Sentencia Penal 69/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 8/2023 de 29 de diciembre del 2023

Primero.- Ante todo una referencia a la cuestión previa planteada al iniciar la vista del recurso de apelación por la defensa del apelante. Se solicitó al inicio del acto la suspensión de la vista para proceder en presencia del reo a una calificación subsidiaria alternativa de homicidio imprudente entendiendo que se habría producido un error en la calificación jurídica de los hechos por la defensa.

Es patente que no concurría ninguna de las causas de suspensión de las vistas.

La pretensión expuesta en modo alguno tiene cabida en un procedimiento de apelación frente a sentencia dictada por el Tribunal del Jurado. Con ella se persigue alterar el objeto del veredicto sometido al Jurado, que es el único competente en dicho procedimiento para pronunciarse sobre los hechos y culpabilidad. Y como puede comprobarse, en el supuesto enjuiciado, sin objeción de la defensa del acusado, el objeto del veredicto tras la celebración del juicio a tenor de las pretensiones y hechos debatidos no admitía esa alternativa. El Jurado declaró probado el hecho acogido por la Sentencia apelada, propugnado por las acusaciones, y rechazó o declaró no probado el hecho alternativo planteado por la defensa de la acusada, en la que ésta se limitaba a negar toda participación en la acción de golpear a la víctima en la cabeza con un objeto contundente con propósito de acabar con su vida o siendo consciente del peligro que para ella suponía, y sostenía que había llegado a la casa de la víctima, encontrando a ésta tendida en el suelo, y que respondió a sus preguntas con balbuceos, suponiendo que se encontraba ebrio, por lo que lo incorporó y ayudó a trasladarse a la cocina y le dio agua, y como no se recuperó lo llevó a su dormitorio dejándole acostado en la cama, acomodándole con almohadas, negando que hubiera golpeado al fallecido con ningún objeto.

En modo alguno se planteó al Jurado una alternativa como la que sostiene la defensa de dicha parte apelante en la vista, sugiriendo un error en la calificación de los hechos en fase de recurso.

Por consiguiente, la suspensión de la vista no procedía siendo inadmisible la pretensión subsidiaria de alterar la calificación jurídica de los hechos como homicidio imprudente, que es obvio no fue sometida en el objeto del veredicto al Jurado ni por ende tiene soporte en hechos que ha declarado probados el mismo.

Resulta igualmente improcedente la introducción en el acto de la vista de un nuevo motivo del recurso, en el que se hace valer - con invocación del derecho a la tutela judicial efectiva y las potestades de oficio del Tribunal de apelación - una calificación jurídica subsidiaria en la misma línea que la anterior, de homicidio imprudente o no doloso.

Ante todo se trata de un motivo no planteado en el momento procesal oportuno, en el escrito de interposición, que introduce una cuestión nueva, que no se acomoda a los hechos sometidos al veredicto del Jurado como hemos dicho.

Dicha razón es suficiente por sí sola para rechazar dicha pretensión, al producir indefensión a las demás partes.

Pero es que además en el nuevo motivo alegado de forma extemporánea en la vista, se estaría haciendo valer una infracción supuesta de la calificación jurídica y como tal infracción su invocación debe hacerse partiendo del absoluto respecto a los hechos probados, lo que no sucede en el supuesto enjuiciado donde se afirma que el único objeto de la acusada era conseguir el dinero que la víctima le debía, a cuyo efecto mantuvieron una fuerte discusión en la que le golpeó sin intención de matar tratando de aliviar el daño, colocando a la víctima tumbada en la cama con la cabeza apoyada en un almohadón, siendo así que la muerte se produjo a la misma como una suerte de complicación en el curso de su proceso de curación hospitalaria, de donde lo único que puede tenerse por probado es un homicidio imprudente.

