Sentencia Social 495/2025 , Rec. 345/2025 de 13 de noviembre del 2025

Primero:Se alega por la empresa demandante, por lo que se refiere a requisitos formales, que en virtud de notificación efectuada el 3 de octubre se abre tramite de audiencia y se acompaña informe ampliatorio de funcionario actuante, negando tal carácter al mismo al ser suscrito por un funcionario ajeno a las actuaciones, citando el artículo 18 del R.D. 928/1998 de 14 de mayo. En relación a los hechos niega que sea cierto que Dª Soledad manifestara que D. Juan Francisco era quien instruía a Dª Herminia, siendo que por el Administrador se indicó que habían contratado al primero con la única figura temporal que se podía utilizar para satisfacer unas carencias informáticas, así como que el proceso para la contratación de personal ya había comenzado en marzo de 2024, encontrando a una trabajadora con un perfil apto para la cobertura de la plaza siendo la causa del cese de trabajo de D. Juan Francisco la "baja inactividad fijo discontinuo". Afirma que la presunción de certeza ha de entenderse limitada a los hechos comprobados siendo que el fundamento del acta es la interpretación subjetiva de la funcionaria "tendría más sentido", negando que el contrato careciera de causa o motivación real, sin que lo que haga el trabajador una vez causada baja en la empresa sea responsabilidad de la misma.

Segundo:La anterior relación fáctica anterior ha quedado acreditada en virtud de la prueba documental aportada por las partes, teniendo en cuenta la presunción de veracidad del acta de infracción en virtud de lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 8/1988 y D.A. 4ª de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre.

Tercero:En primer lugar y por lo que se refiere al escrito ampliatorio a que se refiere el artículo 18 del R.D. 928/1998 de 14 de mayo, tal precepto establece:

"3. Si se formulasen alegaciones en plazo contra el acta de infracción, el órgano instructor podrá recabar informe ampliatorio, que se emitirá en quince días, del Inspector o Subinspector que practicó el acta. El citado informe será preceptivo si en las alegaciones se invocan hechos o circunstancias distintos a los consignados en el acta insuficiencia del relato fáctico de la misma, o indefensión por cualquier causa.

Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo señalado para efectuar las mismas, el instructor podrá acordar la apertura del período de prueba, de conformidad con lo previsto en el art. 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Dicho informe valorará expresamente las pruebas aportadas o que se hubiesen practicado, y las alegaciones producidas. Si el expediente derivara de acta visada por Inspector, el informe del Subinspector que la practicó será objeto de conformidad por el Inspector que visó el acta originadora de actuaciones, en los términos que establece el art. 12, apartados 2 y 3, de este Reglamento."

En el presente caso tal informe de descargos se encuentra realizado y firmado el 9 de enero de 2024 por D. Celestino, funcionario distinto de la que redactó el acta de infracción (Dª Adela), ahora bien, tal hecho en modo alguno puede llevar consigo la declaración de nulidad, así piénsese en los casos de traslado, con es el supuesto, jubilación, incapacidad, fallecimiento...etc.), sin que proceda, como sugiere la parte que sea informado por la funcionaria desplazada a otra localidad, por lo que no puede apreciarse la nulidad por esta causa.

Tampoco podemos apreciar nulidad en cuanto a su contenido el cual se limita, según el precepto trascrito a la valoración de pruebas y alegaciones producidas, en el bien entendido caso que una remisión al acta, como así sucede en el presente caso, no implica que no se haya producido dicha valoración de las alegaciones y prueba realizadas por las partes y que tal valoración haya sido plasmada en la resolución a través de una motivación debiendo recordarse que una motivación por remisión en modo alguno supone una ausencia de motivación, y en el presente caso el inspector que suscribe el informe "de descargos" se remite a lo que consta en el acta de infracción, así como a la calificación jurídica que en ella se contiene.

Por lo que se refiere a la alegación de nulidad con fundamento en la indefensión que se entiende producida, lo parco del informe de descargos en modo alguno supone que la misma se haya producido, pues, recordemos, para que tal vicio produzca la nulidad del acto administrativo es necesario que la misma sea material y no solamente formal y la parte ha tenido la oportunidad de hacer alegaciones a tal informe "de descargos" (escrito de 11 de octubre de 2024), interponer recurso de alzada frente a la resolución que impone la sanción, así como ejercitar la correspondiente demanda, por lo que no ha existido dicha indefensión.

En este sentido la STSj de Galicia de 31 de enero de 2012: "En definitiva, no ha de entenderse cumplida la condición invalidante cuando el administrado ha tenido oportunidad de apreciar los criterios justificadores de la resolución impugnada, articulando conforme a éstos, los mecanismos correctos en defensa de sus intereses, permitiéndose, en consecuencia, su eventual control jurisdiccional, y ello porque lo verdaderamente relevante para decretar la anulabilidad del acto administrativo impugnado es que se produzca una indefensión a la parte que le alega, que le hubiera imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes para ello»

Por todo ello no procede declarar la nulidad pretendida.

