Sentencia Social 3843/2024 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 346/2023 de 06 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Delimitación del recurso.

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de A Coruña, aclarada por auto, desestimó la demanda en la que el actor suplicaba "se declare el derecho del trabajador al abono de las cantidades adeudadas según el Convenio Colectivo aplicable y el reconocimiento del carácter de indefinido del contrato celebrado", y frente a la misma recurre en suplicación el demandante, desde la doble perspectiva que autorizan los apartados b) y c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -LRJS-, esto es, en el ámbito de la revisión de los hechos probados y en el campo de la censura jurídica, suplicando la revocación de la sentencia y el reconocimiento de (1) la aplicación del X Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado a la empresa demandada; (2) el carácter indefinido de la relación laboral que les unía a ambas partes por estar celebrado en fraude de ley el contrato de obra o servicio firmado en fecha 20.09.2021, y (3) el abono de las diferencias salariales derivadas de la aplicación incorrecta del convenio colectivo, que ascienden a 2.832,64 euros, según desglose realizado en sala por la letrada de la parte demandante.

La empresa demandada ha impugnado el recurso, suplicando su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia, aclarada por auto.

SEGUNDO.- Configuración general del recurso de suplicación.

Con carácter preliminar, conviene recordar que la suplicación se configura como un recurso de naturaleza extraordinaria, cuasi casacional, de objeto limitado, en el que el tribunal ad quemno puede valorar ex novotoda la prueba practicada ni revisar de oficio el Derecho aplicable. A diferencia de lo que ocurre en la apelación civil, recurso de carácter ordinario, no existe en el proceso laboral una doble instancia que permita traer la cuestión objeto de la resolución impugnada al pleno conocimiento de un órgano superior, puesto que los Juzgados de lo Social conocen en única instancia ( artículo 6 de la LRJS) de todos los procesos atribuidos al orden social de la jurisdicción, salvo de los procesos atribuidos en única instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( artículos 7, 8 y 9 de la LRJS, respectivamente) lo que, por otra parte, es plenamente acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, toda vez que la doble instancia, salvo en el orden penal, no forma parte necesariamente del contenido del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por lo que el sistema de recursos es de configuración legal, pudiendo el legislador determinar los supuestos en que cada uno de ellos procede y los requisitos que han de cumplirse en su formalización ( STC 160/1993, de 17 de mayo).

En definitiva, en la jurisdicción social se está en presencia de un proceso de instancia única, tal y como se desprende de los artículos 6, 97.2 y 193 de la LRJS, siendo el juez a quo soberano en la valoración de la prueba practicada ante su presencia, tratándose el recurso de suplicación de un recurso extraordinario cuyo objeto es la revisión de la sentencia de instancia por los motivos tasados en la ley, no de una apelación o segunda instancia cuyo objeto es todo el litigio que se vio en la primera instancia y en que la Sala puede revisar toda la prueba.

Como recuerda la STS/IV de 24.01.2023, rcud. 3851/2019, la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación -cuasi casacional y de objeto limitado- fue prontamente afirmada por la jurisprudencia en razón a su configuración legal, expresamente reconocida en la exposición de motivos de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 12 de enero de 1989, en su propia regulación y en las normas comunes a los recursos de casación y suplicación. En la STS/IV de 06.04.2022, rcud 1370/2020, se hace referencia a ese reconocimiento por el Tribunal Supremo desde la Sentencia de 26.01.1961 y por el Tribunal Constitucional, entre otras, en Sentencias 3/83, de 25 de enero, 17/86, de 13 de octubre, y 79/85, de 3 de julio.

La doctrina constitucional, en pronunciamientos posteriores, reitera el alcance limitado del recurso especial de suplicación, "en el que los términos del debate vienen fijados por el escrito de interposición del recurrente y la impugnación que del mismo haga, en su caso, el recurrido ( SSTC 18/1993, de 18 de enero, FJ 3; 218/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; 83/2004, de 10 de mayo, FJ 4, y 205/2007, de 24 de septiembre, FJ 6) ..." ( STC 169/2013, de 7 de octubre).

Y precisamente atendiendo a ese carácter extraordinario y cuasi casacional entiende justificado el diseño legislativo de los requisitos procesales, aunque advirtiendo también, como dijo la STC 18/1993, "desde la perspectiva constitucional, en último extremo lo relevante 'no es la 'forma' o 'técnica' del escrito de recurso, sino su contenido, esto es, que de forma suficientemente precisa exponga los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser tenidos por correctos ... desde esta perspectiva, resulta obligado concluir que el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinarias del recurso, no debe rechazar a limine el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte" ( STC 105/2008, de 15 de septiembre).

