Sentencia Penal 456/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 449/2023 de 13 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se opongan a los siguientes.

SEGUNDO.- La sentencia de primer grado jurisdiccional condenó a Jenaro y Iván como autores de un delito de estafa ex artículos 248.1 y 249 del Código Penal, y absolvió a Marco Antonio de la misma infracción, pronunciamiento frente al que se alzan los dos primeros postulando ser absueltos, y en apoyo de esta pretensión denuncian errónea valoración de la prueba y quebranto del derecho a la presunción de inocencia, al tiempo que invocan el principio in dubio pro reo.

El apelante Sr. Iván parte de que el factum reconoce no acreditado que participara o tuviera noticia de la inserción del anuncio falaz en la página web o tuviera intervención en las conversaciones con la víctima, aunque le atribuye ánimo de ilícito enriquecimiento y que accedió a recibir la transferencia de dinero de origen desconocido en su cuenta bancaria, y ese relato histórico le vale para negar la existencia de engaño y ánimo de lucro y consiguiente exclusión del delito de estafa. Añade que tampoco se ha acreditado que la cuenta bancaria de referencia fuese abierta para la comisión del ilícito, y se desconoce quién extrajo el dinero. Censura después que la Sala de instancia no haya concedido crédito a sus excusas, que además no justifica se le considere culpable, y por el contrario la Sala se apartó de las reglas de la lógica quebrando así la fundamentación de la sentencia exigida por el derecho a la tutela judicial efectiva. Termina el disconforme invocando el derecho a la presunción de inocencia con cita de varias resoluciones judiciales en apoyo.

El Sr. Jenaro articula su recurso mediante dos alegaciones conectadas, objetando primeramente error en la apreciación de la prueba, en cuya sede además de denunciar que no se tuvo en cuenta sus manifestaciones autoexulpatorias aborda los elementos probatorios de cargo a que atendió la Sala - declaración de la perjudicada, empleo de la línea telefónica vehículo del engaño y archivos de audio aportados, donde el tribunal reconoció la voz del acusado - y el disconforme tilda de "meras suposiciones", esos componentes heurísticos, ofreciendo una alternativa apreciación de signo exculpatorio en que niega haber publicado el anuncio engañoso y se desvincula del teléfono móvil empleado y las cuentas bancarias a las que la víctima transfirió dinero. Aunque con rúbrica "Infracción del ordenamiento jurídico", que ciñe al artículo 24.1 de la Constitución española, garante del derecho a la presunción de inocencia, a renglón seguido el apelante retoma la valoración de la prueba, negando actividad acreditativa de cargo que permita estimar enervada la presunción de inocencia en punto a la autoría, y termina invocando el postulado pro reo.

TERCERO.-I. Sin perjuicio de tratar después las restantes cuestiones, como uno de los recurrentes cuestiona la suficiencia de la motivación expresada por la sentencia, y apela al derecho a la tutela judicial efectiva, convienen las siguientes indicaciones.

Sobre el deber el deber de motivación y la tutela judicial efectiva existe un nutrido cuerpo de doctrina legal. Basta citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2018 cuyo fundamento jurídico segundo expresa: " ... 1º En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 24.1 CE , comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada un derecho de los jueces y tribunales y exige que las sentencias expliciten de forma bastante, las razones de sus fallos, esto es, que estén motivadas de forma suficiente, lo que como se dice en la STS 714/2014, de 12 de noviembre , lo que además ya venía preceptuado en el art. 142 LECrim., se mantiene en el art. 120.3 CE , y se deduce implícitamente de la prohibición de la arbitrariedad que impone el art. 9.3 de la Carta Magna .