Por el contrario en el único relato fáctico admitido y probado, el que recoge el Jurado, se declaró que la acusada regresó por segunda vez a la vivienda de la víctima, tras haber estado discutiendo el día anterior por la reclamación de una supuesta deuda, y como la víctima no le abriera voluntariamente la puerta de su casa ante la actitud violenta que exhibía, dando golpes y empujando la puerta de acceso y profiriendo gritos, la acusada " rompió de varias patadas la moldura inferior, tras lo cual introdujo la mano por el hueco creado hasta alcanzar la manivela, logrando acceder al interior del piso" y " Una vez dentro de dicha vivienda, se inició una fuerte discusión entre ambos, motivada por la supuesta deuda antes referida, en el curso de la cual, Enma", "golpeó fuertemente con un objeto contundente, no determinado, en el macizo facial de la hemicara izquierda a Anselmo, con la intención de acabar con su vida o, al menos, siendo consciente del peligro que suponía un golpe en dicha zona, todo ello valiéndose de su fuerte complexión física, envergadura, movilidad y visión, antes referida."

Seguidamente, encontrándose Anselmo inconsciente en el suelo a consecuencia del fuerte golpe sufrido, lo llevó al salón y posteriormente al dormitorio principal de la vivienda, colocándolo en posición de cubito prono en una cama que allí había, con un cojín sobre la herida que tenía en la cabeza, tras lo cual cogió el televisor de plasma que estaba en el salón, abandonando el piso con dicho objeto."

Es evidente que no puede descartarse la intención homicida como pretende en sus alegaciones la defensa de la acusada cuando tan terminante se declara probado que al propinar el fuerte golpe en la cabeza a la víctima con un objeto contundente esa era su intención o al menos con conciencia del peligro que suponía un golpe en dicha zona, "valiéndose para ello de su fuerte complexión física, envergadura, movilidad y visión".

Como se ha dicho en múltiples ocasiones el dolo de matar - el elemento subjetivo del delito de homicidio - se puede inferir de los datos existentes acerca de las relaciones previas entre agresor y agredido; el comportamiento del autor antes, durante y después de la agresión, lo que comprende las frases amenazantes, las expresiones proferidas, la prestación de ayuda a la víctima y cualquier otro factor relevante; el arma o los instrumentos empleados; la forma en que se materializa la acción homicida, la zona del cuerpo a la que se dirige el ataque, la repetición en su caso de los golpes o acciones lesivas, el resultado de la agresión; y en general cualquier otro dato que pueda resultar de interés en función de las peculiaridades del caso concreto ( SSTS. 57/2004 de 22-1 ; 10/2005, de 10-1 ; 140/2005, de 3-2 ; 106/2005, de 4-2 ; 755/2008, de 26-11 ; 140/2010, de 23-2 ; 29/2012, de 18-1 ; 1035/2012, de 20- 12 ; y 719/2017, de 31-10 , entre otras).

En el caso examinado ese elemento subjetivo se infirió correctamente por la sentencia siguiendo los hechos declarados probados por el Jurado de la previa actitud absolutamente violenta y agresiva de la acusada, que acudió a reclamar la supuesta deuda que tenía la víctima a su casa, con fuertes gritos, dando golpes en la puerta para que le abriera y como no lo hizo, forzando mediante una patada los cuarterones de la puerta para poder acceder a su interior, y de la violenta discusión que mantuvo con la víctima, como hechos anteriores a la agresión, corroborados por las declaraciones de los vecinos que escucharon la voces y gritos, y luego de la forma de llevarse a cabo la misma como hecho coetáneo, al propinar a la víctima con un objeto contundente un fuerte golpe en la cabeza, en la en la hemicara izquierda (zona del cuerpo que protege órganos vitales), causando una contusión craneal de tal magnitud que no solo produjo fracturas óseas (multifragmentadas y con desplazamiento hundimiento), sino que también ocasionó hemorragia cerebral, edema cerebral y lesión axional difusa que ocasionaron una encefalopatía moderada grave, como así resulta del informe médico-forense plenamente ratificado en el plenario

Que pese a tratarse de un único golpe queda constancia de que fue propinado con fuerte violencia, valiéndose de su mayor fuerza física, altura y corpulencia, a diferencia de la discapacidad y mayor edad de la persona agredida, con un instrumento hábil e idóneo para causar graves lesiones en una zona tan sensible como el cráneo, por lo que la acusada fue plenamente consciente de que resultaba muy probable que le produjera heridas mortales, de tal suerte que si no fuera esa su intención directa, asumía con su acción el resultado altamente probable que podía producir poniendo en peligro la vida de la víctima.

