Sentencia Social 131/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 186/2026 de 14 de julio del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente procedimiento de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- 1.La cuestión que se plantea en la demanda es estrictamente jurídica y tiene por objeto examinar si la supresión en el Procedimiento General de Viajes de Servicio del Grupo Renfe de los denominados "gastos de difícil justificación" constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Entiende el sindicato demandante que la supresión no responde a una alteración técnica, organizativa o instrumental del sistema de gestión de viajes, siendo que la empresa venía reconociendo de forma expresa la existencia de dichos gastos en las sucesivas ediciones del procedimiento. Por ello sostiene que la decisión empresarial carece de cobertura procedimental y se ha adoptado sin negociación alguna con la RLT, siendo por ende nula, al no seguirse el cauce previsto en el art. 41.4 ET.

2.Las empresas del Grupo Renfe se oponen a la demanda, manifestando que el citado procedimiento general ni deviene de una norma, convenio o acuerdo con la RLT. Añaden que no es aplicable la regulación de las MSCT pues no nos encontramos ante un sistema de remuneración y la justificación de gastos, y además, la justificación de gastos, debe ser acorde con la normativa fiscal que expresamente cita. Añade que tampoco existiría una condición más beneficiosa, porque es necesaria la voluntad de la empresa, y cuando se trata de sector público, la ventaja no puede ser contraria a normas imperativas.

CUARTO.- 1.Hemos de partir en primer lugar de la naturaleza del propio "Procedimiento General de viajes de servicio", que se especifica en el punto 2.1 de la última versión aprobada y que refiere expresamente:

"El presente Procedimiento deberá entenderse como un sistema de control interno de la serie de acciones a ejecutar por los responsables designados con el fin de proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos marcados".

Y ello tras reconocerse en el apartado 1 que: "El convenio colectivo de aplicación en el Grupo Renfe regula las compensaciones por gastos de viaje de servicio. Se exceptúan del régimen general de compensación los colectivos de la Estructura de Apoyo y Mandos Intermedios y Cuadros Técnicos. La regulación de los gastos de viaje de servicio de estos grupos profesionales y del grupo de Estructura de Dirección que no pertenece al ámbito de aplicación del convenio colectivo, precisan de un procedimiento específico que recoja las características propias de los distintos momentos que se suceden en la realización de gastos de viaje de servicio y es el motivo que justifica la existencia de este Procedimiento General".

2.Es decir, que como bien apuntó el letrado de las empresas del Grupo Renfe, el citado documento regula el procedimiento a seguir a la hora de justificar los gastos que por razón de viajes de servicio han de ser compensados a los trabajadores, siendo un documento interno que no tiene reconocimiento expreso en el convenio colectivo ni ha sido en ningún caso paccionado con la RLT.

3.Partiendo de dicha previsión, no es controvertido que en el documento del procedimiento de gestión de viajes de 28-6-2023 se incluía dentro de los gastos de viaje de servicio (apartado 4.1.3) los denominados "gastos de difícil justificación" consignándose "los gastos necesarios para el viaje de servicio, pero de difícil o imposible justificación documental (propinas, pequeños gastos sin factura, etc.)",con un límite máximo de seis euros diarios en caso de viajes nacionales y doce diarios en el caso de viajes internacionales, con un importe máximo a consignar por este concepto y viaje de 25 euros en caso de viajes nacionales y 50 euros en caso de viajes internacionales, independientemente de la duración del viaje.

En la nueva versión del documento de fecha 30-4-2026, se eliminan dichos gastos de difícil justificación, de suerte que cualquier gasto derivado de un viaje de servicio, ha de ir respaldado mediante la correspondiente factura, ticket o justificante admitido, que habrá de subir a la aplicación móvil SAP CONCUR.

4.Por otro lado, no puede obviarse que las empresas del Grupo Renfe, son sociedades mercantiles estatales, entidades del sector púbico sujetas a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, sujetas a los principios regulados en el art. 3 de dicha norma entre los que se encuentra el respeto a la economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales así como a la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (letras i y j).

Por ende, si partimos de las premisas anteriores, es evidente que dichas sociedades mercantiles estatales, deben sujetarse a las previsiones legales atientes a la justificación de gastos que persiguen efectuar un control exhaustivo de los recursos conferidos a las sociedades integrantes del sector público estatal, excluyendo todos aquéllos que no resulten acordes a un uso justificado y ordenado de los recursos públicos.

QUINTO.- 1.A este respecto se ha de indicar que el propio Procedimiento General de Viajes de Servicio indica en su apartado 3.2 Normativa externa, las disposiciones legales y reglamentarias a las que se haya sujeta la indemnización de gastos, citándose expresamente:

- El RD 462/2002, e 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

- El RD 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento del IRDF y se modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por RD 304/2004, de 20 de febrero.

- El RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

- Orden del Ministerio de Fomento de 8-9-2017 sobre la participación de los órganos superiores y directivos, organismos y entes públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones dependientes o adscritos al Ministerio de Fomento en congresos, ferias y exposiciones.

- Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, disposición adicional octava "Especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal", apartado seis "Habilitación normativa".

2.Además de la normativa anterior, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su art. 73, prevé que el reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor; y la Orden HAP/1741/2015, de 31 de julio, por la que se fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos, para los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta dirección, prevé en su art. 3 que para proceder al pago de las cuantía a que se refiere la disposición, deberá quedar acreditado documentalmente el gasto realizado mediante la correspondiente factura o justificante, según la naturaleza del mismo, salvo en lo que se refiere a la dieta por manutención.

3.La regulación anterior es acorde a las exigencias que con carácter general son exigidas a otros sujetos, pudiendo citarse al efecto el art. 29.1.e) de la Ley General Tributaria que exige a los obligados tributarios la obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar aquellos y los justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias; y el art. 164.1.3º de la ley del IVA, que exige a los sujetos pasivos del impuesto entre otras obligaciones, expedir y entregar facturas de todas sus operaciones, ajustadas a los que se determine reglamentariamente.

