Sentencia Social 146/2023 Juzgado de lo Social de Albacete nº 2, Rec. 843/2022 de 16 de octubre del 2023

PRIMERO.- Solicita la parte actora, Dª Elsa, que se declare que el despido es nulo por haberse producido con vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora, acordando la readmisión inmediata de ésta en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían antes del despido, en idénticas funciones y puesto de trabajo, con abono de los salarios de tramitación correspondientes. Subsidiariamente se declare que el despido es improcedente, con opción a la empresa para que opte por la readmisión de la actora en las mismas condiciones de trabajo, o a que indemnice, en la cuantía legalmente establecida para el despido improcedente en todo caso, con condena al abono de salarios de tramitación. En cualquier caso, se condene a la demandada a abonarle la cantidad de 25.000 euros en concepto de daños y perjuicios derivados de la vulneración de sus derechos fundamentales, con condena expresa en costas y abono de los honorarios generados por la Letrada. Se acciona por la parte actora el despido con vulneración de derechos fundamentales (14, 15 y 24 CE), a la igualdad, a la integridad física y moral con proscripción de trato inhumano o degradante y el de la tutela judicial efectiva, así como que la conducta empresarial atenta contra la dignidad de la trabajadora, artículo 10 CE; y todo ello porque no justifican el motivo real de la extinción.

La representación de la parte demandada, Embutidos y Jamones Duro S.L. se opone a la pretensión ejercitada de contrario, alegando en síntesis ser ciertas las causas indicadas en la carta de despido, no siendo posible la adaptación del puesto de trabajo ni la recolocación de la trabajadora, todo ello en base a las alegaciones que tuvo por oportunas. Niega la vulneración de derechos fundamentales alegada por la parte actora y se opone a la indemnización de daños y perjuicios solicitada.

El Ministerio Fiscal no compareció al acto de la vista, presentado escrito en el que alega las razones de su incomparecencia.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados, según preceptúa el art.97.2 de la LJS, resultan de una valoración conjunta de la prueba practicada, concretamente, de la documental aportada por las partes, el interrogatorio del legal representante de la empresa demandada, que llevó a cabo la Letrada de la empresa con poder para absolver posiciones y las testificales periciales practicadas.

TERCERO.- En primer lugar, por lo que respecta al puesto de trabajo que desarrollaba la trabajadora en la empresa Embutidos y Jamones Duro, S.L., que la parte actora sostiene es el de Dependienta y la empresa, el de Ayudante de Carnicería, de la documental obrante en autos y de la testifical pericial de Dª Juana, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales que elaboró el Informe del Servicio de Prevención Ajeno sobre riesgos del puesto de trabajo de Ayudante de Carnicería, ha quedado plenamente acreditado que era la de Ayudante de Carnicería. Así consta en las nóminas aportadas por la parte demandada y en el Informe del Servicio de Prevención Ajeno sobre riesgos del Puesto de Trabajo de Ayudante de Carnicería, donde se evalúa el puesto de trabajo de la demandante y sus riesgos. Ninguna prueba se despliega por la parte actora de que la Sra. Elsa fuese Dependienta.

CUARTO.- Sentado lo anterior, procede analizar, la petición principal de la demanda, si el despido por ineptidud sobrevenida de Dª Elsa es nulo por vulneración de derechos fundamentales.

Cuando se invoca la lesión de derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales, desde la STC 38/81, copiosa y unánime doctrina constitucional, ha establecido unos criterios respecto a las reglas sobre la distribución de la carga de la prueba, que vienen a tener su reflejo legal actual en los artículos 96.1 y 181.2 LRJS. Así, partiendo de la especial dificultad de probar la lesión de derechos fundamentales, para garantizar su adecuada protección, se establece una modulación o flexibilización de la carga de la prueba que normalmente recae sobre el demandante, exigiéndosele solo la aportación de indicios de que se ha producido una lesión del derecho fundamental, y una agravación de la que pesa sobre el demandado, al que, una vez cumplido el anterior presupuesto, corresponde la aportación de una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Sólo una vez que resulte cumplido ese primer e inexcusable deber por parte del demandante, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

El Tribunal Constitucional ha reconocido como parte del derecho de tutela judicial efectiva, la denominada "garantía de indemnidad", señalando que "en el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos" ( sentencias 7/1993, 54/1995, o 140/1999, entre otras muchas).