Que se ha excluido como señala la sentencia apelada que las lesiones fueran producto de una caída, a tenor del informe médico forense.

No es posible olvidar la conducta posterior de la acusada que en lugar de reclamar ayuda para la víctima, viéndola inconsciente la traslada a su cama y la acuesta allí dejándola a su suerte, inconsciente, y preocupándose únicamente de coger el televisor que inmediatamente vendió.

No es dado admitir la alegación de que el fallecimiento de la víctima se produce a consecuencia de una complicación médica del proceso de curación pues de no haber sufrido el traumatismo cráneo encefálico que provocó el coma y su ingreso hospitalario no hubieran tenido lugar la serie de incidencias y complicaciones que condujeron a su fallecimiento por un tromboembolismo pulmonar, incidencias que están directamente relacionadas con el proceso de atención médica en las circunstancias personales de la víctima de tal manera que la acción lesiva y el resultado traumático son causa eficiente y directa del fallecimiento.

Por tanto, las alegaciones nuevas esgrimidas en la vista deben ser rechazadas tanto por resultar extemporáneas como por su improcedencia en cuanto al fondo.

Segundo.- Entrando ya en el examen de los motivos del recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia dictada que la parte apelante en la vista se ha limitado a esbozar de una forma muy sintética, nos referimos al primero de ellos en el que confusamente se mezclan alegaciones muy diversas y contradictorias, por cierto sin un soporte formal en alguno de los motivos que enumera el artículo 846 bis c) de la LECRIM.

Así, se invoca quebrantamiento de forma y vulneración de los artículos los arts. 707 y siguientes de la LECrim., en especial el art 709 en relación art. 714 del mismo cuerpo legal, y 367.2 de la LEC, sobre veracidad e imparcialidad de los testimonios.

En este motivo, de un lado, impugna la sentencia y el veredicto porque se apoyan según la parte recurrente en una serie de testimonios o declaraciones que han quedado a su juicio desvirtuadas y deben ser excluidas por carencia de "fiabilidad" y por "la ausencia de falta de libertad para declarar en este juicio", "al encontrarse influenciados por miedo a terceras personas o situaciones que condicionan su presencia y declaraciones en el juicio". Hace referencia a las manifestaciones en el juicio de los testigos Efrain, Marí Trini y Magdalena, "quienes expusieron de manera espontánea que se encontraban condicionados ante posibles represalias o actos de otras personas"; y estar los dos primeros testigos "manifiestamente" enemistados con la acusada

Por ello pone en duda sus declaraciones y la "lógica argumental de la que el Magistrado-Presidente detrae la inferencia lógica de la argumentación secuencial de los hechos que se declaran probados".

Tal razonamiento no puede ser acogido en modo alguno.

En primer lugar, basta dicha exposición, que se puede sintetizar en una discrepancia con la valoración de la prueba testifical que realiza el Jurado y acoge la sentencia apelada, para comprender que en rigor no hay infracción en términos de quebrantamiento de forma de las reglas que rigen la práctica y valoración de la prueba testifical, en modo alguno se concreta o explicita en qué consiste la vulneración o la infracción, sino que lo que existe es una discrepancia con la apreciación de la prueba testifical practicada en el juicio que llevó al Jurado a los hechos que estimó probados y que asumió en el veredicto de acuerdo con la propuesta formulada, que obviamente no puede ser canalizada por esta vía, sino por la vía de la errónea apreciación de la prueba, que en este procedimiento tiene sin duda por las características del juicio ante el Tribunal del Jurado importantes limitaciones y menos puede ser utilizada para plantear una simple y total discrepancia con la valoración de la prueba realizada por el Jurado respecto de la pruebas personales practicadas en su presencia y racionalmente valoradas y motivadas de acuerdo con el acta del veredicto que ha sido además completada de manera modélica por los Fundamentos de derecho de la sentencia apelada.