4.Todo lo anterior no hace sino confirmar que con carácter general y más especialmente en materia de justificación de gastos que puedan llevarse a cabo en las Administraciones Públicas o sociedades pertenecientes al sector público estatal, la regla general es la efectiva constatación del gasto mediante soporte documental, factura o medio acreditado para ello.

SEXTO.- 1.Si ello es así, la revisión del Procedimiento de Gestión de Gastos de Viaje de forma unilateral por parte de la empresa, eliminando los gastos de difícil justificación, no debió someterse a procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, y ello por dos razones fundamentales:

.- En primer lugar, porque lo que las empresas del Grupo Renfe han llevado a cabo es la adecuación del sistema de justificación de gastos a la normativa legal y reglamentaria que, como ya anticipamos, exige la correspondiente presentación de factura, ticket o documentación acreditativa. No se deja sin efecto la normativa convencional aplicable que reconoce el derecho a la compensación de gastos, sino que se arbitra un procedimiento conforme a la legalidad para tener estos últimos por acreditados.

Véase que la Sala Cuarta, en su sentencia de fecha 17-12-2025 rco. 179/2024, con cita de la de 17-02-2022, rcud. 123/2020, ha manifestado que:

"cuando concurre un cambio legal de forma que las condiciones contractuales pactadas en sede de autonomía individual o colectiva se ven afectadas por un imperativo legal ya no se puede hablar en puridad de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En estos casos, como fácilmente se puede comprender, se trata de una simple aplicación del régimen de jerarquía normativa del art. 3.1 ET ,por tanto, la prevalencia de la norma legal sobre la convencional o contractual. Y es evidente que esta misma lógica resulta plenamente de aplicación también en aquellos supuestos en los que el convenio afecta a las condiciones individuales de trabajo: Así por ejemplo: la adaptación a un cambio legal o convencional de reducción de la jornada no requieren acudir al art. 41 ET ".

En el presente supuesto, ni siquiera se ha producido un cambio legal, por lo que con más razón, ninguna modificación sustancial podría concurrir al adecuarse la regulación de la justificación de los gastos a la legislación vigente.

.- En segundo lugar, tampoco podría considerarse que concurre una condición más beneficiosa por el hecho de haberse reconocido con carácter previo, el abono de los gastos de difícil justificación, sin aportación de factura o justificante alguno. Como dispone la STS de 16-09-2025, rec. 249/2023:

"Aunque estemos ante una condición más beneficiosa, es decir, fruto de la voluntad unilateral del empleador, lo que podría quedar extramuros del principio de igualdad de tratarse de un empresario privado, lo cierto es que nos hallamos ante una empresa perteneciente al sector público, como muy bien pone de relieve la parte recurrida.

Tratándose el empleador de una empresa del sector público, sus relaciones jurídicas no se rigen precisamente por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que el mismo debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho ( art. 103.1 CE) con una interdicción expresa de arbitrariedad ( art. 9.3 CE) ".

Debería concurrir por ende una justificación objetiva y razonable del cambio, que es patente en el caso presente, al ser la regulación anterior, contraria a las previsiones legales y reglamentarias ya citadas.

.- Y en tercer lugar y para el caso de entenderse que las consideraciones anteriores no son acertadas, entendemos que tampoco nos encontraríamos ante una MSCT.

SÉPTIMO.- 1.La STS de 29-6-2017, rec. 186/2016, dictada también en un asunto atinente a una MSCT, y en concreto a los gastos de difícil justificación, sienta varias conclusiones:

La primera, que "aunque cuando se trate de analizar las instrucciones empresariales con amparo en su poder de organización y dirección del trabajo desde la exclusiva perspectiva del contrato individual o de su afectación plural resulte decisivo ponderar el carácter o naturaleza sustancial de la modificación de condiciones (por todas, STS4ª 10-11-2015, R. 261/14, o, en un supuesto de movilidad funcional, STS4ª 25-5-2012, R. 157/11 ), por el contrario, cuando, como aquí sucede, esa modificación afecta al sistema de remuneración y entraña un cambio en los derechos y obligaciones recíprocos establecidos al respecto en el convenio colectivo estatutario en vigor, el cauce legal para llevarlo a efecto no es de la exclusiva incumbencia de empresario (no es ius variandi) sino que, como prevé el art. 82.3 ET , si es que concurriera causa para ello, para su inaplicación, requiere del previo desarrollo de un período de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores en los términos del art. 41".

La segunda, que "por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad exemplum» del art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del "iusvariandi» empresarial.

Ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la intensidad del sacrificio que se impone al trabajador, haya de ser calificado como sustancial o accidental, lo que conlleva que, en cada caso habrá que analizar las circunstancias concurrentes.

Y la tercera que "nada impide que conceptos extrasalariales sean objeto de tales cambios que caigan dentro del régimen del artículo 41 ET "[...] "El carácter extra salarial de la dieta en modo alguno descarta que los cambios introducidos respecto de su alcance hayan de tramitarse con arreglo al art. 41 ET y ajustarse a sus exigencias causales": FJ 3º.4 STS4ª 12-9-2016, citada).

2.Y así, debe tenerse en cuenta que los viajes de servicio conforme a lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del Procedimiento de Gestión de gastos son desplazamientos puntualesde un trabajador del Grupo Renfe fuera de su residencia habitual por razones de trabajo bajo la autorización y supervisión del responsable que en cada caso procedan, pudiendo tener carácter nacional e internacional. La regulación dejada sin efecto, limitaba los gastos de difícil justificación a 25 euros por viaje nacional y a 50 euros en viajes internacionales, independientemente de la duración de los mismos.

Si ello es así, el carácter puntual de dichos viajes y el escaso monto económico que se otorga a los mismos, siendo 25 y 50 euros un máximo a aplicar, hace que su supresión no pudiera encajar en el carácter sustancial que su eliminación comporta.