En idéntico sentido se ha pronunciado el TC en sentencia 6/2011, estableciendo que "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. Por tal razón hemos dicho que el derecho consagrado en el artículo 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza".

Esta doctrina constitucional ha sido recogida por la Jurisprudencia de la Sala Cuarta del TS en innumerables sentencias.

Por consiguiente, una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo - artículo 24.1 y 4 ET- ( STC 183/2015).

QUINTO.- De la prueba practicada en el caso presente, cabe considerar que la parte demandante no ha aportado un indicio razonable de que la empresa, Embutidos y Jamones Duro, S.L. haya lesionado los derechos fundamentales de Dª Elsa, que se alegan vulnerados, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso el motivo oculto de aquella; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido.

En primer lugar, cabe decir que no se concretado por la parte actora qué hechos concretos son los que vulneran los derechos fundamentales que se señalan en escrito de demanda, ni se prueba de manera alguna que se hayan vulnerado tales derechos, que menciona en la demanda como vulnerados.

Se expresa que se ha vulnerado el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución Española . Pero, no se dice en la demanda porque se ha vulnerado este derecho y en qué se basa la vulneración.

De la prueba desplegada, no se deduce que haya habido un trato desigual a la trabajadora demandante ni ningún tipo de discriminación respecto a ella durante los años que lleva prestando sus servicios para la empresa demandada. No consta reclamación de la trabajadora a la empresa relacionada con su derecho a la igualdad. Como está acreditado por la documental aportada por la empresa, la Sra. Elsa inició un proceso de baja médica el 28 de mayo de 2021 hasta el 10 de junio de 2021 y sufrió una recaída que la situó nuevamente en situación de baja médica desde el día 10 de agosto de 2021 hasta el 28 de agosto de 2022, en que fue dada de alta médica por el INSS. La trabajadora desde el día 1 de septiembre de 2022 hasta el día 25 de septiembre de 2022 disfrutó de las vacaciones que tenía pendientes de los años 2021 y 2022. Y fue en el período de más de un año de su baja laboral cuando la empresa consultó al Servicio de Prevención y se informó a la trabajadora que debía someterse a un reconocimiento médico, siendo valorada del 12 de septiembre de 2022, emitiéndose informe el día 27 de septiembre de 2022, que la calificó como "apta con limitaciones". De los propios mensajes de WhatsApp aportados por la trabajadora a su ramo de prueba, se desprende como la trabajadora demandante tenía una buena relación con la empresa, concretamente con Dª Loreto, con la que tras el alta médica mantuvo conversaciones para su incorporación a su puesto de trabajo, llegando a decirle la Sra. Loreto que se esperase a saber si era apta para el trabajo, y que habían llamado a vigilancia de salud porque no sabían dónde ponerla, dado que ningún puesto parecía que le iba bien y que les habían dicho que hasta que no dijera el médico una cosa u otra no trabajase, y que por los días que perdiese no pasaba nada, ya lo arreglarían; diciéndole la empresaria a la trabajadora el día 26 de septiembre de 2022, que se fuese a trabajar al día siguiente. El tenor de estos mensajes es cordial, sin que ningún trato de desigualdad se desprenda, sino todo lo contrario, la empresaria le dice que si perdía días no pasaba y ya lo arreglarían. Por otro lado, no ha quedado acreditado que el hecho de que la trabajadora se sentase y no trabajase el día que se incorporó a su puesto de trabajo fuese por algún motivo discriminatorio o de otra índole, sino porque la empresa no quería que la trabajadora se pudiera lesionar.

