Sentencia Social Nº 617/2004, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3034/2003 de 19 de Febrero de 2004

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA

Recurso nº.- 3034/03 -JJ

Autos nº.- 690/02

Ldo.- D. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA POR D. Marco Antonio

Ldo.- D. JOAQUIN MAJAN LOPEZ POR SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.

ILTMOS.SRES.

D. MIGUEL CORONADO DE BENITO

Dª. Mª ELENA DÍAZ ALONSO, PONENTE

Dª. Mª CARMEN PEREZ SIBON

En Sevilla, a 19 de febrero de 2004.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NUM. 617 /2.004

En el recurso de suplicación interpuesto por la representación procesal de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva, Autos nº 690/02; ha sido Ponente la Iltma. Sra. Dª. Mª ELENA DÍAZ ALONSO, Magistrada.

Antecedentes

PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por D. Marco Antonio contra SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., se celebró el juicio y se dictó sentencia, por el Juzgado de referencia, en la que se estimó parcialmente la demanda.

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

"1º.- D. Marco Antonio viene prestando servicios por cuenta de la empresa demandada, Securitas Seguridad España S.A., con antigüedad reconocida de 02-04-95 y categoría profesional de vigilante de seguridad.

2º.- El actor ha realizado fuera de su jornada de trabajo, sin compensación de ningún tipo ni de reducción de jornada ni económica, los siguientes cursos de formación:

- Curso de Reciclaje y Prevención de Riesgos Laborales, de 75 horas de duración total, organizado por la F.O.E., del 8 de abril al 8 de mayo de 2002.

3º.- En el año 2002 el actor percibía, según Convenio Colectivo, las siguientes retribuciones mensuales: 684,09 € en concepto de salario base, 28,66 € en concepto de antigüedad, 79,30 € en concepto de plus de transporte y 68,27 € de plus vestuario.

4º.- Por Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2002, sobre conflicto colectivo, se declara que las empresas de seguridad están obligadas a abonar a los trabajadores las horas empleadas en la formación permanente obligatoria fuera de la jornada y que no se compensen con reducciones de ésta en la forma prevista en el art. 13.7 del Acuerdo Nacional de Formación Continua; estableciéndose en el Fundamento Cuarto, in fine, de la referida resolución que la remisión que ha de entenderse realizada del art. 12.3 del Convenio Colectivo al art. 13.7 del Acuerdo Nacional de Formación lo es únicamente para la fijación del importe de la remuneración a cargo de las empresas, no para convertir la obligación empresarial de formación en un permiso, ni para establecer su financiación pública -financiación a la que se refiere el apartado segundo del repetido art. 13.7 y en la disposición final 2ª del tantas veces mencionado Acuerdo Nacional de Formación Continua-. El proceso de conflicto colectivo cuya Sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que fue objeto de casación, se inició por comunicaciones de 18 de abril y 12 de julio de 2000 de la Dirección General de Trabajo, habiéndose seguido el procedimiento a instancia de la Federación Estatal de Actividades Diversas de CC.OO, FES-UGT y USO, contra la APROSER, FES, ACAES y AMPES.

5º.- El 08-11-02 el demandante presentó papeleta de conciliación ante el CMAC, habiéndose señalado la celebración del acto el 21-12-02, si bien el mismo no pudo tener lugar por no constar la citación, en forma, de la empresa.

6º.- La cuestión debatida afecta a la totalidad de la plantilla de vigilantes de seguridad de la empresa en la provincia de Huelva (173 trabajadores en la actualidad), siendo numerosas las demandas ya presentadas en reclamación de cantidades por idéntico concepto."

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, que fue impugnado de contrario.

Fundamentos

PRIMERO.- El demandante, trabajador de la empresa "Securitas Seguridad España S.A.", interpuso demanda en la que reclamaba las cantidades devengadas por su participación en el "Curso de reciclaje y Prevención de Riesgos Laborales", al ser un curso de formación permanente obligatoria realizado fuera de la jornada laboral que justifica el derecho a su compensación económica en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2.002, dictada en un procedimiento de conflicto colectivo seguido a instancias de la Federación Estatal de Actividades Diversas de Comisiones Obreras, la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT) y USO contra la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), la Federación de Empresas de Seguridad (FES), la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES) y la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Seguridad (AMPES).

La sentencia de instancia ha estimado parcialmente su pretensión por lo que ha sido recurrida en suplicación por la empresa "Securitas Seguridad España S.A "al amparo del art. 191 b) y c) de la Ley de Procedimiento Laboral.

La Sala debe examinar en primer lugar la excepción de litisconsorcio pasivo necesario con la Comisión Paritaria Territorial de Formación Continúa, alegada por la empresa por el indebido cauce del art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral como infracción de los arts. 12 y 420 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque debería haberse articulado al amparo del art. 191 a) del mismo texto legal, ya que la estimación de esta excepción conduciría a la nulidad de actuaciones y la falta de pronunciamiento sobre el fondo del asunto, nulidad a la que no podemos acceder no sólo por haber sido suprimido este órgano por el III Acuerdo Tripartito sobre Formación Profesional Continua aprobado por Resolución de 1 de febrero de 2.001 de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales, publicado en el BOE de 15 de febrero de 2.001, sino porque su participación en el proceso era innecesaria, como declaró la sentencia de instancia, al ser la empresa la única obligada al pago de la remuneración correspondiente a los trabajadores por la realización de cursos de formación permanente obligatoria.

La empresa trata nuevamente plantear la cuestión de la financiación de la participación de los trabajadores en los cursos de formación continua, estimando que nos encontramos ante un permiso individual de formación del trabajador regulado en el art. 13 del II Acuerdo Nacional de Formación Continua, aprobado por Resolución de la Dirección General de Trabajo y Migraciones el 14 de enero de 1.997, publicado en el BOE de 1 de febrero de 1.997, norma vigente en el período reclamado, cuya financiación corresponde a la Comisión Paritaria Territorial, cuestión que ya fue resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2.002, resolución que distingue entre: a) actividades de formación previas a la habilitación y a la relación laboral que se orientan precisamente a la obtención de aquélla, en las que se produce una relación exclusiva entre la persona que quiere obtener la habilitación y la Administración que ha de concederla; y b) actividades de formación permanente, reguladas en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada, posteriores a la habilitación administrativa y al contrato de trabajo y que tienen un carácter más complejo, por definirse las empresas de seguridad privada como entidades dedicadas a «actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública» (artículo 1 de la Ley 23/1992), por lo que en estas actividades afectan a la Administración, a la empresa y a los trabajadores.

Por ello como declara el Tribunal Supremo en la sentencia resolutoria del conflicto "la formación permanente del personal de seguridad no puede encajarse ni en los permisos del artículo 23.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, ni en los que, en relación con este precepto, regula el artículo 13 del Acuerdo de Formación Continua. Estos permisos responden a una incitativa voluntaria del trabajador para completar o mejorar su formación profesional, mientras que la formación permanente es una obligación pública que se impone a éste y a la propia empresa. Los permisos regulados en el artículo 13 del Acuerdo Nacional de Formación Continua no sólo se aplican a petición del trabajador y previa concesión de la empresa, sino que se trata de permisos que no se conceden a todos los trabajadores (están excluidos los de antigüedad inferior a un año), están limitados por necesidades productivas, organizativas y financieras, y pueden concederse o no en función de la decisión de un órgano de gestión colectiva (la comisión paritaria territorial competente), sin cuya aprobación el curso sólo puede realizarse sin remuneración. Por el contrario, la formación permanente es general para todos los trabajadores; es obligatoria para empresario y trabajador; no puede excluirse por razones organizativas o productivas, ni queda pendiente su cumplimiento de decisiones de terceros.

Por otra parte, la formación continua obligatoria fuera de la jornada es obvio que no puede considerarse un permiso, ni ser tratada como tal, pues el permiso juega precisamente para la dispensa de la jornada; no para lo que es jornada o ha de cumplirse fuera de ella. Los permisos mencionados tienen además una financiación pública de conformidad con lo establecido en el artículo 13.7 y disposición final 2ª del Acuerdo Nacional de Formación Continua y en la disposición adicional 8ª de la de la Ley 54/1.999. Por el contrario, la formación permanente del personal de seguridad corre a cargo de las empresas, que tienen la obligación de garantizarla, sin perjuicio de que puedan beneficiarse de las acciones previstas en el Acuerdo Nacional de Formación Continua o de otras ayudas públicas.

De todo ello se obtienen dos conclusiones, en primer lugar, que el convenio no puede transformar -pues actuaría «ultra vires»- la obligación de formación permanente a cargo de las empresas de seguridad privada en un permiso de formación a instancia del trabajador y a su costa si no obtiene financiación pública. En segundo lugar, que la única interpretación posible del artículo 12.3 del convenio colectivo es entender que remite al artículo 13.7 del Acuerdo Nacional de Formación Continua para fijar el importe de la remuneración a cargo de las empresas; no para convertir la obligación empresarial de formación en un permiso, ni para establecer su financiación pública en la forma indicada.".

Del fundamento jurídico anterior, que esta Sala asume en su integridad en aplicación del art. 158.3 de la Ley de Procedimiento Laboral, se deduce que no existe obligación de la Comisión Paritaria Territorial de financiar la participación de los trabajadores de las empresas de seguridad en los cursos de formación permanente obligatoria, pues es un supuesto distinto de la financiación de los permisos individuales para la formación, por lo que es innecesaria su llamada al presente proceso al no poder ser afectada por las resultas del mismo, debiendo desestimarse la excepción de litisconsorcio pasivo necesaria alegada en el recurso y estimar válidamente constituida la relación jurídico-procesal.

SEGUNDO.- Al amparo del art. 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, la empresa recurrente solicita la adición al hecho probado 2º de un nuevo párrafo en el que se haga constar que los cursos realizados no estaban integrados en la formación permanente obligatoria, adición a la que no podemos acceder no sólo por encontrarnos ante un hecho negativo que no debe figurar en el relato fáctico, sino porque dicha expresión es predeterminante del sentido del fallo, fundándose además en un documento que ha sido elaborado por la propia empresa demandada por lo que no pude considerarse un documento idóneo para justificar una revisión, por lo que no apreciándose ningún error en la valoración de la prueba por la Magistrada de instancia debemos dejar inalterado el relato fáctico de la sentencia impugnada.

TERCERO.- En relación con el examen del Derecho aplicado en la sentencia se alega en el recurso, conforme al art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, la infracción del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el art. 57 del Reglamento de Seguridad Privada, y la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2.002, por estimar que el actor no ha acreditado suficientemente la inclusión de los cursos realizados en la formación permanente obligatoria a la que se refiere la sentencia dictada en el procedimiento de conflicto colectivo.

La empresa funda su recurso en la distinción establecida en el fundamento jurídico 3º de la sentencia resolutoria del conflicto planteado que distinguía dos clases de actuaciones formativas a realizar por el trabajador: a) actividades de formación previas a la habilitación y a la relación laboral, dirigidas a obtener la habilitación concedida por la autoridad administrativa; b) actividades de formación permanente, posteriores a la celebración del contrato de trabajo, que están sometidas a autorización administrativa condicionada a la exigencia de que garanticen «la formación y actualización profesional de su personal de seguridad» (artículos 5.2 y 7 de la Ley de Seguridad Privada), para lo que pueden establecer los correspondientes centros, y deben contar con los medios de formación, actividades que son además obligatorias conforme al artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada que impone a las empresas la obligación de garantizar la asistencia de su personal a los cursos de formación permanente, y por último, c) las actividades de formación voluntaria realizada a iniciativa del trabajador para complementar o mejorar su formación, alegando que los cursos formativos de los que solicitan su compensación económica fueron realizados a iniciativa del trabajador y no como un curso obligatorio de reciclaje y actualización de conocimientos.

La Sala no puede admitir la tesis mantenida por la empresa, ya que los cursos de formación continua obligatoria, no son sólo aquellos relativos a "la actualización en las materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial", o los impartidos en materias en las que "resulte conveniente una mayor especialización" como pretende la empresa, sino todos los cursos que tienen por objeto "mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada", al disponer el art. 57.1 del Reglamento de Seguridad Privada que «al objeto de mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada, las empresas de seguridad, a través de los centros de formación autorizados, habrán de garantizar la asistencia de su personal de seguridad privada a cursos, adaptados a las distintas modalidades de personal, de actualización en las materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial, o en aquéllas que resulte conveniente una mayor especialización».

La sentencia de instancia califica los cursos realizados por el demandante de formación continua obligatoria por coincidir su duración con las exigencias mínimas que establece el art. 57.2 del Reglamento de Seguridad Privada, de setenta y cinco horas lectivas en un período de tres años, y que el Real Decreto 1.123/2.001, ha reducido a veinte horas lectivas al año, presunción judicial que respeta las reglas del criterio humano como exige para su validez el art. 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; además como declara la fundamentación jurídica de la sentencia las materias impartidas en los diferentes cursos programados tienen como objetivo la actualización de conocimientos en materias relacionadas con su profesión, por ello, no podemos apreciar que haya existido una indebida inversión de la carga de la prueba al acreditar el trabajador la realización de los cursillos de formación permanente obligatoria fuera de la jornada laboral, lo que justifica su derecho al devengo de la cantidad reclamada.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por "Securitas Seguridad España S.A.", contra la sentencia dictada el día 12 de mayo de 2.003, en el Juzgado de lo Social nº 2 de Huelva, en el procedimiento seguido por la demanda interpuesta en reclamación de derecho y cantidad por D. Marco Antonio contra la empresa "Securitas Seguridad España S.A." y confirmamos la sentencia impugnada, condenando a la empresa recurrente al pago de las costas causadas y al abono de honorarios del Letrado impugnante del recurso, por ser preceptivos, en cuantía de 300 euros, que en caso de no satisfacerse voluntariamente, podrán interesarse ante el Juzgado de lo Social de instancia, por se el único competente para la ejecución de sentencias, según el art. 235.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación, debiendo la parte recurrente que no goce del beneficio de la justicia gratuita o de la exención de la obligación de constituir depósitos o consignar el importe de la condena que, si recurre, al personarse en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, presentar en su Secretaría resguardo acreditativo del depósito de 300,51 euros en la cuenta corriente nº 2.410, abierta a favor de dicha Sala, en el Banco Español de Crédito (BANESTO), Oficina 1006, sita en c/ Barquillo nº 49 de Madrid y mantener la consignación efectuada en la instancia.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y firme que sea esta resolución, por transcurso del término indicado sin prepararse el recurso, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la misma, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala.

Se decreta la pérdida del depósito constituido en la instancia, que deberá ingresarse en el Tesoro Público, y destinar la consignación efectuada al cumplimiento de la condena, manteniéndose en su caso el aseguramiento hasta la total ejecución de la sentencia.

Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.