Sentencia Social 439/2025 , Rec. 87/2024 de 02 de diciembre del 2025

I.-Los referidos hechos probados lo han sido como consecuencia de la valoración conjunta de la prueba desplegada. Sostiene la parte actora que ha venido realizando desde el mismo inicio de la relación laboral unas funciones que no se corresponden con la categoría reconocida ni con el salario que le fue reconocido por la empresa empleadora.

Es fundamental el informe que presenta la Inspección de Trabajo quien en relación precisamente con el objeto litigioso que nos ocupa constata las concretas funciones que el actor vino realizando desde el inicio de su relación laboral con la demandada y que delimita en el informe de referencia que aquí se da por reproducido.

De la misma manera, la Inspección de Trabajo valora las diligencias de investigación llevadas a cabo y el resto de prueba recogidas y tras ponerlas en relación con el Convenio Colectivo de aplicación concluye que el actor ha venido desarrollando como empleado de la empresa una actividad propia de personal técnico titulado (técnico superior en prevención de riesgos laborales) pudiéndole asignársele la categoría de perito, aparejador y ATS o la de perito con responsabilidad técnica.

Y el inspector ofrece mayor razón de ciencia cuando para amparar sus conclusiones explica que "el hecho de que el trabajador elabore y forme evaluaciones de riesgos laborales o represente a la empresa en reuniones de coordinación preventiva apunta más hacia esta última categoría profesional"después de haber explicado que "el ejercicio de las funciones de nivel superior (que le reconoce al actor) exige contar con una titulación universitaria oficial (que se constata que el actor tiene) siendo un elemento caracterizador de las funciones de nivel superior la interpretación o aplicación no mecánica de los criterios lo que implica correlativa asunción de responsabilidad por las decisiones adoptadas y hace constar que "el trabajador presta servicios en obra es decir en las instalaciones de los clientes siendo el lugar de prestación de servicios más habitual el complejo industrial de Repsol Petróleo, S.A. en A Coruña".

Las testificales que se han desplegado en el acto de juicio sirven para amparar y sostener también las conclusiones del Inspector de trabajo por cuanto se confirma que desde que fue contratado el actor la persona que se ocupaba de esas funciones se desplazó a otro puesto de trabajo como jefe de obra pasando el demandante a ocupar su puesto y acudiendo en nombre de la empresa a las reuniones en el centro de trabajo en materia de prevención y siendo la persona de contacto para todos estos temas con la RLT como expuso el delegado de personal que ha depuesto en el acto de juicio.

Por el contrario, la empresa no ha desplegado prueba alguna tendente a desvirtuar las conclusiones que había alcanzado el inspector de trabajo ni ha desplegado alguna tendente a probar qué concretas funciones o actividad realizaba el actor desde su contratación y quien, en su caso, realizaría las funciones propias del perito con responsabilidad técnica en el centro de trabajo de A Coruña (REPSOL) si no era el actor ¿quién la desempeñaba? cuando no solo tenía la facilidad probatoria para hacerlo sino también la proximidad con las fuentes de prueba para ello - art. 217 LEC-.

En consecuencia, solo puede concluirse que, como ya avanzaba e informaba la Inspección de Trabajo, efectivamente el actor ha venido desarrollando desde su contratación las funciones propias de la categoría profesional de titulado superior como técnico de prevención, nivel superior, pudiendo asignarse su categoría profesional a la de perito con responsabilidad técnica por lo que procede estimar la pretensión de reclasificación del trabajador demandante en los términos peticionados en su demanda.

II.-En cuanto a las diferencias salariales que se derivan de la reclasificación que se acuerda vendrán dadas por la diferencia salarial entre el salario percibido efectivamente y el que debería de haber percibido de haberse reconocido la categoría profesional correcta.

Alega la empresa la prescripción de parte de las diferencias reclamadas ya que aun cuando hubo una reclamación de reclasificación en julio de 2023 entiende la empresa que no podría interrumpir la acción para la reclamación de los salarios criterio que no comparto pues la prescripción de las acciones habrá de computarse desde el momento en que era posible ejercitar la misma lo cual, en este caso, viene anudado al reconocimiento de la reclasificación interesada pues en otro caso no puede ejercitarse la acción de reclamación de tales diferencias salariales por lo que considero que no están prescritas las diferencias salariales que se reclaman en el presente procedimiento.

Finalmente, la empresa sostiene que no procede abonar ninguna diferencia salarial de las reclamadas porque el actor habría venido cobrando muy por encima del salario correspondiente a tal categoría ahora reconocida por lo que ese exceso absorbería y compensaría esas diferencias salariales que ahora se objetivan entre las diferentes categoría profesionales del actor (la reconocida y la que ahora se reconoce en vía judicial que era la correcta); de nuevo, la empresa no despliega prueba alguna en ese sentido limitándose a referir una sentencia del TS en materia de absorción y compensación sin practicar prueba alguna en este caso en relación con el salario efectivamente percibido por el actor, su desglose, las cantidades percibidas por cada uno de los conceptos salariales y acreditando que alguno de ellos pudiera compensar y absorber las diferencias salariales que ahora se reconocen fruto de la estimación de la reclasificación profesional. Desde luego el doc. 3 aportado en su ramo de prueba no me puede merecer credibilidad alguna al tratarse de un mero documento con unos datos y cifras sin que dicho documento esté firmado por algún responsable de la empresa y sin que ni siquiera lleve sello o marca de la empresa y se desconoce a qué obedecen realmente esas cantidades y si se corresponden con conceptos salariales efectivamente percibidos por el actor.

De nuevo es aplicable el art. 217 LEC y entiendo que no se puede adquirir convicción aquí de que las diferencias salariales que se generan y devengan a consecuencia de la reclasificación profesional que se reconoce debieran de ser compensadas o absorbidas en este caso con otros pluses o conceptos salariales que vino percibiendo el actor durante la vigencia de su vínculo laboral.

En cuanto a las cantidades debidas merece credibilidad el último cálculo efectuado y detallado por la parte actora que se presenta como diligencia final para detallar mensualmente las sumas devengadas por meras diferencias slaariales a consecuencia de la clasificación profesional errónea y retribuida (totoa de 20.509,30 euros) sin que la empresa hubiera presentado otro alternativo por lo que procede reconocer esas deudas salariales y en consecuencia se condena a la empresa a su abono al trabajador con los intereses del art. 29.3 ET.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación