Sentencia Penal 434/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 341/2022 de 13 de diciembre del 2022

1. Recurre el apelante, tras exponer los antecedentes de la sentencia los hechos, fallo, y la transcripción de los antecedentes médicos que constan en la pericial de parte, articula los siguientes motivos:

a. Error en la apreciación de la prueba.

b. Vulneración del derecho fundamental 24.1 CE tutela judicial efectiva

c. Por no aplicación de la eximente de anomalía psíquica art. 20.1 CP

d. Por no aplicación de la eximente incompleta

Finaliza el recurso solicitando que se dicte nueva sentencia revocando la anterior y absolviendo al acusado o en su cao se reconozca la eximente del art. 20.1 CP.

2. Por su parte el Ministerio Fiscal impugna el recurso solicitando que se mantenga la sentencia en su integridad.

3. Primer motivo del recurso: Error en la valoración de la prueba.

3.1. Articula la impugnación indicando que no pueden darse por probados los hechos A,B,C Y D que transcribe, y hace mención al contenido del recurso de apelación así como a que se ha vulnerado la presunción de inocencia al practicarse prueba no ratificad en el juicio oral, y en esa medida no cumple las exigencias legales, pues la prueba preconstituida ha de versar sobre hechos que no puedan reproducirse en el juicio oral, han de ser con intervención judicial se tiene que garantizar la contradicción debiéndose realizar con presencia del imputado y su defensa y ha de ser introducido en juicio mediante lectura o exhibición. Alega que desconoce la causa de incomparecencia de las denunciantes, que no se han detallado en la sentencia las diligencias de localización y añade algunas sentencias del TS que transcribe en parte con los requisitos de admisión, en juicio, de las declaraciones sumariales hace otras alegaciones sobre el deber de emplazamiento de los LAJ, y que no le fueron notificadas las gestiones. Concluye que la prueba preconstituida carece de validez y ello afecta al derecho de defensa.

3.2. Lo primero que ha de señalarse es que no se ha realizado prueba pre constituida como tal, sino que ante la incomparecencia de las testigos denunciantes, se ha traído a juicio, a instancia del Ministerio Fiscal la lectura de las declaraciones sumariales que hicieron las denunciantes ante el juzgado de instrucción, en base al art. 730 LECRIM. La prueba preconsttuida y sobre ellos extiende la recurrente es una convocatoria que se hace con participación de todas las partes. Es una prueba anticipada. No es el caso. Aquí lo que ocurre es que se introducen declaraciones sumariales en base al art. 730 LECRIM, por ilocalización de los testigos.

Lo acuerda el tribunal, mediando las oportunas explicaciones, hemos visualizado el juicio, y así consta (video 5º, mn. 5,25') de la grabación del sistema Arconte, que es acta a todos los efectos. En tal grabación se constata que después de haber declarado los testigos que comparecieron presencialmente se da cuenta de las citadas incomparecencias. En todos los casos constaban los oficios policiales en los que se da cuenta de la ilocalización de las mujeres denunciantes, así como de que se intenta primero con citaciones desde el tribunal, luego con intervención directa de la policía. Constando que, al menos las que se refieren los hechos B, C, D, que han generado la condena, son personas que estaban en situación administrativa irregular; y que, de alguna de ellas, los vecinos preguntados en la gestión de búsqueda, dicen que había vuelto a su país Honduras en el caso del hecho B) Asunción (fols. 357 y 364 a 376), en el caso del hecho C) Gabriela (fols. 276) consta el informe negativo de MMEE), y en caso del hecho D) consta que intentada la localización se les manifiesta, en el domicilio que hace un año que no saben nada de ella (fol. 273).

En cualquier caso, no se las localiza, se han efectuado también gestiones telefónicas y en sus correos electrónicos sin resultado. Por tanto, la expresión que se hace desde la presidencia del tribunal, en relación a que se han efectuado todas las gestione las posibles es correcta, y autoriza el recurso al 730 de la LECRIM a instancia de parte.