Por otro lado, en el motivo se aduce, de manera confusa y entremezclada con la anterior, que la fundamentación de la sentencia apelada adolece de una total falta de motivación, al no explicitar en qué ha consistido el resultado las pruebas en relación a la participación de la acusada en los hechos que se juzgan, vulnerando con ello el derecho a la presunción de inocencia, porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.

Basta una somera lectura de los fundamentos de derecho de la sentencia apelada para percatarnos de que nos encontramos ante una motivación exhaustiva que ha completado de manera absolutamente pormenorizada todos los datos y pruebas que tuvo en consideración el jurado para considerar probados los hechos de tal manera que, no puede considerarse en modo alguno vulnerado el derecho de presunción de inocencia ni advertirse una carencia de motivación en los términos alegados.

Se trata de alegaciones absolutamente vacuas y retóricas.

Veamos. El Magistrado Presidente ha concretado en los fundamentos de la sentencia apelada los elementos de prueba de cargo que ha tenido en consideración el Jurado, siendo el acta de votación absolutamente modélica.

En efecto en el fundamento de derecho tercero se expresan dichas razones o elementos probatorios de cargo debidamente ponderados:

- El Jurado Popular expresa que han tenido en cuenta como elementos de convicción, que la acusada, quien asumió haber entrado en la vivienda, fue la única persona que se ha identificado, por testimonios directos, que estuvo en el lugar de los hechos (domicilio del finado) en el espacio temporal en que se producen los hechos, llegando de manera agresiva y formando escándalo.

- Reconoció su presencia en el lugar.

- Se encontraron dos huellas de la acusada impresas en la puerta.

- La testifical de Efrain esclarece que vio salir a la acusada del domicilio, y que iba sola llevando una televisión.

- Este extremo también ha sido corroborado por Marí Trini, quién así se lo manifestó a Magdalena (Presidenta de la Asociación de Vecinos), tal y como ambas declararon, y se constata con la transcripción de los mensajes de texto y WhatsApp, cuando la llama y le narra lo sucedido identificando a la " Enma" como la persona que estaba cuando se "oyeron los ruidos, gritos y el golpe en casa de Anselmo".

- La coincidencia espacio-temporal entre la presencia de la acusada en el lugar de los hechos, tanto con anterioridad a que acontezcan al haber acudido al domicilio y dar voces lo que provocó la llamada de los vecinos a la policía, tal y como había sucedido el día anterior, tras oírse un fuerte golpe y ruido, y una vez que los agentes de policía personados en la misma no constataron nada anómalo en ella, como con posterioridad al verla abandonarla portando un televisor unida a que no se ha acreditado la presencia de otras personas en su interior y el testigo presencial Sr. Efrain sólo constata la presencia de la misma en el citado inmueble "permiten inferir que aquella fue la autora de la agresión máxime cuando dice que tenía buena relación con la víctima y reconoce no sólo su presencia en el lugar, sino que se lo encontró caído en el suelo con un fuerte golpe, siendo inexplicable y absurdo que en ese escenario no le prestase auxilio alguno ni diese avisó alguno a emergencias limitándose a llevarlo al dormitorio dónde lo dejó tumbado en la cama".

Por otro lado, esos elementos recogidos por el Jurado son considerados por el Magistrado Presidente en una motivación absolutamente elocuente "lógicos y racionales" y justifican plenamente el juicio de inferencia que permite atribuir a la acusada la autoría máxime cuando, de nuevo y como bien resalta el citado Jurado Popular, no se puede obviar, por una parte, que la propia acusada reconoció haberle dicho a la testigo Penélope horas después de lo sucedido cuando se presentó en su casa y la invitó a tomar drogas que había hecho algo grave de lo que mañana se enteraría, extremo también declarado por la citada testigo, y de otra, que también confesó haberse cambiado el jersey que portaba y que lo dejó en casa de la vecina.

