Así, su intervención en los hechos delictivos (el desembarco, segundo de los que detectó la Fuerza actuante, que realizaba la banda, de casi tonelada y cuarto de droga en la playa, y su intento de recogida, por los miembros de la banda) es clara; esta segunda entrega fuè frustrada, en la misma playa, por las fuerzas de seguridad, cuando ya se habían descargado 4 fardos de los 47 del cargamento (estando el resto aún en la embarcaciòn,varada), deteniendo allí a los dos apelantes

Esta descripción fàctica se complementa en el Fundamento Jurìdico IV, en los siguientes términos "La intervenciòn que se atribuye en el relato de hechos de la resolución impugnada a D. Roberto y a D. Romulo es la de haberse trasladado, de acuerdo con los otros acusados que fueron condenados [por conformidad, dato relevante] hasta el punto de la costa donde había de recibirse la embarcación con el hashish y participar en las labores de descarga". Igualmente se complementa, en el Fundamento Jurìdico II, con la frase "D. Roberto y D. Romulo participaron en las referidas labores de descarga de la droga de la embarcación mencionada, junto con los demás encausados, que se encontraban en ese lugar y que consiguieron huir, aunque fueran detenidos el día 16 del mismo mes.."

Se trata, pues, de una prueba contundente, pues el Sr. Roberto (aquí apelante) y su compinche Sr. Romulo (el otro apelante) se encontraban en la playa al llegar la embarcación con la droga, y alli fueron detenidos, pues la operación policial de interceptaciòn se hizo justo en el momento de la llegada a la playa de la embarcaciòn, incautàndose ésta y la droga, en el momento inmediatamente previo a su total descarga y transporte en los vehìculos dispuestos para ello, labor que hubiera sido lenta, pues de trataba de 47 fardos con más de tonelada y cuarto de droga. Ya se habían descargado 4 fardos, obviamente por los dos apelantes, cuando irrumpieron los agentes, apostados en las proximidades. En la oscuridad de la noche y en el entorno físico complicado (la playa es de piedras, hay un talud que dificulta su acceso, etc.) una parte de los miembros de la banda que se aproximaban a la playa, en la que había ya estacionado un vehìculo furgón (apto para cargar los fardos), El resto de los miembros de la banda pudieron huir, pero no los dos apelantes, que como se dijo antes, fueron detenidos allí, concretamente el aquì apelante a unos quince metros (otro agente dice que a unos cuatro metros, diferencia irrelevante) de los cuatro fardos de hachis ya descargados (el resto estaba aùn en la embarcaciòn, recièn varada), y el otro apelante agazapado a unos metros, tumbado entre unas piedras.

Concretamente, el Fundamento Juridico II, que esta Sala asume, dice: "No puede cuestionarse el hecho de que ambos acusados fueron detenidos en la Playa de La Caleta de la localidad de Castillo del Romeral, poco después de las 00:35 horas del día 2 de enero de 2020, pues así consta en las Diligencias NUM001, unidas a los folios 13215 a 13240, y lo manifiestan los funcionarios de Vigilancia Aduanera que depusieron en el procedimiento: el agente NUM021 interceptó a uno que estaba tumbado en el suelo para pasar desapercibido, mientras que el agente NUM022 interceptó al otro, mientras iba caminando por la playa en el momento en que todas las personas que estaban en la orilla esperando a que llegara la zodiac con la droga salieron huyendo. Ambos detenidos estaban a escasos metros de la embarcación que transportaba la droga, así como de los cuatro fardos que habían sido ya desembarcados y de unos bidones de gasolina que había escondidos en el lugar, obviamente para repostar la embarcacióny retornar a Marruecos. Tanto el Sr. Roberto como el Sr. Romulo, tras ser detenidos fueron conducidos a la Jefatura del Área de Vigilancia Aduanera de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en Las Palmas de Gran Canaria, donde se practicó su oportuna identificación, tal y como se desprende de las mencionadas diligencias.".

