Sentencia Social 12/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 290/2023 de 30 de enero del 2024

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- Ejercita el sindicato ÚTIL acción de tutela de derechos fundamentales, con petición de indemnización adicional de resarcimiento de daños y perjuicios al considerar que la actuación de los demandados ha supuesto la vulneración de su derecho de libertad sindical, al no haberse reconocido su participación en el Comité Interempresas tras haber obtenido un Delegado Sindical en las elecciones del centro de trabajo Maestranza Aérea de Albacete Airbus Defence& Space SAU, miembro que a juicio del sindicato demandante debe tomarse en consideración para determinar el resultado electoral global para conformar el citado comité. Se añade que fuera cual fuera el número total de delegados a elegir, le correspondería un miembro en la composición del citado comité, aplicándose la regla de proporcionalidad, lo que no se ha cumplido, vulnerándose así el derecho fundamental antes citado.

Antes de proceder a resolver sobre el fondo de la cuestión debatida, se opusieron las siguientes excepciones procesales:

1.- Tanto las empresas demandadas como por los sindicatos SIPA y CGT alegaron la excepción de falta de legitimación pasiva. Entienden las empresas que ninguna vulneración de derechos fundamentales han podido producir cuando no participaron en la conformación del Comité; y los citados sindicatos, al votar a favor de la petición del sindicato actor de obtener un miembro en la conformación del Comité.

2.- Asimismo, el sindicato CCOO opuso la excepción de inadecuación de procedimiento, afirmando que no se puede postular la vulneración de un derecho fundamental para postular la participación del sindicato demandante en el Comité Interempresa.

Por lo que respecta a la primera de las excepciones alegadas, la misma ha de se desestimada. Conforme a reiterada doctrina, la legitimación " ad causam" consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte. Se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar o que le es exigía, en caso de la legitimación pasiva. De ahí que en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( SSTS 16-5-2.000, 28-12-2001 y 28-2-2.002) se afirme que la legitimación " ad causam" es cuestión preliminar al fondo pero que puede exigir un examen de fondo, distinguiendo entre la falta de legitimación " ad processum" entendida como absoluta incapacidad para litigar, que se relaciona con el art. 7 de la LEC, cuando indica que sólo podrá comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de los derechos, y la falta de legitimación " ad causam" que equivale a ausencia de acción u obligación, la cual está estrechamente vinculada a la cuestión de fondo y deriva de la concreta situación de una persona respecto de la pretensión ejercitada.

En el presente supuesto, dado que se ejercita una acción de vulneración de derechos fundamentales, es preciso analizar la intervención de cada uno de los sujetos demandados en orden a determinar la posible existencia de la indicada vulneración y las consecuencias jurídicas a aplicar en su caso, lo que exige necesariamente un posicionamiento de este tribunal acerca de los hechos acontecidos y la concreta conducta desplegada por cada uno de los codemandados. De suerte que, caso de no advertirse acción u omisión alguna por parte de los que ahora niegan su legitimación, la consecuencia no será otra que su absolución, desterrándose así un pronunciamiento anticipado sobre la cuestión de fondo mediante la excepción de la excepción que ahora analizamos.

Por lo que respecta a la inadecuación de procedimiento, también ha de rechazarse la argumentación del sindicato CC.OO pues la posible existencia de la vulneración del derecho de libertad sindical que sostiene la parte actora a través de actos que han impedido su participación en el Comité Interempresas, no puede sino ventilarse a partir de la modalidad procesal regulada en los arts. 177 y ss. de la LRJS, con independencia de las consecuencias jurídicas que en su caso puedan declararse si se apreciase la citada vulneración.

Dicho lo anterior, procede entrar a resolver sobre el fondo del asunto.

CUARTO.- Sentado el objeto de la controversia al comienzo del fundamento de derecho anterior, hemos de traer a colación la Sentencia dictada por esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en fecha 21-01-2004, procedimiento 182/2003 (Roj : SAN 261/2004 - ECLI :ES:AN:2004:261) en la que nos pronunciábamos sobre la figura del Comité Interempresas en el siguiente sentido:

"Los Comités Interempresas no están regulados en el E.T.. Se pretende una aplicación analógica de la regla de proporcionalidad del párrafo 2º del nº 3 del art. 63 del E.T ., pero es obvio que tal norma hace referencia a un órgano, en principio distinto: el Comité Intercentros. Desde luego el llamado Comité Interempresas nace en sustitución del Comité Intercentros de CASA -así lo proclama expresamente el art. 38.1 del propio convenio y ello puede explicar la argumentación de la demanda, centrada en la analogía de ambos órganos, en la "identidad de razón" del art. 4.1 del C. Civil , para cuya aplicación basta la semejanza. En este sentido se podría decir justificadamente que, reconocida la "identidad de razón" en la propia norma convencional, y tratándose de institutos semejantes -meros corolarios del paso de una descentralización material o productiva a otra formal o jurídica- el criterio de proporcionalidad fijado por ley para el Comité Intercentros debe aplicarse al Comité Interempresas. Pero existen otras consideraciones que nos impiden compartir ese razonamiento. En primer lugar que el ámbito de autonomía colectiva, como ámbito constitucional, ( art. 37 ) no debe interpretarse restrictivamente desde la ley que lo garantiza, y por lo tanto la analogía como técnica jurídica de ampliación de la normatividad legislativa, ha de emplearse para consolidar y no para restringir el ámbito de negociación colectiva. En otras palabras; la analogía que se invoca al cercenar las posibilidades de negociación, resulta restrictiva de derechos y por tanto rechazable al preposterar la función garantizadora de la ley, en función censora. Por otra parte el Comité Intercentros y el Comité Interempresas, se contrastan en la impugnación desde una perspectiva muy concreta: el ámbito de actuación. En efecto los elementos que sirven para sostener la "identidad de razón", el carácter de órganos de segundo grado, la extracción de su representación de los Comités de centro, son periféricas a la cuestión cardinal, que es una cuestión del ámbito representativo, pues se pretende que la representatividad se compute en el ámbito del Grupo y no en el de cada empresa. Y aquí hay diferencias, en cuanto la diferencia entre el ámbito empresarial y el ámbito supro-empresarial es una distinción estatutaria cardinal ( art. 87 E.T. y concordantes), irrelevante para el Comité Intercentros -ontológicamente de ámbito empresarial- pero cardinal en el Comité Interempresarial. El cómputo de representatividad del Comité Intercentros tiene como techo "la empresa" y este "techo" lo respeta la regulación del Comité interempresas precisamente al fijar "cada Empresa" como parámetro representativo. Otra cosa es que su "techo" sea más amplio. Se evidencia pues así una diferencia relevante que excluye la razón de semejanza en la regulación del cómputo de la representatividad de ambos Comités. Y sin semejanza carece de sentido el planteamiento analógico. De hecho el planteamiento de semejanza analógica, desde la perspectiva del ámbito, tendría más sentido en relación al Comité de empresa europeo, que regula, en desarrollo de la Directiva 94/45/CE la Ley 10/97, en cuyo art. 17 se establece un sistema de elección que no se proyecta sobre la globalidad del ámbito sino que se fragmenta por Estados".

Atendiendo a los argumentos anteriores, la cita en demanda del art. 63.3 ET, atinente a la constitución y funcionamiento del comité intercentros, resulta inoperante, debiendo acudir esta Sala a la regulación expresa que sobre la figura del Comité Interempresas efectúa el art. 45 del convenio colectivo aplicable, que dice lo siguiente:

" Artículo 45. Comité Interempresas.

45.1 Es el órgano interlocutor general de los trabajadores con las Direcciones de las empresas para todos aquellos temas laborales comunes que afecten en general a todos los centros de trabajo.

45.2 Estará integrado por 19 miembros con carácter estable. Las personas componentes del Comité Interempresas, que deberán ser designadas de entre los miembros de los Comités de Empresa, se repartirán proporcionalmente en función a los delegados obtenidos globalmente en las elecciones sindicales que se celebrarán simultáneamente en todos los centros de trabajo de las empresas amparadas bajo este convenio con un colegio único. En caso de igualdad en el número de delegados, decidirá el número de votos obtenidos.

45.3 Antes de una reunión del Comité Interempresas con las Direcciones será necesaria la comunicación a éstas con suficiente antelación indicando por escrito el orden del día de los temas a tratar.

45.4 Los miembros del Comité Interempresas dispondrán a título personal del tiempo que necesiten para el desempeño de las tareas inherentes a su cargo. 45.5 La Dirección de la empresa se compromete a dar la información oportuna al Comité Interempresas en relación con los supuestos de modificación de la estructura y titularidad de la empresa, en los términos y de conformidad con lo dispuesto en el art. 64 del Estatuto de los Trabajadores . El Comité Interempresas emitirá informe cuando la modificación afecte al volumen de empleo."

De la regulación anterior se desprende que:

a) El Comité tiene una composición de 19 miembros.

b) Las personas integrantes del mismo deben ser elegidos de entre los miembros de los Comités de Empresa existentes.

c) Los miembros del Comité se repartirán proporcionalmente en función a los delegados obtenidos globalmente en las elecciones sindicales que se celebrarán simultáneamente en todos los centros de trabajo de las empresas.

d) En caso de igualdad en el número de delegados, decidirá el número de votos obtenidos.

En el presente supuesto, se argumenta en el acta de la reunión de constitución del Comité celebrada el 25-10-2023, obrante al descriptor 12, que sindicato ÚTIL propone un delegado para formar parte de dicho Comité que no pertenece a ningún Comité de Empresa, lo que le excluiría del mismo. Sin embargo, esta Sala no puede compartir dicha argumentación. Decimos esto por cuanto que, si bien es cierto que el precepto convencional expresa que los miembros del Comité se reparten proporcionalmente en función de los delegados obtenidos en las elecciones sindicales celebrada simultáneamente en los centros de trabajo, no es menos cierto que en el presente supuesto, han existido dos procesos electorales plenamente válidos: a) el celebrado en el centro de trabajo Maestranza Aérea de Albacete Airbus Defence& Space SAU, siendo elegido don Marc Vidal González como Delegado de Personal; y b) el celebrado en el resto de centros de trabajo, donde concurren Comités de Empresa, con los resultados obrantes al descriptor 8 de las actuaciones.

El proceso electoral del centro de trabajo Maestranza Aérea de Albacete fue convalidado plenamente en virtud de Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de dicha ciudad en fecha 25-10-2022. Cercenar la consideración del representante del sindicato ÚTIL en los resultados electorales supone obviar las particularidades del supuesto que ahora nos ocupa así como la necesaria proporcionalidad entre el número de delegados obtenidos en las elecciones sindicales en su conjunto, máxime cuando los Delegados de Personal, en virtud de lo dispuesto en el art. 62.2 ET ejercen ante el empresario la representación para la que fueron elegidos, ostentando las mismas competencias establecidas para los comités de empresa.

Tal y como ha resaltado la Sala Cuarta, en relación a la "composición del banco social", en jurisprudencia que si bien atinente a las comisiones negociadoras puede ser extrapolada en cuanto a sus fines al supuesto que ahora nos ocupa:

"1º) Siempre que sea posible ha de respetarse el derecho a la negociación colectiva de todo sujeto al que las leyes se lo reconozcan.

2º) Los sujetos legitimados para negociar pueden acordar, dentro del tope legal, el número de representantes que consideren adecuado para negociar el convenio colectivo.

3º) La mera tradición no puede bastar para legitimar conductas lesivas del derecho a la negociación colectiva.

4º) La audiencia electoral ha de tomarse muy en cuenta a la hora de designar a quienes representan a la plantilla de la empresa.

5º) La representatividad de cada sección sindical no depende del número de personas afiliadas con que cuente en la Comisión Negociadora, sino de su audiencia electoral" (STS 12-4-2023, rec. 4/2021 ( ROJ: STS 1631/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1631 ).

Dado que el propio art. 45 del convenio define al Comité Interempresas como el órgano interlocutor general de los trabajadores con las Direcciones de las empresas para todos aquellos temas laborales comunes que afecten en general a todos los centros de trabajo, no es acorde a la doctrina expuesta, garante de una participación cuanto más amplia posible, excluir al miembro del sindicato UTIL elegido en el centro de trabajo de Albacete, máxime cuando el Comité trata los temas laborales comunes " a todos los centros de trabajo", siempre siguiendo la regla de proporcionalidad expresada en el citado precepto.

QUINTO.- Dicho lo anterior, el número de representantes electos en el conjunto de las elecciones sindicales celebradas debe ascender a 183 y no a 182 como así se describe en la tabla adjunta al descriptor 8, al tomarse en consideración al Delegado de Personal del centro de Albacete. Atendiendo a dicho número, y dado que ninguno de los codemandados opuso cifras distintas, la demanda refleja a su folio 3, los porcentajes de representatividad correspondientes a cada uno de los sindicatos y número de miembros que corresponderían en el Comité de 19 miembros, tanto si se tomase en consideración un total de 183 delegados como de 182, siendo los siguientes:

183 delegados

1.- CCOO: 35,71% / 6,74 miembros

2.- UGT: 10,43% / 1,97 miembros

3.- ATP: 17,58% / 3,32 miembros

4.- CGT: 10,43% / 1,97 miembros

5.- SIPA: 21,97% / 4,15 miembros

6.- UTIL: 4,37% / 0,83 miembros

182 delegados

1.- CCOO: 35,71% / 6,78 miembros

2.- UGT: 10,43% / 1,98 miembros

3.- ATP: 17,58% / 3,34 miembros

4.- CGT: 10,43% / 1,98 miembros

5.- SIPA: 21,97% / 4,17 miembros

6.- UTIL: 4,37% / 0,73 miembros

Conforme a estos últimos resultados el Comité Interempresas quedó constituido con un total de 7 miembros de CCOO, 4 miembros de SIPA, 4 miembros de ATP-SAe, 2 miembros de CGT, 2 miembros de UGT (descriptor 12).

El art. 45 del convenio tan solo indica que la elección de los miembros se llevará a cabo proporcionalmente en función al número de delegados obtenidos en las elecciones sindicales; y que caso de existir empate en el número de delegados, decidirá el número de votos.

Ocurre que teniendo en cuenta como ya anticipamos al Delegado de Personal de UTIL, los miembros de CCOO, SIPA, CGT y UGT permanecerían inalterados, no así los correspondientes a ATP-SAe a quien correspondería tres miembros, en atención al resultado de 3,34 miembros, cediendo uno de ellos a UTIL ateniendo al resultado de 0,73 miembros, aplicando el sistema de restos de forma unitaria para la fijación de los componentes del Comité Interempresas.

La exclusión del sindicato ÚTIL de la composición del citado Comité comportó por ende una vulneración de su derecho de libertad sindical, frente a la que únicamente pueden responder CC.OO y ATP-SAe pues: a) la empresa no participó en la reunión en la que se decidió sobre la formación del comité; b) CGT votó a favor de que el delegado de personal de ÚTIL formara parte de la misma; c) UGT se abstuvo en las votaciones efectuadas; d) SIPA votó en contra, pero únicamente en relación a la consulta atinente a la idoneidad del Delegado de personal elegido en el centro de trabajo de Albacete, por no formar parte de un comité de empresa, cuestión discutible y que derivaba de una aplicación estricta y literal del precepto convencional aplicable.

Se dice por los demandados que no es posible estimar las pretensiones ejercitadas en los puntos 2º, 3º, 4º y 5º del suplico de la demanda, pues se está utilizando la vulneración del derecho de libertad sindical para tratar de declarar nula la constitución del Comité Interempresas, la del Comité Interempresas de Seguridad y Salud laboral así como de los acuerdos adoptados en el seno de los mismos. Sin embargo, hemos de decir que conforme a lo dispuesto en el art. 182 d) LRJS, caso de estimarse la vulneración del derecho fundamental la sentencia, entre otros pronunciamientos " dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183".

Dado que ha quedado constatado que el sindicato UTIL fue vetado a la hora de formar parte del Comité Interempresas, la reparación de las consecuencias de dicha vulneración y la restitución a la situación anterior no puede quedar restringida a la condena a una indemnización por daños morales, sino a la imposibilidad de que desplieguen efectos los actos en los que se concretó la vulneración del derecho fundamental, esto es: la constitución del citado Comité, y del Comité Interempresas de Seguridad y Salud y en su caso, los acuerdos que hubieran podido adoptarse (en este caso no acreditados). Véase que el Comité Interempresas de Seguridad y Salud, tal y como consta en el acta de fecha 15-11-2023, respeta la proporción acordada en el CIE de 25-10-2023, que conforme a lo expuesto en la presente resolución, vulneró el derecho fundamental del sindicato demandante.

No puede apuntarse como referencia para estimar este argumento de los demandados la STS de 12-4-2023, rco. 4/2021, pues en la demanda rectora del procedimiento que dio lugar a la sentencia abordada por la Sala Cuarta, únicamente se ejercitaban las pretensiones que fueron estimadas por el Alto Tribunal, no pudiendo equipararse al que ahora nos ocupa.

SEXTO.- Solicita el sindicato demandante sean condenadas cada uno de los demandados al abono de una indemnización de 30.001 euros por daños morales derivados de la citada vulneración de derechos fundamentales, por aplicación de lo dispuesto en el art. 40.1.c) de la LISOS. Tal y como reseña la anteriormente citada STS de 12-4-2023, rco. 4/2021 ( Roj: STS 1631/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1631):

"A) El artículo 183.1 LRJS, al que acabamos de aludir, exige que la sentencia estimatoria se pronuncie "sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante [...], en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados".

La doble finalidad de la indemnización (resarcitoria, disuasoria) viene siendo realzada por nuestra doctrina más reciente, al tiempo que la necesidad de atender a todas las circunstancias del caso. En tal sentido, por ejemplo, nuestras sentencias 356/2022 de 20 abril (rcud. 2391/2019) y 179/2022 de 23 febrero (rcud. 4322/2019) recalcan la necesidad de atender a las circunstancias de cada caso. La primera de ellas (Viajes Halcón, Pleno) expone que "el recurso a las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso, deben constituir elementos a tener en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización".

La citada resolución, en un asunto "paralelo" al que ahora abordamos (la no participación del sindicato USO en la comisión negociadora del convenio de empresa), aplicó atendiendo a las circunstancias concurrentes (conductas previas, sentencia anterior dictada por la Sala Cuarta validando un supuesto parecido y la consideración por el tribunal de instancia y la Fiscalía de la propia Sala Cuarta de inexistencia de daño moral alguno), la aplicación del art. 40.1.a) LISOS, en relación con lo dispuesto en el art. 7.7 del mismo texto legal, en virtud de una aplicación analógica (falta grave: transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales, en los términos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos), condenando solidariamente a los sujetos vulneradores del derecho fundamental de libertad sindical a la cantidad de 626 euros, coincidente con la multa de grado mínimo, aplicable a las infracciones graves.

En el presente supuesto, partiendo de dicha consideración, la Sala ha de minorar dicho importe, pues no existen conductas similares previas por parte de los sindicatos ni de la empresa demandada, no consta que se haya llevado a cabo acuerdos, decisiones, consultas o previsiones derivadas de la actuación del Comité y el daño moral ocasionado al sindicato demandante queda reparado por las concusiones alcanzadas por este tribunal, reconociendo su derecho a ser miembro del Comité Interempresas. En consecuencia, los sindicatos CC.OO como ATP-SAe deben ser condenados a abonar conjunta y solidariamente al sindicato ÚTIL la cantidad de 300 euros.

En consecuencia, procede estimar parcialmente la demanda haciendo los siguientes pronunciamientos:

1.- La conducta de CCOO y ATP-SAe excluyendo al sindicato UTIL de la composición de Comité Interempresas en Airbus España supone una lesión a la Libertad Sindical de este sindicato.

2.- Procede declarar la nulidad de la referida conducta y ordenar su cese inmediato, reconociéndose el derecho de USO a estar representada en el citado Comité, como en el Comité Interempresas de Seguridad y Salud, dejando sin efecto los acuerdos que hubieran podido adoptarse por los citados órganos.

3.- Condenar a CC.OO y ATP-SAe a que abonen a UTIL una indemnización conjunta y solidaria de 300 euros.

4.- Condenar a las empresas demandadas y al resto de sindicatos codemandados a estar y pasar por dichas declaraciones.

SÉPTIMO.- La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 208 LRJS).

En virtud de lo expuesto