Cuarto:Por lo que se refiere al fondo de la resolución cuestiona la parte la presunción de certeza del acta de infracción en concreto en lo relativo a las manifestaciones realizadas por Dª Soledad "No es cierto que la socia Soledad manifestara que el trabajador D. Juan Francisco era quien instruía a la nueva trabajadora Dª Herminia", afirmando que lo sucedido es que una de las funcionarias preguntó si la coincidencia de los contratos se debía a necesidades de formación de un trabajador a otro y que ella manifestó que lo desconocía.

La presunción de certeza de las actas de infracción, que se extiende únicamente a los hechos de apreciación de directa por parte de la inspectora, exige la determinación de como se ha obtenido y en que momento y circunstancias, requisitos ambos que se entiende cumplidos en el presente caso pues la inspectora se entrevista, el día de la visita, con Dª Soledad, y refleja en el acta lo que esta le dice, en concreto que el Sr. Juan Francisco instruía a la nueva trabajadora, Sra. Herminia.

Nos encontramos ante una presunción "iuris tantum" que admite prueba en contrario, sin embargo, la empresa demandada no aporta prueba alguna que contradígala versión de la inspectora en relación a lo narrado por Dª Soledad, por lo que, atendida tal presunción, ha de partirse de lo recogido en el acta y tener por acreditado que la Dª Soledad le dijo a la inspectora que el Sr. Juan Francisco instruía a la nueva trabajadora, lo que ha de ser puesto en conexión con la declaración de la Sra. Herminia que niega haber coincidido con el Sr. Juan Francisco.

Quinto:En sede de conclusiones la ITSS afirma que el contrato carece da causa, justificación o motivación real y lo hace por el hecho de que ocho días antes de finalizar su actividad (el Sr. Juan Francisco) la empresa concierta con otra persona, en concreto con la Sra. Herminia, a través de la modalidad de indefinida, mientre el Sr. Juan Francisco lo era a través de la modalidad fijo discontinuo.

Efectivamente, la nueva contratación supone, de manera incuestionable, la existencia de una necesidad de la empresa de contar con un administrativo para desarrollar su actividad, lo que casa mal con el hecho de que se haya finalizado la actividad con el Sr. Juan Francisco por "Baja inactividad fijos discontinuos", no existiendo causa real para tal extinción, lo que supone un claro fraude en la contratación, sin que al efecto puedan atenderse las explicaciones dadas por el administrador de que se trata de la única manera de contratar temporalmente al trabajador pues existen en el artículo 15 del ET una multiplicidad de contratos de tal carácter.

Si a ello añadimos, además de la relación de parentesco entre el Sr. Juan Francisco con los socios de la empresa (padre, tía y hermana), la contradicción puesta de manifiesto en el acta en las declaraciones, por un lado, de la Sra. Herminia y del administrador, y por otro, de la socia Soledad, acerca de la coincidencia entre trabajadores, negando los primeros tal coincidencia y afirmando la segunda que el Sr. Juan Francisco instruía a la Sra. Herminia, basada en la presunción de veracidad antes señalada, lo que implicaría, atendiendo a que sus altas coinciden en el tiempo (del 16 de agosto al 28 de agosto), la falta de prestación de servicios por parte del Sr. Juan Francisco, ha de coincidirse con la conclusión sentada por la inspectora de connivencia entre la empresa y el trabajador con la única finalidad de lucrar prestaciones indebidas, que es precisamente la infracción imputada a la empresa ( art. 23.1 c) de la LISOS).

Como señala la STSj de Galicia 7 de abril de 2015: "3.- En cuanto a la acreditación de la existencia de tal fraude es también doctrina reiterada que el fraude no se presume nunca, y quien lo alega ha de probarlo; pero también se ha sostenido que en ocasiones que la evidencia de la intención constitutiva del fraude, solo puede obtenerse por vía de presunción humana por ser precisamente el elemento de engaño que caracteriza el fraude el que no confesara el que lo comete, siendo en todo caso necesario que la conclusión se asiente sobre hechos debidamente acreditados y que derive de ellos de forma directa y precisa conforme a la reglas de la lógica del criterio humano. Por lo tanto, lo exigible, conforme a la técnica de la prueba de presunciones, es la prueba de hechos concretos que son los que han de ser valorados a los efectos de determinar si ha existido, o no, conducta fraudulenta en el solicitante de a prestación."

Por lo tanto, siendo cuestionable la existencia de causa en la extinción de la relación laboral que el Sr. Juan Francisco mantenía con la empresa, acreditada la contradicción entre las declaraciones de la socia Dª Soledad con las de la trabajadora Sra. Herminia y el administrador Sr. Norberto, lo que implicaría la falta de prestación de servicios y la relación de parentesco hemos de llegar a la conclusión de que en el presente caso la conducta de la empresa incurre en la sanción prevista en el artículo 23.1 c) de la LISOS debiendo confirmarse la sanción impuesta.

Sexto:Contra la presente sentencia puede interponerse recurso de suplicación atendiendo a que no se trata únicamente de un acto en materia laboral sino que también se trata de un acto en materia de Seguridad Social en cuanto que se impone a la empresa la responsabilidad en la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. En este sentido la STS de 28 de junio de 2023.