Sentencia Social 539/2025 , Rec. 638/2025 de 15 de diciembre del 2025

PRIMERO.Los referidos hechos probados han sido acreditados por la prueba practicada valorada en su conjunto. En particular:

- el hecho primero por el informe de vida laboral.

- El hecho segundo por el documento 1 de la demandada.

- El hecho tercero por las nóminas.

- El hecho cuarto por el informe de la ITSS y documento 4 de la demandada.

- El hecho quinto por el informe de la ITSS.

- El hecho sexto por las testificales.

- El hecho séptimo por el documento 4 de la demandada e informe de la ITSS.

- El hecho octavo por las nóminas.

- El hecho noveno por el documento 10 de la actora.

- El hecho décimo por no ser discutido.

- El hecho undécimo por el acta de conciliación.

SEGUNDO.Pretende la parte actora que se reconozca que su categoría profesional es la de área 2, grupo 1, nivel 1 (A2GAN1).

Subsidiariamente, área 5, grupo 1, nivel 1 hasta diciembre de 2024 y área 6, grupo 1, nivel 1 desde enero de 2025.

Además, solicita el abono de las diferencias salariales incrementadas en el 10% de interés por mora, siendo para la pretensión principal de 10.560,5 euros brutos y para la subsidiaria, 9.911,41 euros brutos.

También, por plus de antigüedad hasta mayo de 2024: 1.877,08 euros en el primer caso y 1.807,08 euros en el segundo.

La empresa demandada alega la falta de claridad y precisión en la demanda ya que, en ella, a diferencia del informe facilitado a la ITSS, no se indica ni una sola de las funciones que la trabajadora ha venido ejerciendo. Niega que la actora ejecute funciones del grupo A; afirma que tiene reconocida la categoría área 6, grupo B, nivel 1 desde el 1 de enero de 2024 y que, con anterioridad, se le había reconocido la categoría D1; que las nóminas tienen una errata; discrepa de la reclamación de cantidad manifestando que en los periodos reclamados ha percibido retribuciones mayores de las establecidas en el convenio.

TERCERO.El XVIII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública regula en su art. 15 los grupos profesionales. Distingue en primer lugar entre áreas de actividad conforme a lo siguiente:

Área 2.

Actividades relacionadas con la atención al usuario, interno y externo.

Actividades que se encuentran entre alguna de las siguientes:

Esta área incluye las actividades de los centros de atención al usuario (CAU), entendiendo como tal, un servicio externo o interno prestado tanto de manera remota como presencial, en el que se centralizan las peticiones o incidencias, con el objetivo de resolverlas y llevar a cabo un seguimiento de las mismas.

Entre las principales funciones se encuentran, por ejemplo, la atención a las personas usuarias, el registro, categorización, priorización, seguimiento y resolución de incidencias.

Área 5. Estudios de mercado.

Actividades específicas relacionadas con la contratación de estudios de mercado distinguiendo dos subáreas:

? Técnica. Captación y mantenimiento del cliente. Definición, seguimiento, entrega y presentación del estudio al cliente. Análisis de datos y resultados. Presupuestación y control de costes del estudio.

? Operaciones. Coordinación, control y supervisión de los procesos de recogida de la información de los estudios contratados en la subárea técnica. Recogida y explotación estadística de datos.

A continuación, se regulan los grupos profesionales y niveles. Los grupos son A, B, C D y E y se explicita que los grupos B, C, D y E se dividen en niveles cado uno en base a las funciones, aptitudes y experiencia dentro de cada grupo.

Grupo A:

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimientos y experiencia profesional, coordinan, planifican y gestionan los recursos disponibles a su cargo, velando por la consecución de los objetivos perseguidos. Realizan dichas actividades con autonomía y capacidad de supervisión.

Las instrucciones se enuncian en términos generales, y han de ser interpretadas y adaptadas en gran medida, estando facultado para fijar directrices, por todo lo cual, se exige ineludiblemente una gran aportación personal.

La responsabilidad por sus decisiones afecta directa o indirectamente a parte de la organización, y, además de poder implicar importantes consecuencias económicas inmediatas, tiene importantes efectos negativos en el funcionamiento de la empresa. Consecuentemente, tiene acceso y utiliza información privilegiada, de la que pueden derivarse consecuencias muy graves.

Grupo B:

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, tienen atribuidas funciones relacionadas con el análisis, definición, coordinación y supervisión de proyectos, tareas, actividades propias del sector, línea, área a las que pertenece, velando por la consecución de los objetivos perseguidos, y que dispongan de la necesaria formación, conocimiento y experiencia profesional. Planifican y gestionan, por proyecto, los recursos humanos y técnicos disponibles.

Desarrollan sus funciones con autonomía y capacidad de supervisión media-alta.

Nivel 1.

Personas con el perfil profesional adecuado, con experiencia profesional en las tareas del grupo y que poseen los conocimientos necesarios. Amplia autonomía en la ejecución de sus tareas. Demuestra iniciativa en las tareas asignadas. Supervisa y asigna tareas a personas a su cargo.