La excusa del apelante para justificar su presencia allí es de tal inconsistencia que parece una burla: paseaba por la playa para aliviar su ansiedad tras dejar el tabaco. Una situacion que, en tèrminos coloquiales serìa la comúnmente expresada como "que pasaba por alli". Tal excusa sería plausible si se tratara de horas diurnas y en playa de arena, pero no entre piedras de dificil deambulacion, en plena noche cerrada, en un lugar por supuesto no iluminado y con grandes dificultades de acceso. Tal vana excusa es perfectamente apartada por la Sentencia de instancia en tèrminos tan precisos que la Sala la reproduce por asumirla integramente : "Nos encontramos pues con que los hechos suceden poco después de las doce y media de la noche, en una playa alejada de cualquier zona turística, de difícil tránsito porque está llena de piedras y hay un desnivel pronunciado entre la parte donde aparcan los coches y la orilla, siendo además una noche muy oscura, pues no se distingue la luna. Los agentes de Vigilancia Aduanera llevan observando el lugar desde las once de la noche, para comprobar si alguna persona entra o sale de la playa. Del mismo modo, cabe presumir que los individuos que esperan en la orilla a que se produzca la llegada de la embarcación neumática que transporta la droga permanecían muy atentos a todo lo que ocurría a su alrededor, para evitar ser sorprendidos en su actividad ilícita. Incluso se mostraron agresivos hacia los agentes de la autoridad que les sorprendieron desde la embarcación de Vigilancia Aduanera, por lo que difícilmente cabe imaginar que se mostrarían indiferentes ante la presencia en el lugar de personas ajenas a sus propósitos. Sin embargo, D. Roberto afirma que había llegado al lugar del desembarco paseando tranquilamente desde su casa en la cercana población de Castillo del Romeral, ya que necesitaba calmar la ansiedad que le generaba el dejar de fumar, por lo que le pareció una buena idea ponerse a caminar a media noche por la orilla del mar. La versión de D. Romulo es que estaba tumbado sobre las piedras de la playa, en el momento en que los agentes persiguen a los que huían, ya que se había quedado dormido, tras haber pasado en ese lugar la tarde y parte de la noche, en compañía de un joven de Vecindario al que había conocido ese mismo día y que ya se había marchado a eso se las doce de la noche, tras mantener ambos relaciones sexuales.

La versión de los acusados no resulta lógica ni veraz. En primer lugar porque una playa de piedras y de difícil acceso no es un lugar cómodo o idóneo para dar un paseo en una noche sin luna, como tampoco lo es para mantener un encuentro amoroso con un desconocido, teniendo en cuenta las dificultades e incomodidad manifiesta que genera el tránsito y la estancia en la misma. En segundo lugar, porque resulta inconcebible que ambos acusados se mantuvieran ajenos a todo lo que sucedió en el lugar la noche de autos: la llegada de la furgoneta Ford Custom y de otro vehículo no identificado, la espera de los que tenían que descargar los fardos de haschísh, el enfrentamiento de los mismos con los tripulantes de la embarcación de Vigilancia Aduanera, a los que arrojaron piedras, el disparo al aire realizado por uno de los funcionarios para repeler el ataque, la descarga de cuatro de los fardos en la orilla, la salida precipitada de uno de los vehículos que había en el lugar. Según la versión de los acusados, ninguno de esos acontecimientos despertó a D. Romulo de su plácido sueño o disuadió a D. Roberto de seguir paseando tranquilamente por la orilla. Por otra parte, la versión de los acusados choca con la afirmación de los agentes que formaban parte del dispositivo de vigilancia, de que estuvieron comprobando en todo momento que nadie entrara o saliera de la playa, por lo que tendrían que haber visto abandonar el lugar al acompañante de D. Romulo, así como llegar al lugar del desembarco a D. Roberto, a quien se detuvo a escasos cuatro metros del punto donde encalló la zodiac.

