Sentencia Social 139/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 244/2025 de 14 de octubre del 2025

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.5 y 67 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo previsto en los artículos 2 g) y 8.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en cada una de las fuentes de prueba incorporadas a través de los medios de prueba previstos legalmente, tal y como se expresa a continuación:

Los Hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo son hechos conformes al ser reconocidos por ambas partes.

Los Hechos Octavo, Noveno y Décimo de la fuente de prueba documental obrante en el descriptor 3.

TERCERO.-Se han planteado las excepciones de cosa juzgada, falta de legitimación ad causam, inadecuación de procedimiento y prescripción. Evidentes razones procesales llevan a esta Sala a pronunciarse, en primer lugar, sobre la posible existencia de cosa juzgada, por cuanto su estimación comportaría la desestimación de la demanda, haciendo innecesario entrar a valorar el resto de excepciones y la cuestión de fondo controvertida.

La apreciación de la cosa juzgada nos lleva en el presente procedimiento a realizar las siguientes consideraciones.

En primer lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 222.1 LEC "la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo",el artículo 222.2 LEC nos dice que "se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen",y el 222.3 LEC establece que "la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte".La cosa juzgada, por tanto, implica que deberá excluirse un ulterior proceso cuando entre éste y otro anterior tengan idéntico objeto procesal, y no medien hechos nuevos o distintos; alcanzando a las pretensiones de la demanda y de la reconvención y afectando a las partes del proceso en que se dicte, lo que supone que debe darse una identidad subjetiva. En este sentido, por todas, la STS de 6 de julio de 2016 (Rec. 155/2015), nos recuerda que para que pueda apreciarse la excepción de cosa juzgada han de darse "las tres identidades que se deducen del art. 222 de la LEC subjetiva, objetiva y causal".

La cosa juzgada presenta dos efectos, el negativo y el positivo. El efecto negativo de la cosa juzgada, que tiene tratamiento de excepción procesal, apreciable incluso de oficio, supone la imposibilidad de entrar a conocer por parte de un órgano jurisdiccional en un proceso cuando previamente existe una resolución firme entre los mismos sujetos, objeto y pretensiones. El efecto positivo de la cosa juzgada, que no tiene tratamiento de excepción procesal, supone que sin impedir el ulterior proceso, la sentencia firme condiciona la ulterior resolución, puesto que habrá de estarse a lo en ella resuelto.

Atendiendo a la doble vertiente, positiva y negativa, de la cosa juzgada, la STS 31 de mayo de 2023 (Rec. 1320/2020), con cita de las SSTS de 3 de mayo de 2010 (Rec. 185/2017), 18 de abril de 2012 (Rec. 163/2011), viene a señalar el consolidado criterio interpretativo en lo atinente a la necesaria flexibilidad con la que debe interpretarse, aplicarse y apreciarse las identidades requeridas por la institución de la cosa juzgada, de suerte que para apreciar el efecto negativo de la cosa juzgada debe exigirse una completa identidad subjetiva, objetiva y causal que no se requiere para apreciar el efecto positivo. En efecto, se afirma en la STS 31 de mayo de 2023 (Rec. 1320/2020) que la "concepción amplia de la cosa juzgada deriva de la aplicación de los criterios de la LEC al enumerar las identidades que han de concurrir entre el primero y el segundo litigio en su artículo 222 que ha mitigado el rigor en la apreciación de las identidades, con especial incidencia en la subjetiva pues, según este precepto, en relación con el artículo 10 del propio texto legal, la cosa juzgada afecta a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes, tanto de las que comparezcan y actúen en juicio como a los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. [...] Con la nueva normativa hemos venido declarando que la aplicación del efecto de la cosa juzgada no precisa que el nuevo pleito sea una exacta reproducción de otros anteriores, sino que, pese a la ausencia de alguna de las identidades basta con que no produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionando y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio pues no cabe duda que los hechos sentados en el primitivo proceso son vinculantes en el segundo, toda vez que si pudieran discutírselos ya firmes, equivaldría a poder revisar subrepticiamente la ejecutoria [...]. A diferencia de lo que ocurre con el efecto negativo, el efecto positivo de la cosa juzgada no exige una completa identidad, que de darse excluiría el segundo proceso, sino que para el efecto positivo es suficiente que lo decidido -lo juzgado- en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elemento condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluya el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado. [...]. En definitiva, se trata del llamado «efecto positivo» de la cosa juzgada, respecto del cual esta Sala ha sostenido que se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, en virtud de la cual, lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en la segunda cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda. [...] Por tanto, «lo importante es la conexión delas decisiones; no la identidad de objetos, que por definición no podría producirse» [...]. Sin embargo, el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, según reiterada jurisprudencia, impide a los Tribunales de Justicia pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya resuelto por sentencia firme. Por ello exige que entre el caso resuelto por la primera sentencia y el planteado de nuevo en un posterior proceso, concurra identidad objetiva"

En segundo término, la satisfacción extraprocesal es una de las formas de terminación del proceso sin sentencia prevista en el artículo 22.1 de la LEC al establecer que "cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondrá de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretará por el Letrado de la Administración de Justicia la terminación del proceso, sin que proceda condena en costas".

Resulta necesario traer aquí la relación entre el efecto de la satisfacción extraprocesal y el efecto de cosa juzgada tal y como es interpretado por nuestra jurisprudencia. La STS de 11 de junio de 2024 (Rec. 340/2021), afirma que "según la jurisprudencia la transacción, sea judicial o extrajudicial, produce el efecto de sustituir una relación jurídica controvertida por otra cierta y no controvertida, extinguiendo los derechos y acciones en que trae causa y originando nuevos vínculos y obligaciones [...]. Por eso se ha negado la posibilidad de plantear cuestiones que afecten a las situaciones preexistentes a la transacción, que han perdido la protección jurídica al ser transigidas [...]. La "exceptio pacti" [excepción de transacción], de significado semejante al de la cosa juzgada material, puede ser opuesta en cualquier proceso, [...]. Si la transacción tiene para la partes efectos de cosa juzgada, según el artículo 1816 CC , vincula al órgano jurisdiccional en un proceso posterior cuando concurre identidad de elementos subjetivos y objetivos [...]. Sin embargo, la jurisprudencia ha declarado que la transacción no puede identificarse totalmente con los efectos de la cosa juzgada propia de las sentencias firmes [...] y que la imposibilidad de replantear las cuestiones transigidas no implica que la transacción sea invulnerable, ya que puede impugnarse su validez y eficacia, dejándola sin efecto y reavivando la situación jurídica anterior. La interpretación del artículo 1816 CC ha de hacerse sin mengua de la naturaleza contractual propia de la transacción".

En las presentes actuaciones ha resultado probado que el hoy sindicato demandante - FETAP-CGT- interpuso el 10 de abril de 2025 una demanda de conflicto colectivo contra las empresas ahora codemandadas - Aena SME, SA, Enaire EPE y Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA-, admitida con número de autos 135/2025, en la que el objeto litigioso era la fórmula de calcular la retribución variable ligada al Sistema de Gestión de Desempeño (SGD), formulando una pretensión genérica, no acotada a periodo temporal alguno, consistente en que se reconociese "el derecho de los trabajadores acogidos bajo el convenio colectivo del grupo de empresas AENA a percibir las cantidades estipuladas en el artículo 134 del convenio colectivo de aplicación en retribución del cumplimiento del sistema de gestión del desempeño en proporción al tiempo desempeñado en cada puesto de trabajo realizado durante todo el año, debiéndose abonar proporcionalmente también el tiempo desempeñado en puestos de mayor categoría de manera temporal conforme al artículo 37 del convenio colectivo de aplicación en las cantidades previstas para dicho puesto de superior categoría";siendo la causa de pedir los artículos 37 y 134 del Convenio Colectivo.

El sindicato demandante en el antecitado procedimiento presenta el 2 de junio de 2025 un escrito en el que comunica a esta Sala que se ha alcanzado un acuerdo el 21 de mayo de 2025, sobre la toma en consideración de los periodos de cambio temporal de ocupación a efectos cálculo de la retribución variable ligada al SGD, por lo que solicita la terminación del procedimiento por haberse producido la satisfacción extraprocesal, justificando y declarando literalmente "toda vez que la pretensión propuesta en nuestro escrito de demanda ha quedado cumplida".El acuerdo que da satisfacción extraprocesal a la pretensión del hoy demandante establece que "para el cálculo de la retribución variable ligada al SGD correspondiente al año 2025 y sucesivos, las partes acuerdan que, en aquellos supuestos en los que una persona trabajadora realice un Cambio Temporal de Ocupación, se tomen en consideración las retribuciones percibidas por dicho Cambio, en proporción al tiempo durante el que éste se haya estado realizando".

La demanda rectora del presente procedimiento ha sido interpuesta, como ya hemos apuntado por el sindicato FETAP-CGT frente a las empresas Aena SME, SA, Enaire EPE y Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA; el objeto del litigio es determinar la fórmula de calcular la retribución variable ligada al SGD para los años 2023 y 2004, formulando la pretensión consistente en que se "declare el derecho de los trabajadores acogidos bajo el convenio colectivo del grupo de empresas AENA a percibir las cantidades estipuladas en el artículo 134 del convenio colectivo de aplicación en retribución del cumplimiento del sistema de gestión del desempeño PARA LOS AÑOS 2023 Y 2024 ya abonados, en proporción al tiempo desempeñado en cada puesto de trabajo realizado durante todo el año, debiéndose abonar teniendo en cuenta proporcionalmente también el tiempo desempeñado en puestos de mayor categoría de manera temporal conforme al artículo 37 del convenio colectivo de aplicación en las cantidades previstas para dicho puesto de superior categoría";siendo su causa de pedir los artículos 37 y 134 del Convenio Colectivo.

Confrontados ambos procedimientos esta Sala aprecia la existencia de la excepción planteada, por cuanto la presente demanda se basa en hechos, pretensiones y causa de pedir idénticas a las contenidas en la demanda que dio lugar al procedimiento 135/2025. En este procedimiento la pretensión no se acotó temporalmente, sino que lo pedido se formuló genéricamente; de manera que estableciéndose en el acuerdo que dio lugar a la satisfacción extraprocesal de dicha pretensión, como así lo manifestó el sindicato hoy demandante al solicitar la terminación de dicho procedimiento, que el acuerdo, que podría haber establecido sus efectos desde el año 2023 o 2024, tendría efectos a partir de 2025 y años sucesivos, se deduce fácilmente que dicho acuerdo supone una transacción de las partes a la que esta Sala debe estar, y que al demandante le pareció correcta porque, insistimos, adujo dicho acuerdo para dar por terminado aquel procedimiento. No puede alegar el demandante que el acuerdo solo se pronuncia sobre el año 2025 y años sucesivos, y en consecuencia, puede reclamar ahora los años 2023 y 2024 porque era conocedor de los términos del acuerdo y sabía que a la vista de su redacción no se contemplaban los años 2023 y 2024; de modo que si su intención era reclamar estos dos años debería haber mantenido la demanda para reclamarlos, lo que no puede es dar por bueno el acuerdo, solicitar el archivo del procedimiento por satisfacción extraprocesal y ahora reclamar un período temporal que ya estaba incluido en la primera demanda dados los términos genéricos de la pretensión formulada.

En línea con lo afirmado por el Tribunal Supremo, por un lado, el sindicato demandante al plantear un reconocimiento de derechos para los años 2023 y 2024, está planteando una cuestión que ya preexistía -y estaba incluida en la pretensión del procedimiento 135/2025- a la fecha del acuerdo de transacción, lo que nos lleva a no poder admitir su pretensión; por otro lado, los términos de la satisfacción extraprocesal contenidos en el acuerdo de 21 de mayo de 2025 tiene para las partes el efecto de cosa juzgada material, de conformidad con el artículo 1816 del CC y vincula a esta Sala en el presente procedimiento. De la confrontación de ambos procedimientos esta Sala concluye que hay identidad de sujetos - CGT, EANA, ENAIRE y AENA SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA-, identidad de objeto -el cálculo de la retribución variable ligada al SGD, por cuanto en la primera demanda estaban incluidos los años cuyo reconocimiento se solicita en la presente demanda-, e identidad de causa de pedir -los artículos 37 y 134 del I Convenio Colectivo del Grupo Aena-. Y si bien es cierto que la satisfacción extraprocesal no es totalmente idéntica a la cosa juzgada, por cuanto cabe la posibilidad de impugnar el acuerdo que sustenta dicha forma de terminación del proceso, en el presente procedimiento, no solo no se ha acreditado que el sindicato demandante haya impugnado el acuerdo, sino que lo ha hecho valer para dar por satisfecha la pretensión por él formulada en el procedimiento 135/2025.

CUARTO.-Contra esta sentencia, sin perjuicio de su ejecutividad, cabe recurso ordinario de casación conforme el art. 206.1 LRJS.

En virtud de lo expuesto y vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación