Sentencia Social 455/2025 , Rec. 888/2020 de 30 de septiembre del 2025

PRIMERO:Los anteriores hechos probados resultan de la prueba documental, expediente administrativo y declaración del interesado según lo indicado en el relato fáctico y en los términos que más pormenorizadamente se indicará.

SEGUNDOEn atención al contenido de la demanda y la contestación la presente litis se ciñe a determinar si existió una actuación fraudulenta para el percibo del subsidio de desempleo para mayores de 55 años por el trabajador citado como interesado, provocando el trabajador y la empresa de común acuerdo un contrato fraudulento de obra y servicio para generar una situación desde la que poder lucrar el referido subsidio.

El trabajador citado como interesado señaló que no existió procedimiento judicial en relación con la devolución del subsidio que le fue reconocido. Indicó que se le reclamó en vía administrativa y que procedió a su devolución sin existir impugnación judicial por parte del mismo.

De conformidad con la STSJ de Galicia de 5 de marzo de 2018: "Es reiterada doctrina jurisprudencial, la que señala que la existencia del fraude de ley -al igual que la del abuso de derecho- no puede presumirse, y sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( SSTS 25/05/00 Ar. 4800). Cabe, incluso, inducirlo vía presunciones ( STS 24/02/03 Ar. 3018) y su elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma, lo que, por otra parte, dificulta la existencia de unificación de doctrina ( SSTS 11/10/91 Ar. 8659 ; y 05/12/91 Ar. 9041). Por otro lado, y en línea ciertamente compatible con la citada doctrina unificada, debe recordarse que es principio general del Derecho que el fraude nunca puede presumirse, sino que es precisa plena acreditación del mismo y ha de basarse su apreciación en cumplida prueba de los hechos que lo configuran, y ello -normalmente por vía de la presunción regulada en el artículo 386 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)".

El mismo sentido la STSJ de Galicia de 21 de abril de 2017 señala: "Como es sabido, el fraude de ley, proscrito por el artículo 6.4 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) , es un "conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico, que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma..." ( TS s. 31-5-2007 ), y dirigido a crear una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían ( TS s. 5-12-1991 ). El fraude de ley no se presume sino que es necesaria su prueba a cargo de quien lo invoca ( TS ss. 21-6-2004 , 14-3-2005 ), si bien las particulares circunstancias a que obedece, por estar íntimamente enlazado a la voluntad del autor, dificultan su apreciación a través de una prueba directa e inmediata, de modo que puede también reflejarse a través de datos indiciarios o presunciones, en cuyo caso debe existir un enlace preciso y directo entre el hecho demostrado y el que se trata de deducir ( TS ss. 25-5-2000 , 14-5-2008 ), lo que impone atender a las particularidades de cada supuesto.

La presunción de certeza inherente a las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se limita a hechos objetivos susceptibles de percepción directa por el inspector, inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditativos por medios de prueba consignados en la propia acta, al concretar las circunstancias del caso y los datos que sirvieron para su elaboración ( TS s. 24-6-91 ), de modo que desplaza la carga de la prueba al administrado, de suerte que es éste quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección ( TS s. 9-7-91 )".

TERCERO:En el presente caso, si bien es cierto que concurren indicios del posible fraude, cuales serían el hecho de que el trabajador no cumpliera los requisitos para poder acceder al subsidio por desempleo antes del último contrato, que tras ser denegado el subsidio por el SEPE acude el trabajador a solicitar trabajo a la empresa, que no existió prestación de servicios desde finales del 2015 hasta septiembre de 2016 y que este último contrato fue de corta duración, la parte demandante ha aportado contra indicios cuales son los siguientes:

A) En primer lugar, se ha acreditado la realidad de la prestación de servicios en virtud de las manifestaciones del propio interesado que así lo indicó y lo depuesto por la responsable de recursos humanos que declaró en la inspección de trabajo según consta en el acta e indicó que el señor Calixto estuvo arreglando persianas de la oficina. Por otra parte, el acta también demuestra el pago de salario, pues en la misma se señala que el Sr. Calixto acreditó el pago de las nóminas por transferencia con justificantes de la entidad bancaria.

B) La causa consignada en el contrato relativa a la reparación de persianas y otro mobiliario es compatible con que sea una necesidad de duración temporalmente limitada.