Asimismo la prueba practicada no acredita que se haya producido la vulneración del derecho a la integridad física o moral de la trabajadora y mucho menos con proscripción de trato inhumano o degradante. No se ha señalado hecho concreto alguno que revele tal transgresión. Se alega por la parte actora en la demanda que, el 27 de septiembre de 2022 cuando la trabajadora se incorpora a su puesto de trabajo tras sus vacaciones después de su baja médica, la empresa le comunicó por escrito la extinción de su relación laboral con efectos del mismo día, argumentándose en la carta causas de despido objetivo por incapacidad sobrevenida, a pesar de que el servicio empresarial de vigilancia de la salud la consideraba apta con limitaciones. Pues bien, como está probado se despide a la trabajadora porque tras su alta médica, no se encontraba capacitada para trabajar como ayudante de carnicero, pues, tras serle practicado examen de salud, se emitió un informe en el que fue calificada como se ha dicho apta con limitaciones, debiendo acudir a su médico de cabecera para examinar los dolores que tenía en la muñeca y dolores en la espalda, siendo la actividad de la empresa y concretamente el puesto de trabajo de la demandante, la preparación de carne para embutir, la fabricación de embutido, las labores de limpieza de material y maquinaria, empleando los trabajadores cuchillos y diversa maquinaria, lo que genera riesgos que añadidos a su estado de salud, le hacían imposible continuar prestando sus servicios en la empresa. No se ha probado por prueba objetiva alguna, que la trabajadora sufriese en su trabajo por parte de la empresa, desprecio de su labor, o ataques de cualquier tipo dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, por tanto, se desconoce cuál es la actuación concreta de la empresa que vulnera su derecho a la integridad física y moral de la trabajadora porque no se han concretado hechos al respecto, que pudieran constituir la vulneración alegada.

Lo mismo cabe decir del derecho a la dignidad de la trabajadora, no existe prueba alguna que acredite la vulneración de tal derecho y qué hechos concretos son los que lo vulneran. No ha quedado probado, que la empresa perjudicase la autoestima de la trabajadora o la consideración ante el resto de sus compañeros, ni que el despido haya obedecido a una represalia por su larga baja por enfermedad y menos aún que con ello se quiera advertir al resto de la plantilla de las consecuencias de hacer uso de los derechos laborales para la protección del estado de salud de una persona trabajadora enferma. Se aportan por la parte actora a su ramo de prueba dos fotografías en las que se ve a la Sra. Elsa y otra en la que se ve una silla, fotografías que fueron impugnadas por la parte demandada, y que efectivamente poco puede probarse con ellas, porque se desconoce dónde fueron tomadas las mismas y partiendo de ello ningún valor puede otorgarse, pues nada vienen a demostrar.

Asimismo, la prueba practicada conduce también a concluir que la parte demandante no ha aportado un principio de prueba de la vulneración de la garantía de indemnidad que le imputa a la empresa demandada. No existe reclamación alguna de la trabajadora a la empresa, ni queja o desacuerdo durante el tiempo que duró la relación laboral. No ha quedado acreditada ninguna represalia por parte de la empresa a la trabajadora, por el hecho de haber estado más de un año de baja. La empresa ante su imposibilidad para el puesto de trabajo que desarrollaba en la empresa, y ante la calificación del servicio de salud tiene que despedirla por ineptitud sobrevenida, al no poder adaptarle el puesto de trabajo, porque no había ningún puesto que adaptar ni poder recolocarla en otro puesto.

La apreciación de vulneración de derechos fundamentales requiere rigor y fundamentos firmes, con hechos concretos relacionados con los derechos que se dicen vulnerados, lo que no se aprecia en el caso presente de manera alguna, donde se señalan vulnerados derechos, de forma genérica sin concreción. No se pueden alegar sin más una batería de derechos fundamentales como vulnerados, sin que se respalden con hechos y situaciones concretas, por lo que no cabe considerar que se hayan vulnerado los derechos fundamentales que se alegan en el escrito de demanda, desestimándose, por tanto, la petición principal de declaración de nulidad del despido por haberse producido con vulneración de derechos fundamentales de la trabajadora demandante, al no haber quedado acreditado que se haya vulnerado alguno de los derechos fundamentales alegados en la demanda.

SEXTO.- En cuanto a la solicitud de indemnización adicional de daños y perjuicios en cuantía de 25.000€, desestimándose la declaración de nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales, ninguna indemnización procede otorgar a la parte actora por daños y perjuicios.

SÉPTIMO.- Respecto a la petición subsidiaria de declaración de improcedencia del despido de la demandante por ineptitud sobrevenida, cabe decir que la ineptitud es la incapacidad del trabajador para el desarrollo de su trabajo por ausencia de condiciones, físicas, psíquicas o legales necesarias para desempeñar adecuadamente el trabajo.