Respecto a ello el letrado que ahora recure solicitó que se hicieran más tramites, sin concretar, y se del denegó, frente a ello no consta protesta alguna. En definitiva, se decide introducir las declaraciones, que fueron leías y constan transcritas en la sentencia. Por lo demás no es menor que se trata de una causa con preso, y las vagas solicitudes que hace la defensa eran de resultado completamente incierto.

La sentencia justifica ampliamente con recientes sentencias del Tribunal Supremo avalando la posición que sostiene, de que se introduzcan las declaraciones hechas en vía sumarial, en base al art. 730LECRIM. como prueba.

Las declaraciones que se relatan en los hechos B,C, y D, que como hemos dicho dan lugar a sendas condenas, fueron realizada en el juzgado de Instrucion con presencia de la letrada del imputado y en todos los casaos hubo también reconocimiento en rueda en el juzgado, siendo estos positivos en cuanto a la identificación del acusado.

Por tanto, entendemos que estas pruebas se han introducido con arreglo a derecho, no causan la indefensión que alega, y forman parte del acervo probatorio para su valoración conjunta. Cabe añadir además que en relación al hecho D, el acusado reconoce que hubo relación sexual, con Reyes.

Finalmente ha de rechazarse la queja del recurrente sobre que no le notifican las gestiones que se hacen en el tribunal y sobre que la sentencia no lo ha explicado. Es evidente que la causa está a disposición de las partes en la secretaria del tribunal, y que ni tan solo plantea la incomparecencia, como cuestión previa, o solicitando la suspensión, y con la que se aviene sin protesta.

Una atenta mirada del Rollo de Sala A. Provincial, le hubiera puesto al día de la situación de las localizaciones. En este sentido la queja es infundada. Sobre que la sentencia no lo explica, nos remitimos a la fundamentación, se establece la posibilidad jurídica que permite el art. 730 LECRIM y se responde como consta en el video 5 de la grabación Arconte (mn.5,25') a la cuestión de las incomparecencias por la presidencia en el acto del juicio. Por lo demás la sentencia es escrupulosa en el análisis de la prueba. Precisamente en cuanto al garantía de contradicción, dicta sentencia absolutoria en relación al hecho A, porque aun constando la declaración de la denunciante en el juzgado de instrucion, no estaba presente la letrada del acusado que no intervino. Este punto del recurso no puede tener acogida.

4. Establecido lo anterior, ha de señalarse que el Tribunal de enjuiciamiento ha de evaluar, de acuerdo con criterios objetivos o intersubjetivamente compartibles, tanto las pruebas que se practiquen como el grado de apoyo que prestan a los hechos afirmados por las partes. Esto es, ha de valorar todos los medios de prueba practicados, tanto los de cargo, como los de descargo, e identificar las informaciones provenientes de cada medio de prueba que considere provisionalmente relevantes y fiables y las razones para ello (lo que se conoce como valoración individual). Acto seguido, habrá de valorar conjuntamente dichas informaciones probatorias y establecer qué relaciones existen entre ellas y con los hechos objeto de juicio, y determinar cuáles estima definitivamente relevantes y fiables (valoración conjunta). Por último, decidirá si tales informaciones permiten obtener una certeza objetiva acerca de los hechos enjuiciados aplicando el estándar probatorio que impone la presunción de inocencia.

4.1. Por tanto, en materia de hechos, el tribunal de apelación podrá revisar la resolución de instancia en los siguientes casos: a) Cuando en la misma se advierta irracionalidad, arbitrariedad o manifiesta insuficiencia de la motivación fáctica. Ello podrá tener lugar por un manifiesto apartamiento de parámetros racionales de argumentación o de máximas de la experiencia, por haberse obtenido las conclusiones fácticas sin fundarse en ningún medio de prueba, o por haberse omitido todo razonamiento sobre pruebas relevantes. b) Cuando, tratándose de sentencias condenatorias se cuestione la validez, licitud y suficiencia de la prueba de cargo.

