Sentencia Social 746/2024 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Social, Rec. 276/2023 de 02 de mayo del 2024

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda formulada por CONSTRUCCIONES JOSE ALBERTO MARTIN, SL, sobre Recargo de prestaciones, se alza en suplicación frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y D. Cornelio, mediante el presente recurso que se articula a través de tres motivos. El primer motivo se presenta al amparo del art. 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el fin de revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas. El segundo y tercer motivo se articulan al amparo de lo previsto en el art. 193.c), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el fin de examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se interesa la revisión y modificación del HECHO PROBADO PRIMERO, a tenor de las pruebas documentales existentes en los autos y practicada en el presente procedimiento, y más en concreto respecto de la categoría del trabajador accidentado, proponiendo el siguiente contenido:

"PRIMERO.- Cornelio, prestaba servicios por cuenta ajena para la empresa CONSTRUCCIONES JOSE ALBERTO MARTIN, SL, con antigüedad 16/5/2017, ocupación de Oficial de 1ª albañil, haciendo las funciones de Encargado de Obra en determinadas ocasiones y actuando como recurso preventivo en la obra."

A fin de resolver los motivos que nos ocupan, es preciso tener en cuenta que la posibilidad de revisar el relato fáctico se hace depender de que el error que se denuncia cometido por el Juez "a quo" quede fehacientemente acreditado en base a dos únicos medios probatorios, los documentos y las pericias, siempre y cuando de ellos se deduzca de forma inequívoca la evidencia del error cometido, sin necesidad de tener que recurrir a conjeturas, hipótesis o razonamientos interpretativos sobre el sentido que se pretenda extraer de aquellas pruebas, y en concreto, tanto la jurisprudencia como la doctrina, en orden a la interpretación de los arts. 193.b) y 196.2 y 3 de la LRJS, vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la procedencia de la revisión fáctica:

1.- Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.- Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.- Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".

4.- No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.- El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.- Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretenda vaya a sustituir al llamado a ser suprimido.

7.- Por último, es necesario que la revisión propuesta, a través de la modificación, supresión o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate.

Exigencias que trasladadas al caso examinado determinan el rechazo de las adiciones fácticas pretendidas al carecer de relevancia específica en orden a la resolución del tema objeto de debate, centrado en la determinación de si procede el recargo de prestaciones a la empresa. En el hecho probado primero de la sentencia pone que " Cornelio, prestaba servicios por cuenta ajena para la empresa CONSTRUCCIONES JOSE ALBERTO MARTIN, SL, con antigüedad 16/5/2017, ocupación albañil", y en la propuesta de modificación del recurrente dice que el trabajador tiene la "ocupación de Oficial de 1ª albañil, haciendo las funciones de Encargado de Obra en determinadas ocasiones y actuando como recurso preventivo en la obra", con lo cual no cabe la modificación alegada ya que en ambos textos queda claro que la ocupación del trabajador es la de Albañil , con las funciones que de ello se derivan , por tanto, en ambos textos queda acreditado que el trabajador tiene la ocupación de albañil, derivándose de ello la necesaria desestimación de las adiciones postuladas, ya que en virtud del principio de economía procesal no resulta acertado incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a un resultado práctico ( sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo y 29 de octubre de 2002, 7 de marzo de 2003, 6 de julio de 2004, 20 de junio de 2006, 10 de diciembre de 2009, 26 de enero, 18 de febrero de 2010, 18 de enero de 2011 y las que en ellas se citan). Debe tenerse en cuenta que todas las pruebas practicadas han sido valoradas por el Juzgador de Instancia, a quien el artículo 97 LRJS reconoce en exclusividad tal competencia.

Partiendo de esta premisa, se desestima el primer motivo del recurso.

TERCERO.- En el segundo motivo del recurso se denuncia la infracción de los artículos art. 164 de la LGSS, en relación con el art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, así como la jurisprudencia que la desarrolla. En el tercer motivo del recurso se denuncia la infracción de los artículos art. 164 de la LGSS, en relación con los artículos 5.2 y 12.16 LISOS, y los arts. 14, 15, 17 LPRL y 3 RD 1215/97, así como la jurisprudencia que la desarrolla, reiterando a través de ellos, la no procedencia del recargo de prestaciones, en base la legislación alegada.

