Sentencia Social 86/2023 Juzgado de lo Social de Palma nº 5, Rec. 22/2022 de 21 de abril del 2023

PRIMERO. El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración de la prueba documental aportada por las partes, así como del interrogatorio de la empresa demandada practicado en la persona de D. Roque y las declaraciones testificales prestadas por Dña. Santiaga y D. Samuel. En relación con la documentación aportada por la parte actora junto con el escrito de demanda cabe decir que se han aportado las transcripciones de unas conversaciones que a través de la aplicación de mensajería Whatsapp habría mantenido el actor con una persona de nombre " Samuel" y con otra de nombre " Vanesa". Dichos documentos no fueron reconocidos y ratificados en acto de juicio a través de prueba testifical por dichas personas y ello a pesar de que quien pudiera ser " Samuel" - D. Samuel- si prestó declaración a instancia de la parte demandante sin que se solicitara la exhibición de dichos documentos. Se desconoce quien pudiera ser " Vanesa", pero, en el caso de que se tratara de Dña. Santiaga, ésta también prestó declaración en juicio a instancia de la parte demandante y tampoco se solicitó la exhibición de los documentos. Por lo tanto, no cabe otorgar a éstos eficacia probatoria. Por lo que respecta a los documentos que se acompañaron junto con el escrito de demanda como documento 7 y que constan en el acontecimiento 9, debe decirse que no consta probado que los mismos fueran recibidos por la empresa demandada pues en ello no consta sello, o firma de la persona que, según el actor, los habría recibido. Únicamente consta estampado en ello una rúbrica que, cabe deducir, constituye la firma del actor. Exhibidos dichos documentos al representante legal de la empresa, negó tener conocimiento de ellos. En la demanda se refiere que el actor habría entregado dichos documentos a la "Sra. Vanesa" perteneciente al departamento de contabilidad de la empresa con la que el actor se habría reunido el 12 de agosto de 2021. Si dicha persona es Dña. Santiaga, quien refirió dedicarse a la comunicación entre la empresa demandada y sus clientes, ésta negó tener conocimiento de quejas formuladas por el actor, siendo que no se solicitó la exhibición a la testigo de dichos documentos.

Por lo que respecta al hecho probado primero, la categoría profesional del actor resulta del contrato de trabajo aportado por el actor. En cuanto al salario percibido por el actor resulta del documento de liquidación y finiquito entregado por la empresa al trabajador y que recoge todas las percepciones salariales de éste en el mes de septiembre de 2021, habiéndose excluido a la hora de fijar el importe del salario la cantidad correspondiente a un concepto no salarial como es el kilometraje. Debe decirse que los conceptos que se recogen en el documento de liquidación y finiquito se reflejan también en la nómina correspondiente al mes de junio de 2021 que aportó el actor junto con la demanda, siendo que la empresa no aportó nómina alguna del trabajador demandante. Los hechos probados segundo y tercero resultan de la documentación aportada con la demanda. El hecho probado cuarto resulta del informe de vida laboral aportado por el actor no habiendo sido discutido que el demandante cesó el 30 de septiembre de 2021. Los hechos probados quinto y sexto resultan de la documentación aportada por el actor y de la declaración en juicio de este, quien manifestó haber percibido el importe de la liquidación del contrato. Los hechos probados séptimo y octavo resultan de la documentación aportada junto con la demanda.

SEGUNDO. Impugna la parte demandante el despido por causas objetivas llevado a cabo por la empresa demandada con efectos de 30 de septiembre de 2021 peticionando con carácter principal la declaración de nulidad del acto extintivo por entender que el despido obedeció a una represalia empresarial frente al trabajador como consecuencia de las reclamaciones que este había efectuado interesando el pago de horas extras, cambio de horarios, pago de una baja laboral previa, kilometraje así como por su intención de solicitar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Sostiene la parte actora que el trabajador formuló tales peticiones en agosto de 2021 y que la empresa le sometió a un acoso laboral hasta su despido. La empresa demandada opuso frente a la acción de despido la caducidad de la acción.

A la vista de las fechas en la cual produjo efectos el despido, se interpuso la papeleta de conciliación ante el TAMIB, tuvo lugar la celebración del acto conciliatorio y, finalmente, fue presentada la demanda origen de los presentes autos, estima el Juzgador que debe apreciarse la caducidad de la acción de despido. El Art. 59.3 ET establece que el ejercicio de la acción contra el despido o la resolución de contratos temporales caducará a los 20 días siguientes de aquel en que se hubiera producido y añade "lo días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos".

El Art. 103.1 LRJS reitera la previsión estatutaria al establecer que el trabajador podrá reclamar contra el despido dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido, siendo dicho plazo de caducidad a todos los efectos y excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos de la sede del órgano jurisdiccional. Debe observarse que el plazo de caducidad de la acción de despido ha permanecido inalterado a través de las sucesivas redacciones del Estatuto de los Trabajadores y de evolución de la legislación procesal. Debe traerse a colación a los efectos que nos ocupan la doctrina jurisprudencial vigente a efectos del cómputo del plazo de caducidad de la acción de despido durante la aplicación de la Ley de Procedimiento Laboral, doctrina que no ha cambiado y que se ha visto reflejada en la redacción de la Ley de la Jurisdicción Social. El cómputo del plazo de caducidad se inicia al día siguiente de aquel en que conforme a la comunicación extintiva entregada por el empresario el despido produce sus efectos, si bien en este caso la demanda se puede interponer con anterioridad a la efectividad del despido. Si la fecha de comunicación del despido al trabajador es posterior a la fecha del cese indicado en la comunicación extintiva, prima a efectos del cómputo de la acción la fecha en la cual el trabajador recibe la carta de despido. Constituye causa legal de suspensión del plazo la presentación de papeleta de conciliación ante el organismo público competente, teniendo el acto suspensivo el efecto de abrir un paréntesis en el cómputo del plazo de caducidad, pero el plazo transcurrido antes de la suspensión se entiende ya consumido no reanudándose nuevamente el cómputo del plazo tras la fecha de la interrupción ( STS 14-4-98). Para el cómputo de del plazo de 20 días se descuentan los días festivos, el día de recepción de la carta o de la efectividad del despido, el día de presentación y celebración de la conciliación reanudándose al día siguiente de celebrado el acto de conciliación o bien transcurridos quince días sin efectuarse, desarrollándose el cómputo hasta el día inmediato anterior a la presentación de la demanda ante el Juzgado de lo Social ( STS 17-12-96, y 21-7-97). Deben ser excluidos del cómputo del plazo, además de los domingos y festivos, los sábados, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 182.1 LOPJ. Y ello por cuanto, sin entrar en la antigua polémica respecto a la naturaleza sustantiva o procesal del plazo de caducidad de la acción de despido, la única manera de que el trabajador pueda combatir dicho plazo es realizando los actos que impiden que pueda culminarse. Si el precepto citado impide al trabajador la presentación de la demanda de despido en sábado, de incluir los sábados dentro del cómputo, se produciría una minoración efectiva del plazo legal establecido para accionar. Actualmente la redacción del Art. 103.1 LRJS recoge ya dicha exclusión. Finalmente, deben ser excluidos del cómputo del plazo de caducidad de la acción los días 24 y 31 de diciembre, pues tienen la consideración de inhábiles.

En el caso que nos ocupa, el actor fue despedido con efectos de 30 de septiembre de 2021. A la fecha en la que presentó la papeleta de conciliación, el 29 de octubre de 2021, habían transcurrido ya 19 días del plazo establecido en los Art. 59.3 ET y 103.1 LRJS. Celebrado el acto de conciliación el día 12 de noviembre de 2021, el cómputo del plazo de caducidad se reanudó el 15 de noviembre, lunes, concluyendo el día 16 de noviembre a las 15:00 horas. En la fecha en la que, según resulta de la documentación que se acompaña a la demanda, el actor presentó solicitud de designación de Letrado del Turno de Oficio, el 18 de noviembre de 2021, la acción de despido había ya caducado. La demanda finalmente no tuvo entrada en el Juzgado Decano hasta el 12 de enero de 2022.

En consecuencia, debe declararse la caducidad de la acción de despido no habiendo lugar a enjuiciar los hechos que dieron lugar al acto extintivo de la relación laboral que unió a las partes.

TERCERO. Acumula la parte actora en el escrito de demanda a la acción de despido y conforme admite el art. 26.3 LRJS una acción de reclamación de cantidad dirigida a obtener el cobro de la compensación económica por vacaciones no disfrutadas en el año 2021, así como el salario correspondiente a 6 días de octubre de 2021. Esta segunda pretensión debe ser rechazada de plano pues el actor cesó en su trabajo el 30 de septiembre de 2021, no devengando salario alguno a partir de dicha fecha. Por lo que respecta a la compensación por vacaciones no disfrutadas, la demanda afirma que el actor no disfrutó de ningún día de vacaciones en el año 2021, en tanto que la empresa sostuvo que disfrutó de 22 días de vacaciones, siendo que solo le correspondía disfrutar de 16,5 días y que abonó el importe correspondiente a 6 días de vacaciones no disfrutadas en el documento de liquidación y finiquito.

El Art. 22 del Convenio Colectivo del Trabajo en el Campo de las Illes Balears de aplicación a la relación laboral según se refleja en el contrato de trabajo estipula un periodo de vacaciones anuales retribuidas de 30 días naturales. Por lo tanto, el periodo de vacaciones anuales que a la fecha del despido correspondía al actor ascendía a 23 días. Dicho esto, no consta probado en que fechas el actor habría disfrutado de 22 días de vacaciones como sostuvo la parte demandada y sobre esta cuestión pesa sobre la empresa la carga de la prueba en aplicación de la regla prevista en el Art. 217.7 LEC, pues es la parte que con mayor facilidad puede acreditar un hecho positivo cual es el disfrute de vacaciones. Ningún medio de prueba se practicó en juicio con este fin, razón por la que debe considerarse probado que en el año 2021 el actor no disfrutó de periodo vacacional alguno y en consecuencia, debe reconocerse a éste el derecho a pervivir la compensación económica correspondiente.

En cuanto al importe de la compensación, atendido el salario percibido por el actor según resulta del documento de liquidación y finiquito y de la nómina correspondiente al mes de junio de 2021, ésta resultaría superior al importe solicitado en la demanda, razón por la que debe de partirse de esta última cantidad, pues de lo contrario se quebrantaría el principio de congruencia de las resoluciones judiciales. Del importe reclamado en la demanda debe deducirse el abonado por la empresa en la liquidación del contrato. El importe resultante asciende a 1.137,86 €, suma que se incrementará en el interés moratorio del 10% que establece el Art. 29.3 ET y que asciende a 113,78 €.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.