C) El trabajo desarrollado por el trabajador es acorde con su actividad anterior. De hecho, tuvo un negocio de cortinas y decoración como autónomo y había sido contratado en dos contratos anteriores por otra empresa del grupo para tareas parecidas de reparación de persianas, cortinas y material textil.

D) La duración de los otros dos contratos anteriores es por tiempo semejante al último.

E) No hay datos de que el contrato haya sido simulado, esto es, que no responda a una real prestación de servicios, pues de hecho no consta que haya sido anulada el alta en la seguridad social del trabajador demandado por ser considerada ficticia.

Siendo ello así, la discusión se centra en determinar si ante la posibilidad de que el contrato de trabajo que respondió a una necesidad real pues existió una efectiva prestación de servicios a cambio de un salario, dado que las partes se conocían previamente, pues de hecho el trabajador demandado había prestado servicios con anterioridad para otra empresa del grupo, que el trabajador fue el que tomó la iniciativa de pedirle empleo a la empresa y que la empresa decidió contratarle para el mantenimiento de persianas y otro mobiliario y teniendo en cuenta que el trabajador sin dicho contrato no cumplía los requisitos para poder acceder a la prestación de desempleo, pueden todas esas circunstancias llevar a considerar que demuestran una connivencia fraudulenta de suscripción del contrato de trabajo para la obtención por el trabajador del subsidio de desempleo.

Y la conclusión tras la práctica de la prueba, habida cuenta que se acreditaron los elementos esenciales del contrato de trabajo, esto es, la concurrencia de una necesidad de prestación de servicios en la empresa; en segundo lugar la efectiva prestación de servicios y en tercer lugar el abono del salario, partiendo de ello resulta difícil concluir que haya prueba cumplida, aún cuando sea por indicios, de que la única finalidad al suscribir el contrato buscado por las partes fue que el trabajador lucrara el subsidio de desempleo, por más que la contratación permitió que se le reconociera el derecho al mismo.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el trabajador demandado tiene dilatada trayectoria de empleo, como autónomo o por cuenta ajena y además en el concreto sector para el que fue contratado. Todo lo cual también evidencia una voluntad del trabajador demandado de querer incorporarse y mantenerse en el mercado de trabajo y no meramente de prestar servicios de forma puntual para lucrar una concreta prestación.

Sobre la apreciación de la existencia de indicios de fraude establece la STSJ de Galicia de 25 de abril de 2016 señala: "En definitiva, los hechos relatados en la resolución de instancia no resultan suficientes para inferir con seguridad razonable que la contratación del actor no tuvo otro propósito que proporcionar ilícitamente al trabajador cobertura para acceder al disfrute de la protección por jubilación, sin que existan elementos probatorios suficientes que demuestren que ambas partes contratantes no dieran realidad a sus cometidos obligacionales, sino todo lo contrario, no pudiendo ubicarse el supuesto fáctico litigioso dentro de la normativa que se estima como infringida, por lo que no podrá asignársele el calificativo de fraudulento, y al haberlo apreciado así el juzgador de instancia, su resolución no es merecedora del reproche jurídico a que el recurso se contrae, debiendo proceder, por tanto, con desestimación de éste, a confirmar la sentencia recurrida".

En el presente caso, valorando los indicios y contraindicios expuestos, dado que existió una causa de la contratación pues hay datos de la efectiva prestación de servicios y asimismo datos que orientan al efectivo cumplimiento por ambas partes de sus correspondientes contenidos obligaciones del contrato, esto es, prestación de servicios y abono del salario, no se puede concluir que la única finalidad del contrato celebrado fuera colocar al trabajador en la situación de poder lucrar el subsidio de desempleo por lo que la demanda debe estimarse y revocar la resolución que impone la sanción, condenando a la administración demandada a estar y pasar por esta resolución con todas las consecuencias inherentes a dicho pronunciamiento.

De conformidad con la STS de 22 de febrero de 2023, partiendo de que la sanción impugnada versa sobre el posible incumplimiento por la empresa de sus obligaciones en materia de seguridad social y dado que de hecho no se limita a la sanción económica sino que se extiende a declarar su responsabilidad solidaria en el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador, teniendo en cuenta que el importe de la sanción supera los 3000 euros, la presente sentencia es susceptible de recurso de suplicación.