Para dar repuesta al caso que nos ocupa debemos partir del artículo 164 LGSS, señala que: "1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla. 3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción". Lo anterior implica que, cuando el accidente de trabajo o enfermedad profesional se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, tendrá derecho el trabajador a que su prestación se aumente de un 30 a un 50% en función del caso concreto y habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

Esta obligación del empresario de cumplir con la seguridad e higiene en el trabajo y de mantener las medidas y condiciones necesaria se desarrolla supone el cumplimento de las obligaciones dispuestas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normas de desarrollo, cuyo incumplimiento dará lugar a las responsabilidades administrativas, así como, en su caso, penales y civiles, siendo las primeras "compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social". La propia normativa laboral parte de la diferente posición del trabajador frente al empresario en esta materia, pues no es el trabajador quien debe organizar el trabajo y se atribuye en exclusiva al empresario la "dirección y control de la actividad laboral" ( artículo 20 ET) , imponiendo a éste el cumplimiento del "deber de protección" mediante el que deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, e incluso, aunque concierte con entidades especializadas en prevención complementaria, ello no le exime "del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona"( artículo 14.2 y 4 LPRL y, en suma, preceptuarse que "la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador"( artículo 15.4 LPRL) .

El art. 164 LGSS ha sido amplísimamente examinado e interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, Sentencia de 8 de Octubre de 2.001 (RJ 2002424), si bien relativa al art. 123 de la anterior LGSS, cuya redacción es idéntica al del art. 164 del actual, según la cual "la vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, norma que estaba ya en vigor cuando acaeció el accidente que hoy se enjuicia. (...) Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores". Del juego de estos tres preceptos (art. 14, 15 y 17) se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aun en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones."

La naturaleza del recargo ha sido ampliamente debatida en la doctrina y en la jurisprudencia, si bien la STS de 2/10/2000 ha destacado que "A la luz de estos preceptos reiterada doctrina jurisprudencial viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: a) que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleador( STS 26/03/1999); b) que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador, y c) que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6/05/1998). Consecuentemente, es el empresario el que tiene la posición de garante ("empresario garante") del cumplimiento de las normas de prevención ( artículos 19.1 ET y 14 LPRL) . El trabajador tiene también sus obligaciones, pero más matizadas y menos enérgicas: debe observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad ( artículo 19.2 ET) , pero "según sus posibilidades", como dice expresamente el artículo 29.1 LPRL, tiene que utilizar correctamente los medios de protección proporcionados por el empresario, pero el trabajador no tiene la obligación de aportar estos medios, ni de organizar la prestación de trabajo de una manera adecuada ( STS 14/05/2009, Rº 2304/08). Enlazando con el argumento anterior, debe tenerse en cuenta que la parte demandante entiende que el trabajador es responsable del accidente acaecido dado que era el recurso preventivo designado por el empleador En ese sentido, la jurisprudencia acerca de la alegación de la existencia de una posible actuación imprudente o negligente de la víctima, ha manifestado que, en ningún caso podría conducir a dejar sin efecto el recargo impuesto, tal y como al efecto se mantiene por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sustentada en diversas Sentencias, como, por vía de ejemplo, la de fecha 20-01-2010 (Rec. 1239/2009) según la cual: "Cuando se produce esta concurrencia de culpas, de forma que las dos actuaciones (la del empresario y la de la víctima) determinan la producción del resultado fatal, no cabe exonerar de responsabilidad al empresario, como ha hecho la sentencia recurrida, sino que, a partir de una generalización de la regla del artículo 1103 del Código Civil, hay que ponderar las responsabilidades concurrentes moderando en función de ello la indemnización a cargo del agente externo ( sentencias de la Sala de lo Civil de este Tribunal de 21 de marzo de 2000, 21 de febrero de 2002, 25 de abril de 2002, 11 de julio de 2008 y 17 de julio de 2008). Como señala la sentencia de 21 de febrero de 2002, "el exceso de confianza del trabajador, que en no pocas ocasiones contribuye a los daños sufridos por los empleados en el ámbito laboral, no borra ni elimina la culpa o negligencia de la empresa y sus encargados cuando faltan al deber objetivo de cuidado consistente que el trabajo se desarrolle en condiciones que no propicien esos resultados lesivos".

Por su parte, nuestra sentencia de 12 de julio de 2007 señala en la misma línea que "la imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución del trabajo no tiene" cuando no opera como causa exclusiva del accidente "entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la imputación de la infracción a la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo; siendo de resaltar que incluso la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever la distracción o imprudencia temerarias que pudiera cometer el trabajador". Por último, vista la naturaleza resarcitoria del recargo, y su compatibilidad con otras responsabilidades, constatada la existencia de omisión de las obligaciones sobre prevención de riesgos laborales, aun cuando no exista declaración de responsabilidad penal o administrativa sancionadora cabe dilucidar sobre la aplicación del recargo.

Para centrar el tema del caso de autos debemos partir de la demandante en instancia que se interesa se deje sin efecto la resolución administrativa por la cual se acuerda un recargo del 30% de las prestaciones económicas por incapacidad total derivada del accidente de trabajo sufrido por el trabajador Cornelio en fecha 3/7/2017, alegando caducidad del expediente, y en cuanto al fondo, que dicho accidente no tuvo como causa la actuación negligente y contraria a la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa demandante.

