Sentencia Social 623/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3303/2022 de 29 de abril del 2024

PRIMERO. - La cuestión a decidir en el presente recurso de casación para la unificación de la doctrina consiste en determinar si procede reconocer la pensión de viudedad a la actora, víctima de violencia de género, cuando no consta acreditado el requisito de constitución de la pareja de hecho a que se refiere el inciso segundo del artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

La parte codemandada, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha formulado dicho recurso contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, el 12 de abril de 2022 en el recurso de suplicación núm. 1974/2021, que, estimando el interpuesto por la parte actora, reconoce el derecho de la demandante a la pension de viudedad, revocado la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria, de fecha 30 de junio de 2021, que había desestimado la demanda.

Según recoge la sentencia recurrida y en lo que ahora interesa, la actora, solicitó la prestación de viudedad el día 21 de octubre de 2019 por el fallecimiento de D. Virgilio, ocurrido el 27 de septiembre de 2019. La demandante y el causante mantuvieron una relación more uxorio, desde 1.999, fruto de la cual nació una hija el NUM000 de 2002, en Vitoria-Gasteiz. El causante estaba jubilado en la fecha de su fallecimiento. La actora se trasladó a Vitoria-Gasteiz con el causante en 1999, residiendo en régimen de alquiler en la DIRECCION000 de Vitoria, hasta el año 2009 (27 de marzo), en que se trasladaron a vivir a la DIRECCION001, permaneciendo empadronada la actora allí hasta el 28 de septiembre de 2017. Tras ello, se trasladaron, a la DIRECCION007 y, después, a la DIRECCION003, de la misma localidad, residiendo en dicho domicilio hasta el fallecimiento del causante. Allí sigue residiendo la actora en la actualidad. Consta informe de ingreso hospitalario no voluntario sin autorización judicial de la demandante en el Hospital de DIRECCION004, solicitado por el causante, quien alegaba alteración conductual de ésta, con una duración de dos días. Consta informe de asistencia médica por contusión craneal en octubre de 2017 en la Clínica DIRECCION005 de Vitoria. Consta informe médico de asistencia en servicio de urgencias del Hospital DIRECCION006 de Madrid, el 2/01/2017, por traumatismo facial por golpe con la puerta del coche, siendo el diagnóstico: "fractura de pared medial de órbita izquierda con herniación de la grasa extracorneal y neumo órbita". En el auto de apertura de juicio oral, de 21/11/2017, dictado en el procedimiento abreviado núm. 291/2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Vitoria-Gasteiz, se deja constancia de que "mantuvieron una relación sentimental de 17 años". Consta aportada "Credencial de Víctima Protegida", en virtud de la sentencia dictada en la causa núm. 464/2017, por el delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, por razón de la prohibición de aproximación a la demandante durante 15 días, a contar desde el 15 de junio de 2018. La actora reclamó del INSS la pensión de viudedad que le fue denegada en vía administrativa, por lo que interpuso demanda que fue desestimada por el Juzgado de lo Social por no reunir los requisitos del art. 221 de la LGSS. El magistrado de instancia descarta que se hubiera acreditado que la falta de inscripción formal como pareja de hecho lo fuera por imposición del causante, como sostuvo la actora. La sentencia fue recurrida en suplicación por la demandante.

La Sala de Suplicación estima el recurso y reconoce la pensión de viudedad a la actora y razona lo que sigue: "Nuestro criterio es entender que, siguiendo la misma doctrina de esa STS 14/10/2020, rcud 2753/2008, la voluntad legislativa no puede ser el exigir el registro en casos como el de la actora, pues si aceptamos que no se debe exigir el requisito de la convivencia en los últimos cinco años, tampoco debería exigirse a la actora el requisito del "registro" de la pareja de hecho al menos dos años antes del fallecimiento ex artículo 221.1, dado que la actora estaba siendo víctima de violencia de género precisamente en ese periodo. El requisito del registro es legalmente constitutivo de la situación de la pareja de hecho, pero para que sea exigible es presupuesto ineludible que se dé la posibilidad del cumplimiento, que en este caso entendemos no concurre, por la especial situación de la actora de haber sido víctima de violencia de género.

En este punto, se impone juzgar con perspectiva de género, que implica detectar si en un determinado conflicto jurídico está influyendo la existencia de un estereotipo de género y una vez constatado, erradicarlo de la aplicación o interpretación de la norma compensando el desequilibrio que haya podido ocasionar en el supuesto. Se trata de un mandato imperativo que se debe aplicar en la interpretación de las normas, y por tanto en este caso en la interpretación del artículo 221 TRLGSS, y se deduce especialmente de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 3/2007 de 22 marzo.

Por otro lado, es cierto que la actora podría haberse registrado como pareja de hecho hace años, cuando no consta fuera víctima de violencia de género, ya que mantiene convivencia more uxorio desde 1999, pero tampoco podría pensarse en exigir el requisito del registro formalizado en épocas pasadas pues ello haría a la actora de peor condición respecto de una mujer que no fuera víctima de violencia de género, por lo que estaríamos violentando la LO 12/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género; y una interpretación respetuosa con la perspectiva de género exigida por los artículos 4 y 15 de la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo conlleva interpretar que en este caso tampoco es exigible".

En el recurso de unificación de doctrina se formula el punto de contradicción expuesto anteriormente para el que se identifica como sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede Granada, el 12 de abril de 2018 (R. 2132/2017).

En este caso se abordaba de la solicitud de pensión de viudedad por mujer que en abril de 2005 interpuso denuncia ante la policía por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar contra el causante, al que se encontraba unida por una relación afectiva análoga a la matrimonial con convivencia de hecho, pero sin constar su constitución formal mediante su inscripción en registro público alguno, o el otorgamiento de escritura pública. El 28 de julio de 2014 recayó sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Granada que condenaba al causante a la pena de seis meses de prisión, sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad, con imposición también de la pena de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima por tiempo de dos años. La Sala territorial desestimó el recurso de suplicación formalizado por la actora acudiendo a la doctrina unificada de esta Sala Cuarta relativa a la necesidad ineludible de acreditar formalmente la constitución de la pareja de hecho mediante la inscripción en los correspondientes registros públicos, o a través del otorgamiento del oportuno documento público al afecto para causar el derecho que se persigue, no eludiendo la situación de violencia de género la necesidad de cumplimiento del mismo.

En relación a la existencia de contradicción, como ha señalado esta Sala de manera reiterada (por todas, STS 697/2023, de 3 de octubre, (rcud.57/2022), el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un TSJ o de la esta Sala. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales". Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

Razonado lo anterior y analizadas ambas sentencias, la Sala considera que concurre la necesaria contradicción, pues en ambos casos se trata de mujeres víctimas de violencia de género que convivieron con el causante en una relación more uxorio (como si fueran matrimonio), pero sin acreditar la inscripción formal como pareja de hecho. En nada incide el hecho de que, en el caso de la recurrida, la convivencia se alargara hasta el fallecimiento del causante y, en la referencial la convivencia cesara mucho antes, ya que el requisito de la convivencia no ha sido cuestionado en ninguna de las sentencias de comparación. La contradicción se produce porque mientras la recurrida considera que de igual modo que, en el caso de víctima de violencia de género, la convivencia no es exigible, no debería serlo la inscripción formal; en cambio, la de contraste concluye en la necesidad ineludible de acreditar formalmente la constitución como pareja de hecho de la forma que exige el art. 221.2 de la LGSS conforme a la doctrina de esta Sala Cuarta.

SEGUNDO. - En el motivo único de su recurso, la letrada de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del INSS ,alega la infracción, por inaplicación, del art. 221.2 de la LGSS, en relación a la sentencia de esta Sala 908/2020, de 14 de octubre (rcud. 2753/2018).

El art. 221.2 de la LGSS establece que: "2. A efectos de lo establecido en este artículo, se reconocerá como pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona ni constituida pareja de hecho, y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años, salvo que existan hijos en común, en cuyo caso solo deberán acreditar la constitución de la pareja de hecho de conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente.

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante".

En interpretación del citado precepto, incluida una perspectiva de género, dictamos sentencia 908/2020, de 14 de octubre (rcud. 2753/2018), en la que dijimos que: "si cumple todos los demás requisitos, la mujer que, por razón de violencia de género, no estaba ya unida ni convivía con el causante en el momento de su fallecimiento, tiene derecho a la pensión de viudedad de parejas de hecho".

En ella pusimos de manifiesto que, si bien la convivencia podía no existir, el resto de los requisitos debían cumplirse. La ausencia de convivencia en esos casos no podía ser un obstáculo infranqueable para que la mujer víctima de esa violencia pudiera acceder a la pensión de viudedad en una pareja de hecho, pues una cosa es que la norma exija la convivencia como requisito en esos casos y, otra, que se imponga también cuando haya habido violencia de género.

Pero, el resto de requisitos deben ser cumplidos, en concreto, la certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, así como que tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

En este caso, la actora acredita la convivencia con el causante en el momento de su fallecimiento acaecido el 27 de septiembre de 2019; de hecho, la misma se remonta al año 1999, a salvo de un período de quince días, a contar desde el 15 de junio de 2018, en el que existió una orden de alejamiento, de modo que no se cuestiona la existencia de esa convivencia durante no menos de cinco años de forma ininterrumpida, sino que lo cuestionado es si cumple o no con la acreditación formal de la existencia de la pareja de hecho mediante inscripción en alguno de los registros específicos existentes o bien mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, con al menos dos años de antelación al fallecimiento

En reciente sentencia, STS 262/2023, de 21 de diciembre (rcud 2234/2022), ratificamos la doctrina contenida en anteriores resoluciones, en concreto la STS núm. 697/2016, de 20 de julio (rcud 2988/2014) y la núm. 1042/2016, de 7 de diciembre (rcud 3765/2014) y, en especial las dictadas por el Pleno del TS el 22 de septiembre de 2014 (rcud 759/2012, 1098/2012, 1752/2012, 1958/2012, 1980/2012 y 2563/2012).

En ella, reiteramos de nuevo que, en esencia, el legislador (tanto en la redacción del art. 221.2 de la LGSS 8/2015 como en la redacción precedente del art. 174.3 LGSS 1/1994) establece "la exigencia de dos simultáneos requisitos para que el miembro supérstite de la "pareja de hecho" pueda obtener la pensión de viudedad: a) de un lado, la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años; y b) de otro la publicidad de la situación de convivencia more uxorio, imponiendo -con carácter constitutivo y antelación mínima de dos años al fallecimiento- la inscripción en el registro de parejas de hecho (en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia) o la constancia de su constitución como tal pareja en documento público.

La solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo, tal y como pudiera deducirse de la confusa redacción del precepto, sino que los dos mandatos legales van referidos a otras tantas exigencias diferentes: a) la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el mínimo de cinco años; y b) la formal - ad solemnitatem - de su verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y dotada de "análoga relación de afectividad a la conyugal", con dos años de antelación al hecho causante (en forma muy similar a la que se produce en el matrimonio)".

Continuamos explicando que así llegamos a la conclusión de que "la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas "de hecho" con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho "registradas" cuando menos dos años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las "parejas de derecho" y no a las genuinas "parejas de hecho".

Y también por ello sostuvimos que: "Aunque la acreditación de la convivencia puede realizarse por cualquier medio de prueba que tenga fuerza suficiente para procurar convicción al respecto, sin que necesariamente haya de serlo por el certificado de empadronamiento, la existencia de la pareja de hecho debe acreditarse en los concretos términos establecidos en la norma, no teniendo validez a esos efectos otro tipo de documentos, como la tarjeta sanitaria en la que la demandante figura como beneficiaria del causante, emitida por el INSS ( STS 1-6-16, rcud. 207/15); el certificado de empadronamiento ( STS 07-12-16. rcud. 3765/14); el Libro de Familia ( STS 03/05/11, rcud. 2170/10; 23/01/12, rcud. 1929/11, 23/02/16, rcud. 3271/14-); el testamento nombrando heredera a la persona con la que se convive ( STS 26-11-12, rcud. 4072/11); las disposiciones testamentarias de los convivientes en las que, además de legar una cuota del 30% de su herencia al otro, manifiestan que ambos convivían maritalmente ( STS 9-10-12, rcud. 3600/11); el certificado municipal de la reserva para la ceremonia nupcial ( STS 23-6-15, rcud. 2578/14 ; o la condición de beneficiaria del Plan Pensiones del causante ( STS 17-12-15, rcud. 2882/14)".

Por lo tanto, la doctrina de esta ha sido constante en el sentido de que el legislador exige dos requisitos diferentes, que han de concurrir de forma simultánea y que se concretan en la existencia de la pareja de hecho (requisito formal) y en la convivencia estable o notoria. (requisito material); así como que, la reglas de acreditación de uno y otro son diferentes y ello porque mientras la convivencia análoga a la conyugal se puede acreditar por múltiples medios de prueba, el requisito relativo a la existencia de la pareja de hecho (el formal), solo se puede acreditar mediante inscripción como tal pareja o bien mediante documento público en el que conste la constitución de la pareja, lo que refleja la voluntad de la ley de limitar la atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas.

Debe tenerse en cuenta también que la sentencia del TC 1/2021, de 25 de enero (rec. 1343/2018), interpretando la redacción del art. 173.4 de la LGSS 1/1994 recordó que: "es doctrina de este tribunal que la inscripción en el registro administrativo de parejas de hecho o la formalización mediante escritura pública es un requisito constitutivo de dicha situación jurídica ( SSTC 40/2014, de 11 de marzo; 45/2014, de 7 de abril, y 60/2014, de 5 de mayo) (...)" y que tal exigencia "no vulnera el art. 14 CE. Y la exigencia de la constitución formal, ad solemnitatem, de la pareja de hecho con la antelación mínima a la fecha del fallecimiento del causante de la pensión exigida en el párrafo cuarto del art. 174.3 LGSS no carece de una finalidad constitucionalmente legítima, porque busca atender a través de un medio idóneo, necesario y proporcionado, el compromiso de convivencia entre los miembros de una pareja de hecho, permitiendo al legislador identificar una concreta situación de necesidad merecedora de protección a través de la pensión de viudedad del sistema de seguridad social".

La Ley 21/2021, de 28 de diciembre modificó la redacción original del art. 221 de la LGSS 8/2015. En el primer párrafo del punto 2 añadió a la redacción anterior "salvo que existan hijos en común, en cuyo caso solo deberán acreditar la constitución de la pareja de hecho de conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente", de manera que el segundo párrafo, el relativo a la inscripción formal, se mantuvo intacto.

La misma reforma introdujo una DA 40ª a la LGSS por la que se reguló, con carácter excepcional y con efectos desde su entrada en vigor, el reconocimiento de la pensión de viudedad "cuando, habiéndose producido el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja de hecho con anterioridad a la misma, concurran las siguientes circunstancias: (...) b) Que el beneficiario pueda acreditar en el momento de fallecimiento del causante la existencia de pareja de hecho, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 221".

En definitiva, la aplicación de lo expuesto hasta ahora al supuesto enjuiciado obliga, por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, a mantener la doctrina de esta Sala IV, estimando el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS, teniendo en cuenta que la sentencia de contraste ha aplicado correctamente nuestra doctrina.

TERCERO. - Procede, pues, oído el Ministerio Fiscal, estimar el recurso del INSS y, en consecuencia, casar y anular la sentencia recurrida y, resolver el debate planteado en suplicación, desestimar el recurso de tal clase interpuesto por la demandante porque no es posible asumir el criterio de la sentencia recurrida, para exonerar a la parte actora del requisito de constitución formal de la pareja de hecho, rechazando el argumento del juzgador de instancia afirmando que la propia existencia de convivencia bajo la situación de violencia de género es la razón por la que existe falta de registro de la pareja, haciendo extensión de la doctrina de esta Sala, fijada para el requisito de convivencia durante, al menos, cinco años. Y ello porque, como se ha dejado indicado, nuestra doctrina, al eximir del requisito de convivencia en los casos en los que la misma se ha visto afectada por la situación de violencia de género, lo que ha precisado es que esa situación no libera del cumplimiento del resto de los exigidos, como es el de inscripción de la pareja de hecho o su constitución mediante el correspondiente documento público, que ha sido calificado como requisito constitutivo de la pareja de hecho y, por consiguiente, nuestra doctrina de exoneración de la convivencia no se ha extendido, en las circunstancias en las que lo ha apreciado, a la constitución de la pareja de hecho.

En el caso de la parte actora esa exigencia debía estar cumplida, en todo caso, dos años antes del fallecimiento, de forma que antes de septiembre de 2017 debía ya estar constituida la pareja de hecho. Y de ello es consciente la propia actora que tan solo alega en suplicación la imposibilidad de haber cumplido con dicho requisito cuando no consta que existiera la voluntad por parte de ambos, demandante y causante, de querer constituirse como pareja de hecho, ni, por ende, que por causas ajenas a sus respectivas voluntades, no pudieran haberse formalizado en algún momento como tal, antes de los dos años del hecho causante, producido en 2019. Por consiguiente, se debe desestimar el recurso de suplicación y confirmar la sentencia de instancia, que desestimó la demanda y absolvió al INSS y a la TGSS de las pretensiones en su contra deducidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 LRJS no procede efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.