No existe, pues, una explicación alternativa y lógica a lo que los indicios, sin duda, dejan claro en su conjunto, cual es la participación de ambos acusados en los hechos enjuiciados, consistente en la realización de labores de descarga del cargamento de la embarcación que arribó poco antes de su detención a la isla de Gran Canaria con gran cantidad de droga y que, a la vista de los indicios referidos - su estancia en un lugar alejado de cualquier población, de difícil acceso y carente de toda iluminación, en el preciso momento en que está siendo desembarcado el cargamento de una lancha que porta cincuenta fardos de hashísh, y la reacción de ocultarse o intentar abandonar el lugar ante la presencia de funcionarios públicos que les dan el alto -, queda perfectamente demostrada. Teniendo en cuenta la naturaleza de su cooperación en la actividad de transporte de la sustancia psicoactiva, el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas no queda desvirtuado por el testimonio de D. Jose Daniel, quien manifestó que D. Roberto estuvo ayudándole el día 1 de enero de 2020 en su actividad comercial, en la tienda que regenta en el Centro Comercial Yumbo, en la que el acusado permaneció hasta las nueve y media de la noche de ese día, aproximadamente. Teniendo en cuenta la proximidad entre el mencionado centro comercial y el lugar de comisión del delito, así como que este último fue perpetrado más de dos horas después de que el testigo se despidiera del acusado, la declaración de aquél es perfectamente compatible con los testimonios prestados por los testigos de la acusación y con el hecho incontestable de que el Sr. Roberto fue detenido en la Playa de la Caleta, poco después de las doce y media de la madrugada del día 2 de enero. En definitiva, queda demostrada la participación de ambos acusados en los hechos que les atribuye la parte acusadora.

Así, como el propio apelante reconoce implícitamente que se hallaba allí (reconocimiento, se repite, implícito al no negarlo, sino alegar tal vana excusa sobre su presencia, lo que permite eludir consideraciones sobre la solidez de la probanza testifical del agente policial, ex STS 12-11-96) la única salida para exculparle sería la de la justificacion razonable de su presencia, justificación desmontada por su inverosimilitud, como se ha visto antes.

La probanza es más que "suficiente" ( STS 10-12-02 y STCo. 160/88) para sustentar el relato fáctico y, por ende, la condena.

B.- El segundo de los motivos se rotula "vulneracion del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 24 de la CE y del derecho fundamental del art. 9.3 de la CE en su garantía de interdiccion de la arbitrariedad de los poderes pùblicos"

El motivo debe ser repelido con todo vigor, pues el derecho a la tutela judicial efectiva ha sido más que satisfecho en la Sentencia condenatoria y en la presente, que la va a confirmar, y, desde luego, que la condena en absoluto puede ser tildada de arbitraria.

En este último sentido y abundando en el contenido del recurso, no cabe calificar de inmotivada la resolucion judicial de instancia, sino más bien al contrario. La motivacion de las Sentencias, mandato constitucional ex art. 120.3 CE (y STC. 229/01, entre tantas) y reforzada en el orden penal ex art. 142 LECr. y STCo. 11/04, se ha cumplido sobradamente, y, además, respaldada merced a las consideraciones añadidas en la presente Sentencia.

Por lo demás, supliendo la omisiòn del recurso, el motivo de censura jurìdica debiò referirse, en consonancia con lo indicado en el precedente motivo revisorio, a la infracciòn, por aplicación indebida, de los arts. 368.1, 369.1.5, 370.3 y 374 CP, invocacion que hubiera sido repelida por cuanto la conducta del apelante, encaja perfectamente en la descripción tipológica delictiva de tales preceptos, segùn razona, adecuadamente la resolución impugnada en apelación.

C.- Y el postrer motivo del recurso denuncia infracción del principio "in dubio pro reo".

1.- Este principio procesal no es de aplicación al caso, como ya razonaran las Sentencias de esta Sala de 26 de Junio y 25 de Octubre del corriente año, pues se aplica sólo cuanto el órgano judicial se muestra dudoso en la aplicación del Derecho o, más frecuentemente, en la valoración de las pruebas como "suficientes" o insuficientes ( STCo. 160/88 y STS 31-2-05) para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia. Se trata de la llamada "incertidumbre objetiva" ( STS 4-6-14). Dicho sintéticamente, el principio no obliga a dudar ( STS 10-10-18), sino que impone la absolución en caso de duda, duda que ha de ser expuesta por el órgano (de instancia o de apelación); en este sentido, puede sintetizarse este mandato indicando, invirtiendo el sentido del mismo (de positivo a negativo), que lo que impide es condenar cuando el Tribunal se muestra en "dubium" razonable, o sea, se prohíbe al Tribunal condenar en base a probabilidades.