En este orden de ideas, el artículo 193 de la LRJS establece que el recurso de suplicación tendrá por objeto: a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión. b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, y c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, siendo así, continúa el artículo 196.2, que en el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos.

TERCERO.- Revisión de hechos probados.

Se formaliza un primer motivo por el cauce del artículo 193 b) de la LRJS, manifestando el recurrente su discrepancia con el relato de hechos probados.

De conformidad con lo establecido en el anterior precepto, en relación con el art. 196.3 y su desarrollo jurisprudencial (así, STS/IV, Pleno, de 22.02.2022, rec. 232/2021, respecto a la revisión fáctica en casación, con doctrina plenamente aplicable al recurso de suplicación):

a) El recurrente debe expresar si pretende la modificación, supresión o adición de hechos. En los dos primeros casos, debe señalar concretamente qué apartado o apartados de la relación fáctica de la sentencia, quiere revisar, y en todos los casos debe manifestar en qué consiste el error, y ofrecer la redacción que se estime pertinente

b) Debe citar con precisión el documento o pericia, obrante en autos, en que se funde su alegación de error, no siendo admisible la remisión genérica a la prueba documental, ni menos la cita de otras pruebas de distinta naturaleza (interrogatorio de las partes, declaración de testigos, etc.) ni de actuaciones procesales (resoluciones, actos de comunicación, ni el acta del juicio, que no constituyen "documento" en el sentido de los art. 193.b y 196.3). Es rechazable, por ello, la mera alegación de que no hay prueba en autos que sustente la conclusión del juzgador.

c) El error debe apreciarse directamente y de modo evidente a partir del contenido manifiesto del documento o pericia, mostrando el recurrente esa conexión inmediata, pero sin necesidad de deducciones, razonamientos, interpretaciones o conjeturas del recurrente. Por ello, no es admisible el intento de valoración conjunta de todo o gran parte del material probatorio, ni la cita de documentos o pericias ya valorados por el juzgador, o contradichos por otras pruebas, pues ello implicaría la sustitución del criterio valorativo del órgano judicial por el del recurrente.

d) Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo, debiendo la parte razonar la influencia de la alegada equivocación judicial en el resultado decisorio del litigio.

e) Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo (por todas, S.TS. -4.ª-, Pleno, de 15.05.2021, rec. 68/2021, y las citadas en ella).

De esta forma, el Juzgador ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, salvo error patente, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( STS/IV de 18.11.1999, rec. 9/1999).

Tal y como argumenta la STS/IV, Pleno, de 23.07.2020, rec. 239/2018: "Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente".

1. Modificación del Hecho Probado Primero.

Solicita el recurrente la revisión y nuevo redactado del HP 1.º, proponiendo el siguiente tenor literal: "D. Roman, con DNI NUM000, prestó sus servicios retribuidos para la demandada, con categoría profesional de PROFESOR DE CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO, desde fecha 20/09/2021, para impartir clases para el curso 2021/2022", con lo que indica que pretende la supresión de la frase "teniendo dicha obra autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa", invocando el documento 3 del ramo de prueba de la demandada, es decir, el contrato de trabajo de 20.09.2021. Ha de indicarse que el referido HP 1.º contiene un segundo párrafo que no se incluye en la parte que el recurrente expresamente manifiesta pretender suprimir, con lo que ha de entenderse que la revisión que propone no afecta a este segundo párrafo.

A continuación, continúa con un extenso alegato sobre la existencia de fraude en la contratación, impropio del apartado de la revisión fáctica y atinente a la censura jurídica contemplada en el apartado c) del artículo 193 LRJS, en cuya sede, en cualquier caso, vuelve a reproducir esencialmente tales alegaciones.

Con independencia de que la expresión que se pretende suprimir aparece expresamente en el contrato de trabajo invocado, de forma ordinaria como mera cláusula genérica de estilo, se acoge la revisión, en cuanto no se incluye como mera reproducción del contenido del contrato sino como proposición descriptiva de la realidad, constituyendo un concepto jurídico, contenido en el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción vigente al tiempo de concertarse el contrato, y por tanto predeterminante del fallo, que se tiene por no puesta, con independencia del análisis que pueda proceder en la fundamentación jurídica.

2. Modificación del Hecho Probado Segundo.

Interesa el recurrente su revisión y nuevo redactado, con el siguiente tenor: "Que es de aplicación el Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado",invocando el documento 1 de su ramo de prueba y los documentos 5, 9, 10, 11 y 12 del de la demandada.

