Sentencia Social 111/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 195/2023 de 17 de octubre del 2023

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo previsto en los artículos 2 f) y 8.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada una de las fuentes de prueba incorporadas a través de los medios de prueba previstos legalmente, tal y como se expresa a continuación:

Los Hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Octavo son pacíficos y no controvertidos.

El Hecho Quinto de la prueba documental obrante en el descriptor 7.

El Hecho Sexto de la prueba documental obrante en el descriptor 28.

El Hecho Séptimo de la prueba documental obrante en el descriptor 12.

TERCERO.- Se aduce por la representación letrada de Iberia Express como primera excepción procesal la de inadecuación de procedimiento, por entender que las pretensiones deducidas en el suplico de la demanda no responden a un conflicto colectivo sino a un conflicto plural/individual, como ya sucedía con la demanda que dio origen al procedimiento 12/2023 del que desistió la actora; de suerte que ha mantenido las mismas pretensiones que en el suplico de aquella demanda pero cambiando los nombres que aparecían en ella por el concepto de "Copilotos Golden"

La resolución que esta Sala debe dar a la posible inadecuación de procedimiento debe partir de la jurisprudencia que en materia de delimitación del proceso de conflicto colectivo viene aplicando el Tribunal Supremo. En efecto, entre muchas, la STS de 6 de marzo de 2019 (Rec. 8/2018) y la STS de 16 de octubre de 2018 (Rec. 229/2017) afirman que «las pretensiones propias del proceso de conflicto colectivo se definen por dos elementos: 1) Uno subjetivo, integrado por la referencia a la afectación de un grupo genérico de trabajadores, entendiendo por tal no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considerados, sino un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad. 2) Otro objetivo, consistente en la presencia de un interés general, que es el que se actúa a través del conflicto y que se define como un interés indivisible correspondiente al grupo en su conjunto y, por tanto, no susceptible de fraccionamiento entre sus miembros».

Advirtiendo, por un lado, que «es evidente que la existencia del grupo genérico al que el conflicto colectivo da cobertura "no constituye una unidad aislada de los individuos que en última instancia lo integran, y a los que como tales trabajadores individuales en definitiva afecta el conflicto colectivo y que pueden en su momento hacer valer el derecho que eventualmente se reconozca y declare en el mismo. Ahora bien, "existe una clara diferencia entre el grupo como tal y los trabajadores individuales que en última instancia lo componen" y consiste en que, mientras que el grupo está configurado por rasgos y conceptos que lo configuran a priori, el que los trabajadores individuales formen parte o no del grupo dependerá ulteriormente de las circunstancias personales que en cada caso han de probarse»; y, por otro lado, que «la diferencia entre la pretensión propia del conflicto colectivo y aquella otra que, aun siendo individual en su ejercicio tiene naturaleza plural, no debe hacerse atendiendo únicamente al carácter general o individual del derecho ejercitado, sino también al modo de hacer valer, por lo que en el conflicto colectivo se incluyen las demandas en que el reconocimiento del derecho sea interesado, no para cada uno de los trabajadores individualmente considerados, sino en cuanto colectivo, cualquiera que sea el número de trabajadores singulares comprendidos en el grupo, "el hecho de que un litigio tenga por objeto un interés individualizable, que se concrete o pueda concretarse en un derecho de titularidad individual, no hace inadecuado el procedimiento especial de conflicto colectivo, siempre que el origen de la controversia sea la interpretación o aplicación de una regulación jurídicamente vinculante que afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores". En suma, la cuestión estriba en la dimensión en que se plantea el litigio y en el carácter general de la declaración que se quiere obtener».

En principio, por tanto, habrá que estar a cómo se han formulado las pretensiones en el suplico de la demanda para poder determinar si estamos ante un conflicto colectivo o un conflicto plural o individual. Pero ello no es suficiente, pues como se indica, por todas, en la STS de 1 de abril de 2.022 (Rec. 60/2020), "nuestra jurisprudencia ha reiterado que las pretensiones que excedan de la declaración del alcance de un precepto, y cuya resolución exija, además, una valoración de circunstancias particulares para distintos miembros del grupo de trabajadores, deben encauzarse por la vía del proceso ordinario, y no por la vía del proceso de conflicto colectivo, pues no se da entonces el elemento objetivo de este proceso especial de afectación indiferenciada o por igual de la totalidad de los miembros del grupo, con abstracción de rasgos o circunstancias particulares [ SSTS de 18 de noviembre de 1992, (Rec. 2629/1991 ); de 4 de marzo de 1998 (Rec. 2969/1997 ); de 4 de octubre de 2016 (Rec. 232/2015 ); de 6 de octubre de 2016 (Rec. 269/2015 ) y de 23 de noviembre de 2016 (Rec. 285/2015 )]".

En la demanda rectora de las presentes actuaciones se han formulado las siguientes pretensiones:

"1º.- Reconozca el derecho a los cursos de suelta de comandantes para todos los "COPILOTOS GOLDEN" afectados, que al día de hoy no han tenido derecho al mismo.

2º.- Una vez que los "COPILOTOS GOLDEN" superen el curso de Suelta de Comandante, la fecha de reconocimiento profesional y por tanto económico serán las que les hubiera correspondido si la empresa hubiera programado correctamente el CURSO DE SUELTA PARA COMANDANTES, de acuerdo a lo pactado en el 1º Convenio Colectivo Compañía Operadora De Corto y Medio Radio Iberia Express S.A.U." y sus Trabajadores Pilotos

3º.- Que a todos los "COPILOTOS GOLDEN" que actualmente son comandantes se les reconozca a todos los efectos (profesionales como económicos) la fecha de celebración del curso de acuerdo a lo pactado en el 1º Convenio Colectivo Compañía Operadora De Corto y Medio Radio Iberia Express S.A.U." y sus Trabajadores Pilotos. Y se sustituya la fecha que tienen actualmente.

4º.- Que la empresa no pueda programar y dar cursos de suelta a terceros pilotos (bien copilotos de Iberia Operadora o de otro cualquier origen) con el objeto que obtengan la Suelta para ser Comandantes, y que dicha limitación este vigente hasta que todos los "COPILOTOS GOLDEN", de Iberia Express que no hayan disfrutado del derecho al curso de suelta para comandantes regulado 1º Convenio Colectivo Compañía Operadora De Corto y Medio Radio Iberia Express S.A.U." y sus Trabajadores Pilotos.

5º.- Junto con cualquiera de los pedimentos anteriores, condene a la empresa al pasar por tal reconocimiento de derechos y a abonar a cada piloto los complementos profesionales devengados por ser comandantes, bien porque lo sean en la actualidad o bien porque lo adquieran cuando se haga efectiva la presente y legitima pretensión".

La redacción de las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda del ordinal 1º al 5º son idénticas a las contenidas en la demanda rectora del procedimiento 12/2023 tal y como se reflejan en el Hecho Probado Octavo, con la única diferencia de haber sustituido los concretos nombres que en ella aparecían por la denominación "Copilotos Golden". Con esta modificación en la redacción de estas pretensiones se obtiene una apariencia de generalidad que salvaría la existencia de estar ante un conflicto colectivo; no obstante; esta Sala advierte que para poder estimarlas o desestimarlas, vista su redacción literal, debe de analizar las circunstancias particulares de los distintos cursos de suelta que se han convocado desde el año 2019, lo que supone tener que entrar en aspectos individuales que eliminan la pretendida existencia de un conflicto colectivo.

Se nos dice en la demanda que el conflicto colectivo se da en la interpretación de los apartados 2 y 12 del artículo 4 del Convenio Colectivo de Iberia Express, puesto en relación con el apartado 7.3 del Anexo 10 del Convenio Colectivo entre Iberia LAE, pero ni en el contenido de la demanda ni en las antedichas pretensiones se concreta cual es el problema interpretativo y/o aplicativo, más allá de indicar que no se está aplicando la ratio 4/1 establecida en los preceptos controvertidos. En el contenido de la demanda lo que se expone es el conjunto individualizado de cursos de suelta de pilotos ofertados por la empresa con individualización de los asistentes a los mismos, así como un cuadro de los cursos con la relación de personas tal y como deberían haber sido convocadas, y es la única base fáctica sobre la que se pretende construir las pretensiones. Siendo esto así, es evidente que deberíamos analizar cada uno de los cursos programados, cuestión de índole individual, que, además, obiter dicta, debemos indicar que ni los cursos ni la relación de personas convocadas a ellos resultan acreditados por la demandante, pesando sobre ella la carga de la prueba ex artículo 217 LEC, sin que dichos extremos hayan sido reconocidos de contrario. En cuanto a las pretensiones en si mismas consideradas, en la demanda se nos dice que se infringen una serie de preceptos convencionales y en ninguna de aquellas se solicita que se declare que los mismos sean interpretados y/o aplicados en un determinado sentido, insistimos, que no se expone en la demanda ni se aclara en el acto de la vista.

Es evidente, a juicio de esta Sala, que las pretensiones contenidas en los ordinales 1º al 5º, van más allá de la interpretación o aplicación de los apartados 2º y 12º del artículo 4 del Convenio Colectivo de Iberia Express, puesto en relación con el apartado 7.3 del Anexo 10 del Convenio Colectivo entre Iberia LAE, lo que nos lleva a estimar la excepción de inadecuación del procedimiento

CUARTO.- Se alega por la empresa la excepción de falta de acción respecto a la pretensión contenida en el ordinal 6º del suplico de la demanda en la que se nos pide literalmente que:

"6º.- Una vez finalizado la lista de copilotos, que regulan los acuerdos previos firmados por Iberia Express y reglado en el Acta Notarial de fecha, EXCLUSIVAMENTE PROGRAMARA Y DARÁ CURSOS DE SUELTA A COPILOTOS DE IBERIA EXPRESS DE ACUERDO A SU ESCALAFÓN TÉCNICO".

Se expone por la empresa que dicha pretensión o bien parece solicitar una especie de dictamen o bien resulta una pretensión vacía de contenido. Realmente lo que acaece cuando se nos pide que declaremos que la empresa solo programe y oferte cursos de suelta a copilotos de la empresa cuando finalice el listado de copilotos es que nos pronunciemos sobre acontecimientos futuros y no sobre hechos pasados, que son los que pueden ser enjuiciados por quien ejerce la función jurisdiccional y supone al mismo tiempo establecer una declaración y/o condena a futuro, lo que evidencia la falta de acción respecto a esta pretensión.

Además, esta Sala llama la atención de que junto a la falta de acción, está pretensión tal y como está formulada incurre también en inadecuación de procedimiento dado que no se ampara en la posible interpretación y/o aplicación de precepto convencional alguno, no desde luego en los únicos aducidos en la demanda, los apartados 2º y 12º del artículo 4 del Convenio Colectivo de Iberia Express, puestos en relación con el apartado 7.3 del Anexo 10 del Convenio Colectivo entre Iberia LAE. Ni siquiera guarda conexión, directa o indirecta, con la argumentación de la demandante expresada a lo largo de la demanda que pivota exclusivamente en un supuesto incumplimiento de la ratio 4/1 en la promoción y cobertura de vacantes de primer piloto.

QUINTO.- Contra esta sentencia, sin perjuicio de su ejecutividad, cabe recurso ordinario de casación conforme el art. 206.1 LRJS.