Por todo ello, sea por entender que no existe modificación sustancial sino la aplicación de la estricta legalidad en cuanto a la justificación de los gastos; sea por considerar que no concurre tampoco condición más beneficiosa; sea por entender que la supresión no comporta una modificación sustancial dada su escasa relevancia, la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

OCTAVO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente procedimiento de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- 1.La cuestión que se plantea en la demanda es estrictamente jurídica y tiene por objeto examinar si la supresión en el Procedimiento General de Viajes de Servicio del Grupo Renfe de los denominados "gastos de difícil justificación" constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Entiende el sindicato demandante que la supresión no responde a una alteración técnica, organizativa o instrumental del sistema de gestión de viajes, siendo que la empresa venía reconociendo de forma expresa la existencia de dichos gastos en las sucesivas ediciones del procedimiento. Por ello sostiene que la decisión empresarial carece de cobertura procedimental y se ha adoptado sin negociación alguna con la RLT, siendo por ende nula, al no seguirse el cauce previsto en el art. 41.4 ET.

2.Las empresas del Grupo Renfe se oponen a la demanda, manifestando que el citado procedimiento general ni deviene de una norma, convenio o acuerdo con la RLT. Añaden que no es aplicable la regulación de las MSCT pues no nos encontramos ante un sistema de remuneración y la justificación de gastos, y además, la justificación de gastos, debe ser acorde con la normativa fiscal que expresamente cita. Añade que tampoco existiría una condición más beneficiosa, porque es necesaria la voluntad de la empresa, y cuando se trata de sector público, la ventaja no puede ser contraria a normas imperativas.

CUARTO.- 1.Hemos de partir en primer lugar de la naturaleza del propio "Procedimiento General de viajes de servicio", que se especifica en el punto 2.1 de la última versión aprobada y que refiere expresamente:

"El presente Procedimiento deberá entenderse como un sistema de control interno de la serie de acciones a ejecutar por los responsables designados con el fin de proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos marcados".

Y ello tras reconocerse en el apartado 1 que: "El convenio colectivo de aplicación en el Grupo Renfe regula las compensaciones por gastos de viaje de servicio. Se exceptúan del régimen general de compensación los colectivos de la Estructura de Apoyo y Mandos Intermedios y Cuadros Técnicos. La regulación de los gastos de viaje de servicio de estos grupos profesionales y del grupo de Estructura de Dirección que no pertenece al ámbito de aplicación del convenio colectivo, precisan de un procedimiento específico que recoja las características propias de los distintos momentos que se suceden en la realización de gastos de viaje de servicio y es el motivo que justifica la existencia de este Procedimiento General".

2.Es decir, que como bien apuntó el letrado de las empresas del Grupo Renfe, el citado documento regula el procedimiento a seguir a la hora de justificar los gastos que por razón de viajes de servicio han de ser compensados a los trabajadores, siendo un documento interno que no tiene reconocimiento expreso en el convenio colectivo ni ha sido en ningún caso paccionado con la RLT.

3.Partiendo de dicha previsión, no es controvertido que en el documento del procedimiento de gestión de viajes de 28-6-2023 se incluía dentro de los gastos de viaje de servicio (apartado 4.1.3) los denominados "gastos de difícil justificación" consignándose "los gastos necesarios para el viaje de servicio, pero de difícil o imposible justificación documental (propinas, pequeños gastos sin factura, etc.)",con un límite máximo de seis euros diarios en caso de viajes nacionales y doce diarios en el caso de viajes internacionales, con un importe máximo a consignar por este concepto y viaje de 25 euros en caso de viajes nacionales y 50 euros en caso de viajes internacionales, independientemente de la duración del viaje.

En la nueva versión del documento de fecha 30-4-2026, se eliminan dichos gastos de difícil justificación, de suerte que cualquier gasto derivado de un viaje de servicio, ha de ir respaldado mediante la correspondiente factura, ticket o justificante admitido, que habrá de subir a la aplicación móvil SAP CONCUR.

4.Por otro lado, no puede obviarse que las empresas del Grupo Renfe, son sociedades mercantiles estatales, entidades del sector púbico sujetas a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, sujetas a los principios regulados en el art. 3 de dicha norma entre los que se encuentra el respeto a la economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales así como a la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (letras i y j).

Por ende, si partimos de las premisas anteriores, es evidente que dichas sociedades mercantiles estatales, deben sujetarse a las previsiones legales atientes a la justificación de gastos que persiguen efectuar un control exhaustivo de los recursos conferidos a las sociedades integrantes del sector público estatal, excluyendo todos aquéllos que no resulten acordes a un uso justificado y ordenado de los recursos públicos.

QUINTO.- 1.A este respecto se ha de indicar que el propio Procedimiento General de Viajes de Servicio indica en su apartado 3.2 Normativa externa, las disposiciones legales y reglamentarias a las que se haya sujeta la indemnización de gastos, citándose expresamente:

- El RD 462/2002, e 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

- El RD 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento del IRDF y se modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por RD 304/2004, de 20 de febrero.

- El RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

- Orden del Ministerio de Fomento de 8-9-2017 sobre la participación de los órganos superiores y directivos, organismos y entes públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones dependientes o adscritos al Ministerio de Fomento en congresos, ferias y exposiciones.

- Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, disposición adicional octava "Especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal", apartado seis "Habilitación normativa".

2.Además de la normativa anterior, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su art. 73, prevé que el reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor; y la Orden HAP/1741/2015, de 31 de julio, por la que se fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos, para los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta dirección, prevé en su art. 3 que para proceder al pago de las cuantía a que se refiere la disposición, deberá quedar acreditado documentalmente el gasto realizado mediante la correspondiente factura o justificante, según la naturaleza del mismo, salvo en lo que se refiere a la dieta por manutención.

3.La regulación anterior es acorde a las exigencias que con carácter general son exigidas a otros sujetos, pudiendo citarse al efecto el art. 29.1.e) de la Ley General Tributaria que exige a los obligados tributarios la obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar aquellos y los justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias; y el art. 164.1.3º de la ley del IVA, que exige a los sujetos pasivos del impuesto entre otras obligaciones, expedir y entregar facturas de todas sus operaciones, ajustadas a los que se determine reglamentariamente.

