Sentencia Social 260/2022 Juzgado de lo Social de Palma nº 1, Rec. 764/2021 de 05 de julio del 2022

PRIMERO.- Los hechos anteriormente declarados probados resultan de la documental aportada por las partes, salvo el Hecho cuarto, al no haberse acreditado por la empresa codemandada el pago de las cantidades reclamadas, como a continuación se expondrá.

SEGUNDO.- Primeramente, antes de entrar sobre el fondo de la acción de despido ejercitada por la parte actora en la presente demanda, ha de abordarse de la excepción de caducidad de la acción que fue opuesta por la representación de la parte demandada.

Así, debe recordarse que, como es sabido, el artículo 103 de la LRJS establece que "el trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido", añadiendo que "dicho plazo será de caducidad a todos los efectos (...)"; si bien, como indica el apartado tercero del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, este plazo de caducidad "quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente".

En relación con esta cuestión, debe indicarse que el cómputo de este plazo de veinte días se inicia al día siguiente de aquel en que el empresario decide prescindir del trabajador y se lo hace saber, si bien la demanda se puede interponer con anterioridad a la efectividad del despido comunicado previamente, aunque se comunique por escrito con posterioridad, correspondiendo a la empresa cuando alegue la caducidad de la acción la prueba de los hechos determinantes del inicio y el término del plazo ( sentencia de 30 de diciembre de 1982); teniendo en cuenta que, como se ha indicado, constituye causa legal de suspensión del plazo la presentación de papeleta de conciliación ante el organismo público competente, si bien dicho acto produce como efecto la apertura de un paréntesis en el cómputo del plazo de caducidad, entendiéndose ya consumido el plazo transcurrido antes de la suspensión, y no reiniciándose nuevamente el cómputo del plazo tras la fecha de la interrupción ( sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 1998). Por otro lado, en dicho cómputo han de descontarse los días festivos de la localidad del Juzgado de lo Social ante el que se ejerce la acción, pero no los del domicilio del demandante ( sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2005); el día de la recepción de la carta o efectividad del despido, según los casos; el día de la presentación y celebración del acto de conciliación y el de la presentación de la demanda, así como los sábados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2006); habiéndose admitido la posibilidad de hacer uso de la facultad que permite el artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de presentación de la demanda hasta las 15:00 horas del día siguiente al de finalización del plazo ( sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2005). Por tanto, el cómputo del plazo comienza al día siguiente a aquel en que el despido se hace efectivo por cesación real del trabajo, se suspende el mismo día de la presentación de la conciliación o reclamación previa, se reanuda al día siguiente de celebrarse la conciliación (o transcurridos 15 días sin efectuarse), o de la notificación de la resolución o del transcurso del plazo en que debe entenderse desestimada, hasta el día inmediato anterior a la presentación de la demanda en el Juzgado de lo Social; manifestándose por la sentencia de 21 de julio de 1997 que "se viene admitiendo sin cuestionarlo que los días anteriores a la presentación de la papeleta son también computables a efectos del plazo de caducidad (...)", de donde ha de extraerse la consecuencia antes apuntada de que se suspende el plazo el mismo día de la presentación de la papeleta de conciliación, pero sin que dicho día compute, como tampoco lo hace el día de la presentación de la demanda ante el Juzgado de lo Social.

En el presente supuesto, por la parte actora se acciona frente a la decisión extintiva operada el 25 de diciembre de 2020. Ahora bien, se alega por la parte actora en su escrito de demanda que el actor, que se encontraba en ERTE, tuvo conocimiento de la baja en la Seguridad Social una vez consultada su vida laboral el 5 de julio de 2021. Siendo esto así, habiendo tenido conocimiento el actor de su cese el 5 de julio de 2021, a la fecha de presentación de la papeleta de conciliación el 30 de julio de 2021 habían transcurrido 18 días (una vez descontados los fines de semana por ser inhábiles, así como el día inicial y el de presentación de la papeleta); y, habiéndose celebrado el acto de conciliación ante el TAMIB el 13 de agosto, el mismo día se presentó una inicial demanda ante el Decanato de los Juzgados de esta ciudad, la cual, por motivos que se desconocen, pero en todo caso que no pueden ser imputables a la parte actora, fue rechazada el mismo día, presentándose una nueva demanda el día 25 de agosto. Por tanto, considerando la fecha inicial de presentación de la demanda el 13 de agosto, dado que, como se ha señalado, los posibles fallos en el sistema Lexnet no pueden ir en detrimento de los derechos de las partes, ha de entenderse que la demanda se presentó dentro del plazo de 20 días previsto legalmente. Debe añadirse que, aun en el supuesto de que se considerara que el actor tuvo conocimiento de su baja con anterioridad a la fecha de impresión del informe de vida laboral el 5 de julio de 2021, habiendo tenido constancia de este hecho desde el 2 de julio de 2021, fecha que figura en la impresión de la conversación mantenida a través del servicio de mensajería instantánea que fue aportada por la parte demandada como Documento 8, la papeleta de conciliación se habría presentado en el día 19º del cómputo, por lo que, celebrado el acto de conciliación el día 13 de agosto y presentada la inicial demanda en esa misma fecha, la demanda se encontraría igualmente dentro del plazo de 20 días de caducidad de la acción de despido.