Entiende que, en todo caso, el nexo causal habría quedado roto por la actuación negligente de FORMAC, SA, la suministradora de la carga que golpeó y sepultó al trabajador, y por la propia actuación de éste, que siendo el recurso preventivo debía garantizar que no hubiese trabajadores bajo la carga, incumpliendo él mismo dicha medida preventiva. Alega que por su parte todas las normas de aplicación fueron cumplidas. Elaboró Plan de Prevención, lo entregó a su recurso preventivo, el trabajador accidentado, y también a la empresa FORMAC, el día 3/7/2017. La causa de la caída de la carga fue la rotura del amarre, una eslinga (alambre) que carecía de pestillo de seguridad, siendo todos estos elementos aportados por la empresa FORMAC. Asimismo, alegó que el acta de la inspección se encuentra impugnada ante otro procedimiento de este, por lo que no es firme.

Se opone el INSS y la TGSS entendiendo que el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo ya ha sido queda acreditado del resultado del acta de la inspección, probada la realidad de dicha causalidad, el recargo que se impone es el mínimo del 30% por lo que interesa la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución recurrida.

Por la defensa del trabajador se reiteran las alegaciones efectuadas por el INSS y TGSS y se señala que se incumplieron las normas relativas a la adopción de medidas de cooperación y coordinación entre empresas, no ha quedado acreditad que se suministrase la información a la empresa suministradora de la carga, ni que se entregase el Plan de Prevención, ni formó e informó a sus trabajadores de los riesgos. En cuanto a la responsabilidad del trabajador alega que el demandado era peón albañil, no tenía formación adecuada para ser recurso preventivo, pues, de conformidad con el Convenio de la Construcción requiere de un curso de 60 horas mínimo, por otro lado, el jefe de obra era el representante de la empresa, no el trabajador.

Pues bien, aplicada la normativa y jurisprudencia al caso de autos y partiendo de los hechos probados de la sentencia de instancia. En el caso de autos, resulta de aplicación de forma específica el art. 24 LPRL, "Coordinación de actividades empresariales", conforme al cual, " cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley . 2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal. 5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente".

El RD 1215/1997, de 18 de julio, establece en su artículo 3. 1 y 4, cuáles son las obligaciones generales del empresario en materia de prevención de riesgos laborales: " 1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo. En cualquier caso, el empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan: a) Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación. b) Las condiciones generales previstas en el anexo I de este Real Decreto. 4. La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales establecidas en el anexo II del presente Real Decreto. Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de los trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de aquéllos, el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo quede reservada a los trabajadores designados para ello".

En el Anexo I del citado Real Decreto, Apartado 1, se regulan las disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo, y en su punto 7: " En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo de trabajo que pueda afectar significativamente a la seguridad o a la salud de los trabajadores deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas".

En el Anexo II, titulado "Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo", Apartado 1, "Condiciones generales de utilización de los equipos de trabajo", se establece en los puntos 1, 2, 4 y 7 lo siguiente: " 1. Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para los usuarios del equipo y para los demás trabajadores. En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos móviles de los equipos de trabajo y los elementos fijos o móviles de su entorno y de que puedan suministrarse o retirarse de manera segura las energías y sustancias utilizadas o producidas por el equipo. 2. Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los equipos de trabajo. 4. Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 7. Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores".

En el Apartado 3 del Anexo II, punto 1, apartado c), sobre " Condiciones de utilización de equipos de trabajo para la elevación de cargas" se indica 1: "c) A menos de que fuera necesario para efectuar correctamente los trabajos, deberán tomarse medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. No estará permitido el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo no protegidos, ocupados habitualmente por trabajadores. Si ello no fuera posible, por no poderse garantizar la correcta realización de los trabajos de otra manera, deberán definirse y aplicarse procedimientos adecuados".

Bien es sabido que el expediente de recargo de prestaciones se inicia por el INSS, que es el órgano administrativo competente para declarar la existencia de responsabilidad empresarial por recargo de prestaciones derivado de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Así resulta del Real Decreto 1300/1995. Pues bien, tales preceptos son los que determinan qué concretas obligaciones en materia de salud y prevención de riesgos laborares han sido incumplidas por parte de la recurrente. Así se recoge en el acta de infracción redactada por el Servicio de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que relata la instrucción llevada a cabo conforme a la cual determina la existencia de unos hechos y circunstancias concurrentes, disposiciones infringidas, la causa concreta que motive la propuesta y el porcentaje que considere procedente aplicar ( art. 27 del Real Decreto 928/1998). Los hechos recogidos en el informe propuesta que se realice por el inspector actuante gozan de la presunción legal de certeza, y así resulta del art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En cuanto a las actas del Servicio de Inspección de Trabajo y Seguridad Social su "valor o eficacia ha de medirse a la luz del principio de la libre valoración de la prueba".