4.Todo lo anterior no hace sino confirmar que con carácter general y más especialmente en materia de justificación de gastos que puedan llevarse a cabo en las Administraciones Públicas o sociedades pertenecientes al sector público estatal, la regla general es la efectiva constatación del gasto mediante soporte documental, factura o medio acreditado para ello.

SEXTO.- 1.Si ello es así, la revisión del Procedimiento de Gestión de Gastos de Viaje de forma unilateral por parte de la empresa, eliminando los gastos de difícil justificación, no debió someterse a procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, y ello por dos razones fundamentales:

.- En primer lugar, porque lo que las empresas del Grupo Renfe han llevado a cabo es la adecuación del sistema de justificación de gastos a la normativa legal y reglamentaria que, como ya anticipamos, exige la correspondiente presentación de factura, ticket o documentación acreditativa. No se deja sin efecto la normativa convencional aplicable que reconoce el derecho a la compensación de gastos, sino que se arbitra un procedimiento conforme a la legalidad para tener estos últimos por acreditados.

Véase que la Sala Cuarta, en su sentencia de fecha 17-12-2025 rco. 179/2024, con cita de la de 17-02-2022, rcud. 123/2020, ha manifestado que:

"cuando concurre un cambio legal de forma que las condiciones contractuales pactadas en sede de autonomía individual o colectiva se ven afectadas por un imperativo legal ya no se puede hablar en puridad de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En estos casos, como fácilmente se puede comprender, se trata de una simple aplicación del régimen de jerarquía normativa del art. 3.1 ET ,por tanto, la prevalencia de la norma legal sobre la convencional o contractual. Y es evidente que esta misma lógica resulta plenamente de aplicación también en aquellos supuestos en los que el convenio afecta a las condiciones individuales de trabajo: Así por ejemplo: la adaptación a un cambio legal o convencional de reducción de la jornada no requieren acudir al art. 41 ET ".

En el presente supuesto, ni siquiera se ha producido un cambio legal, por lo que con más razón, ninguna modificación sustancial podría concurrir al adecuarse la regulación de la justificación de los gastos a la legislación vigente.

.- En segundo lugar, tampoco podría considerarse que concurre una condición más beneficiosa por el hecho de haberse reconocido con carácter previo, el abono de los gastos de difícil justificación, sin aportación de factura o justificante alguno. Como dispone la STS de 16-09-2025, rec. 249/2023:

"Aunque estemos ante una condición más beneficiosa, es decir, fruto de la voluntad unilateral del empleador, lo que podría quedar extramuros del principio de igualdad de tratarse de un empresario privado, lo cierto es que nos hallamos ante una empresa perteneciente al sector público, como muy bien pone de relieve la parte recurrida.

Tratándose el empleador de una empresa del sector público, sus relaciones jurídicas no se rigen precisamente por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que el mismo debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho ( art. 103.1 CE) con una interdicción expresa de arbitrariedad ( art. 9.3 CE) ".

Debería concurrir por ende una justificación objetiva y razonable del cambio, que es patente en el caso presente, al ser la regulación anterior, contraria a las previsiones legales y reglamentarias ya citadas.

.- Y en tercer lugar y para el caso de entenderse que las consideraciones anteriores no son acertadas, entendemos que tampoco nos encontraríamos ante una MSCT.

SÉPTIMO.- 1.La STS de 29-6-2017, rec. 186/2016, dictada también en un asunto atinente a una MSCT, y en concreto a los gastos de difícil justificación, sienta varias conclusiones:

La primera, que "aunque cuando se trate de analizar las instrucciones empresariales con amparo en su poder de organización y dirección del trabajo desde la exclusiva perspectiva del contrato individual o de su afectación plural resulte decisivo ponderar el carácter o naturaleza sustancial de la modificación de condiciones (por todas, STS4ª 10-11-2015, R. 261/14, o, en un supuesto de movilidad funcional, STS4ª 25-5-2012, R. 157/11 ), por el contrario, cuando, como aquí sucede, esa modificación afecta al sistema de remuneración y entraña un cambio en los derechos y obligaciones recíprocos establecidos al respecto en el convenio colectivo estatutario en vigor, el cauce legal para llevarlo a efecto no es de la exclusiva incumbencia de empresario (no es ius variandi) sino que, como prevé el art. 82.3 ET , si es que concurriera causa para ello, para su inaplicación, requiere del previo desarrollo de un período de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores en los términos del art. 41".

La segunda, que "por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad exemplum» del art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del "iusvariandi» empresarial.

Ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la intensidad del sacrificio que se impone al trabajador, haya de ser calificado como sustancial o accidental, lo que conlleva que, en cada caso habrá que analizar las circunstancias concurrentes.

Y la tercera que "nada impide que conceptos extrasalariales sean objeto de tales cambios que caigan dentro del régimen del artículo 41 ET "[...] "El carácter extra salarial de la dieta en modo alguno descarta que los cambios introducidos respecto de su alcance hayan de tramitarse con arreglo al art. 41 ET y ajustarse a sus exigencias causales": FJ 3º.4 STS4ª 12-9-2016, citada).

2.Y así, debe tenerse en cuenta que los viajes de servicio conforme a lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del Procedimiento de Gestión de gastos son desplazamientos puntualesde un trabajador del Grupo Renfe fuera de su residencia habitual por razones de trabajo bajo la autorización y supervisión del responsable que en cada caso procedan, pudiendo tener carácter nacional e internacional. La regulación dejada sin efecto, limitaba los gastos de difícil justificación a 25 euros por viaje nacional y a 50 euros en viajes internacionales, independientemente de la duración de los mismos.

Si ello es así, el carácter puntual de dichos viajes y el escaso monto económico que se otorga a los mismos, siendo 25 y 50 euros un máximo a aplicar, hace que su supresión no pudiera encajar en el carácter sustancial que su eliminación comporta.