Al igual que en la revisión fáctica anterior, reitera la heterodoxa construcción del recurso extendiéndose en las razones jurídicas por las que entiende aplicable el convenio colectivo que indica, que también vuelve a exponer en el apartado de la censura jurídica.

No se acoge, el recurrente realiza una valoración puramente subjetiva de los documentos que cita, ya valorados por el juez de instancia, que considera probado en ese HP que el convenio colectivo que se viene aplicando es el que indica (dato con el que describe lo que sucede y por tanto puramente histórico), en tanto que la expresión que pretende introducir el recurrente, relativa a convenio que considera debe aplicarse constituye una conclusión jurídica predeterminante del fallo inadmisible. Se podrían tratar de incluir en la resultancia fáctica los elementos de hecho a partir de los cuales, en la argumentación jurídica, llegar a la conclusión de que resulta aplicable uno u otro convenio, pero no explicitar en el relato histórico directamente la conclusión jurídica.

CUARTO.- Infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

En el ámbito de la censura jurídica, el recurrente desarrolla el motivo del recurso en tres apartados, en que denuncia: (1) la infracción por vulneración y no aplicación de los artículos 2 y 9.3 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, 15.1.a) y 15.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, así como el artículo 17 del X Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, en cuanto a la correcta aplicación de los artículos citados, así como la jurisprudencia que los desarrolla, para concluir que la empresa no cumple con el requisito de especificar y concretar, con precisión y claridad, la obra o servicio causa de la temporalidad, que en realidad es la actividad habitual y ordinaria del centro educativo; (2) de los artículo 82.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 2 del IX Convenio Colectivo estatal de formación no reglada y el art. 2 del X Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, de cuyo análisis deriva que el convenio colectivo que debería aplicar la demandada a toda su plantilla es el Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado; y (3) de los artículos 96.1 y 97 de la LRJS, 216, 217, 218, 326.1 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 9.2 y 24.2 de la Constitución Española, en cuanto a la valoración de los medios de prueba practicados en el plenario y la incongruencia de la resolución dictada.

1. Incongruencia y valoración de la prueba.

Comenzando con el tercero de los apartados, en el que conecta la incongruencia a una incorrecta valoración de los medios de prueba al no haber tenido en cuenta todos los argumentos que esgrime en la demanda y en el acto de juicio y no haber tomado en consideración hechos y datos que la parte recurrente considera probados y relevantes para resolver la cuestión, ha de indicarse que con relación al deber de exhaustividad y congruencia de las sentencias que se deriva de los art. 24.1 y 120.1 CE, y es desarrollado en los arts. 218 de la LEC y 97.2 de la LRJS, es doctrina del Tribunal Constitucional la expresada en la STC 39/2003, de 27 de febrero, que razona: "(...) hemos establecido con reiteración la distinción entre dos tipos de incongruencia: de una parte, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio, que se producirá cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada de cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales ( SSTC 91/1995, de 19 de junio , 56/1996, de 15 de abril , 58/1996, de 15 de abril , 85/1996, de 21 de mayo , 26/1997, de 11 de febrero ). Y, de otra parte, la denominada incongruencia extra petitum, que se da cuando el pronunciamiento judicial recaiga sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción ( SSTC 154/1991, de 10 de julio ; 44/1993, de 8 de febrero, FJ 3 ; 172/1994, de 7 de junio ; 116/1995, de 17 de julio ; 60/1996, de 15 de abril ; 98/1996, de 10 de junio ; 17/2000, de 31 de enero, FJ 6.a ; y 135/2002, de 3 de junio , FJ 3, entre otras). Hemos dicho también que en algunas ocasiones ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidos, concurriendo la que, en ocasiones, se ha llamado incongruencia por error, denominación adoptada en la STC 28/1987, de 13 de febrero , y seguida por las SSTC 269/1993, de 13 de diciembre , 111/1997, de 3 de junio , y 136/1998, de 29 de junio , que define un supuesto en el que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que erróneamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta".

En el caso que nos ocupa de la mera lectura de la sentencia se desprende que da respuesta a las pretensiones que se ejercitan en la demanda, a partir de un relato de hechos probados que plasma la convicción del juzgador tras el examen de los medios de prueba efectuado en la forma que explicita, y ello con independencia de que el recurrente no esté de acuerdo ni con la valoración efectuada ni con las conclusiones jurídicas a las que llega, lo que no impide que la parte puede atacar tales extremos a través de los cauces de la revisión fáctica y de la censura jurídica en los términos que posibilita el recurso de suplicación, mas ello en absoluto supone que la sentencia haya incurrido en las infracciones de índole formal que se denuncian.

