Sentencia Social 17/2024 Juzgado de lo Social de Cuenca nº 2, Rec. 533/2023 de 17 de enero del 2024

PRIMERO.- La prueba practicada ha sido valorada en conciencia por este juzgador conforme al artículo 97.2 de la Ley de Jurisdicción Social, más concretamente de la documental aportada y del expediente administrativo en los términos que han sido expuestos.

SEGUNDO.- La oposición de la parte demandada gira entorno a no considerar que estemos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo en los términos del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Tal consideración conduciría a una inadecuación del procedimiento que se ha seguido, si bien la solución no sería la desestimación de la demanda sino la reconducción del procedimiento a los cauces del ordinario en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

El núcleo de la cuestión, en realidad, es si el trabajador demandante ganó derecho a ocupar la plaza que reclama con carácter definitivo o su adscripción fue meramente temporal.

De ocuparla con carácter definitivo, entendemos, junto con la parte actora, que estaríamos en presencia de una modificación sustancial en tanto se dan todos los elementos definidos por la jurisprudencia ( STS 08-02-2023, rec 4642/2019) para entender que el cambio tiene tal naturaleza que altera y transforma aspectos fundamentales de la relación laboral pasen a ser otros de manera notoria, dado que, como bien se apunta por la parte actora, los turnos y horarios a realizar en uno y otro puesto de trabajo son, evidentemente, muy distintos, afectando también al sistema de remuneración a la vista de que, incluso, los convenios colectivos que resultan aplicables son distintos en uno y otro puesto de trabajo.

La decisión se toma, además, unilateralmente por la empleadora y sin contraprestación alguna al demandante.

Sin embargo, la concurrencia de los aludidos requisitos no significa que, en todos los casos en que pueda darse dicha concurrencia, se pueda hablar de una modificación sustancial.

La STS 08/03/2017 (rec. 70/2016), distinguió entre cambios sustanciales en las condiciones de trabajo y la figura de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que se regula en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores; el matiz, según desarrolla dicha doctrina judicial, está en si la decisión empresarial se adopta por iniciativa y necesidad de la empresa (supuesto del artículo 41) o bien lo hace en cumplimiento de una norma.

Tanto en el caso analizado por la tan repetida sentencia y en otras muchas, como las SSTS 18 octubre 2011 (rec. 61/2011), 19 diciembre 2011 (rec. 64/2011), 31 enero 2012 (rec. 184/2010), como en el caso actualmente analizado, estamos en presencia de empleadores públicos que, necesariamente, deben someterse a la Ley y al Derecho, así como a los consabidos principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

En definitiva, el artículo 41 ET, en suma, solo contempla los casos en que la MSCT se produce por iniciativa unilateral de la empresa por causas determinadas. "La norma facilita, entonces, el ajuste racional de las estructuras productivas a las sobrevenidas circunstancias del mercado, fruto de la variable situación económica, con el objetivo de procurar el mantenimiento del puesto de trabajo en lugar de su destrucción, atendiendo así a fines constitucionalmente legítimos, como son garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos ( art. 35.1 CE), mediante la adopción de una política orientada a la consecución del pleno empleo ( art. 40.1 CE), así como la libertad de empresa y la defensa de la productividad art. 38 CE)", tal como se dijo en la STC 8/2015, de 22 de enero.

La STS 18 diciembre 2013 (rec. 2566/2012) también participa de este mismo enfoque. Cuando se altera la ordenación del tiempo de trabajo de una persona para cumplir las exigencias de las normas de seguridad y salud, la decisión patronal escapa al régimen del art. 41 ET pues "se hallaba justificada en el cumplimiento de una obligación legal de ineludible cumplimiento para la empresa" y "no constituye una modificación sustancial de condiciones de las que regula el art. 41 ET, ni exige, por consiguiente, el cumplimiento del procedimiento allí establecido".

En este caso, la cuestión radica en si resulta aceptable desde la óptica de la regulación legal del empleo público, el hecho de que el señor Moises consolidase el puesto para el que fue provisionado temporalmente por motivos de salud de la trabajadora que lo ocupaba anteriormente.

La Ley de Empleo Público de Castilla la Mancha 4/2011, regula a su Título VI el sistema de Provisión de Puestos de Trabajo y movilidad, dejando el artículo 67, que la provisión ordinaria de los puestos de trabajo se llevará a cabo a través de los procedimientos de concurso, que es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo y de libre designación con convocatoria pública.