Por todo ello, sea por entender que no existe modificación sustancial sino la aplicación de la estricta legalidad en cuanto a la justificación de los gastos; sea por considerar que no concurre tampoco condición más beneficiosa; sea por entender que la supresión no comporta una modificación sustancial dada su escasa relevancia, la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

OCTAVO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente procedimiento de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- 1.La cuestión que se plantea en la demanda es estrictamente jurídica y tiene por objeto examinar si la supresión en el Procedimiento General de Viajes de Servicio del Grupo Renfe de los denominados "gastos de difícil justificación" constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Entiende el sindicato demandante que la supresión no responde a una alteración técnica, organizativa o instrumental del sistema de gestión de viajes, siendo que la empresa venía reconociendo de forma expresa la existencia de dichos gastos en las sucesivas ediciones del procedimiento. Por ello sostiene que la decisión empresarial carece de cobertura procedimental y se ha adoptado sin negociación alguna con la RLT, siendo por ende nula, al no seguirse el cauce previsto en el art. 41.4 ET.

2.Las empresas del Grupo Renfe se oponen a la demanda, manifestando que el citado procedimiento general ni deviene de una norma, convenio o acuerdo con la RLT. Añaden que no es aplicable la regulación de las MSCT pues no nos encontramos ante un sistema de remuneración y la justificación de gastos, y además, la justificación de gastos, debe ser acorde con la normativa fiscal que expresamente cita. Añade que tampoco existiría una condición más beneficiosa, porque es necesaria la voluntad de la empresa, y cuando se trata de sector público, la ventaja no puede ser contraria a normas imperativas.

CUARTO.- 1.Hemos de partir en primer lugar de la naturaleza del propio "Procedimiento General de viajes de servicio", que se especifica en el punto 2.1 de la última versión aprobada y que refiere expresamente:

"El presente Procedimiento deberá entenderse como un sistema de control interno de la serie de acciones a ejecutar por los responsables designados con el fin de proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos marcados".

Y ello tras reconocerse en el apartado 1 que: "El convenio colectivo de aplicación en el Grupo Renfe regula las compensaciones por gastos de viaje de servicio. Se exceptúan del régimen general de compensación los colectivos de la Estructura de Apoyo y Mandos Intermedios y Cuadros Técnicos. La regulación de los gastos de viaje de servicio de estos grupos profesionales y del grupo de Estructura de Dirección que no pertenece al ámbito de aplicación del convenio colectivo, precisan de un procedimiento específico que recoja las características propias de los distintos momentos que se suceden en la realización de gastos de viaje de servicio y es el motivo que justifica la existencia de este Procedimiento General".

2.Es decir, que como bien apuntó el letrado de las empresas del Grupo Renfe, el citado documento regula el procedimiento a seguir a la hora de justificar los gastos que por razón de viajes de servicio han de ser compensados a los trabajadores, siendo un documento interno que no tiene reconocimiento expreso en el convenio colectivo ni ha sido en ningún caso paccionado con la RLT.

3.Partiendo de dicha previsión, no es controvertido que en el documento del procedimiento de gestión de viajes de 28-6-2023 se incluía dentro de los gastos de viaje de servicio (apartado 4.1.3) los denominados "gastos de difícil justificación" consignándose "los gastos necesarios para el viaje de servicio, pero de difícil o imposible justificación documental (propinas, pequeños gastos sin factura, etc.)",con un límite máximo de seis euros diarios en caso de viajes nacionales y doce diarios en el caso de viajes internacionales, con un importe máximo a consignar por este concepto y viaje de 25 euros en caso de viajes nacionales y 50 euros en caso de viajes internacionales, independientemente de la duración del viaje.

En la nueva versión del documento de fecha 30-4-2026, se eliminan dichos gastos de difícil justificación, de suerte que cualquier gasto derivado de un viaje de servicio, ha de ir respaldado mediante la correspondiente factura, ticket o justificante admitido, que habrá de subir a la aplicación móvil SAP CONCUR.

4.Por otro lado, no puede obviarse que las empresas del Grupo Renfe, son sociedades mercantiles estatales, entidades del sector púbico sujetas a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, sujetas a los principios regulados en el art. 3 de dicha norma entre los que se encuentra el respeto a la economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales así como a la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (letras i y j).

Por ende, si partimos de las premisas anteriores, es evidente que dichas sociedades mercantiles estatales, deben sujetarse a las previsiones legales atientes a la justificación de gastos que persiguen efectuar un control exhaustivo de los recursos conferidos a las sociedades integrantes del sector público estatal, excluyendo todos aquéllos que no resulten acordes a un uso justificado y ordenado de los recursos públicos.

QUINTO.- 1.A este respecto se ha de indicar que el propio Procedimiento General de Viajes de Servicio indica en su apartado 3.2 Normativa externa, las disposiciones legales y reglamentarias a las que se haya sujeta la indemnización de gastos, citándose expresamente:

- El RD 462/2002, e 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

- El RD 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento del IRDF y se modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por RD 304/2004, de 20 de febrero.

- El RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

- Orden del Ministerio de Fomento de 8-9-2017 sobre la participación de los órganos superiores y directivos, organismos y entes públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones dependientes o adscritos al Ministerio de Fomento en congresos, ferias y exposiciones.

- Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, disposición adicional octava "Especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal", apartado seis "Habilitación normativa".

2.Además de la normativa anterior, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su art. 73, prevé que el reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor; y la Orden HAP/1741/2015, de 31 de julio, por la que se fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos, para los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta dirección, prevé en su art. 3 que para proceder al pago de las cuantía a que se refiere la disposición, deberá quedar acreditado documentalmente el gasto realizado mediante la correspondiente factura o justificante, según la naturaleza del mismo, salvo en lo que se refiere a la dieta por manutención.

3.La regulación anterior es acorde a las exigencias que con carácter general son exigidas a otros sujetos, pudiendo citarse al efecto el art. 29.1.e) de la Ley General Tributaria que exige a los obligados tributarios la obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar aquellos y los justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias; y el art. 164.1.3º de la ley del IVA, que exige a los sujetos pasivos del impuesto entre otras obligaciones, expedir y entregar facturas de todas sus operaciones, ajustadas a los que se determine reglamentariamente.