En particular, y en cuanto a la suficiencia de la prueba de cargo, el tribunal de apelación podrá examinar si la valoración probatoria resulta lesiva del derecho a la presunción de inocencia, lo que puede tener lugar en los siguientes casos: b1- cuando la hipótesis acusatoria no sea capaz de explicar todas las informaciones probatorias disponibles que se hayan reputado fiables, integrándolas de forma coherente. b2- cuando las informaciones probatorias disponibles estimadas fiables sean compatibles con hipótesis alternativas más favorables, probables conforme a máximas de la experiencia. b3- o cuando las informaciones probatorias disponibles estimadas fiables sean compatibles con hipótesis alternativas plausibles más favorables, alegadas por la defensa y sobre las que haya aportado algún principio de prueba.

4.2. El tribunal se atiene a la metodología exigible, analiza en cada caso la prueba aportada. Estructura la sentencia en base a los hechos denunciados analizando las diferentes declaraciones (que quedan transcritas ) de las denunciantes, la prueba testifical de la policía que ha actuado en cada caso, las periciales sobre la localización del vehículo del acusado, BMW de color blanco y la acreditación del uso de un vehículo prestado, Seat Ibiza rojo, como acredita la testifical del Sr. Escribano; la pericial sobre las rutas y localizaciones por cámara de trayecto del vehículo BMW en la fecha 10/9/19 (hecho C), la periciales biológicas en relación al hecho D); la pericial sobre los volcados y análisis de los teléfonos de las denunciantes que les fueron sustraídos (hechos B, C y D, en los que se acreditan las llamadas del acusado desde su número de teléfono, contrastado con el que el facilita. Se analiza también la pericial forense sobre las denunciantes y sobre el propio acusado; y la pericial de parte sobre la situación mental del acusado; y la declaración de este, que ha constado solo a su defensa.

Digamos también que la sentencia de instancia se utiliza la prueba indiciaria o indirecta para concluir que el recurrente es autor de los delitos por lo que ha sido condenado. La prueba indirecta o indiciaria ha sido asumida tanto por el Tribunal Constitucional- SSTC 189/1998, 28 de septiembre , 44/2000, de 14 de febrero y 155/2002, de 22 de julio, entre otras- como por el Tribunal Supremo - SSTS 528/2008 de 19 de junio , 813/2008, de 2 de diciembre , 107/2017, de 21 de febrero , entre otras- como prueba apta " para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia del art. 24 de la Constitución Española ".

Según la Sentencia 23/2017 de este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , la doctrina jurisprudencial ( SSTS 220/2015, 9 de abril; 949/2016, 15 de diciembre, y 107/2017, 21 febrero) afirma que " en ausencia de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria es apta para sustentar un pronunciamiento condenatorio sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que: 1) los indicios, aisladamente considerados, se encuentren plenamente probados mediante prueba directa; 2) los hechos constitutivos de delito se deduzcan de forma natural e inequívoca de esos indicios; 3) se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia porque el tribunal haya expresado los indicios en la sentencia y, sobre todo, haya explicitado el razonamiento o engarce lógico entre aquellos indicios y los hechos constitutivos de delito; y finalmente, 4) este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o, en «una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes» ( STS 107/2017, 21 de febrero ). En cuanto a la deducción o inferencia es preciso: a) que sea razonable, es decir, que solamente no sea arbitraria, absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia; b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditación existiendo entre ambos un «enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano» ( SSTS de 19 de junio y 12 de diciembre de 2008 .

El TSJC se ha pronunciado de manera reiterada sobre la eficacia y requisitos de la prueba indiciaria y su control y revisión por vía de recurso. Como resumen de la doctrina mantenida en tal particular pueden mencionarse las sentencias del TSJC 1/2007, 4 de enero ; 15/2007, 13 de julio ; 27/2007, 21 de diciembre ; 32/2008, 4 diciembre ; 1/2009, 8 enero ; 7/2009, 19 marzo ; 14/2011, 23 mayo ; 20/2011,4 julio ; 32/2011, 21 noviembre ; 5/2012, 27 febrero ; 27/2013, 19 septiembre ; 4/2014 de 20 de enero ,; 16/204, 27 junio ; 22/2014, 29 septiembre y 12/2015, 11 mayo , y la muy reciente de 22 de diciembre de 2021 , en las que se declaró que: «cuando se trata de prueba indiciaria el control de esta alzada sólo permite..: a) cuestionar la propia consideración como indicio del hecho que carezca de esta condición, pero no autoriza a revisar la declaración del Tribunal que declare unos hechos probados ( SSTS 23 de mayo 2001 y 23 de abril 2003 ); y b) la «racionalidad de la inferencia» conforme a las reglas de la lógica y proscripción de la arbitrariedad, siendo descartable como prueba indiciaria enervadora de la presunción de inocencia cuando tal inferencia sea ilógica o quepa una pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada ( SSTC 189/1998, 28 septiembre , 44/2000, 14 febrero y 155/2002, 22 de julio , así como la STSJC de 16 de junio de 2008». En definitiva, lo que requiere este tipo de prueba es que exista una suma de elementos probados que nos lleven a una unívoca e inequívoca conclusión lógica final. Tal como señala la doctrina jurisprudencial, «es normal, por otra parte, que en relación a la prueba indiciaria, no todos los distintos indicios tengan la misma fuerza, y que, por el contrario, ofrezcan informaciones de distinto grado, lo relevante es la suma de todos ellos, por tanto la valoración integrada de todos, y singularmente la existencia de indicios que de forma categórica ofrezcan unas informaciones consistentes que enlazadas con otras permitan desde las deducciones constituidas paso a paso, llegar a la deducción total del hecho al que se quiere arribar con una certeza que supera la duda razonable»".

4.3. Pues bien, en aplicación de dicha jurisprudencia, puede afirmarse que la sentencia de instancia parte de unos hechos base o indicios de los que infiere lógicamente y racionalmente la consecuencia. El tribunal de instancia parte de las siguientes consideraciones:

a. Respecto al hecho B, denuncia de Asunción, en fecha 10 de enero de 2020, en Sabadell, considera que la declaración de la denunciante, introducida por el art. 730 LECRIM, prestada en presencia del Ministerio Fiscal y de la letrada de la defensa. (fol. 399) a la que otorga credibilidad, por su contenido pero que se corrobora por el reconocimiento en rueda, en sede policial (fol.325) y en sede judicial, (folio 549). Por la declaración testifical del MMEE que hace la comprobación del vehículo que describe la denunciante en relación al que es propiedad del acusado, MMEE 17400, y la testifical de Daniel que acredita haberle prestado un vehículo el taller en las fechas concordante con la descripción de la denunciante, así como la comprobación del móvil de la denunciante en cuyo dispositivo aparecen los mensajes y llamadas del acusado.

b. Respecto del hecho C) denuncia de Gabriela, acaecido en el Papiol consta también la declaración de la denunciante (fol. 172) a la que se le da credibilidad, fue realizada en presencia del Ministerio Fiscal y de la letrada de la defensa, hubo reconocimiento fotográfico (fol.111) y en rueda en el juzgado de instrucción (fol. 168); de la tarifican del móvil d de la denunciante del que se extrae precisamente la constancia de las llamadas por parte del acusado que acreditan el contacto y la cita, la utilización del vehículo BMVA blanco propiedad del acusado y la pericial de comprobación de ruta efectuada por los MMEE que además comprueba la propiedad del citado vehículo(folio 152, 157) en los que incluso se observa a la mujer en el interior del vehículo coincidiendo en el lugar y tramo horario que denuncia.

Aunque el acusado admite el contacto con esta persona se refiere a una relación consentida y alega que se trataba de un contacto que había solicitado él para tener compañía.

c. Hecho D, denuncia de denuncia de Reyes, en Rubí, se considera además de la declaración de la perjudicada a la que seda credibilidad, (fols. 174 y 175) en el juzgado, con asistencia de la letrada del acusado y del Ministerio Fiscal, en el reconocimiento fotográfico, en policía y en rueda en el juzgado, en los informes médicos que ella presenta, asistencia en urgencias (fol. 663); informe forense (fol. 670 y 671) sobre las lesiones que le cuando por el arrastre a la persona cuando él se marchaba con sus efectos y ella estaba agarrada al coche, la pericial de la ADN con restos de semen en la muestra del hisopo vaginal y en las bragas realizada por los MMEE 188 y 15325 ratificada en juicio (folio 560 a 566, y 567 a 580). En la tarificación del recorrido del vehículo por las cámaras en diferentes puntos de las carreteras, por el examen del teléfono móvil de la denunciante que fue recuperado en el interior del vehículo BMV del acusado (fol. 150) por la policía cuando hizo las comprobaciones de identificación, analizándolo antes de la devolución a la propietaria del contenido para verificar los mensajes.

d. La sala ha rechazado las explicaciones del acusado sobre que quedaba con mujeres para tener relaciones sexuales, alegando unas veces que ellas le pedían demasiado dinero, más de lo pactado, otras negando directamente el contacto. No se considera versión alternativa, pues el modus operandi sigue un patrón repetitivo consistente en contactarlas por el anuncio de limpieza que ellas ponían en "mil anuncios", citarlas y una vez a solas agredirlas, quedándose con los efectos personales de valor.

La localización del teléfono móvil de Reyes, en el interior del coche propiedad del acusado, da cuenta del patrón de conducta seguido y elimina el argumento que sostiene el acusado, carece de sentido dejar los efectos personales en un vehículo al que se accede de forma ocasional para una cita. Mas cuando en ese caso la mujer tenía lesiones que se corresponden con la situación vivida, tirarla del coche y luego el arrastre pues ella estaba agarrada a la manecilla de la puerta, poniendo en marcha el coche y circulando, hasta que ella se soltó.

Otro teléfono móvil, el de Asunción (hecho B), persona a la que agrede usando la navaja para obligarla, también registra el cumulo de llamadas del teléfono del acusado, cuando esta es una relación que el acusado niega. En definitiva, el tribunal de instancia anuda de forma precisa y exhaustiva cada una de las conductas denunciadas con las verificaciones externas que conducen a establecer la acreditación de la hipótesis acusatoria.

e. Respecto de la primera denuncia de Blanca se dicta sentencia absolutoria pues no consta la declaración con contradicción en el juzgado.

4.4. En definitiva, partiendo de las declaraciones de las denunciantes, el tribunal ha extremado las exigencias valorativas del testimonio, y responde a lo que es exigible, poder ofrecer un conjunto de razones que hagan patente que la convicción del tribunal no se basa en un juicio voluntarista que otorga credibilidad a las testigos si no en una valoración que justifica de forma adecuada que la información suministrada por ser fiable. Es sabido que la atribución de valor probatorio reconstructivo a la información testifical no debe venir determinada solo por lo creíble que resulte el testigo sino por lo fiable que resulte aquella. Es precisamente el concepto de fiabilidad de la información, como calidad epistémica, el que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -vid. STEDH Al-Khawaja y Tahery c. Reino Unido, de 15 de diciembre de 2011- para identificar el estándar de suficiencia de la información aportada por el testigo fuera del proceso y en condiciones no contradictorias para enervar la presunción de inocencia. En relación con ello, no puede olvidarse que la fiabilidad, se nutre en muy buena medida del grado de compatibilidad de dicha información con el resultado que arrojan el resto de las pruebas que integran el cuadro probatorio plenario y las demás circunstancias contextuales que han quedado acreditadas. Entre estas, desde luego, también aparece la credibilidad personal del testigo que no puede ser, por tanto, un elemento ajeno, ni mucho menos, a la valoración de la información suministrada pero no la agota. En suma en el caso que tratamos este punto relativo a la valoración de la prueba, no puede acogerse.

5. Segundo motivo del recurso Vulneración del derecho fundamental 24.1 CE tutela judicial efectiva. De nuevo aquí la defensa se refiere a la falta de motivación en la sentencia sobre la incomparecencia de las denunciantes. Ya nos hemos referido al tema que indica, en consecuencia no remitimos a lo dicho en los apartados anteriores de esta resolución.

6. Por no aplicación de la eximente de anomalía psíquica art. 20.1 CP, y las afectaciones de las funciones cognitivas. Alega la parte en referencia este punto y con cita de la documentación que se aporta con la pericial de parte realizada, en la que consta el informe del psiquiatra Dr. Adolfina relativa a la existencia de sustratos neuroanatómicos lesionales en el lóbulo frontal y en otras zonas anatómicas que guardan relación con el comportamiento del acusado. De lo que sigue que debió de aceptarse la concurrencia de una eximente incompleta por haberse afectado las funciones cognitivas, y que padece un trastorno orgánico de la personalidad dentro del subtipo de síndrome frontal tipificado en diagnostico CIE- 10 de la OMS digito 310 Diagnostic Stastistcal Manual of Mental Disorders en la quinta edición de la American Psychiatric Association. La recurrente como hace en la exposición de antecedentes del recurso recaba las informaciones que se contienen en la pericial presentada.

Consta largamente tratada en la sentencia la confrontación argumentativa de las dos periciales que se han practicado de forma conjunta. La de los médicos forenses y la del psiquiatra aludido. Los forenses niegan categóricamente, a la vista de la documental aportada, la concurrencia del síndrome frontal y la afectación de las capacidades, y afirman que, a pesar de las imágenes, no se duda que haya patología, en nada afecta a la capacidad. Se Refiriere que la misma prueba cognitiva realizada por el psiquiatra evidencian que no hay déficit de capacidad, y que ha afirmado en el juico que no existe deterioro cognitivo o que sería muy sutil, lo que la sentencia interpreta en el sentido de que no concurre causa biopatologica.

Finalmente, un argumento decisivo viene a ser que no se trata de una actividad impulsiva sino perfectamente planificada, que sigue un determinado patrón de ejecución.

En definitiva, los argumentos son idénticos que los ya vertidos en el juico, que la sentencia contesta con suficiencia. Reconocido que no hay alteración relevante para la conducta ni déficit cognitivo el motivo no puede ser acogido con la consecuencia que pretende la defensa.

Es sabido que la aplicación de la eximente completa del artículo 20.1º CP (" El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión" exige la constatación de que el sujeto padece una anomalía o alteración psíquica que le impida comprender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión. En este caso ello ha sido descartado, y el recurso reitera los argumentos, en los que ya la propia pericial de parte admite que no hay afectación volitiva. No pude acogerse el motivo.

7. En cuanto las penas impuestas por la sentencia de instancia, de oficio procede la modificación en base a la entrada en vigor de la LO 10/2022 de 6 de septiembre únicamente de la pena señalada para el hecho D, en relación con la agresión sexual del art. 179 del CP, que el tribunal de instancia impone en la franja superior por encima del grado medio, (10 años de prisión, ya que la horquilla penológica era de 6 a 12 años en el momento de dictarse la sentencia, actualmente la horquilla es de 4 a 12 años con la nueva ley, por lo que la fijación del grado medio varía, antes era 9 años y ahora es de 8 años.

En consecuencia y guardando fidelidad a la decisión del tribunal de instancia que especifica y justifica la pena impuesta por encima del grado medio, lo que había hecho en un año más (era nueve y le impone diez), consideramos que ha de trasladarse este año de más por encima del grado medio a la horquilla actual.

Como decíamos el medio son ocho años, por lo que s ele impone la pena de privación de libertad por el tiempo de nueve años. Ello conlleva la exclusión de la pena de inhabilitación absoluta que no puede imponerse en penas inferiores a 10 años y la inclusión de la accesoria de la privación del derecho al sufragio pasivo por el tiempo de la condena. El resto de accesorias han de permanecer igual.

Por lo que se refiere a las penas impuestas por los hechos B, y C se mantiene en sus términos pues hay coincidencia penológica, en el hecho B9 agresión sexual con violencia y uso de armas (actual 179 y 180.6º) cuya pena va desde los 7 a los 15 años habiendo querido imponer el tribunal la máxima por las circunstancias que expresa.

En cuanto al hecho C) que resulta ser el delito de agresión sexual en grado de tentativa ( art. 178CP) en el que el tribunal baja dos grados por considerar que se trata de tentativa inacabada, se mantiene la pena pues, la horquilla penológica en su mínimo, es idéntica a la actual de manera que la formación de las penas inferiores en grado no varía ( art. 77CP). Actualmente LO10/22 de

6 de septiembre, es de 1 a 5 años. En la regulación anterior era de 1 a 4 años.

8. Se declaran de oficio las costas causada en esta segunda instancia.