2. Regularidad de la relación laboral.

En cuanto a la naturaleza jurídica real de la relación laboral que unía a las partes, la Sala discrepa de la conclusión a la que se llega en la sentencia recurrida.

Los requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado, de acuerdo con su configuración normativa anterior a la reforma operada por el R.D. Ley 32/2021, aplicable a las presentes actuaciones, conforme a los artículos 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores (ET) y 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, que lo desarrollaba, han venido sistematizándose, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial (entre otras, SSTS/IV de 05.11.2000, 18.09.2001, 21.03.2002 y 23.09.2002), de la siguiente forma: a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; c) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; y d) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas, habiendo establecido el Tribunal Supremo la necesidad de que concurran conjuntamente todos requisitos enumerados, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho y ha considerado siempre decisivo que quedara acreditada la causa de la temporalidad y que el servicio tuviera autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa, y si bien el propio Alto Tribunal, en relación con la necesidad de expresar en el contrato "con precisión y claridad" la causa de temporalidad a la que las partes se acogen, ha señalado en sentencias, por todas las de 25.01.2011 y 07.06.2011, que tales preceptos no suponen una exigencia de forma "ad solemnitatem",por lo que es posible acreditar por otros medios de prueba la naturaleza temporal del contrato, ello puede tener acomodo en excepcionales supuestos.

En el caso que nos ocupa el contrato suscrito por las partes, para obra o servicio determinado, el 20.09.2021, lo fue para "la realización de obra o servicio IMPARTIR CLASES PARA EL CURSO 2021/2022" (HP 1.º y FJ 3.º, séptimo párrafo, con valor fáctico), entre el actor y la empleadora demandada, Araceli Barros Cao S.L., dedicada a la actividad de la enseñanza, siendo así que la mención a que dicha obra tenga autonomía y sustantividad propia dentro de la empresa, asimismo plasmada en el contrato (FJ 3.º, séptimo párrafo), proposición genérica que se incluye formulariamente en los modelos al uso de este tipo de contratos, no constituye cobertura habilitante de la temporalidad si no se ajusta a la realidad. En este sentido, la impartición de clases en el ámbito laboral de un colegio o centro de estudios no es determinante de que la actividad de la persona trabajadora se desarrolle en un espacio laboral con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, pues siendo ésta la labor de docencia o enseñanza, el quehacer del demandante no se sitúa al margen de dicha consideración, por lo que no se constata que concurra la autonomía y sustantividad de la actividad para la que fue contratado el actor, lo que determina que la causa de temporalidad consignada en el contrato no se compadecía con la realidad de la actividad laboral realizada en la empresa y, en consecuencia, la relación laboral ha de ser reputada como indefinida, conforme establece el artículo 15.3 ET, en su redacción vigente al tiempo de la suscripción del contrato. Con ello, procede acoger la censura jurídica del presente apartado.

3. Convenio Colectivo aplicable.

Sostiene el actor que resulta aplicable el X Convenio Colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, en lugar del IX Convenio Colectivo estatal de formación no reglada que ha venido aplicándose y que viene a acogerse en la sentencia recurrida.

El análisis de la cuestión que nos ocupa requeriría, en primer término, determinar si el presente supuesto de hecho se incardina en el ámbito funcional de uno u otro convenio, que delimitan sus respectivos artículos 2, reproducidos por el recurrente en su escrito de formalización. Empero, la ausencia de elementos fácticos en el relato histórico de la sentencia sobre el tipo de enseñanza impartida en el centro y por el propio actor, impide llegar a la conclusión del convenio aplicable sea el que pretende el recurrente, y no el que ha venido aplicando la empresa. Se reitera que nos hallamos ante un recurso de suplicación, de carácter extraordinario, en el que no es posible, como parecen pretender las partes, realizar un análisis de la prueba obrante en actuaciones sin limitación alguna, al modo de una apelación, más allá del cauce de la revisión de los hechos probados del artículo 193.b) LRJS, sin que se haya interesado tal revisión en relación a los elementos que, en su caso, permitirían incluir la relación laboral del actor en el ámbito del convenio colectivo que pretende el recurrente. No procede, por tanto, acoger este apartado de la censura jurídica, sin que sea necesario entrar en la regularidad o no de la pretensión formulada sobre el abono de las diferencias salariales que de ello pudieran derivar.

En consecuencia, procede estimar parcialmente el recurso de suplicación, en el único extremo relativo a la consideración del carácter indefinido de la relación laboral.

Por lo expuesto,

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,