Grupo E

Pertenecen a este grupo profesional las personas que ejecutan tareas técnicas y administrativas de baja complejidad sujetas a instrucciones de trabajo, por formación, conocimiento y experiencia profesional.

Desarrollan sus funciones sin autonomía y bajo supervisión.

Nivel 1:

Personas con el perfil profesional adecuado que realizan las tareas técnicas propias de su grupo con complejidad baja y bajo supervisión y sin autonomía.

El 16 de abril de 2025 se publicó en el BOE el XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública con vigencia temporal que se retrotrae al 1 de enero de 2025.

El cambio es produce únicamente en las áreas en las que el área 5 pasa a ser el área 6.

CUARTO.Siguiendo consolidada jurisprudencia, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de junio de 1.991 indica que "para obtener el reconocimiento judicial de la categoría profesional reclamada, es necesario que el actor desempeñe todas y cada una de las funciones de la categoría reclamada, con permanencia en el tiempo y con continuidad, tanto en la cantidad como en la calidad de las funciones desempeñadas. Es la doctrina consolidada del Tribunal Supremo el que refiere que en este tipo de procesos lo determinante es la averiguación de "los hechos y circunstancias del trabajo efectivamente desarrollado" (así STS de 18 de Enero del 2.007). E igualmente en la sentencia de 5 de julio de 2.005 "es evidente que en el examen de los problemas de equivalencia entre función realmente desempeñada y categoría hay que considerar tanto elementos fácticos (las funciones realmente desempeñadas) como jurídicos (la definición del ámbito de la categoría de la norma profesional aplicable)".

El defecto legal en el modo de proponer la demanda alegado por la parte demandada, si bien tiene su razón de ser a la vista del relato de hechos de la demanda, se supera con la información facilitada a la ITSS, con lo que se le ha permitido a la demandada comparecer y practicar prueba con plena igualdad de armas y posibilidad de defensa.

Es evidente que el encuadramiento de la trabajadora en el área 2, grupo E, nivel 1 ni se corresponde con las funciones actuales ni con las que tenía hace años.

La testigo, compañera de la actora y responsable del departamento de soporte declaró que cuando ella entró en diciembre de 2015 la demandante ya era responsable de ventas; que la idea era dividir el departamento entre soporte y ventas.

No ha quedado claro que la actuación como responsable de ventas arrancase ya ese año porque el otro testigo, parte del equipo de soporte y que se incorporó a la empresa a finales del año 2018, manifestó que en aquel momento la actora estaba más en soporte y luego se fue a ventas. Sea como fuere, éste también admitió que fue ella la que lo había formado en el programa; que era encargada de ventas, coordinaba el personal y responsable del equipo.

Ahora bien, examinando las áreas del convenio, la que más se ajusta a la actividad de la demandante es la anterior área 5 y actual área 6. Sin embargo, no puede compartirse con la accionantes que su grupo sea el 1 -se entiende grupo A-.

No consta que las decisiones de la actora puedan implicar importantes consecuencias económicas inmediatas. La primera testigo reconoció que la decisión de apertura de nuevos mercados es de los socios y que éstos también ponen los anuncios de las ofertas de empleo. El segundo admitió que son esos socios los que se encargan del desarrollo de programas. De ello se colige que las decisiones estratégicas en la empresa la toman los socios y no la actora, quien, por lo demás, debe consultar con ellos incidencias que afecten a clientes grandes.

Tampoco la demandante tiene acceso o utiliza información privilegiada de la que pueda derivarse consecuencias muy graves. No consta. Tiene el acceso a la información necesaria para el desempeño de sus funciones, pero no, por ejemplo, información financiera.

Con todo ello se concluye que la trabajadora no puede estar encuadrada en el grupo A (1), nivel 1.

La empresa le reconoce el grupo B desde el 1 de enero de 2024 y de acuerdo con las funciones que se incluyen en el informe emitido por la empresa a instancias de la ITSS y de lo declarado por los testigos, se ajusta a este grupo.

Pero, la cuestión es desde cuándo.

La asunción progresiva de funciones fue reconocida por ambos testigos. Consta, además, que en la formación en materia preventiva en el año 2020 ya había asistido como responsable de ventas; en el año 2018 ya formaba a personal de nuevo ingreso.

No existe ningún hito especial por el que sólo desde enero de 2024 haya pasado a realizar las funciones propias del grupo B2, con lo que se estima que ésta debiera haber sido su categoría, al menos con más anterioridad que la reconocida.

Con todo, las diferencias salariales que solicita la actora lo son para la reclasificación en área 2, grupo A, nivel 1 o área 5, grupo A, nivel 1, que se niegan.

Es decir, la parte actora no contiene en el suplico una pretensión subsidiaria segunda de clasificación A6GBN1 y las diferencias desde el año 2022, con lo que no puede haber pronunciamiento al respecto.

QUINTO.Conforme a lo previsto en los arts. 191.2 d) y 137.3 LRJS, contra la sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,