El apartado 3 del mismo artículo 68 dice lo siguiente:

"3. Los puestos de trabajo también pueden proveerse a través de:

a) Redistribución de efectivos.

b) Comisión de servicios.

c) Adscripción provisional.

d) Movilidad por motivos de salud.

e) Movilidad por causa de violencia de género.

f) Permuta."

El artículo 77 regula la "movilidad por motivos de salud":

"1. Cuando la adaptación de las condiciones de un puesto de trabajo no resulte posible o, a pesar de tal adaptación, dichas condiciones pueden influir negativamente en la salud o en la rehabilitación del personal funcionario de carrera, este puede ser adscrito a otro puesto de trabajo en la misma o en otra localidad.

El personal funcionario de carrera también puede ser adscrito a otro puesto de trabajo, en la misma o en otra localidad, por motivos de salud o rehabilitación de su cónyuge, de su pareja de hecho o de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acredite que el cambio de puesto de trabajo permite una mejor atención del familiar y, además, que esa mejor atención no puede facilitarse a través de la adopción de alguna medida de reducción de jornada o flexibilidad horaria.

2. La adscripción está condicionada a que exista puesto vacante cuyo complemento de puesto de trabajo no sea superior al del puesto de origen, así como al cumplimiento de los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.

3. El cambio de puesto de trabajo se realiza mediante comisión de servicios de carácter voluntario. La duración de las comisiones de servicios por motivos de salud queda condicionada al mantenimiento de las razones que motivaron su concesión.

No obstante, en el caso de que el cambio de puesto de trabajo se deba a motivos de salud o rehabilitación del propio personal funcionario de carrera, la adscripción puede tener carácter definitivo si se ocupa con tal carácter el puesto de origen y así lo motivan las razones de salud o rehabilitación. En este supuesto, el personal funcionario de carrera debe permanecer el plazo mínimo a que se refiere el artículo 68.6 en el nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en dicho artículo.

4. Excepcionalmente, cuando no pueda asignarse una plaza vacante de acuerdo con lo previsto en este artículo y así lo motiven razones urgentes e inaplazables de salud o rehabilitación del propio personal funcionario de carrera, se le podrá atribuir temporalmente el desempeño de tareas adecuadas a su cuerpo o escala en la misma localidad. En tal supuesto continúa percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo.

5. En los casos previstos en el párrafo primero del apartado 1, el personal funcionario interino puede ser nombrado para ocupar otro puesto de trabajo en la misma localidad, en los términos previstos en el artículo 8."

El artículo 79 regula la permuta remitiéndose a un desarrollo reglamentario que no existe actualmente, por lo que, en ausencia también de toda regulación de la figura en el EBEP, debemos acudir a la contenida en la ley de Funcionarios Civiles del Estado ( Decreto 315/1964 de 7 de febrero de 1964), cuyo artículo 62 dice lo siguiente:

"1. El Subsecretario, en su Departamento, y el Vicepresidente de la Comisión Superior de Personal, si se trata de Ministerios distintos, podrán autorizar excepcionalmente permutas de destinos entre funcionarios en activo o en excedencia especial, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los puestos de trabajo en que sirvan sean de igual naturaleza y corresponda idéntica forma de provisión.

b) Que los funcionarios que pretendan la permuta cuenten, respectivamente, con un número de años de servicio que no difiera entre sí en más de cinco.

c) Que se emita informe previo de los jefes de los solicitantes o de los Subsecretarios respectivos.

2. En el plazo de diez años, a partir de la concesión de una permuta, no podrá autorizarse otra a cualquiera de los interesados.

3. No podrá autorizarse permuta entre funcionarios cuando a alguno de ellos le falten menos de diez años para cumplir la edad de jubilación forzosa.

4. Serán anuladas las permutas si en los dos años siguientes a la fecha en que tenga lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes."

En este caso no se da una permuta como tal, en tanto no consta que se autorizara en esos términos por la autoridad competente sino que, simplemente, se trató de una movilidad por motivos de salud de la señora Gloria, para cuyo puesto de trabajo fue comisionado de manera temporal el hoy demandante. Por otra parte sabemos que la señora Gloria se jubiló voluntariamente el día 18 de agosto de 2023, por lo que, en el mejor de los casos y según el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social no podía contar con menos de 63 años, lo que quiere decir que a la fecha de la supuesta permuta, en octubre de 2019, tenía, al menos, 59 años, y por tanto no se cumplía el requisito previsto en el apartado 2 del referido artículo 79.