4.Todo lo anterior no hace sino confirmar que con carácter general y más especialmente en materia de justificación de gastos que puedan llevarse a cabo en las Administraciones Públicas o sociedades pertenecientes al sector público estatal, la regla general es la efectiva constatación del gasto mediante soporte documental, factura o medio acreditado para ello.

SEXTO.- 1.Si ello es así, la revisión del Procedimiento de Gestión de Gastos de Viaje de forma unilateral por parte de la empresa, eliminando los gastos de difícil justificación, no debió someterse a procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, y ello por dos razones fundamentales:

.- En primer lugar, porque lo que las empresas del Grupo Renfe han llevado a cabo es la adecuación del sistema de justificación de gastos a la normativa legal y reglamentaria que, como ya anticipamos, exige la correspondiente presentación de factura, ticket o documentación acreditativa. No se deja sin efecto la normativa convencional aplicable que reconoce el derecho a la compensación de gastos, sino que se arbitra un procedimiento conforme a la legalidad para tener estos últimos por acreditados.

Véase que la Sala Cuarta, en su sentencia de fecha 17-12-2025 rco. 179/2024, con cita de la de 17-02-2022, rcud. 123/2020, ha manifestado que:

"cuando concurre un cambio legal de forma que las condiciones contractuales pactadas en sede de autonomía individual o colectiva se ven afectadas por un imperativo legal ya no se puede hablar en puridad de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En estos casos, como fácilmente se puede comprender, se trata de una simple aplicación del régimen de jerarquía normativa del art. 3.1 ET ,por tanto, la prevalencia de la norma legal sobre la convencional o contractual. Y es evidente que esta misma lógica resulta plenamente de aplicación también en aquellos supuestos en los que el convenio afecta a las condiciones individuales de trabajo: Así por ejemplo: la adaptación a un cambio legal o convencional de reducción de la jornada no requieren acudir al art. 41 ET ".

En el presente supuesto, ni siquiera se ha producido un cambio legal, por lo que con más razón, ninguna modificación sustancial podría concurrir al adecuarse la regulación de la justificación de los gastos a la legislación vigente.

.- En segundo lugar, tampoco podría considerarse que concurre una condición más beneficiosa por el hecho de haberse reconocido con carácter previo, el abono de los gastos de difícil justificación, sin aportación de factura o justificante alguno. Como dispone la STS de 16-09-2025, rec. 249/2023:

"Aunque estemos ante una condición más beneficiosa, es decir, fruto de la voluntad unilateral del empleador, lo que podría quedar extramuros del principio de igualdad de tratarse de un empresario privado, lo cierto es que nos hallamos ante una empresa perteneciente al sector público, como muy bien pone de relieve la parte recurrida.

Tratándose el empleador de una empresa del sector público, sus relaciones jurídicas no se rigen precisamente por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que el mismo debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho ( art. 103.1 CE) con una interdicción expresa de arbitrariedad ( art. 9.3 CE) ".

Debería concurrir por ende una justificación objetiva y razonable del cambio, que es patente en el caso presente, al ser la regulación anterior, contraria a las previsiones legales y reglamentarias ya citadas.

.- Y en tercer lugar y para el caso de entenderse que las consideraciones anteriores no son acertadas, entendemos que tampoco nos encontraríamos ante una MSCT.

SÉPTIMO.- 1.La STS de 29-6-2017, rec. 186/2016, dictada también en un asunto atinente a una MSCT, y en concreto a los gastos de difícil justificación, sienta varias conclusiones:

La primera, que "aunque cuando se trate de analizar las instrucciones empresariales con amparo en su poder de organización y dirección del trabajo desde la exclusiva perspectiva del contrato individual o de su afectación plural resulte decisivo ponderar el carácter o naturaleza sustancial de la modificación de condiciones (por todas, STS4ª 10-11-2015, R. 261/14, o, en un supuesto de movilidad funcional, STS4ª 25-5-2012, R. 157/11 ), por el contrario, cuando, como aquí sucede, esa modificación afecta al sistema de remuneración y entraña un cambio en los derechos y obligaciones recíprocos establecidos al respecto en el convenio colectivo estatutario en vigor, el cauce legal para llevarlo a efecto no es de la exclusiva incumbencia de empresario (no es ius variandi) sino que, como prevé el art. 82.3 ET , si es que concurriera causa para ello, para su inaplicación, requiere del previo desarrollo de un período de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores en los términos del art. 41".

La segunda, que "por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad exemplum» del art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del "iusvariandi» empresarial.

Ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la intensidad del sacrificio que se impone al trabajador, haya de ser calificado como sustancial o accidental, lo que conlleva que, en cada caso habrá que analizar las circunstancias concurrentes.

Y la tercera que "nada impide que conceptos extrasalariales sean objeto de tales cambios que caigan dentro del régimen del artículo 41 ET "[...] "El carácter extra salarial de la dieta en modo alguno descarta que los cambios introducidos respecto de su alcance hayan de tramitarse con arreglo al art. 41 ET y ajustarse a sus exigencias causales": FJ 3º.4 STS4ª 12-9-2016, citada).

2.Y así, debe tenerse en cuenta que los viajes de servicio conforme a lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del Procedimiento de Gestión de gastos son desplazamientos puntualesde un trabajador del Grupo Renfe fuera de su residencia habitual por razones de trabajo bajo la autorización y supervisión del responsable que en cada caso procedan, pudiendo tener carácter nacional e internacional. La regulación dejada sin efecto, limitaba los gastos de difícil justificación a 25 euros por viaje nacional y a 50 euros en viajes internacionales, independientemente de la duración de los mismos.

Si ello es así, el carácter puntual de dichos viajes y el escaso monto económico que se otorga a los mismos, siendo 25 y 50 euros un máximo a aplicar, hace que su supresión no pudiera encajar en el carácter sustancial que su eliminación comporta.

Por todo ello, sea por entender que no existe modificación sustancial sino la aplicación de la estricta legalidad en cuanto a la justificación de los gastos; sea por considerar que no concurre tampoco condición más beneficiosa; sea por entender que la supresión no comporta una modificación sustancial dada su escasa relevancia, la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

OCTAVO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente procedimiento de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- 1.La cuestión que se plantea en la demanda es estrictamente jurídica y tiene por objeto examinar si la supresión en el Procedimiento General de Viajes de Servicio del Grupo Renfe de los denominados "gastos de difícil justificación" constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Entiende el sindicato demandante que la supresión no responde a una alteración técnica, organizativa o instrumental del sistema de gestión de viajes, siendo que la empresa venía reconociendo de forma expresa la existencia de dichos gastos en las sucesivas ediciones del procedimiento. Por ello sostiene que la decisión empresarial carece de cobertura procedimental y se ha adoptado sin negociación alguna con la RLT, siendo por ende nula, al no seguirse el cauce previsto en el art. 41.4 ET.

2.Las empresas del Grupo Renfe se oponen a la demanda, manifestando que el citado procedimiento general ni deviene de una norma, convenio o acuerdo con la RLT. Añaden que no es aplicable la regulación de las MSCT pues no nos encontramos ante un sistema de remuneración y la justificación de gastos, y además, la justificación de gastos, debe ser acorde con la normativa fiscal que expresamente cita. Añade que tampoco existiría una condición más beneficiosa, porque es necesaria la voluntad de la empresa, y cuando se trata de sector público, la ventaja no puede ser contraria a normas imperativas.

CUARTO.- 1.Hemos de partir en primer lugar de la naturaleza del propio "Procedimiento General de viajes de servicio", que se especifica en el punto 2.1 de la última versión aprobada y que refiere expresamente:

"El presente Procedimiento deberá entenderse como un sistema de control interno de la serie de acciones a ejecutar por los responsables designados con el fin de proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos marcados".

Y ello tras reconocerse en el apartado 1 que: "El convenio colectivo de aplicación en el Grupo Renfe regula las compensaciones por gastos de viaje de servicio. Se exceptúan del régimen general de compensación los colectivos de la Estructura de Apoyo y Mandos Intermedios y Cuadros Técnicos. La regulación de los gastos de viaje de servicio de estos grupos profesionales y del grupo de Estructura de Dirección que no pertenece al ámbito de aplicación del convenio colectivo, precisan de un procedimiento específico que recoja las características propias de los distintos momentos que se suceden en la realización de gastos de viaje de servicio y es el motivo que justifica la existencia de este Procedimiento General".

2.Es decir, que como bien apuntó el letrado de las empresas del Grupo Renfe, el citado documento regula el procedimiento a seguir a la hora de justificar los gastos que por razón de viajes de servicio han de ser compensados a los trabajadores, siendo un documento interno que no tiene reconocimiento expreso en el convenio colectivo ni ha sido en ningún caso paccionado con la RLT.

3.Partiendo de dicha previsión, no es controvertido que en el documento del procedimiento de gestión de viajes de 28-6-2023 se incluía dentro de los gastos de viaje de servicio (apartado 4.1.3) los denominados "gastos de difícil justificación" consignándose "los gastos necesarios para el viaje de servicio, pero de difícil o imposible justificación documental (propinas, pequeños gastos sin factura, etc.)",con un límite máximo de seis euros diarios en caso de viajes nacionales y doce diarios en el caso de viajes internacionales, con un importe máximo a consignar por este concepto y viaje de 25 euros en caso de viajes nacionales y 50 euros en caso de viajes internacionales, independientemente de la duración del viaje.

En la nueva versión del documento de fecha 30-4-2026, se eliminan dichos gastos de difícil justificación, de suerte que cualquier gasto derivado de un viaje de servicio, ha de ir respaldado mediante la correspondiente factura, ticket o justificante admitido, que habrá de subir a la aplicación móvil SAP CONCUR.

4.Por otro lado, no puede obviarse que las empresas del Grupo Renfe, son sociedades mercantiles estatales, entidades del sector púbico sujetas a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, sujetas a los principios regulados en el art. 3 de dicha norma entre los que se encuentra el respeto a la economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales así como a la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (letras i y j).

Por ende, si partimos de las premisas anteriores, es evidente que dichas sociedades mercantiles estatales, deben sujetarse a las previsiones legales atientes a la justificación de gastos que persiguen efectuar un control exhaustivo de los recursos conferidos a las sociedades integrantes del sector público estatal, excluyendo todos aquéllos que no resulten acordes a un uso justificado y ordenado de los recursos públicos.

QUINTO.- 1.A este respecto se ha de indicar que el propio Procedimiento General de Viajes de Servicio indica en su apartado 3.2 Normativa externa, las disposiciones legales y reglamentarias a las que se haya sujeta la indemnización de gastos, citándose expresamente:

- El RD 462/2002, e 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

- El RD 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento del IRDF y se modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por RD 304/2004, de 20 de febrero.

- El RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

- Orden del Ministerio de Fomento de 8-9-2017 sobre la participación de los órganos superiores y directivos, organismos y entes públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones dependientes o adscritos al Ministerio de Fomento en congresos, ferias y exposiciones.

- Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, disposición adicional octava "Especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal", apartado seis "Habilitación normativa".

2.Además de la normativa anterior, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su art. 73, prevé que el reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor; y la Orden HAP/1741/2015, de 31 de julio, por la que se fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos, para los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta dirección, prevé en su art. 3 que para proceder al pago de las cuantía a que se refiere la disposición, deberá quedar acreditado documentalmente el gasto realizado mediante la correspondiente factura o justificante, según la naturaleza del mismo, salvo en lo que se refiere a la dieta por manutención.

3.La regulación anterior es acorde a las exigencias que con carácter general son exigidas a otros sujetos, pudiendo citarse al efecto el art. 29.1.e) de la Ley General Tributaria que exige a los obligados tributarios la obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar aquellos y los justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias; y el art. 164.1.3º de la ley del IVA, que exige a los sujetos pasivos del impuesto entre otras obligaciones, expedir y entregar facturas de todas sus operaciones, ajustadas a los que se determine reglamentariamente.