Por ello, podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, cuando no sea fundada en derecho, lo cual ocurre en estos casos:

a) Cuando la resolución carezca absolutamente de motivación, es decir, no contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Al respecto, debe traerse a colación la doctrina constitucional sobre el requisito de la motivación, que debe entenderse cumplido, si la sentencia permite conocer el motivo decisorio excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad de la decisión adoptada ( SSTC 25/1990, de 19.2 , 101/1992, de 25.6), con independencia de la parquedad del razonamiento empleado: una motivación escueta e incluso una fundamentación por remisión pueden ser suficientes porque "La CE no garantiza un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial", ni corresponde a este Tribunal censurar cuantitativamente la interpretación y aplicación del derecho a revisar la forma y estructura de la resolución judicial, sino sólo "comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye lógica y jurídicamente suficiente motivación de la decisión adoptada" ( STC 175/1992, de 2 de noviembre).

b) Cuando la motivación es solo aparente, es decir, el razonamiento que la fundamenta es arbitrario, irrazonable e incurre en error patente. Es cierto como ha dicho el Tribunal Constitucional que en puridad lógica no es lo mismo ausencia de motivación y razonamiento que por su grado de arbitrariedad e irrazonabilidad debe tenerse por inexistente, pero también es cierto que este Tribunal incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistente o patentemente erróneas o siguen sin desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas. ( STS 770/2006, de 13 de julio).

El Tribunal Constitucional, SS. 165/93, 158/95, 46/96, 54/97 y 231/97 y esta Sala SS. 626/96 de 23.9, 1009/96 de 30.12, 621/97 de 5.5 y 553/2003 de 16.4, han fijado la finalidad y el alcance y límites de la motivación. La finalidad de la motivación será hacer conocer las razones que sirvieron de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad. La motivación tendrá que tener la extensión e intensidad suficiente para cubrir la esencial finalidad de la misma, que el Juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una manera determinada. En este sentido la STC 256/2000 de 30.10 dice que el derecho a obtener la tutela judicial efectiva "no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en el selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte el contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva ( SSTC. 14/95 de 24.1, 199/96 de 4.6, 20/97 de 10.2).

Según la STC 82/2001 "solo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestas y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución, de hecho, carece de toda motivación o razonamiento".

Por ello la motivación requiere del tribunal la obligación de explicitar los medios probatorios establecidos para declarar la verdad judicial del hecho enjuiciado, y que junto a las consideraciones relativas a la subsunción de los hechos en el tipo penal procedente y consecuencias punitivas en caso de condena, integran el derecho del justiciable a la tutela judicial efectiva. De esta manera la motivación de las sentencias constituye una consecuencia necesaria de la función judicial y de su vinculación a la Ley, permita conocer las pruebas en virtud de las cuales se le condena (motivación fáctica), y las razones legales que fundamentan la subsunción (motivación jurídica), al objeto de poder ejercitar los recursos previstos en el ordenamiento, y finalmente constituye un elemento disuasorio de la arbitrariedad judicial. Ahora bien cuando se trata de la llamada motivación fáctica, la STS 32/2000, de 19 de enero , recordó que la sentencia debe exponer cuál o cuáles son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, al objeto de que, conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad del criterio valorativo del juzgador y que el Tribunal de casación, pueda, asimismo, efectuar la función revisora sobre si el razonamiento de la resolución judicial impugnada es suficiente para cimentar el relato histórico.

II. En lo tocante a la valoración de la prueba como punto inicial procede recordar es doctrina muy reiterada - p.e. sentencias del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1992 y 19 de mayo de 1993 - que de acuerdo a lo establecido en los artículos 973 y 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , el Juzgador de instancia debe formar su convicción sobre la verdad de los hechos con arreglo a su convencimiento derivado de lo visto y oído en el curso del juicio oral, y al conocer de la apelación el órgano ad quem debe respetar la descripción del factum toda vez que es el Juez a quo quien aprovecha al máximo las ventajas de los principios de inmediación, concentración y oralidad que presiden la celebración del juicio, a no ser que se demuestre un evidente error en la apreciación, lo que no ocurre en la presente causa. Desde luego el recurso de apelación otorga plenas facultades al Tribunal para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iudicium, y así lo viene sosteniendo el Tribunal Constitucional -vid. SSTC 323/1993 , 120 y 272/1994 , 157/1995 y 172/1997 -, y de ahí que nada se oponga a una resolución que, a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia, mas en la práctica, y sobre todo cuando de pruebas de naturaleza personal se trata, es patente la existencia de zonas opacas, de difícil acceso a la supervisión y control, pues están impregnadas de aspectos muy ligados a la inmediación y exigen constatar extremos tales como el lenguaje gestual, expresividad en las manifestaciones, contundencia en las respuestas, linealidad en la exposición, capacidad narrativa, espontaneidad etc. pormenores que no refleja el acta del juicio; ha de admitirse, pues, que esa rica perspectiva del material probatorio resulta inaccesible a quien juzga en segunda instancia, salvo caso de práctica de prueba en la alzada, y ese escollo impide ahondar en el análisis de la veracidad y credibilidad de los testimonios, ello sin perjuicio, claro está, de otro sector accesible de las declaraciones, cual los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, que al resultar ajenos a la percepción sensorial del Juzgador a quo , pueden ser fiscalizados a través de la reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos.