A mayor abundamiento "la explicación que ofrece la propia acusada debe ser descartada por inverosímil al resultar contradictoria tanto con los testimonios de los vecinos, antes reseñados, como con el resultado de las pruebas periciales dactiloscópica y pericial médico-forense, sirviendo de exponente el dato, también reseñado por el Jurado Popular, de la incompatibilidad de la versión que ofrece respecto a que se encontró a Anselmo en el suelo y lo llevó a la cama caminando él apoyado en ella con la entidad y magnitud de las lesiones que presentaba y que le impedían cualquier tipo de movilidad."

Igualmente en cuanto al delito de robo: la propia acusada confesó haber sustraído del domicilio el televisor, para posteriormente enajenarlo a Indalecio, quién a su vez declaró habérselo comprado a "la Enma", como vulgarmente se la llama, a cambio de cincuenta euros.

Por tanto, ninguna duda existe en cuanto a la autoría de la sustracción propiamente dicha, al haberla admitido la acusada y resultar probada por lo expuesto, quedando acreditado el resto de las circunstancias en las que se comete la misma, esto es, con violencia e intimidación, en base a lo expuesto anteriormente.

En resumidas cuentas tal y como zanja la sentencia apelada y nosotros concluimos "la prueba indiciaria enerva el principio de presunción de inocencia y permite tener por acreditada la autoría de la acusada en lo que respecta al delito de homicidio y a las circunstancias en las que se produce la sustracción de efectos (un televisor) sobre la que hay prueba directa y reconoce haber realizado la misma".

Concurre por tanto prueba de cargo sobrada, ha sido valorada racionalmente por la Sentencia apelada acogiendo una motivación sobrada y suficiente del Jurado, y por tanto deben ser rechazadas las alegaciones en las que se soporta esta segunda alegación del motivo primero del recurso que en rigor lo que trata es de combatir y discrepar de la valoración realizada por el Jurado sin soporte válido.

Tercero.- Tampoco puede ser acogido el motivo segundo del recurso en el que se suscita la infracción entendemos por la vía del artículo 846 bis c), apartado b) de la LECRIM, por no aplicación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad que consistente en la atenuante de actuar a causa de su grave adicción a sustancias tóxicas y estupefacientes, prevista en el artículo 21,2ª del Código Penal en relación al artículo 20,2º del Código Penal, pues en su opinión se probó en el acto de juicio que "la acusada presenta un patrón compatible con abuso de sustancias," y tal circunstancia si bien no alcanzaba para valorar una situación de inimputabilidad al tiempo de los hechos que se enjuician, sí debiera tenerse en consideración su influencia para la valoración de las dificultades de la acusada para adaptar su comportamiento a las circunstancias que en tales momentos se iba encontrando, condicionando y motivando su actuar.

Se alude y reitera en la vista a una situación grave adicción prolongada en el tiempo, que merma o altera la capacidad del sujeto de adecuar su comportamiento al normal actuar consecuencial de una persona con plenas capacidades, por lo que tal circunstancia debe tenerse en consideración ya que se evidenció el hecho real de la drogodependencia grave de la acusada, y su actuar a lo largo de ese día, descrita por los diferentes testigos, actuar y comportamiento que respondía a una falta de autocontrol derivado de su adicción.

Como bien han sostenido tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular este motivo exige el absoluto respeto a los hechos probados.

Basta ver el acta de votación del veredicto del Jurado para comprobar que el Jurado se apoyó en el dictamen de los peritos que depusieron en el juicio, y descartó que la indudable dependencia de las drogas de la acusada, descrita en los hechos ( presenta un patrón de consumo de sustancias estupefacientes compatible con uso y abuso) condicionase sus capacidades cognitivas y volitivas a partir del análisis del cabello, recogiendo y apoyándose en las afirmaciones de la Médico forense Sra. Sra. Adoracion, según la cual dicha dependencia no alcanza la entidad suficiente ni para producir alteraciones psicopatológicas que afecten a la imputabilidad

Como dice la sentencia y nosotros reiteramos la mera condición de drogodependiente no tiene base suficiente para estimar que en el caso enjuiciado haya actuado a causa de dicha dependencia y permita la aplicación de la atenuación si como en este caso está descartada de manera rotunda la incidencia en su imputabilidad si quiera fuera leve.