4.Todo lo anterior no hace sino confirmar que con carácter general y más especialmente en materia de justificación de gastos que puedan llevarse a cabo en las Administraciones Públicas o sociedades pertenecientes al sector público estatal, la regla general es la efectiva constatación del gasto mediante soporte documental, factura o medio acreditado para ello.

SEXTO.- 1.Si ello es así, la revisión del Procedimiento de Gestión de Gastos de Viaje de forma unilateral por parte de la empresa, eliminando los gastos de difícil justificación, no debió someterse a procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, y ello por dos razones fundamentales:

.- En primer lugar, porque lo que las empresas del Grupo Renfe han llevado a cabo es la adecuación del sistema de justificación de gastos a la normativa legal y reglamentaria que, como ya anticipamos, exige la correspondiente presentación de factura, ticket o documentación acreditativa. No se deja sin efecto la normativa convencional aplicable que reconoce el derecho a la compensación de gastos, sino que se arbitra un procedimiento conforme a la legalidad para tener estos últimos por acreditados.

Véase que la Sala Cuarta, en su sentencia de fecha 17-12-2025 rco. 179/2024, con cita de la de 17-02-2022, rcud. 123/2020, ha manifestado que:

"cuando concurre un cambio legal de forma que las condiciones contractuales pactadas en sede de autonomía individual o colectiva se ven afectadas por un imperativo legal ya no se puede hablar en puridad de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En estos casos, como fácilmente se puede comprender, se trata de una simple aplicación del régimen de jerarquía normativa del art. 3.1 ET ,por tanto, la prevalencia de la norma legal sobre la convencional o contractual. Y es evidente que esta misma lógica resulta plenamente de aplicación también en aquellos supuestos en los que el convenio afecta a las condiciones individuales de trabajo: Así por ejemplo: la adaptación a un cambio legal o convencional de reducción de la jornada no requieren acudir al art. 41 ET ".

En el presente supuesto, ni siquiera se ha producido un cambio legal, por lo que con más razón, ninguna modificación sustancial podría concurrir al adecuarse la regulación de la justificación de los gastos a la legislación vigente.

.- En segundo lugar, tampoco podría considerarse que concurre una condición más beneficiosa por el hecho de haberse reconocido con carácter previo, el abono de los gastos de difícil justificación, sin aportación de factura o justificante alguno. Como dispone la STS de 16-09-2025, rec. 249/2023:

"Aunque estemos ante una condición más beneficiosa, es decir, fruto de la voluntad unilateral del empleador, lo que podría quedar extramuros del principio de igualdad de tratarse de un empresario privado, lo cierto es que nos hallamos ante una empresa perteneciente al sector público, como muy bien pone de relieve la parte recurrida.

Tratándose el empleador de una empresa del sector público, sus relaciones jurídicas no se rigen precisamente por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que el mismo debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho ( art. 103.1 CE) con una interdicción expresa de arbitrariedad ( art. 9.3 CE) ".

Debería concurrir por ende una justificación objetiva y razonable del cambio, que es patente en el caso presente, al ser la regulación anterior, contraria a las previsiones legales y reglamentarias ya citadas.

.- Y en tercer lugar y para el caso de entenderse que las consideraciones anteriores no son acertadas, entendemos que tampoco nos encontraríamos ante una MSCT.

SÉPTIMO.- 1.La STS de 29-6-2017, rec. 186/2016, dictada también en un asunto atinente a una MSCT, y en concreto a los gastos de difícil justificación, sienta varias conclusiones:

La primera, que "aunque cuando se trate de analizar las instrucciones empresariales con amparo en su poder de organización y dirección del trabajo desde la exclusiva perspectiva del contrato individual o de su afectación plural resulte decisivo ponderar el carácter o naturaleza sustancial de la modificación de condiciones (por todas, STS4ª 10-11-2015, R. 261/14, o, en un supuesto de movilidad funcional, STS4ª 25-5-2012, R. 157/11 ), por el contrario, cuando, como aquí sucede, esa modificación afecta al sistema de remuneración y entraña un cambio en los derechos y obligaciones recíprocos establecidos al respecto en el convenio colectivo estatutario en vigor, el cauce legal para llevarlo a efecto no es de la exclusiva incumbencia de empresario (no es ius variandi) sino que, como prevé el art. 82.3 ET , si es que concurriera causa para ello, para su inaplicación, requiere del previo desarrollo de un período de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores en los términos del art. 41".

La segunda, que "por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad exemplum» del art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del "iusvariandi» empresarial.

Ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la intensidad del sacrificio que se impone al trabajador, haya de ser calificado como sustancial o accidental, lo que conlleva que, en cada caso habrá que analizar las circunstancias concurrentes.

Y la tercera que "nada impide que conceptos extrasalariales sean objeto de tales cambios que caigan dentro del régimen del artículo 41 ET "[...] "El carácter extra salarial de la dieta en modo alguno descarta que los cambios introducidos respecto de su alcance hayan de tramitarse con arreglo al art. 41 ET y ajustarse a sus exigencias causales": FJ 3º.4 STS4ª 12-9-2016, citada).

2.Y así, debe tenerse en cuenta que los viajes de servicio conforme a lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del Procedimiento de Gestión de gastos son desplazamientos puntualesde un trabajador del Grupo Renfe fuera de su residencia habitual por razones de trabajo bajo la autorización y supervisión del responsable que en cada caso procedan, pudiendo tener carácter nacional e internacional. La regulación dejada sin efecto, limitaba los gastos de difícil justificación a 25 euros por viaje nacional y a 50 euros en viajes internacionales, independientemente de la duración de los mismos.

Si ello es así, el carácter puntual de dichos viajes y el escaso monto económico que se otorga a los mismos, siendo 25 y 50 euros un máximo a aplicar, hace que su supresión no pudiera encajar en el carácter sustancial que su eliminación comporta.

Por todo ello, sea por entender que no existe modificación sustancial sino la aplicación de la estricta legalidad en cuanto a la justificación de los gastos; sea por considerar que no concurre tampoco condición más beneficiosa; sea por entender que la supresión no comporta una modificación sustancial dada su escasa relevancia, la demanda ha de ser desestimada en su integridad.

OCTAVO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que frente a la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto