Sentencia Social 237/2023 Juzgado de lo Social de Toledo nº 1, Rec. 652/2022 de 20 de octubre del 2023

PRIMERO.- En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2) del art. 97 de la LJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos se deducen de la documental obrante en el expediente administrativo, así como de la documental aportada por la parte demandante junto con su demanda y en el acto de la vista. El hecho probado noveno resulta igualmente de la testifical practicada en el acto de la vista.

SEGUNDO.- Se opone por la parte demandante como excepción la litispendencia del presente procedimiento en relación con los autos nº 437/2023 que se siguen en el Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid e iniciados en virtud de demanda de la empresa contra la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid impugnado la resolución sancionadora dictada por esta administración a consecuencia del acta de infracción, alegando la concurrencia de una identidad de hechos y de que no existiría el recargo de prestaciones ni responsabilidad empresarial en el accidente del trabajador si se apreciara por el juzgado de Madrid la inexistencia de infracción alguna en materia de prevención de riesgos laborales.

Respecto de tal excepción procede recordar a la parte la doctrina jurisprudencial (entre otras Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Septiembre del 2005 (rec. 1992/2004) según la cual: "Es doctrina jurisprudencial consolidada, que se recoge en numerosas sentencias, entre las que pueden citarse las de 14 y 24 de marzo de 1995, 25 de abril de 1995, 9 de febrero de 1996, 20 de mayo de 1999, 21 de diciembre de 2000, 17 de septiembre de 2002 y 23 de marzo de 2004 ( recursos 1797, 1514, 1517 y 1796/94, 3874/98, 27/00, 1180/01 y 3896/02). En estas sentencias se establece, como sintetiza la de 20 de mayo de 1999, y se recoge en la de 23 de marzo de 2004 que "en nuestro Derecho procesal la litispendencia es una excepción que tiende a impedir la simultánea tramitación de dos procesos con el mismo contenido, siendo una institución preventiva y tutelar de la cosa juzgada, por lo que requiere las mismas identidades que ésta, identidades que han de ser subjetiva, objetiva y causal, por lo que no basta para la identidad total con que entre ambos procesos exista una mera conexión o identidad de alguno de estos elementos (pero no de todos), pues esto último a lo único que puede dar lugar es a la posibilidad de acumulación de ambos procesos a instancia de parte legítima, constituyendo una hipótesis distinta a la de litispendencia".

Por ello, sin perjuicio de que el Art. 164 de la Ley General de la Seguridad Social establezca en su apartado tercero el carácter de "responsabilidad independiente (a la vez) que compatible con las de todo orden, incluso el penal que pudieren derivarse de la infracción" y ello sin que pueda alegarse la indefensión o el principio doctrina del non bis in idem, al venir ambas posibilidades (ejercicio de la acción de recargo e impugnación de una sanción administrativa) amparadas bajo los principios de seguridad jurídica y legalidad que consagra el Art. 9 de la Constitución, lo cierto es el ejercicio por parte del empresario ante la Administración de la facultad que le confieren los Arts. 30 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de interponer recurso de alzada contra la resolución administrativa que acuerda la imposición de una sanción, mientras el expediente administrativo de recargo se encuentre pendiente de decisión, no constituye, conforme a ningún precepto legal que así lo disponga de manera expresa, ningún óbice para la imposición por la administración competente (el INSS) del recargo de prestaciones y para la consiguiente acción de la empresa en impugnación del mismo, de tal suerte que, en principio, no puede aducirse la "excepción de litispendencia" en este proceso judicial por el hecho de la latencia de un procedimiento administrativo sancionador. (en el mismo sentido STSJ de Asturias de 27 de septiembre de 2022).

La distinta naturaleza y finalidad de un procedimiento administrativo sancionador por faltas de medidas de seguridad y el ejercicio de la acción judicial sobre el recargo de prestaciones, obligan a rechazar la existencia de litispendencia.

TERCERO.- Dispone el artículo 164.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por RDL 8/2015 de 30 de octubre, que: «todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos, o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador».

Según reiterada Jurisprudencia:

A) Dado su carácter punitivo, el artículo 123.1 de la Ley General de la Seguridad Social debe interpretarse restrictivamente, lo que no ha de impedir la aplicación estricta de la norma o permitir la impunidad de la conducta negligente de la empresa.

B) El recargo persigue evitar accidentes derivados de infracciones, atiende a una finalidad de prevención, fijándose en virtud de la gravedad de la infracción y no del daño y, por ello, constituye un "plus de responsabilidad directa sobre el empresario" ( STS 02.10.00)

C) Para que opere dicha norma, se requiere que exista una adecuada relación causal entre el siniestro productor del resultado lesivo para la vida o la integridad física del trabajador, generador de prestaciones económicas de la Seguridad Social, y la conducta del empleador.

D) Que tal conducta, ya consista en la omisión de las medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias respecto a máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo, ya consista en la falta de medidas preventivas o ya sea su inutilización o deficiente funcionamiento, pudiendo afectar la omisión tanto a las medidas generales como a las particulares de seguridad e higiene exigibles, atendidas las características específicas de cada actividad laboral en concreto puesta en relación con la edad, sexo y demás condiciones del trabajador, aun cuando aquellas medidas de seguridad e higiene no consten detalladas en las normas de policía administrativa, como expresaba la Sentencia del TSJ de Cataluña de 22 enero 1993 y la del TSJ de la Rioja de 25 mayo 1995; no bastando, sin embargo, con poner a disposición de los operarios los distintos medios o instrumentos que puedan evitar el riesgo, dejando a su arbitrio la utilización de los mismos, sino que tal obligación implica la de dar las órdenes e instrucciones concretas y oportunas para su utilización, vigilando y controlando que por los operarios se pongan en práctica, ya que "la negligencia del trabajador, carece de la entidad suficiente como para romper el nexo causal entre la omisión de las medidas de seguridad en que incurrió el empresario y la producción del accidente, cuando se acredita la relación causa-efecto" ( STS Sala 3ª, 07-05-84,) y que "no basta la sola prohibición de las prácticas peligrosas si no se adoptan las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición"( STS Sala 3ª, Secc.4ª, 03-03-98).

E) Para determinar la responsabilidad de la empresa, es preciso un elemento de voluntariedad a título de dolo, culpa o al menos negligencia, responsabilidad que recae directamente sobre el empresario infractor, como advierte el número 2 del citado artículo 123, alcanzando a la empresa como responsable en esta materia por los hechos cometidos por sus empleados en su actividad laboral.

CUARTO.- Entrando en el fondo de la cuestión controvertida la mercantil demandante impugna la resolución del INSS de imposición del recargo fundando principalmente tal impugnación en la existencia de una imprudencia temeraria del trabajador que procedió a la realización de funciones de mantenimiento de una máquina cortacésped sobre un elevador sin que ni una ni otro fuera propiedad de la empresa, en centro de trabajo ajeno a la misma y sin que el trabajador recibiera las instrucciones por parte de su superior, afirmando la empresa que el trabajador fue contratado como jardinero y no como mecánico y que se le proporcionó epis, formación e información en materia de prevención de riesgos para la realización de tales labores de jardinero y no para las que estaba realizando sin autorización de la empresa, mantenimiento de maquinaria, para las cuales reconoce la empresa demandante en su demanda que no disponía de formación.

Para resolver el procedimiento debe tenerse en cuenta que reiterada jurisprudencia, en aplicación del artículo 52.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social, jurisprudencia plenamente vigente con el actualmente aplicable art. 53.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 y actualmente reflejado en el art. 151.8 segundo párrafo de la LJS, ha venido destacando que las actas de la Inspección de Trabajo que se extiendan conforme a los requisitos señalados en dicho artículo, gozan de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma que hayan sido constatados por el inspector, salvo prueba en contrario. Ciertamente se trata de una presunción iuris tantum por lo que admite prueba en contrario y así el Tribunal Constitucional ha señalado que si bien las actas de inspección tienen un valor probatorio mas allá de la denuncia y gozan de valor probatorio, en vía judicial no han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, "ni pueden impedir que el juez del contencioso forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada de las pruebas practicadas ( SSTC 76/1990, 14/1997 y 169/1998).

En el presente caso hay que entender que los hechos reflejados en el acta de infracción están suficientemente acreditados pues a los mismos les alcanza la presunción de certeza antes referida y no consta prueba en contrario suficiente que los desvirtúe.

Ninguna prueba aporta la parte actora que desvirtúe la forma de ocurrir el accidente narrada por la ITSS de Madrid que llevó a cabo la investigación del mismo, la documental de la parte actora se limita a incorporar al procedimiento administrativo y posteriormente a este procedimiento judicial el contrato de prestación de servicios en la base aérea de Torrejón con el Ministerio de Defensa, el plan de prevención de riesgos entregado al trabajador accidentado, los EPis entregados y los cursos de formación e información en materia preventiva impartidos al trabajador. De tal documentación resulta en primer lugar que la prestación de servicios del actor en el centro de trabajo del Ministerio de Defensa (Base Aérea de Torrejón) en la que estaba destinado comprendía tanto labores de jardinería como de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria utilizada para tales labores (ejemplo el cortacésped que intervino en el accidente), y de hecho le fue impartido por la empresa Delta Cinco Línea Verde, S.L. curso de formación de mantenimiento de maquinaria profesional para campos de golf de duración de 32 horas, pero pese a que el trabajador tenía encomendada la realización de tales funciones sin embargo la evaluación de riesgos laborales de la empresa Cycle no contempla para el puesto de jardinero la realización de labores de mantenimiento de maquinaria y para el puesto de mantenimiento básico no se recoge los riesgos derivados del mantenimiento de la maquinaria, no comprendiéndose por tanto en la evaluación de riesgos de la empresa demandada los derivados del mantenimiento de maquinaria y más concretamente los derivados del mantenimiento de maquinaria de jardinería como el cortacésped que originó el accidente de trabajo. Resultando por tanto probado que entre las funciones del trabajador se comprendía el mantenimiento de maquinaria utilizada para las labores de jardinería, también resulta acreditado que la labor que estaba realizando al momento del accidente la realizaba en base a órdenes e instrucciones de personal de la empresa contratista. Así resulta de los datos objetivos recogidos en el acta de infracción y de la declaración del testigo de la mercantil Cycle, Martin, que a fecha del accidente era el supervisor de los servicios de mantenimiento y jardinería del campo de golf de la base aérea, que reconoce que no era él sino personal de la base el que daba diariamente las instrucciones a sus trabajadores, pues él solo visitaba la base dos veces por semana para entrevistarse con el responsable de mantenimiento del campo de golf en la base, entendiendo que el elevador y plataforma utilizada al momento del accidente era usado habitualmente por el trabajador y tenía formación para ello (manifestación contraria a las afirmaciones que realiza la empresa en la demanda).

Por tanto ninguna prueba se aporta por la empresa de las afirmaciones realizadas en la demanda y referidas a una actuación temeraria del trabajador en la prestación de sus servicios, al llevar a cabo el mantenimiento y reparación de una máquina de cortacésped, en tanto que lo que resulta meridianamente claro tanto de los datos objetivos del acta de infracción como de la propia prueba aportada por la empresa es que tales labores de mantenimiento se comprendían dentro de las funciones del trabajador en la base aérea de Torrejón y que el trabajador recibió órdenes e instrucciones para su realización por personal de la base aérea, como era habitual en la realización de sus servicios, dado que el empresa demandante no ejercía efectivamente labores directivas ni organizativas sobre su personal como resulta de la declaración testifical de Sr. Martin.

QUINTO.- Excluida la imprudencia temeraria del trabajador resulta totalmente acreditado el incumplimiento por la empresa demandada de la normativa en materia de prevención de riesgos en relación de causalidad con el accidente sufrido por David.

Así específicamente de lo dispuesto en art. 9 del RD 171/2004 de 30 de enero, en tanto que existe una ausencia total de coordinación de las actividades preventivas entre el empresario titular del centro de trabajo (en este caso el Ministerio de Defensa) y la empresa demandante pues no consta que el servicio de prevención de la base de Torrejón, como titular del centro al pertenecer al Ministerio de Defensa, trasladara a CYCLE la evaluación de riesgos del centro de trabajo ni que CYCLE previamente lo solicitara, así como las medidas de prevención y de emergencia que sean necesarias de cumplir, para su traslado a los trabajadores que trabajen en dicho centro. El accidentado, por tanto, desconocía los riesgos específicos de su puesto de trabajo y concretamente los referidos al conjunto elevador más plataforma en el que sucedió el AT, y con ello desconocía igualmente las medidas preventivas para evitarlos.

Pero además concurre incumplimiento de lo dispuesto en anexo I 1.3 y 1.4 del RD 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo en relación con art. 3 del mismo texto legal, en tanto que de la investigación del accidente realizada por la ITSS de la Comunidad de Madrid resulta que el elevador sobre el cual se subió la máquina cortacésped se le había añadido una plataforma que el fabricante no contemplaba, siendo su uso distinto de aquel para el cual fue diseñado y construido por el propio fabricante, dando lugar a situación de riesgo no prevista siendo el vuelco derivado de la colocación inestable de la plataforma sobre el elevador.

En consecuencia los incumplimientos de la empresa en materia de coordinación de actividades empresariales, en materia de adecuada evaluación de riesgos, de formación e información al trabajador accidentado de riesgos derivados del mantenimiento de maquinaria utilizada, y en materia de adecuación de los equipos de trabajo a las labores que con ellos se debía realizar, se halla en evidente relación de causalidad con el accidente sufrido por el trabajador sobre el cual se venció la maquinaria que estaba reparando al inestabilizarse el equipo de trabajo que estaba utilizando y sobre el que se subió el cortacésped.

Acreditado el incumplimiento empresarial y el daño se constata igualmente la relación de causalidad entre los mismos que permiten confirmar la imposición a la mercantil del recargo por incumplimiento empresarial en la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo, procede la desestimación íntegra de la demanda.

Vistos los preceptos citados y demás de general observan cia.