Sentencia Social 170/2022 del Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 310/2022 de 22 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados no han suscitado controversia para las partes y quedan acreditados los ordinales 1º a 5º del expediente administrativo unido a las actuaciones y comprensivo de solicitud empresarial, informe de la ITSS y resoluciones dictadas.

El hecho 6º en lo referido a la existencia de una huelga o paro en el sector del transporte es un hecho no cuestionado por las partes y de notorio conocimiento. La resolución que pacificó este conflicto conforme se publica en el BOE de 30-3- 2022.

SEGUNDO.- Sobre la consideración de causa de fuerza mayor del paro convocado en el sector de transporte de mercancías que tuvo lugar el 14-3-2022 este Tribunal, por constituir un análisis completo y atinado, no puede sino compartir y hacer nuestro el informe emitido por la Inspección de Trabajo que obra en el expediente administrativo, en el que se basan las resoluciones denegatorias de la solicitud empresarial y que, en sus aspectos más relevantes, transcribimos a continuación:

El artículo 47.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que

" las empresas podrán aplicar la reducción de la jornada de trabajo o la suspensión de los contratos de trabajo por causa derivada fuerza mayor temporal, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado, en el artículo 51.7 y en sus disposiciones reglamentarias de aplicación".

Ni en el Estatuto de los Trabajadores, ni en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (BOE del 30), encontramos una definición detallada de lo que debe entenderse por fuerza mayor; debiendo recurrir a la doctrinal judicial para encontrar un concepto.

La jurisprudencia recurre al artículo 1.105 del Código Civil, cuyo literal señala que " fuera de los casos mencionados en la Ley y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables".

En base a ello, la Jurisprudencia ha clasificado las causas de fuerza mayor en dos grupos; diferenciando así entre fuerza mayor propia e impropia.

Constituyen supuestos de fuerza mayor propia acontecimientos extraordinarios, imprevisibles e inevitables tales como hechos catastróficos naturales (incendios, inundaciones, terremotos, explosiones...).

Por su parte, se configuran como causas de fuerza mayor impropia los sucesos susceptibles de quedar incluidos en la expresión "cualquier otro acontecimiento semejante de carácter extraordinario, que los contratantes no hayan podido prever o que, previsto, no se hayan podido evitar". Es decir, todos aquellos supuestos que, no siendo técnicamente causas concretamente constitutivas de la fuerza mayor propia, por asimilación legal, pueden provocar de igual forma la extinción del contrato de trabajo y ello, no por semejanza del hecho causante o de la naturaleza del mismo en relación con aquellos hechos constitutivos de dicha fuerza mayor, sino por la semejanza de sus efectos.

Así, en el concepto de fuerza mayor se incluyen, no sólo los desastres naturales, sino también cualquier otro acontecimiento semejante de carácter extraordinario, que los contratantes no hayan podido prever, ajeno al círculo de la empresa e independiente de la voluntad del empresario.

(...)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha considerado que los efectos de un paro en el sector del transporte pueden llegar a ser considerados como un supuesto de fuerza mayor temporal. En particular, se trata de sentencias que analizaron las consecuencias del paro general del transporte iniciado a mediados de octubre de1990, que se prolongó durante más de una semana y que provocó un importante desabastecimiento en mercados y empresas.

Dentro de esas sentencias, podemos destacar la sentencia de la citada Sala Tercera de lo contencioso-administrativo, sección 4ª, del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1998 (Rec 7023/1992) en la que se analiza las consecuencias del citado paro general de transporte iniciado en octubre de 1990 sobre una empresa automovilística que, debido al desabastecimiento de materias primas provocado por el paro, no pudo continuar su proceso productivo; viéndose obligada a suspender los contratos de trabajo de sus empleados.

En particular, en dicha sentencia quedaba acreditado, por un lado, que el paro del transporte había generado un inevitable desabastecimiento de piezas en la cadena de producción de la empresa y, por otro lado, que la empresa había actuado en todo momento con la diligencia necesaria para hacer frente al paro de transporte; si bien las medidas preventivas tomadas por la empresa no habían sido suficientes para permitir la continuidad del proceso productivo al encontrarse sin la materia prima necesaria.

En su Fundamento de Derecho Cuarto se indica que, si bien "la huelga anunciada de transportes era una circunstancia previsible, sin embargo, su prolongación sin aviso y la incidencia que generó, entre otros, el corte de carreteras, y el cierre de las fronteras de Irún, la Junquera y Portugal, ya era una circunstancia imprevisible y que aun pudiendo ser prevista era inevitable para la entidad hoy apelada, y si además de ello, esa circunstancia aparece como un hecho externo, ajeno a su esfera de actividad, y está acreditado, la propia Administración lo reconoce, que la empresa había actuado con la diligencia necesaria y no obstante lo cual se encontró sin la materia prima necesaria para la continuidad del proceso productivo, es procedente estimar la concurrencia de la fuerza mayor".

En este mismo sentido se pronunció nuevamente la Sala Tercera de contencioso administrativo, sala cuarta, del Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de febrero de 1999 (Rec. 3536/1993).

La citada Jurisprudencia nos obliga a plantearnos en este punto si un paro de transportistas tendrá siempre la consideración de fuerza mayor temporal justificativa de la suspensión colectiva de los contratos de trabajo.

La respuesta a esa pregunta la podemos encontrar en otra sentencia del propio Tribunal Supremo: en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2001 nº de recurso 1193/2001. En su Fundamento de Derecho Tercero, a la hora de valorar la pretensión de la empresa, el Alto Tribunal afirma lo siguiente:

" 1)El acontecimiento que la empresa califica de fuerza mayor fue la huelga de transporte convocada a nivel de Estado español que fue conocida por la empresa con varios días de antelación que le permitieron movilizarse para el aprovisionamiento de los suministros necesarios para continuar la fabricación; y dicha huelga, así convocada y conocida, no puede considerarse como una caso de fuerza mayor, tanto si se considera desde el punto de vista tradicional como suceso imprevisto e inevitable, conforme a lo previsto en el artículo 1.105 CC , como si se considera como tal la circunstancia externa a la empresa o círculo del deudor de acuerdo con la doctrina más modera, pues, en cualquier caso, como dijimos en nuestra sentencia de STS 22-12-1997 (Rec.- 1969/97 ) citando otras anteriores, la fuerza mayor se constituye por hechos "inevitables, insuperables e irresistibles". La empresa califica de fuerza mayor aquella huelga, pero en términos jurídicos dicha situación, dado el conocimiento previo de la misma, no puede calificarse como hecho constitutivo de fuerza mayor porque se trataba de un hecho conocido con antelación y por ello susceptible de ser remediado por la empresa, aunque en el caso de autos pudiera sostenerse que la empresa no pudo hacer frente a la misma a pesar de su diligencia en usar todo tipo de transportes para proveerse del material necesario para continuar la fabricación, y ello porque ya no fue solamente la huelga sino el sistema de organización y medios de la empresa los que concurrieron a hacer ineficaz el suministro adecuado."

Así, tras el análisis de la jurisprudencia existente en la materia se puede concluir que la consideración del paro de transportistas como fuerza mayor temporal depende de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto: solo en el caso de que se trate de un suceso imprevisto o, aún previsible, inevitable, insuperable e irresistible, de forma que la diligencia debida con la actúe la empresa para revertir los efectos no sea suficiente (diligencia que debe quedar debidamente acreditada), el suceso podrá ser calificado como fuerza mayor.

TERCERO.- Efectivamente, aun cuando un paro de transportistas pudiera llegar a considerarse como causa constitutiva de fuerza mayor impeditiva del proceso productivo y por tanto justificación para interesar la aplicación de las previsiones contempladas en el art. 47.5 ET, para ello es preciso que quien lo solicite, acredite, como hechos constitutivos de su pretensión, art. 217.2 LEC:

- que se ha producido un suceso imprevisto o, aún previsible, inevitable, insuperable e irresistible, pese a el empleo de la diligencia debida para solventarlo y

- que dicho suceso resultó determinante para la imposibilidad de llevar adelante la actividad empresarial, bien de forma plena o parcial. En definitiva, que existió una relación causal directa entre el suceso y el daño producido.

El empresario demandante no aporta dato alguno que acredite estos hechos constitutivos de su pretensión. Aun partiendo de la cierta existencia del paro en el sector de transporte, no demuestra, más allá de sus propias manifestaciones contenidas en el informe técnico por él elaborado:

- ni la imprevisibilidad del acontecimiento, dado que era un hecho notorio conocido socialmente la existencia de un futuro paro en el sector, ni las medidas adoptadas para mitigar sus efectos (acopio de mercancías antes del inicio de los paros, búsqueda de suministradores alternativos etc).

- ni la relación causal que dicho paro pudo tener en su proceso productivo. Para ello habría sido preciso que acreditara quienes eran los transportistas encargados de la entrega de mercancías para producir cartonaje, quienes eran los transportistas encargados de entregar los productos elaborados a los clientes; que dichos transportistas no llevaron a cabo las entregas de los materiales para la elaboración de los productos y sus recogidas para remitirlas a los clientes y que todo ello impidió la actividad productiva.

Por todas estas razones la demanda se desestima.

CUARTO.- Contra esta sentencia cabe recurso de casación conforme el art. 206.1 LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,