TERCERO.- Dispone el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, bajo la rúbrica de "extinción del contrato" que el contrato se extinguirá: a) Por mutuo acuerdo de las partes. b) Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario. c) Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato (...). d) Por dimisión del trabajador (...). e) Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta del trabajador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2. f) Por jubilación del trabajador. g) Por muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante (...). h) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo siempre que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 51 de esta Ley . i) Por despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (...). j) Por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario. k) Por despido del trabajador. l) Por causas objetivas legalmente procedentes. m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género .

En el caso que es objeto de la presente resolución, habiendo resultado acreditada la existencia de la relación laboral mediante la documental aportada por la parte actora, y habiendo causado baja en el sistema de Seguridad Social por cuenta del empresario demandado en fecha 25 de diciembre de 2020, por la parte demandada no se ha acreditado la procedencia de la decisión extintiva, tal y como le incumbía de conformidad con lo establecido en el artículo 105.1 de la LRJS. Por ello, la decisión unilateral de extinción del contrato de trabajo injustificada ha de ser calificada como de despido improcedente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.4 ET y 110 LRJS; y ello, sin que se haya acreditado adecuadamente por la parte demandada la situación de excedencia voluntaria del actor que se alegaba, dado que el documento de supuesta solicitud de excedencia que fue aportado por la parte demandada el día del juicio como Documento 4 no aparece suscrito por el actor, tratándose de un mero documento mecanografiado que no contiene rúbrica alguna y no siendo reconocido por la parte actora.

Por ello, procede dictar sentencia en los términos solicitados en la demanda, declarando la improcedencia del despido efectuado en fecha 25 de diciembre de 2020, fecha de la baja del actor en el sistema de Seguridad Social, con las consecuencias previstas en el artículo 56 del mismo cuerpo vigente en la fecha del despido, esto es, "cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. 2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación". Y así, el importe de la indemnización que corresponde al actor por la improcedente extinción contractual asciende a la suma de 1.810'22 euros.

CUARTO.- Por lo que se refiere a la acción acumuladamente ejercitada de reclamación de cantidad, debe recordarse que el artículo 4, apartado segundo, del Estatuto de los Trabajadores, dentro de la regulación de los "Derechos laborales" dispone que en la relación de trabajo, los trabajadores tiene derecho, en su apartado f), "a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida"; percepción salarial ésta que constituye la contraprestación fundamental que corresponde al empleador en el seno del contrato de trabajo por los servicios del trabajador, y que integra, de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 26 del mismo cuerpo legal, "la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo", sin que puedan conceptuarse como tal salario, según aclara el apartado segundo de este mismo artículo, "las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos".

En el caso que es objeto de la presente resolución, habiendo resultado acreditada la existencia de la relación laboral, no se ha acreditado por la parte demandada el posible pago de las cantidades reclamadas, como fácilmente podría haber hecho, y tal y como le incumbía de conformidad con las reglas de la carga de la prueba artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo apartado segundo prevé que "corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención", mientras que, por su parte, el apartado tercero de este mismo precepto dispone que "incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior"; por lo que, siendo esto así, procede dictar sentencia en los términos solicitados en la demanda, tal y como fueron concretados el día del juicio, condenando a la parte demandada al abono de la suma de 467'88 euros.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Convenio Colectivo de Hostelería de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y habiéndose estimado la demanda planteada por la parte actora, procede la condena a la parte demandada al pago de una indemnización por mora equivalente a un interés anual del 30% de la cantidad reclamada desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación y hasta la fecha de la presente resolución, por importe de 131'14 euros.

Por todo lo expuesto,