Para que la ineptitud pueda originar la extinción del contrato de trabajo se requiere que el empresario demuestre la ineptitud del trabajador, sin que quepa la presunción de la misma. Se debe constatar un resultado defectuoso del trabajo desarrollado, una disminución cuantitativa o cualitativa del rendimiento del trabajador, y que ese resultado no se genere por una actuación dolosa o negligente del trabajador, obedeciendo a causas exógenas al mismo ( STS 14/07/1982). Además, se requiere una cierta entidad en la disminución del rendimiento y que la ineptitud sea permanente ( STS 14 de julio de 1982 o 2 de mayo de 1990).

Y estos extremos deben acreditarse por el empresario, pues la ineptitud nunca se presume.

En el caso que nos ocupa, consta que la trabajadora, tras cursar período de IT, fue sometida a procedimiento para determinar su estado de salud dada su imposibilidad para desarrollar el puesto de trabajo de Ayudante de Carnicería, emitiéndose certificado de aptitud, que es ratificado en el acto del juicio por la Dra. Dª Felicisima, que manifestó que la demandante no puede hacer movimientos repetitivos, teniendo también la pinza limitada y la fuerza y abducción. Refiere que la demandante le dijo que también tenía dolores en los hombros. Señala la doctora que la Sra. Elsa no puede deshuesar, cortar o preparar carne al necesitar para estas labores hacer movimientos repetitivos ni tampoco utilizar maquinaria para cortar o embutir ni hacer trabajos de limpieza ni siquiera envolver un paquete, por los movimientos repetitivos que hay que hacer. En el certificado de aptitud se calificó a la trabajadora como apta con limitaciones, teniendo limitadas maniobras de abducción (separación) y flexión del primer dedo de la mano derecha, como son maniobras de corte y despiece, así como limpieza de superficies e instalaciones de carnicería.

Es decir, consta acreditado que la trabajadora está imposibilitada para realizar movimientos repetitivos, teniendo limitadas las maniobras de separación y flexión del primer dedo de la mano derecha, maniobras que realizaba en su puesto de trabajo de corte, despiece, limpieza de superficies e instalaciones de carnicería.

Partiendo de lo anterior, el objeto de discusión se centra en determinar si estas limitaciones son esenciales en el puesto de trabajo de la actora; y en caso de que se determinara que así es, si se pudo adaptar su puesto de trabajo, o se le pudo recolocar en otro puesto.

Respecto a la primera cuestión, la prueba aportada, la guía de valoración de trabajadores de las industrias cárnicas y el informe del Servicio de Prevención Ajeno sobre Riesgos del Puesto de Trabajo de la demandante de Ayudante de Carnicería, que fue ratificado en el acto del juicio, por su autora, Dª Juana, ponen de manifiesto que resulta esencial al puesto de trabajo de la actora el poder preparar la carne y ayudar a embutir, atar el embutido y la carne, la atención al público en la tienda y dentro de las instalaciones de la empresa y la limpieza y desinfección de las instalaciones. Así se deriva de la declaración de la testigo perito referida, propuesta por la parte demandada, que indicó que la trabajadora no es dependienta, sino que está en la fábrica de embutidos desde el despiece hasta la elaboración de embutidos, teniendo todos los puestos de trabajo de la empresa distintas funciones incluida la limpieza. Asimismo, manifiesta que para hacer su informe no necesita ninguna información adicional a la que consta en el certificado de aptitud, y tiene que valorar los puestos de trabajo.

Estos extremos evidencian, por un lado, que para el desempeño del puesto de trabajo de Ayudante de Carnicería, que tenía la actora en la empresa demandada, es necesario, realizar funciones que conllevan movimientos repetitivos, teniendo la trabajadora limitadas las maniobras de abducción (separación) y flexión del primer dedo de la mano derecha, como son las maniobras de cortes y despiece, así como limpieza de superficies e instalaciones de carnicería, lo que la demandante ha quedado probado no podía llevar a cabo por las patologías que la aquejan, que además se constatan en la documentación médica aportada por la propia demandante a su ramo de prueba. Si la trabajadora tras más de doce años prestando servicios en la empresa, hubiera tenido limitaciones a lo largo de esos años, no hubiera estado tantos años prestando servicios laborales para la demandada, pero las limitaciones no se ponen de manifiesto hasta el año 2022, como así se ha acreditado.

OCTAVO.- Sentado lo anterior, cabe analizar por último la posibilidad de recolocación de la trabajadora.

Este extremo, es decir, la disponibilidad de puestos de trabajo adaptados para la situación de la trabajadora, en virtud de las reglas generales sobre carga de la prueba del artículo 217 LEC, debe acreditarlo la entidad demandada, no solo porque constituye uno de los elementos a tener en cuenta para valorar si la decisión del despido por ineptitud es o no ajustada a derecho, sino también por la facilidad probatoria que tiene al respecto.

El Informe del Servicio de Prevención Ajeno sobre Riesgos del Puesto de Trabajo de Ayudante de Carnicería, aportado por la parte demandada a su ramo de prueba como documento nº 6, ratificado en el acto del juicio por autora, la técnico en Prevención de Riesgos Laborales Dª Juana, señala que según informes Técnicos-Médicos emitidos tanto por el INSS como por la Mutua, así como las limitaciones dadas en el certificado de Aptitud derivado del último reconocimiento médico laboral realizado al trabajador este servicio de Prevención Ajeno, y dadas las tareas que ha de realizar el trabajador, se concluye que se debe proceder a un CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO, a uno en el que no haya riego para la salud del trabajador, en el que no se haga necesaria realizar maniobras de abducción (separación) y flexión del primer dedo de la mano derecha, como son maniobras de corte y despiece, así como limpieza de superficies e instalaciones de carnicería. Dado que los puesto de trabajo de la empresa, cuentan todos con los mismos riesgos, se considera en el informe, que no existe otro puesto de trabajo que pueda desempeñar el trabajador. En este caso el cambio de puesto de trabajo es TECNICAMENTE IMPOSIBLE.

La testigo perito Sra. Juana indica en la vista que considera que no hay ningún puesto en la empresa que no suponga un riesgo para la demandante, teniendo en cuenta sus limitaciones, no existiendo la posibilidad en esta empresa de que una persona se dedique a hacer paquetes y despachar dado que no existe este perfil, no pudiendo una empresa crear un puesto para un trabajador, sino que tiene que haber una adaptación, pero en el caso de la actora no era posible por sus limitaciones y por la actividad de la empresa, donde se lleva a cabo un proceso artesanal. Valorando la perito, el puesto de trabajo, no había ningún puesto de trabajo con las limitaciones que tenía la trabajadora, Sra. Elsa. Señaló que hay un comercial que se encarga de los pedidos, pero no una persona concreta para recibir solamente pedidos, no existiendo en los puestos actuales un puesto donde poder ubicar a la demandante.

Por tanto, la empresa ha probado que no puede recolocarse a la trabajadora en ningún puesto de trabajo de los existentes en la empresa, al tener todos los mismos riesgos para la salud de la trabajadora, teniendo en cuenta sus limitaciones para la realización de maniobras de abducción (separación) y flexión del primer dedo de la mano derecha, como son las maniobras de corte y despiece y limpieza de superficies e instalaciones de carnicería.

Todo lo expuesto a lo largo de la presente resolución pone de manifiesto que la realización de maniobras de abducción (separación) y flexión del primer dedo de la mano derecha, como son las maniobras de corte y despiece y limpieza de superficies e instalaciones de carnicería es necesario para el desempeño del trabajo para el que se contrató a la actora de Ayudante de Carnicería, así como la imposibilidad de reubicación o adaptación del mismo, extremos que determinan la declaración de procedencia del despido.

NOVENO.- Se alega por la representación de la demandante que el no entregar con la carta de despido el informe del servicio de prevención ajeno, es causa de despido improcedente. Pero, tal alegación debe decaer, dado que como expresa la Letrada de la parte demandada, al absolver preguntas como legal representante de la empresa, estos informes, tal y como les dijeron desde este Servicio de Prevención deben ser recogidos por el trabajador y por la empresa, que son los que deben acudir personalmente a recogerlo, lo que le fue comunicado a la trabajadora. Por tanto, tratándose de un informe de un Servicio ajeno a la empresa, ésta no tiene por qué incluirlo en la carta de despido, debiendo ser la propia trabajadora la que acuda a dicho servicio a solicitar una copia del mismo.

Por todo ello, procede la desestimación de la petición subsidiaria de improcedencia del despido, declarándose el despido de Dª Elsa como procedente, lo que conlleva la íntegra desestimación de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación.