Sentencia Social 97/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 71/2023 de 21 de julio del 2023

PRIMERO.- Los hechos se declaran probados conforme los siguientes elementos de convicción:

- hecho 1º: por las certificaciones de AESA D 203 y 204

- hecho 2º: documentos a los D 181 a 183

- hecho 3º: D59, D2 y D3

- hecho 4º: listado de personal al D93 y comunicados al D94

- hecho 5º: por el D95

- hecho 6º: D62

SEGUNDO.- La pretensión de UGT contenida en escrito de subsanación de la demanda al D125 consiste en que por el cauce de conflicto colectivo se declare NULA o subsidiariamente No ajustada a derecho la decisión unilateral de la empresa de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo notificada a través de comunicaciones individuales a los trabajadores y trabajadoras de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, consistente en aplicar el Convenio colectivo estatal de empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones (Código de convenio: 99100265012021) desde el 01 de enero de 2023, debiendo reponer de inmediato a las personas trabajadoras en el V Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos (código de convenio n.º 99015595012005) y en consecuencia se les reponga en todas sus condiciones laborales, salariales, de jornada y demás contempladas en el meritado convenio, condenando a estar y pasar por dicha declaración.

Al mismo tiempo se condene a la empresa a abonar multa por temeridad en su grado más alto o la que estime la Sala como conveniente, honorarios de letrada.

El rechazo empresarial a lo solicitado parte de la consideración de que la SAN dictada el 29-10-2018 referida en el HP3º y confirmada por la del TS de 16-6-2021 presentaba un ámbito aplicativo limitado exclusivamente a los trabajadores de la empresa destinados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona que realizaran para diversas compañía aéreas actividades de asistencia en tierra, pero no para aquellos otros destinados a otro tipo de tareas distintas de tal asistencia.

Considera así ICTS que los trabajadores referidos en el listado que obra al D93 no prestan servicios de asistencia en tierra lo que le facultaría para tomar la decisión de aplicarles el convenio de servicios auxiliares dado que atendiendo al contenido de sus contratos, se regían exclusivamente por su clausulado y el ET.

TERCERO.- La posición empresarial basa su argumento en un claro e intencionado "error" argumentativo cuya única finalidad es no cumplir para parte de su plantilla destinada al servicio de asistencia en tierra en Madrid y Barcelona el resultado firme de las SAN y TS referidas.

En primer lugar atendiendo a la pretensión ejercitada en el litigio precedente por UGT y que se transcribe en el HP3º, D59, lo que se solicitaba era que se declarase de aplicación a todos los trabajadores contratados para la prestación de servicios de Handling en los aeropuertos de Madrid y Barcelona el III convenio colectivo de asistencia en tierra.

Y la solución judicial dada fue la de declarar que el III Convenio Colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos-Handling es de aplicación a todos los trabajadores contratados para prestación de servicios de Handling en los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Por tanto existe una plena coincidencia en cuanto al ámbito personal de lo pedido y de lo solicitado: la plantilla de la demandada que realiza servicios de asistencia en tierra en los citado aeropuertos.

Cierto es que la SAN es sólo parcialmente estimatoria pero esa parcialidad no afecta al ámbito personal de afectación sino a su fecha de efectos, tal como se aprecia con la lectura del último párrafo de su FJ 3º.

Por tanto, resulta incuestionable y ya juzgado que a todo el personal de ICTS destinado al servicio de asistencia en tierra en Madrid y Barcelona, les resulta de aplicación del III convenio de asistencia en tierra.

En segundo lugar esta solución es la única posible atendiendo a las autorizaciones y contrataciones administrativas que ostenta la demandada para operar en ambos aeropuertos.

ICTS, conforme el HP1º, recibe autorización de la AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA para actuar como agente de asistencia en tierra a terceros. Y en consecuencia a tales efectos suscribe con AENA contrato para la prestación a terceros en los aeropuertos de Madrid y Barcelona de servicios de asistencia en tierra en cuya cláusula III.4 además se establece como normativa específica básica de aplicación el III convenio colectivo de asistencia en tierra.

Por tanto ICTS no consta que dispusiera de autorización para realizar en la zona aeroportuaria actividades distintas a las de asistencia en tierra.

En tercer lugar, porque de hipotéticamente existir parte de la plantilla de ICTS destinada en dichos aeropuertos que no prestara servicios de asistencia en tierra, la carga de la prueba, art. 217.3 LEC, correspondía a la demandada, demostrando de una parte la existencia de autorizaciones y contratos administrativos que soportaran esa actividad y de otra que los concretos trabajadores que figuran en el listado de afectados por el conflicto, D93, no realizaban asistencia en tierra.

Su prueba nada acredita.

Por último referir también la decisión adoptada en la comisión paritaria del convenio de asistencia en tierra, recogida en el HP6º, que entendió de modo unánime que resultaba de aplicación el V convenio de asistencia en tierra instando al empresario a su cumplimiento.

CUARTO.- En definitiva la decisión empresarial adoptada el 3-2-2023 y de la que no consta además fecha de comunicación ni a los afectados ni a la RLT, tiene como única finalidad incumplir lo juzgado y debe anularse de plano ya que es contraria al derecho fundamental de tutela judicial efectiva y a su consecuencia principal referida en el art. 17.1 LOPJ: Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes

Obvio es que un palmario incumplimiento empresarial de lo juzgado no constituye una MSCT del art. 41 ET y por tanto resulta inaplicable el art. 138 LRJS ni en lo que se refiere a su tramitación procesal ni en lo atinente al ejercicio de la acción que no puede verse sometida a plazo de caducidad, por lo que tal cuestión procesal se rechaza.

Cierto es que UGT contribuye a crear confusión cuando presenta demanda inicial por vía de conflicto colectivo solicitando la nulidad de la MSCT que considera adoptada por el empresario y además vulneración del derecho fundamental a su libertad sindical, pretensión inicial que primero corrige en escrito al D49, y de nuevo vuelve a corregir en escrito que obra al D125 en los términos que hemos dejado expuestos en el FJ2º.

El cauce procesal es el de conflicto colectivo, cauce adecuado pues se ventila el interés homogéneo de todos los trabajadores de ICTS a los que se les comunica la decisión empresarial de aplicarles el convenio de servicios auxiliares y que son los que figuran en el listado al D39, decisión que no constituyendo una MSCT del art. 41 ET, por su ámbito debe ser encauzada, tal como se ha hecho por UGT por la modalidad procesal de conflicto colectivo conforme el art. 153 LRJS.

No existe en consecuencia obstáculo procesal alguno para dar trámite y solucionar el fondo del asunto en los términos que se indicarán en el fallo.

QUINTO.- Solicita UGT en su demanda inicial y en sus posteriores aclaraciones del suplico, que se imponga a ICTS multa por temeridad incluyendo los honorarios de la letrada actuante.

Tal pretensión también se debe estimar ya que como hemos analizado su decisión de excluir a parte de la plantilla de la obligada aplicación de lo ya resuelto judicialmente constituye una actuación irrespetuosa con la obligación que a todos impone el art. 17.2 LOPJ acerca del cumplimiento de las sentencias, atentatoria a los derechos reconocidos judicialmente a los trabajadores afectados carente de toda justificación razonable y arbitraria, contraria al art. 1256 CC.

Por ello atendiendo a los afectados por la decisión empresarial y a su falta de justificación se acuerda imponer una sanción por temeridad conforme el art. 97.3 de 3.000 euros y deberá además abonar los honorarios de la letrada actuante.

SEXTO.- Contra esta sentencia cabe recurso ordinario de casación conforme el art. 206.1 LRJS, sin perjuicio de su ejecutividad.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,