Sentencia Social 57/2024 Juzgado de lo Social de Mieres Único, Rec. 219/2023 de 23 de enero del 2024

PRIMERO.- La STSJ de Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 30 Jun. 2022, Rec. 980/2020 se delimitan los conceptos de pérdida sobrevenida de objeto y de reconocimiento extraprocesal de pretensiones. Este último supone que la Administración mientras el pleito avanzaba ha resuelto conceder en vía administrativa lo pedido. ( artículo 76 LJCA). Por su parte, la "pérdida de objeto" es una figura jurisprudencial que tiene anclaje en la aplicación supletoria de la regulación del artículo 22 la LEC, como explica la Sentencia del Tribunal Supremo de 03 de diciembre de 2013, rec. 2120/2011. La STS de 14 de marzo de 2011, rec. 511/2009, clarifica la diferencia entre la pérdida sobrevenida del objeto del proceso y la satisfacción extraprocesal de la pretensión en los siguientes términos: " En el artículo 76 de nuestra Ley Jurisdiccional se contempla como forma de terminación del proceso la denominada satisfacción extraprocesal, situación que se produce cuando la Administración demandada reconoce totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante. No es este el supuesto en el que nos encontramos, ni ha sido éste tampoco el precepto en el que Sala de instancia ha fundado su decisión. En realidad, aunque no se cite expresamente, la decisión se sustenta en el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece como forma de terminación del proceso, junto con la satisfacción extraprocesal, la carencia sobrevenida de objeto, es decir, cuando por razón de circunstancias sobrevenidas se pone de manifiesto que ha dejado de haber un interés legítimo que justifique la necesidad de obtener la tutela judicial pretendida. La pérdida sobrevenida de objeto del proceso se puede definir como aquella forma o modo de terminación del mismo que se fundamenta en la aparición de una realidad extraprocesal que priva o hace desaparecer el interés legítimo a obtener la tutela judicial pretendida. Es decir, se produce algún hecho o circunstancia que incide de forma relevante sobre la relación jurídica cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es necesario, en la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es susceptible de reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se justifica la existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a diferencia de lo que ocurre con la satisfacción extraprocesal de la pretensión de la parte actora, la razón de la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes y obedece a las estrictas razones de orden público que justifican la existencia misma del proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso carece de sentido.".

En el caso la Administración Local reconoce la pretensión deducida en demanda antes de juicio acordando la nulidad que ya había sido interesada en recurso administrativo de 20 de junio de 2022. Desaparece en consecuencia la acción que ya ha sido objeto de satisfacción procesal.

Respecto de la petición de condena por actuación contraria a la buena fe cabe recordar que el art. 75 de la LRJS contiene como deberes procesales de las partes, como el de "ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe " , describiendo alguno de los actos que vulneran tales reglas, entre otros, la " formulación de pretensiones temerarias " o los actos efectuados "con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho " o los que " persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones ". Por su parte el art. 97.3. dispone que la sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros.

Es reconocible en el caso de autos una actuación de la Entidad Local que no puede entenderse conforme a la buena fe. Dejando sin contestar el recurso de alzada del 20 de junio de 2022 contra su deber de resolver expresamente, obligó a la parte actora a interponer demanda en diciembre de ese año ante los juzgados de lo Contencioso de Oviedo. En providencia del Juzgado nº 4 de 2 de febrero de 2023, le fue concedido al Ayuntamiento plazo para hacer alegaciones sobre la competencia jurisdiccional, manteniendo silencio en tal trámite. El 16 de marzo de 2023 el Juzgado de lo Contencioso se estima incompetente, remitiendo a las partes a la jurisdicción social, obligando en consecuencia a la parte actora a interponer demanda ante este Juzgado. Se perpetúa el silencio municipal rigurosamente guardado en la vía administrativa, en la vía judicial primera no idónea y en esta litis forzada por el mismo, en la que únicamente hay eco de actuación procesal municipal en la petición de suspensión del primer señalamiento de 15 de noviembre, que se deniega; aunque se obtiene el mismo efecto por escrito de mutuo acuerdo, dando lugar al señalamiento del juicio celebrado el 17 de enero. Con estos antecedentes procesales es solo ya el 23 de noviembre de 2023, y sin que conste motivación de la inactividad previa, cuando el Ayuntamiento decide pronunciarse privando de objeto a un proceso de pendencia forzada por su injustificable silencio de año y medio, y hacerlo sobre un hecho simplísimo exento como tal de la necesidad de análisis o valoraciones, como era la omisión de la convocatoria de un sólo sindicato representativo, que recibe sin más, cuando el arbitrio de la Administración decide pronunciarse, la llana aplicación del régimen prevenido en el Estatuto Básico de Empleo Público a propósito del ámbito de negociación que no puede sustraerse a los referidos sujetos colectivos legitimados. Estas consideraciones obligan a concluir que la demandada no se ha desenvuelto conforme a las reglas de la buena fe en el proceso, considerándose adecuada la imposición de una multa de 800 €, debiendo incluirse los honorarios de Letrado con el límite de 600 €.