A ello debe añadirse que ese valor probatorio sólo puede referirse a los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los inspectores consignen en las actas y diligencias" ( STC 76/1990, fundamento jurídico 8º; también, ATC 974/1986, en relación con las actas de la Inspección de Trabajo, ATC 7/1984; en general, STC 169/1994). El mismo fue confeccionado a partir de una serie de actos y diligencias de actuación que ha ido recabando dicha inspección desde la entrevista con el trabajador, al examen de la documental que fue requerida, a visita al lugar de trabajo y entrevista con la empresa. Tras la valoración de todas esas diligencias, la inspección formula conclusión.

Pues bien, la conclusión reflejada en el acto de infracción, recogida en los hechos probados, no ha sido desvirtuada por la prueba practicada en este pleito por la parte demandante. Tal y como se ha señalado con anterioridad el que exista otros posibles condicionantes, o corresponsables en la causación del daño al trabajador por el accidente de trabajo no implica la irresponsabilidad del empresario que no ha cumplido con su obligación de salud y seguridad laboral. Con independencia de cuál sea la consideración de FORMAC, suministradora o subcontratista, lo cierto es que aparece en el Libro de Subcontratación. En dicho libro se recoge que en fecha 9/6/2017 se entregó plan de seguridad y salud. Ahora bien, no sabemos que documentación fue la efectivamente entregada, si la elaborada por ADIF, la elaborado por la demandante, y sobre todo, en qué se concretó la entrega e información de la documentación. Por tanto, si bien es cierto que la actuación de FORMAC pudo ser una causa del acaecimiento del siniestro, puesto que los medios técnicos le pertenecían y debía suministrar el material en condiciones de seguridad suficientes, no es este el procedimiento correspondiente para depurar dicha responsabilidad, puesto que, la negligencia que pudiese imputarse a dicha empresa no eluda las obligaciones de la empresa demandante que ahora veremos. Siguiendo el hilo expuesto encontramos que todas las alegaciones vertidas por la demandante carecen de respaldo probatorio. Así, si se entregó la documentación a FORMAC, ¿cómo se concretó posteriormente esa obligación de coordinación de medidas preventivas?. Dicha pregunta carece de respuesta por la demandante, según consta en instancia.

En este sentido, la juzgadora de instancia refiere que dicha concreción de medidas no tuvo lugar. Si hubiese tenido lugar no se habría producido el accidente. Del relato de investigaciones realizado por el Inspector de Trabajo, destacando los interrogatorios de los testigos presentes el día de los hechos, se observa que no hubo señalamiento de zona de restricción de paso bajo la carga, es más, cabe preguntarse si los trabajadores conocían que esa zona debía ser señalizada. No hubo una valoración correcta de los medios de trabajo y medidas de seguridad de descarga del mallazo, la eslinga era inadecuada, y la carga no fue correctamente valorada a la hora de la descarga.

Pues bien, enlazando con ello, y en relación con las alegaciones de la parte demandante de que fue el trabajador accidentado el responsable de que tales medidas preventivas no fueran adoptadas, esto es, de que no se señalizase la zona, de que se garantizase que ningún trabajador permanecía dentro de ella durante la descarga, de que el amarre de la carga y el peso era correcto... Y todo ello porque era el recurso preventivo interno. Pues bien, dicha designación lo único que acredita es que el trabajador firmó un documento, no sabemos en qué condiciones, en el que aceptaba la designación conferida. Ahora bien, se trata de un mero documento formal, que no acredita que el trabajador, efectivamente, viniese desarrollando las labores propias del recurso preventivo interno. Resulta esencial destacar que un mes antes de ocurrir el accidente el trabajador designado fue Rosendo, es más, en el propio Plan de Prevención elaborado por la empresa es el Sr. Rosendo el recurso que se identifica. Pretender que el trabajador fuese el responsable de su propio accidente por no auto garantizarse el cumplimiento de unas medidas preventivas que no sabemos si conocía, es censurable.

En suma, incumbía al empleador coordinar, verificar y garantizar todas las medidas preventivas. Por tanto, quedando acreditada una serie de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, el daño, y la existencia de relación de causalidad entre la falta de cumplimiento de normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo por la empresa y el accidente de trabajo, causante de las lesiones que dieron lugar al reconocimiento prestacional, por tanto, procede desestimar la demanda y la confirmación de la resolución recurrida que, siendo impuesto el recargo en el mínimo legal del 30%, ha de ser ratificada.

En consecuencia, los motivos del recurso deben ser desestimados, porque partiendo de unos hechos probados inalterados, y de una fundamentación jurídica absolutamente razonable y por tanto no arbitraria, resulta claro que la sentencia recurrida no ha infringido ninguno de los preceptos cuya vulneración se denuncia en dichos motivos. Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso, y con ello la confirmación de la sentencia recurrida.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,