Sentencia Penal 66/2023 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 22/2022 de 07 de marzo del 2023

1. Recurso del Consorcio de Compensación de Seguros. Recurre el apelante en base a los siguientes motivos:

a) Error en la aplicación de la normativa del SOA cuando media dolo directo en el hecho causante del daño y su exclusión del concepto de hecho de la circulación.

b) Error en la valoración de la prueba respeto a la inexistencia de seguro en la fecha de autos.

c) Con carácter subsidiario: error en las cuantificaciones de las indemnizaciones a los perjudicados, incorrecta aplicación del Baremo de la LEY 35/2015 de 22 de septiembre.

Finaliza el recurso solicitando que se revoque en parte la resolución impugnada y se acuerde la absolver al Consorcio de Compensación de Seguros por ser los hechos dolosos y el vehículo el instrumento para causar el daño, por lo que no se puede considerar hecho de la circulación sometido a esa normativa. De otra parte, el vehículo tenía seguro vigente en la fecha de los hechos. Subsidiariamente interesa minorar las cantidades ajustándolas al Baremo, y reducirlas, para la madre Bernarda madre de la víctima, a 85.232 euros a Abelardo padre d la victima a 85.232 euros; a Alberto y Adriano hermanos de la víctima en 24.653,01 euros a cada uno; y a Azucena, hermanastra de la víctima el importe de 20.000 euros.

2. Las impugnantes interesan la confirmación de la sentencia de instancia.

3.Primer motivo del recurso: Error en la aplicación de la normativa del SOA cuando media dolo directo en el hecho causante del daño y su exclusión del concepto de hecho de la circulación. Se trata de un motivo de infracción de norma jurídica. Alega en síntesis la parte que, está excluido del concepto de hecho de la circulación, porque se trate de un delito doloso, en el que el vehículo ha sido el instrumento utilizado para cometerlo.

La sentencia parte de la base de que la responsabilidad generada por el riesgo de la circulación. Es indiscutible que el hecho de la circulación está acreditado. La sentencia hace un exhaustivo análisis de la exceptio dolis, indicando que es oponible cuando concurre el dolo eventual. Destacamos algunos pasajes:

"Con cita jurisprudencia "ad hoc", STS 422/21 , 427/2007, de 8 de mayo , STS de 11 de febrero de 2015 y sentencias más recientes, 351/2020 y de 25 de junio de 2020 ,todas ellas del Alto Tribunal, sostiene de forma laudable, el Ministerio Público que concurriendo un dolo eventual, amén del dolo directo, apreciado en el objeto del veredicto por los ciudadanos jurados, es dable efectuar una exégesis tuitiva en sede de observar y garantizar el principio de indemnidad plena para las víctimas y perjudicados, sintonizadora con el Derecho Comunitario y las Directivas aplicables al caso, asegurando la procuración de la reparación indemnizatoria derivada de la luctuosa y trágica muerte violenta de Diego. En tal sentido, la digna representante del Ministerio Fiscal en su intervención hizo acertada alusión a que las víctimas son las grandes olvidadas del proceso penal. Y ,desde luego, no le falta razón........." "...Cabe decir que esta cuestión, ciertamente vidriosa y harto controvertida, la de la responsabilidad civil directa y solidaria del Consorcio, al igual que la de las compañías de seguro de vehículos causantes de accidentes de circulación, no es pacífica ni en la doctrina ni en la jurisprudencia y presenta matices y ofrece aristas.

En cualquier caso, asumimos que el art. 19 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (en adelante LCS) establece: "El asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado". Este precepto recoge el denominado principio de no asegurabilidad del dolo, en virtud del cual no cabe asegurar las consecuencias de los propios hechos intencionados, porque faltaría la aleatoriedad característica el contrato de seguro. Entendemos que lo que excluye este principio es que el asegurador esté obligado a indemnizar al propio asegurado por un siniestro ocasionado por la mala fe de éste. Sin embargo, el legislador, junto a ese principio general, ha establecido una regla en el sentido de hacer recaer en el asegurador la obligación de indemnizar a la víctima de la conducta dolosa del asegurado. Esa regla es el art. 76 LCS (LA LEY 1957/1980), que señala: "El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero...."

Desarrolla con profusión el acuerdo del TS de fecha 24 de abril de 2007 señalando entre otras cosas que: "1 el acuerdo del pleno de 24/4/2007 se refiere al seguro obligatorio de automóviles cuando los daños se acausan por dolo directo, 2) Ecluye de la coberturta del seguro aquellos supuestos en que el vehiculo de mmotor sea el instrumento directamente para causar el personal o material derivado del delito, considerando que estos supuestos no constituyen hechos de la circulación 3. Se debe inferir a sensu contrario que la obligación de indemnizar concurre en el resto de los comportamientos dolosos generadores de daños de los que se derive la responsabilidad civil, (p. ej, dolo evental).

Es evidente que la declaración de los hechos probados, se refieren a la presión de concurrencia de dolo eventual, lo cual permite la inclusión de la responsabilidad derivada, y no la estricta "utilización del vehículo para como instrumento del delito". El hecho probado indica ...."..Movido por la intención de acabar con la vida de Diego o representándose la alta probabilidad de hacerlo con su conducta..."

Se concluye en definitiva que la conclusión alcanza solo a supuestos en los que hay dolo directo, que ene et caso se ha tratado de que con la circulación del vehículo se pone en riesgo la vida de un apersona sin importar el resultado per ello ha de encuadrarse en hecho de la circulación. Esta consideración no variaría de tratarse de un supuesto de vehículo asegurado o uno que no lo está; pues lo que importa es el análisis de si existe dolo eventual, en el supuesto no se discute, y de si se trata de hecho de la circulación.

A mayor abundamiento cabe señalar como indican las acusaciones particulares para reforzar el concepto de que estamos ante un hecho de la circulación, que alcanza a cualquier vehículo que realiza su función, y para esa conceptualización no se distingue entre hechos fortuitos dolos o culposos; estamos en un supuso en que el hecho se produce con motivo de la circulación.

La sentencia del TS 7733/2004 de 23 de junio analiza la cuestión señalando en el FTO. Segunda in fine, ".... La cuestión a partir de la entrada en vigor de la modificación en materia del alcance del "hecho de la circulación", presupuesto indispensable para que se produzca la cobertura por parte del seguro, y sus exclusiones, llevada a cabo por la Ley 14/2000 y el Reglamento aprobado por R.D. 7/2001, debe enderezarse a verificar si la intepretación anterior ha sido afectada y en qué medida, teniendo en cuenta, por una parte, que tampoco es posible aislar la concreta cuestión aquí debatida sino que debe ser englobada en la categoría de la trascendencia de las conductas dolosas en el contrato de seguro (alcance del artículo 19 LCS citado); que el artículo 15.1.b), regula el derecho de repetición, contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, "si los daños materiales y personales causados fueren debidos a la conducta dolosa de cualquiera de ellos"; y que el artículo 76 LCS tampoco ha sido modificado. Pero también es cierto, por otra, que el ánimo o propósito del conductor de causar un mal a las personas o daño a las cosas debe integrarse dentro del concepto normativo de "hecho de la circulación", para excluirlo, con lo cual nos encontraríamos con que para definir éste no es suficiente atender sólo a los elementos objetivos; igualmente el derecho de repetición puede entenderse referido aquellos casos en que la aseguradora haya anticipado la indemnización de los daños y posteriormente resulte que el hecho es doloso; o, finalmente, la previsión del segundo inciso del apartado tercero del artículo tercero del Real Decreto 7/2001 que incluye, a su vez, como hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el Código Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad del tráfico, que atiende a supuestos discutidos anteriormente (como era el caso de los conductores suicidas)." Por tanto, en este punto se rechaza el motivo del recurso, pues se concluye que en efecto estamos ante un hecho de la circulación.

4. Segundo motivo del recurso: Error en la valoración de la prueba respeto a la inexistencia de seguro en la fecha de autos. Sobre el hecho de que estaba vigente el seguro de Mapfre que postula la recurrente hemos de rechazarlo, consta documentado no solo que el seguro había sido dado de baja por el propietario anterior del vehículo Fiat Punto ....FKF una vez efectuada la venta del mismo.

Consta demás documentado por parte de la compañía aseguradora Mapfre que tal vehículo no estaba asegurado en la compañía en el momento en que suceden los hechos.

El nuevo propietario, ahora acusado, no contrato nuevo seguro ni se subrogo en el que había, que fue cancelado expresamente respecto de ese vehículo. Consta en los hechos probados que el acusado circulaba con dicho vehículo sin seguro obligatorio de responsabilidad civil, lo que no se ha discutido, pues en el momento del accidente, según consta en la sentencia fue comprobado por los MMEE. De otro lado consta que el seguro fue cancelado en fecha 25 de mayo de 2020, cuando los hechos se produjeron en fecha 12 de julio de 2020.

Así se deduce también de la testifical del anterior propietario Sr. David, y de la documental (fol. 655) que la compañía Mapfre ha certificado la cancelación del seguro. Por ello este punto no puede acogerse. La citada compañía Mapfre no ha sido parte en este procedimiento; de lo actuado, se ha descartado totalmente cualquier vinculación a efectos de posible repetición. Por los expuesto este motivo no puede acogerse.

5.Tercer motivo del recurso: Con carácter subsidiario: error en las cuantificaciones de las indemnizaciones a los perjudicados, incorrecta aplicación del Baremo de la LEY 35/2015 de 22 de septiembre.

Plantea en síntesis la recurrente partiendo de la base de que la fijación efectuada por la sentencia para la responsabilidad directa del acusado no está limitada por ningún Baremo, pero que la establecida como responsabilidad directa del Consorcio de Compensación de Seguros sí tiene un límite en la legislación del SOA que es el de obligado cumplimiento.

Así la indemnización de la que la recurrente puede hacerse responsable, ha de referirse al Baremo, siendo de aplicación el recogido en la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, que modifica algunos aspectos de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, en relación con el resarcimiento del daño corporal. En definitiva, explica en un detallado recurso que hay partidas concretas que no pueden ser cargadas al Consorcio, porque no se contemplan en el seguro obligatorio. Entre ellas señala:

a) el 50% del exceso de las indemnizaciones otorgadas a la madre y a los hermanos de la víctima por encima de la señalada legalmente en base al "petitum doloris";

b) la indemnización a los abuelos, ya que la ley establece la exclusión de los abuelos en las personas que han de ser indemnizadas ya que tal indemnización solo operaria en el caso de que hubiera premuerto la madre (hija de los abuelos) en el momento del fallecimiento del nieto (victima) (art. 64.2), lo que no es el caso; y

c) los conceptos otorgados por el lucro cesante han de excluirse también al no haber sido acreditada la dependencia económica de la madre del fallecido y del hermano Adriano, respecto de la víctima, dependencia que no se acredita con la mera convivencia.

5.1. El problema que se plantea partiendo de que la restitución ha de ser integral, lo que no se duda, de hecho, nadie impugna la cuantificación de las indemnizaciones en sí, es el de la responsabilidad directa del Consorcio en todas las partidas reconocidas, pues éste alega que la responsabilidad se ve limitada por su por su legislación.

En suma, lo que se está discutiendo es únicamente si opera para el caso concreto el límite de las cantidades que se regulan para el seguro obligatorio. Ello no varía la sentencia en cuanto las indemnizaciones reconocidas, sino que afecta solo a la responsabilidad directa del Consorcio. Ello implicaría de reconocerse, que el exceso reconocido por la sentencia de instancia será responsabilidad directa exclusiva del acusado.

5.2. El RD legislativo 7/2004 de 29 de octubre contiene el texto refundido del estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. En su art. 11 se establece: "También corresponden al Consorcio las funciones que le encomienda el artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor , aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en las condiciones previstas en dicha ley y hasta los límites del aseguramiento obligatorio"

La citad remisión implica, a tenor del art. 11 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre Funciones del Consorcio de compensación de Seguros:" 1. Corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros, dentro del ámbito territorial y hasta el límite cuantitativo del aseguramiento obligatorio: " a)......" "b).... " b) Indemnizar los daños en las personas y en los bienes, ocasionados con un vehículo que tenga su estacionamiento habitual en España, así como los ocasionados dentro del territorio español a personas con residencia habitual en España o a bienes de su propiedad situados en España con un vehículo con estacionamiento habitual en un tercer país no firmante del Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y de otros Estados asociados, en ambos casos cuando dicho vehículo no esté asegurado." De lo que inferimos no solo la obligación de asunción de la responsabilidad directa hasta el límite que lo sea del Seguro Obligatorio.

5.3. Por lo que hace referencia al punto del recurso referido al incremento del 50% en concepto de petitum doloris para los ascendientes y el hermano, la recurrente alega que este incremento no puede ser objeto de su responsabilidad directa y excede de lo que contempla el baremo.

La regulación del perjuicio excepcional que las acusaciones particulares señalan en base a la tabla 2b. del Baremo es del 15% sobre el perjuicio personal particular. El artículo 77 de la norma que citamos establece: art. 77. "Perjuicio excepcional . Los perjuicios excepcionales a los que se refiere el artículo 33 se indemnizan, con criterios de proporcionalidad, con un límite máximo de incremento del veinticinco por ciento de la indemnización por perjuicio personal básica."

En efecto, la recurrente no discute este concepto. En efecto es que se regula en la norma. De lo que se trata en el recurso y es lo que la sentencia añade es el concepto del 50% del Plus de aflicción. Que suma a las indemnizaciones que se dan a los perjudicados, en los términos que establece en el fallo.

No cabe duda de que la sentencia puede cuantificar la indemnización en el modo en que lo ha efectuado pero ese reconocimiento no puede implicar que sea el Consorcio de forma directa quien sea el responsable, pues tal como se indica por la recurrente, siendo una entidad de carácter público ve limitada su responsabilidad a lo que señala el Baremo. De lo anteriormente señalado, en las tablas a las que hacemos mención no se contempla ese 50% del plus que la sentencia otorga por encima del Baremo.

El consorcio de Compensación de Seguro es una entidad de carácter público, como señalábamos al inicio, que se rige por su propio estatuto y que tiene limitada legalmente la responsabilidad que asume. Del mismo modo que la tiene limitada el Fondo Nacional de Garantía Salarial, en relación a los pagos de salarios de los trabajadores en caso de insolvencia de las empresas.

Por tanto, compartiendo la doctrina que cita la sentencia, referida a la necesidad de reparar el daño de forma integral, de ninguna de las citadas se desprende que haya la obligación del Fondos de Compensación de Seguros de hacerlo de forma ilimitada, siendo que además no hay relación contractual directa.

En este sentido en este punto se estima el recurso interpuesto, de forma que sin modificar la indemnización que se ha acordado por la resoluion que se impugna, se estima la limitación del Consorcio en este 50% de plus, sobre la indemnización reconocida por el Baremo.

5.4. En cuanto a las indemnizaciones reconocidas a los abuelos, cabe señalar que las personas perjudicadas su condición, y como han de ser indemnizadas en los supuestos en que se carezca de seguro, el art. 82.2, remite directamente al art. 62 que establece las diferentes categorías de perjudicados. En el art. 64, al hablar de los abuelos: "2. Cada abuelo tiene la consideración de perjudicado en caso de premoriencia del progenitor de su rama familiar y percibe una cantidad fija con independencia de la edad del nieto fallecido.

Se establece pues la excepción que la recurrente propugna, excluyendo de la condición de perjudicados a los abuelos, ya que solo se contempla la indemnización en los casos de que quien sea progenitor de la víctima haya premuerto al nieto fallecido. En el caso, la madre del fallecido Bernarda, está considerada en las indemnizaciones por lo que sus padres, Marí Trini y Ricardo, abuelos del fallecido Diego, están excluidos de la indemnización en los términos de obligatoriedad

Tampoco tienen la consideración de allegados del art. 67. En cuanto al concepto indemnizatorio por el hecho de la convivencia que establece la Tabla 1.A en la "categoría 2 Ascendientes" de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, concluimos que no resulta aplicable.

Ello porque consta en la argumentación del hecho Décimo del objeto del veredicto (pag. 394 vuelta) que el Jurado no da por acreditada la convivencia con los abuelos, aunque luego la sentencia indica que conviven, en el hecho probado. También en la fundamentación de nuevo indica que no se ha dado por probado por el jurado: " Por lo que hace a la proposición décima atañente a los familiares del finado, también el Jurado la da por probada en base a la prueba documental aportada y la testifical practicada en el plenario, sin que por lo demás ello haya sido objeto de discusión. Se aportó informe de convivencia del Ayuntamiento de DIRECCION002 que acredita la convivencia del interfecto con su madre y su hermano menor, Adriano, en el domicilio familiar. En cuanto a la convivencia con los abuelos, el Jurado considera que no hay constancia de ello ."

Por último, en relación al tema tratado concluimos que las disposiciones del art. 70 de la norma citada, no amparan tampoco la inclusión de la indemnización a los abuelos como obligatoria. Tal articulo regula la indemnización por convivencia, que en este caso no consideramos, porque va referido a la existencia de perjuicio personal básico, que hemos descartado porque la ascendiente directa del fallecido es tributaria de indemnización, como hemos explicado anteriormente.

Por lo expuesto, en este punto se estima el recurso, en el sentido de que, con independencia de mantener las cantidades en concepto de responsabilidad civil que establece la sentencia, la responsabilidad del Consorcio, en esta partida, queda excluida su responsabilidad directa. En cualquier caso, la argumentación de la sentencia para incluir esta indemnización se basa únicamente en la petición de la acusación pública que había solicitado una cantidad de 15.000 euros para cada uno de los abuelos.

5.5. Por lo que hace referencia al concepto "lucro cesante", que también impugna la recurrente alegando que no se acredita la dependencia de los perjudicados a los que se le ha reconocido, hemos de rechazarlo pues consta en el hecho probado de la sentencia ( art. 82.2.), y que la sentencia de instancia reconoce a la madre del fallecido y a su hermano Adriano. Así en el hecho decimo de la misma se reconoce no solo la convivencia sino también la dependencia económica del fallecido. En el acta de votación por unanimidad consta la acreditación de que convivían con el mismo y que dependían del fallecido. Se indica además que consta el informe de convivencia del Ajuntament de DIRECCION002, en la CALLE001 nº NUM000 lo cual es trasladado por el magistrado presidente con el mismo numeral a los hechos probados dela sentencia.

6. Se declaran de oficio las costas de esta alzada.