Para poder acceder a la movilidad por motivos de salud, el artículo 77 de la norma autonómica, antes trascrito, exigía la existencia de una vacante a la que enviar a la señora Gloria y que resultara compatible con su estado de salud; sin embargo dicha vacante no existía, con lo que la Administración optó por realizar una doble movilidad , simultaneando la salida de su puesto de trabajo del señor Moises, para generar así la necesaria vacante para la movilidad de la señora Gloria, con la adscripción a dicho puesto por motivos de salud de dicha señora, mientras se movía al señor Moises al puesto de la señora Gloria, si bien esta última movilidad no resulta incardinable en el artículo 77 de la Ley de Empleo Público de Castilla la Mancha dado que el mismo, se aplicaría, exclusivamente, a la señora Gloria cuya movilidad sí viene amparada en motivos de salud, pero no puede extenderse al señor Moises, cuya movilidad no se incardina en dicho artículo, dado que los motivos de salud pueden ser, únicamente predicables del afectado por la movilidad y no de un tercero.

Así, el amparo legal del cambio de puesto de trabajo del señor Moises, podría encontrar encaje en el artículo 81 de la misma norma que regula la atribución temporal de funciones y que prevé que " en casos excepcionales, las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha pueden atribuir al personal funcionario de carrera el desempeño temporal de funciones especiales que no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, o para la realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por el personal funcionario que desempeñe con carácter permanente los puestos de trabajo que tengan asignadas dichas tareas."

En este caso, y al amparo del artículo 83 del Estatuto Básico del Empleado Público, la movilidad del personal laboral se rige por las mismas normas que la del personal funcionario, por lo que sería de analizar si la movilidad del señor Moises, tiene o encaje en dicho precepto.

Es claro que se dio un caso excepcional, y nótese que el artículo emplea la conjunción disyuntiva "o", esto es los dos supuestos de adscripción temporal que permite el precepto no son acumulativos, sino que puede darse cualquiera de ellos. Así las cosas, estaríamos en presencia de una realización de tareas que, por razones coyunturales, el estado de salud de la señora Gloria, no podían ser atendidos por ésta, y en consonancia con ello se atribuyeron temporalmente dichas funciones al señor Moises.

La vuelta a sus funciones originarias decretada por la Administración, una vez que ha cesado la causa que motivó su adscripción temporal que eran los impedimentos de salud de la señora Gloria, no obedeció más que al cumplimiento de la legalidad vigente en materia de provisión de puestos de trabajo que regula el Título VI de la Ley de Empleo Público de Castilla la Mancha, y más concretamente el artículo 67 que, de ordinario, establece que el sistema de provisión de puestos de trabajo se debe realizar conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y además, en su apartado segundo, dice que la provisión ordinaria se realizará mediante los procedimientos de concurso.

En este caso, y finalizadas las excepcionales circunstancias que dieron lugar a la adscripción temporal del señor Moises en el puesto que venía ocupando desde 2019, es claro que la provisión de dicho puesto debe realizarse a través del sistema ordinario de provisión de puestos y, en suma, por el sistema de concurso, al que puedan concurrir con otros candidatos en igualdad de condiciones.

En consecuencia, la Diputación no ha realizado una modificación sustancial de las condiciones de trabajo del señor Moises, sino que se ha limitado a cumplir la legalidad que le es aplicable respecto a la provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas y que le viene dada por imperativo de la Ley de Empleo Público de Castilla la Mancha.

Procede, por ello, estimar la excepción de inadecuación del procedimiento y reconducir el mismo a la vía ordinaria por el artículo 102 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, considerando que la parte actora impugnó su cambio de puesto de trabajo, y de condiciones laborales, tal y como venía instrumentalizado en el Decreto que ordenaba su retorno al puesto de origen.

El fondo, ya ha sido analizado al discernir si existía o no modificación sustancial de las condiciones de trabajo, habiéndose considerado que la actuación de la parte demandada se ajustó a la legalidad, lo que lleva a desestimar la demanda.

TERCERO.- Contra la presente Sentencia cabe recurso de suplicación al haberse transformado en un procedimiento ordinario sin cuantía.

En atención a lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, y en virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española,