2.- En el presente caso, ni la Sala de instancia ni este Tribunal de apelación señalan duda alguna que pueda plantearse, ni de hecho ni de Derecho, y, siendo tal duda el presupuesto de la aplicación del principio penal que se dice infringido, es por lo que decae en su integridad en motivo.

TERCERO.- El segundo de los condenados que recurre es el Sr. Romulo, cuya situacion fáctica es similar a la del otro apelante, Sr. Roberto, con la ùnica diferencia de la excusa presentada para justificar su presencia en el lugar y hora de desembarco de la droga, a escasos metros de los 4 fardos ya descargados, donde fué detenido.

Su recurso es copia del de su compinche, ya analizado y resuelto en el precedente Fundamento Jurìdico, con iguales motivos y argumentos, por lo que su respuesta debe ser la misma, teniéndose por reproducido el contenido del Fundamento Jurìdico II anterior, (motivacion por remision, autorizada por la doctrina constitucional de la que es muestra la STCo. 146/90) puesto que no aporta nada nuevo a lo alegado por el otro apelante.

Todo lo más, cabe indicar que la unica diferencia, como antes se indicó, reside en la excusa presentada ante su presencia en la apartada playa pedregosa, en una noche cerrada, coincidiendo en la descarga parcial de los fardos de droga; como antes se dijo, ya habían sido descargados cuatro cuando irrumpieron las fuerzas de seguridad (Servicio de Vigilancia Aduanera, pues no actuó la policía ante la infiltración de uno de sus agentes, el tan levemente condenado Simón) interrumpiendo la descarga del resto, aprehendiendo toda la droga y, aquí viene el dato clave, deteniendo alli al ahora apelante, escondido entre unas piedras.

La excusa es aún más tosca que la de su compinche, pues alega que se quedó a dormir en la playa tras mantener relaciones sexuales. Ya tal excusa ha sido desmontada con toda nitidez por la Sentencia de instancia en el pàrrafo antes reproducido, cabiendo añadir esta Sala de apelaciòn que, desde luego, difìcilmente se puede dormir al raso, en una zona pedregosa, y en invierno (día 2 de Enero) pese al benigno clima insular, y menos aùn permanecer agazapado (y menos dormido) cuando se produce la llegada de la embarcaciòn (ruido del motor), el despliegue de los agentes, la reacciòn de los que descargaban (apedreando, desde la oscuridad, a los agentes) la reaccion de éstos dando el alto y especialmente, el necesario disparo al aire para ahuyentar a los agresores, hechos todos estos inmediatamente acaecidos antes de su detención, escondido entre las piedras aprovechando la oscuridad, pues los agentes sólo pudieron capturar a dos, precisamente a los apelantes, porque eran los que estaban próximos a la droga ya descargada y a la embarcación varada con el resto de la droga (43 fardos más) aún a bordo; de ser cierta la excusa, el apelante, en una conducta normal, hubiera levantado los brazos en señal de entrega e inmediatamente, alegar su inocencia en lugar de esconderse y resistirse para ser engrilletado por el agente que lo detuvo, en una brillante, laboriosa y elogiable acción policial de desmantelamiento de una potente organización delictiva, por más que las penas impuestas, por conformidad, hayan sido tan magras ante la gravedad de los hechos.

Por tanto, dada la identidad de motivos y argumentos entre el presente recurso y el de su compañero delincuente, ambos integrantes de la banda, aunque en el papel de meros peones de descarga y transporte de la droga, su recurso debe ser repelido por los mismos argumentos antes expuestos.

Así, deben desestimarse los recursos, lo que arrastra la confirmación íntegra de la Sentencia apelada.

CUARTO.- Conforme con el criterio general de la Sala, no hay condena en costas?.

Vistos los preceptos y Jurisprudencia citados.