III. El análisis de los motivos de apelación exige también recordar el ámbito de nuestro enjuiciamiento y los criterios en punto a verificar si el tribunal a quo vulneró el derecho a la presunción de inocencia.

Pues bien, la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo estima que ese control autoriza valorar la existencia de prueba de cargo adecuada - incluida su licitud -, y también su suficiencia; la prueba lícita es además prueba adecuada cuando se obtuvo respetando los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales - oralidad, contradicción e inmediación - y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio.

Además el control de la racionalidad de las inferencias no implica la sustitución del criterio valorativo del tribunal sentenciador por el del Tribunal de apelación, y sólo podrá ser impugnado con éxito si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de experiencia - vid. SSTS de 9 de febrero y 13 de julio de 2001-; a la vez el control por parte del tribunal ad quem sobre la coherencia del juicio probatorio del a quo no pasa por exigir un juicio valorativo en el que se detalle todas las pruebas que se han presentado, pero sí debe confirmar que el órgano de enjuiciamiento haya fijado con claridad las razones contempladas para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos, como enseña la STS de 23 de abril de 2021, trayendo a colación la prudencia que debe informar el control de la calidad concluyente de la inferencia puesto que son los órganos judiciales de instancia quienes en virtud del principio de inmediación tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías, del acervo probatorio, de modo que sólo puede considerarse insuficiente la conclusión probatoria a la que han llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable, - vid. SSTC 300/2005 y 123/2006 -.

En definitiva, como tribunal de segunda instancia nos corresponde una triple comprobación: si existió prueba de cargo, estimando por tal la obtenida con respeto a la legalidad constitucional e introducida en el plenario conforme a la legalidad ordinaria, con sometimiento a los postulados de contradicción, inmediación e igualdad; por otra parte si esa prueba inculpatoria es suficiente, o sea, de tal consistencia que tiene virtualidad para provocar el decaimiento de la verdad interina de inocencia; y por último, hemos de verificar el juicio sobre motivación y su razonabilidad, es decir si el tribunal a quo cumplió el deber de fundamentar o explicar la fuente de su convencimiento, y si la decisión alcanzada es lógica, coherente y acorde a los principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones, pues no se trata de compararlas, sino, más limitadamente, de revisar si la decisión judicial soporta y mantiene la condena.

IV. En el caso que nos entretiene existió prueba de cargo cuya legalidad no es puesta en entredicho y la valoración del Tribunal a quo es acorde a las pautas de racionalidad y motivación; el signo inculpatorio de las pruebas no ofrece duda.

Ya anticipamos que no existió error facti lesivo de la presunción de inocencia o que con este derecho fundamental se relacione, sino una apreciación probatoria que no se aparta de las reglas de la lógica y la experiencia, apta para forjar el convencimiento judicial más allá de toda duda razonable, lo cual descarta la aplicación del postulado pro reo, principio que se incardina en la valoración de la prueba e implica que si tras su práctica el juzgador alberga alguna duda sobre la culpabilidad del acusado habrá de dictar sentencia absolutoria.