Por tango la infracción legal invocada no concurre.

Cuarto.- Por último, se aduce en el recurso la improcedencia de aplicar en el capítulo de la responsabilidad civil el baremo de indemnizaciones para los casos derivados de accidentes de circulación establece la ley 35/2.015 sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, y todavía menos la aplicación de una revalorización por cuantificación de porcentaje, por falta de acreditación de la realidad de los factores determinantes de la misma, ni respecto de la víctima ni respecto a los perjudicados, pues ni por relaciones personales, ni por circunstancias individualmente consideradas, ni por razón de la edad, por sus relaciones personales ni por dependencia económica que eran inexistentes más allá que la formal relación de filiación legal, afirmando que ninguno de sus nueve hijos, vivía con él o le ayudaba o prestaba ningún tipo de apoyo o sustento.

Al propio tiempo interesa una moderación del quantum indemnizatorio.

La alegación está derechamente avocada al fracaso.

Por el contrario, es jurisprudencia consolidada ( Sentencias del Tribunal Supremo 953/2021, de 2 de diciembre; 382/2017, de 25 de mayo; 314/2012, de 20 de abril) que en la actualidad se encuentra ampliamente recomendada la aplicación de tal baremo no solo al campo de la responsabilidad civil derivada de uso y circulación de vehículos de motor sino a otros muchos y muy distintos ámbitos como el civil (vid. por ej. STS, Sala 1ª, de 9 de Febrero de 2011), administrativo ( STS, Sala 3ª, de 20 de Septiembre de 2011), laboral ( STS, Sala 4ª, de 17 de Julio de 2007) y, por supuesto, el penal ( STS, Sala 2ª, de 10 de Abril de 2000, entre muchas otras), con base en señaladas razones como las de igualdad de trato, seguridad jurídica, predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, entre otras, pero no deja de serlo con efectos meramente orientativos, matizándose, concretamente en materia de delitos dolosos, la conveniencia de cierto incremento respecto de los importes inicialmente establecidos, con base en el mayor dolor (daño moral) que el padecimiento de esta clase de conductas, intencionadas, pueden originar en el ánimo de quien las sufre, frente a las meramente imprudentes.

Pues bien, esto es precisamente lo que ha llevado a cabo la sentencia apelada a falta de otro tipo de razones mejor fundadas, aplicar con carácter orientativo el baremo indemnizatorio fijado para dicha clase de responsabilidad civil acogiendo las indemnizaciones establecidas en el mismo con base al perjuicio indudable que para los hijos del fallecido, al margen de convivencia o de otros factores, que no contempla, una indemnización que cuantifica con arreglo a los parámetros para tales supuestos, en atención a la edad de los mismos, y sin consideraciones a factores de convivencia, sino simplemente al indudable perjuicio moral que supone la privación de la vida a un ascendiente directo, a su padre, para cada uno de ellos que, siguiendo los criterios harto reiterados de la jurisprudencia, se incrementa en un porcentaje moderado al tratarse de un delito doloso.

Por ello no existe infracción legal alguna al no acreditarse ni demostrarse que se haya aplicado dicho criterio de forma incorrecta, ni evidenciarse razones objetivas y suficientes para una moderación aún mayor de esas cuantías indemnizatorias.

Quinto.- Por lo expuesto se impone la desestimación del recurso de apelación sin que sean de apreciar razones para una expresa condena en las costas procesales de esta apelación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y por cuanto antecede; siendo Ponente el Excmo. Sr. Presidente D. Vicente Manuel Rouco Rodríguez;