Sentencia Social 68/2024 Juzgado de lo Social de Ávila nº 1, Rec. 209/2023 de 08 de febrero del 2024

PRIMERO. - Motivación fáctica. Prueba. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se hace constar que los anteriores hechos probados son el resultado de la valoración de las pruebas practicadas en el acto del juicio, en particular del expediente administrativo y prueba documental e interrogatorio de testigo que se valoran en aplicación de los artículos 326 y 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 376 de la citada Adjetiva, junto con aquellos que tienen la naturaleza de hechos admitidos o conformes, se trata de hechos que son alegados por una de las partes en el proceso y son admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC).

SEGUNDO. - Planteamiento de la acción ejercitada.

2.1.- A través de la demanda origen del presente procedimiento, interesa la parte actora que, previos los trámites legales oportunos, dicte sentencia por la que se declare:

1) que la medida de suspensión de contratos de trabajo es NULA de pleno Derecho por ser adoptada en fraude ley, al margen de las previsiones legalmente previstas y por vulnerar el derecho fundamental de libertad sindical de CCOO y/o subsidiariamente INJUSTIFICADA, y en consecuencia se condene a la demandada PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES SAU a la inmediata reanudación de los contratos de trabajo suspendidos así como el abono de los salarios dejados de percibir o, en su caso, al abono de las diferencias que procedan respecto del importe percibido en concepto de prestaciones por desempleo durante los periodos de suspensión, y todo ello sin perjuicio del reintegro que proceda realizar por la demandada del importe de las prestaciones a la entidad gestora del pago y las cotizaciones sociales correspondientes.

2) que se declare que por la empresa PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES SAU ha sido vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical ( artículo 28 CE ) de la organización sindical de CCOO y se condene a esta al pago de una indemnización por dicha vulneración de 6.251€

3) 3º se declare que por las organizaciones sindicales USO, UGT-FICA y CSIF se ha vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical de CCOO (art.28) y condenándolas solidariamente y/o en proporción a la representación obtenida al abono de una indemnización total de 2.500€,

Sostiene en suma su pretensión en que la comisión negociadora no se ha constituido válidamente, por lo que siendo nula lo es también los acuerdos adoptados, porque no era necesaria su constitución al existir representación legal de los trabajadores, en otro caso, debería haberse observado la representatividad de cada organización sindical, lo que da lugar a una vulneración de la libertad sindical del artículo 28 de la Constitución Española hacia la organización sindical de CCOO.-no respetar la representatividad obtenida y limitar su negociación en el periodo de consultas-. Mantiene que la decisión empresarial es nula por motivos de forma y de fondo, en cuanto a los primeros por incumplimiento de las previsiones legales en el periodo de consultas al no llevarse a cabo por los legitimados y por falta de buena fe en la negociación, y respecto de los motivos de fondo, no ser ciertas las causas alegadas por la empresa.

2.2.- Se opusieron los demandados a la demanda formulada de contrario, en síntesis, excepcionaron la indebida acumulación de acciones de tutela de derechos fundamentales y de impugnación del ERTE por ello el objeto del presente procedimiento debería quedar limitado al análisis de la vulneración del derecho fundamental invocado, así como la de inadecuación del procedimiento pues sería en materia de conflicto colectivo, en cuanto al fondo se opusieron a la demanda formulada de contrario.

2.3.- En el acto de la vista se confirió traslado de las excepciones procesales a las partes, oponiéndose la parte actora a las mismas.

TERCERO. - Delimitación al supuesto que nos ocupa.

No existiendo controversia en cuanto a la cuestión fáctica, la cuestión jurídica se encuadra, conforme pretende la parte actora, si procede declarar la nulidad de la medida de suspensión de los contratos de trabajo por nulidad toda vez que se ha adoptado en fraude de ley en la medida que no ha sido alcanzado en el seno del comité de empresa así como por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical de CCOO al no respetarse su representatividad, junto con la falta de buena fe en la negociación, de forma subsidiaria que se declare injustificada.

Trayendo la realidad descrita en los Hechos Probados, procede la desestimación de la demanda:

a.- En la mesa negociadora está representadas todas las secciones sindicales. Como regla general, participarán en la comisión negociadora, por parte de las personas trabajadoras, el comité de empresa, las delegadas y los delegados de personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité. La intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre las delegadas y delegados de personal. (articulo. 5.3 RD. 901.2020 de 13 de octubre). En el presente supuesto, como se desprende de la declaración testifical practicada de D. Javier, se llegó al acuerdo que la comisión negociadora estará formada por los miembros del Comité de Empresa del centro de trabajo de Arévalo según han votado la mayoría del Comité en reunión plenaria y que estará formado por un Presidente, un Secretario y un representante por cada una de las cuatro secciones sindicales-Corroborado a través del acta de inicio del periodo de consultas de fecha 31 de enero de 2023, documento nº 2 de los aportados por la empresa. A tal fin, el sindicato demandante, no obstante las alegaciones efectuadas sobre la constitución de la comisión negociadora, designo a su propio representante, véase el documento nº 3. A ello debe añadirse que la composición de la mesa negociadora se ha planteado como en los dos años anteriores cuando se negociaron los ERTE, según la prueba de interrogatorio de testigo y reflejado en el acta de 6 de febrero de 2023.

En consecuencia, resulta ajustada a Derecho, no infringiendo el art. 47.1. párrafos V a VIII ET en relación con el art. 41.4. párrafos I a IV ET (en redacciones dadas por Real Decreto-ley 11/2013), la decisión de dichos Comités de empresa sobre la forma de elección.

b.- Además se incluyó la posibilidad de participación de miembros del Comité y Delegados Sindicales presencial o telemáticamente a las reuniones-Prueba de interrogatorio de testigo y corroborado a través de las manifestaciones recogidas en el documento nº 2 de los aportados por la empresa.

c.-La redacción de una plataforma que se elevó al plenario para que en su caso se hicieran alegaciones y que incluso el sindicato demandante elaboró su propia plataforma incluyendo una de las propuestas recogidas en la plataforma del CCOO-prueba de interrogatorio de testigo Sr. Javier-.

d.- Sindicato demandante que participo en las Comisiones de seguimiento, como se observa de los correos aportados-documentos nº 16 y 17-.

e.- Según el informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila de fecha 2 de marzo de 2023, del que cabe destacar en su apartado conclusiones " Los miembros de la Comisión negociadora manifiestan ante la Inspección actuante que tienen conocimiento de la causa por la que se aplica la medida, y asimismo, señalan que se ha informado convenientemente de las circunstancias en que se solicita el expediente de regulación de empleo. Con todo lo anterior, se considera el periodo de consultas se ha desarrollado de conformidad con los principios de buena fe y no se aprecia la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho".

f.- Mas allá de la simple invocación fáctica de no ser ciertas ni justificadas las causas alegadas por la empresa organizativas y productivas que llevaron a la decisión adoptada frente a la prueba documental aportada -documentos 7 y 8 que no fueron objeto de impugnación ni tampoco se acreditó mediante prueba alguna objetiva que los datos recogidos fueran inveraces, procede desestimar la causa de oposición invocada por la parte actora.

CUARTO. - Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación (191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción)

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,