Para aclarar su relación con el derecho a la presunción de inocencia la doctrina legal explica que ésta supone el derecho constitucional imperativo de carácter público que ampara al acusado cuando no existe actividad probatoria en su contra, y en cambio el principio in dubio pro reo es un criterio interpretativo para valorar si, con toda la actividad probatoria, no le es dable al Tribunal subsumir los hechos acaecidos en el precepto, o no queda convencido de la concurrencia de los presupuestos negativos y positivos del juicio de imputación, en cuyos casos el proceso penal debe concluirse con una declaración negativa de culpabilidad - STS de 20 de marzo de 1991 - y la Sentencia de 5 de diciembre de 2005 describe las fases en que operan una y otra figura: una primera fase de carácter objetivo, para constatación de existencia, o no, de verdaderas pruebas, fase en la que a su vez se diferencia dos operaciones distintas: precisar si en la realización de las diligencias probatorias se adoptó y observó las garantías procesales básicas, y si, además, suponen o aportan objetivamente elementos incriminatorios o de cargo, y una segunda fase de carácter predominantemente subjetivo, para la que habría que reservar strictu sensu la denominación usual de " valoración del resultado o contenido integral de la prueba", ponderando en conciencia los diversos elementos probatorios. En la primera fase operaría la presunción de inocencia, en la segunda el principio indubio por reo, aquélla se desenvuelve en el marco de la carga probatoria, y éste en el campo de la estricta valoración, apreciación de la eficacia demostrativa en conciencia, ex artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, la Jurisprudencia ha precisado que el único supuesto en que puede entenderse infringido el principio " in dubio pro reo" ocurriría cuando el Tribunal, a pesar de las dudas sobre la prueba de la autoría, o sobre la concurrencia de alguno de los elementos integrantes del tipo, opta por la solución más perjudicial para el acusado, dictando sentencia condenatoria - vid. SSTS de 15 de enero de 2004, 20 de junio y 8 de noviembre de 2007-.

Por su parte el Tribunal Constitucional también distingue, negando transcendencia constitucional al postulado pro reo y protección en vía de amparo, por pertenecer al convencimiento íntimo y subjetivo del órgano judicial dicha regla, mientras que la presunción de inocencia, configurada por el artículo 24.2 de la Constitución española como garantía procesal y derecho fundamental es protegible en vía de amparo - vid. SSTC 63/1993, 103/1995 y 137/2005-.

Si trasladamos esas pautas jurisprudenciales al caso de méritos, toda vez que el Tribunal a quo no expresó duda en punto a la realidad de los hechos y la única incertidumbre a tener en cuenta es la que pudiera experimentar el Juzgador, no la sugerida por las partes, que no ostentan derecho a la duda del Tribunal Sentenciador, resulta vana la invocación de la regla in dubio pro reo.

V. En efecto, el reproche por falta de fundamentación e insuficiencia probatoria es gratuito. La resolución impugnada luce como primera premisa un factum claro, cuya justificación probatoria explica en sus razonamientos jurídicos primero y segundo, específicamente alusivo éste a la participación del Sr. Iván y aquél al protagonismo del Sr. Jenaro; la sentencia no peca de breve y superficial exposición del resultado probatorio, sino que analiza al detalle las declaraciones de cargo y descargo vertidas por la denunciante Sra. Belinda, los acusados Sres. Jenaro, Iván y Marco Antonio - este último finalmente absuelto-, los testimonios del Sr. Jesús María y el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional Nº NUM009 y el refrendo que prestan los documentos obrantes en la causa, entre los que cita los dos resguardos de las meritadas transferencias, identificativos de la cuenta bancaria de origen y las dos de destino, cuya titularidad no es puesta en entredicho y además tiene aval en sendos oficios cumplimentados por las entidades bancarias, y presta atención también a los archivos de audio aportados por Marco Antonio a la causa, de muy buena nitidez auditiva y que permiten identificar la voz de Jenaro; señala así la Sala los medios en que descansa el convencimiento judicial, con valoración crítica y exposición de razones, y aunque en criterio de la doctrina legal la justificación de los hechos no se colma con el mero relato del resultado de los medios probatorios, acrítica y descriptiva, en el caso que nos entretiene el tribunal de instancia practicó una racional confrontación de los asertos de distintos deponentes, sus divergencias, y el refrendo prestado por otros elementos acreditativos, examinando así el cuadro probatorio en su globalidad y no sesgadamente, de tal forma que encaja como un puzle no sólo en aspectos centrales sino también en detalles periféricos de interés para la ingeniería delictiva planeada en pos del éxito de la defraudación, v.gr. cita la Sala la existencia de un contrato de compraventa del vehículo matrícula .... TZV, por precio de 800 euros, cuyas copias obran en autos, que respalda simultáneamente la inocencia del Sr. Marco Antonio, quien recibió de buena fe una de las transferencias de la Sra. Genoveva, y la culpabilidad del Sr. Jenaro porque se sirvió espuriamente del traspaso y la cuenta ajena a que se hizo tras convencer a aquél de que pagaría el precio del vehículo una remesa hecha por "su tía Genoveva", haciendo así coincidir ese nombre con el de la víctima además de las fechas de una y otra operación, con el efecto de que el vendedor del automóvil dio por cierto que el ingreso respondía al precio y ante el desajuste por valor de 400 euros devolvió esa diferencia; asimismo colige el tribunal que la persona que publicó el anuncio en la página web y negoció con la perjudicada es el acusado Sr. Jenaro, pues conocido el número de la línea telefónica resulta ser de la operadora Vodafone y figurar a nombre de una persona que denunció haber sido objeto de un engaño similar al enjuiciado aquí y que sus datos estaban siendo utilizados sin su consentimiento, y es el mismo número que el del teléfono empleado en las conversaciones mantenidas entre Marco Antonio y el comprador del vehículo matrícula .... TZV en llamadas y mensajería instantánea, siendo el Sr. Jenaro quien incontrovertidamente adquirió el automóvil, y su voz reconocida por el tribunal como una de las audibles en los mensajes verbales intercambiados, además de figurar la dirección de su domicilio en el contrato de telefonía aunque con el nombre propio de otra persona y mutación de la localidad de residencia.

En lo que hace a la implicación de Iván, está probado hasta la saciedad que recibió una transferencia realizada por la Sra. Genoveva, sin que en este caso hubiera causa justificada, y dispuso del importe - 1.200 euros - siendo el único titular de la cuenta bancaria en cuestión. El tribunal de instancia niega crédito a su alegato exculpatorio por pretendida enfermedad e ingreso hospitalario, prolongada falta de acceso a su cuenta etc. por ayuna de verosimilitud y sustento objetivo alguno. No observamos error valorativo sino el resultado de una apreciación sometida a las reglas de la sana crítica.

Embebida en la queja por error facti suscita el recurrente Sr. Iván una faceta más: la idoneidad del relato histórico, tal y como lo expresa la sentencia descartando participara o conociera la inserción del anuncio falaz en la página web o tuviera intervención en las conversaciones con la Sra. Belinda, para determinar la existencia de engaño y ánimo de lucro, requisitos del injusto.

Olvida el disconforme que el factum le atribuye también que "...actuando con ánimo de ilícito enriquecimiento, accedió en recibir la transferencia de dinero de origen desconocido en su cuenta bancaria", y el tribunal le imputa participación a título de cooperador necesario en el delito de estafa, con independencia de que no interviniera en el episodio inicial de anuncio del alquiler o en las conversaciones con la víctima, pues nos hallamos ante una cooperación adhesiva, estimada por la doctrina legal como participación a título de cooperación necesaria aun tratándose de un depositario momentáneo de los fondos - vid. SSTS de 25 de octubre de 2012, 2 diciembre de 2014 y 20 de noviembre de 2015 -.

En definitiva, como advierte la Sala de instancia, el Sr. Iván con su participación reforzó la maquinación fraudulenta y contribuyó al buen fin del negocio delictivo, facilitando su cuenta bancaria y disponiendo de la suma ingresada.

CUARTO.- En mérito a las anteriores consideraciones cumple desestimar los recursos y confirmar la resolución impugnada, declarando de oficio las costas de esta alzada, ex artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.