Sentencia Social 92/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 92/2026 de 19 de mayo del 2026

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

En cuanto al número de personas que se han acogido a los cambios de turno y a las reducciones de jornada, no habiéndose probado por CGT que haya más que las reconoce la empresa, este es el único dato que podemos tener por acreditado.

TERCERO.- Impugnándose por CGT como MSCT y reducciones temporales de jornada adoptadas prescindiendo de los trámites previstos en los arts. 41.4 y 47. 3 del TRLET las medidas lo que a su juicio conculca el derecho de CGT a la negociación colectiva, y por ende, su libertad sindical, por parte de la empresa demandada se oponen una serie de excepciones cuya estimación impediría total o parcialmente el dictado de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

1.- Se considera que teniendo las medidas adoptadas que se impugnan un carácter temporal y encontrándose consumadas las mismas, nos encontraríamos ante una carencia sobrevenida del objeto litigioso.

Al efecto hemos de señalar que el art. 22 de la LEC contempla la carencia sobrevenida de objeto y la misma ha sido estudiada entre otras en la STS de 11-6-2.024- rec 340/2021 - que con remisión a lo razonado por la Sala III del mismo Tribunal en la STS de 14-3-2.011- rec. 511 /2009- conceptúa la carencia sobrevenida del objeto litigioso como " aquella forma o modo de terminación del mismo que se fundamenta en la aparición de una realidad extraprocesal que priva o hace desaparecer el interés legítimo a obtener la tutela judicial pretendida. Es decir, se produce algún hecho o circunstancia que incide de forma relevante sobre la relación jurídica cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es necesario, en la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es susceptible de reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se justifica la existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a diferencia de lo que ocurre con la satisfacción extraprocesal de la pretensión de la parte actora, la razón de la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes y obedece a las estrictas razones de orden público que justifican la existencia misma del proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso carece de sentido".

Partiendo de tal conceptuación el hecho de que las medidas hayan sido consumadas no implica la desaparición del interés, por cuanto que la declaración de nulidad de las mismas abre la puerta a los afectados a resarcirse, aún tratándose de medidas voluntarias, si consideran que su consentimiento fue adoptado sobre la base un proceder ilícito, amen de que la eventual lesión del derecho a la libertad sindical de CGT ( art. 28.1 CE ) no desaparece por el hecho de que se hayan consumado tales medidas (en este sentido cabe referir la STS de 17-5-2.005- rec 2092/2004 ).

2.- Se aduce además acumulación indebida de acciones por cuanto que se impugnan simultáneamente MSCT y reducciones temporales de jornada, excepción que debemos rechazar ya que ambas son susceptibles de ser impugnadas de forma colectiva como se ha hecho mediante la acción de conflicto colectivo a través de la modalidad procesal prevista en el art. 153 de la LRJS en concordancia con los previsto en el art. 138.4 de la misma ley ("1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ,o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley . Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley ."),por ello la acción que se ejercita es la de conflicto colectivo y no la de impugnación individual de MSCT que es a la que se refiere el art. 26.2 de la LRJS , siendo cuestión distinta si las medidas deberían haberse adoptado o no en un mismo periodo de consultas.

3.- Se aduce además la excepción de inadecuación de procedimiento por cuanto que se considera que no se han superado los umbrales de los arts. 41 y 47 de la LRJS por cuanto que las medidas deben ser computadas por separado en virtud de su naturaleza.

La excepción como tal no puede ser estimada por cuanto que lo que entraña su alegato es precisamente la cuestión de fondo para que prospere la acción ejercitada, esto es, si en atención a la consideración cualitativa y cuantitativa de las medidas adoptadas, las mismas deberían haber sido objeto de debate en periodo de consultas con la representación unitaria o sindical de las personas trabajadoras con carácter previo a su adopción.

4.- Finalmente, analizaremos la caducidad de la acción, para lo cual hemos de partir del hecho reconocido y plasmado en los hechos probados de que todas y cada una de las medidas impugnadas fueron notificadas en forma escrita a los trabajadores afectados y a la representación de los mismos a lo largo del mes de noviembre de 2025, siendo la última de las notificaciones de fecha 26 de noviembre de 2.025.

Se aduce por CGT que en todo caso se está denunciando la vulneración de su derecho a la libertad sindical, acción esta que estima que no está sujeta a plazo de caducidad.

Consideramos que para resolver tal excepción se debe traer a colación cuanto se razona en la STS de 2-7-2.025- rec 219/2023 - que mantiene una tesis que difiere de lo alegado por el sindicato actor sobre la base de la siguiente argumentación:

"1.El artículo 184 LRJS dispone que «No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva». En estos supuestos, se impone que la lesión del derecho fundamental se dilucide conforme a los cauces de las modalidades procesales correspondientes, en el caso que nos ocupa la de modificación sustancial de condiciones de trabajo, aplicándose, de conformidad con el número 2 del art. 178 LRJS , todas las reglas y garantías previstas para la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales. De esta forma, la primacía del derecho fundamental determina que la regla general de prohibición de acumulación ceda frente a la específica obligación acumuladora que prevé el artículo 184 LRJS y la aplicabilidad de las garantías que prevé el artículo 178.2 LJS y ello con la finalidad de no fracturar o diversificar la tutela del derecho de que se trata al hacer abstracción del acto o conducta del que se derive la lesión [ SSTS de 29 de junio de 2001 (rec. 1886/2000 ) y de 20 de septiembre de 2007 (rcud. 3326/2006 ); entre otras]. En definitiva, el artículo 184 LRJS impone que las demandas por él enumeradas se tramitarán, inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, "dando carácter preferente a dichos procesos". Por su parte, el artículo 178.2 LRJS dispone que, cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184 reseñado, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal.

2.La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que examinamos implica que la acción de tutela del supuesto derecho fundamental vulnerado debió efectuarse por el procedimiento especial del artículo 138 LRJS . Además de lo expuesto en el número anterior que resulta determinante, hay que tener en cuenta, a mayor abundamiento, que la vulneración del derecho fundamental invocado por el sindicato actor, exigía, necesariamente como pone de relieve la resolución impugnada y admiten pacíficamente las partes, que la sentencia se pronunciase sobre las siguientes cuestiones: si la implantación temporal de un tercer turno constituía o no una modificación sustancial de condiciones de trabajo; si las causas productivas alegadas por la empresa eran las mismas en los dos centros de trabajo afectados; si, en consecuencia, la modificación podía considerarse individual o colectiva y, finalmente, si el procedimiento seguido fue o no el adecuado. Todas estas cuestiones son propias y exclusivas de la modalidad procesal específica del artículo 138 LRJS . En consecuencia, en la primera de las demandas, de la que luego se desistió, el sindicato actor que planteó la impugnación de la decisión empresarial que consideraba como colectiva por la vía del conflicto colectivo ( artículo 138.4 LRJS ), pudo y debió solicitar la tutela de su derecho a la negociación como parte integrante del derecho a la libertad sindical y no lo hizo.".

La aplicación de la doctrina que se acaba de referir al presente caso- en el que como sucedía en el supuesto analizado por el Alto Tribunal la resolución de fondo implica entrar a resolver cuestiones propias de las impugnaciones de MSCT o reducciones temporales de jornadas propias de procedimientos iniciados a consecuencia de acciones sujetas a plazos de caducidad- nos ha de llevar a estimar que la acción entablada se encontraba caducada, lo que nos llevará a desestimar la demanda sin necesidad de entrar en el fondo del asunto.

CUARTO.- Por todo lo razonado procede el dictado de sentencia desestimatoria de la demanda contra la que cabe interponer recurso de casación ( art. 205 de la LRJS ).

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

En cuanto al número de personas que se han acogido a los cambios de turno y a las reducciones de jornada, no habiéndose probado por CGT que haya más que las reconoce la empresa, este es el único dato que podemos tener por acreditado.

TERCERO.- Impugnándose por CGT como MSCT y reducciones temporales de jornada adoptadas prescindiendo de los trámites previstos en los arts. 41.4 y 47. 3 del TRLET las medidas lo que a su juicio conculca el derecho de CGT a la negociación colectiva, y por ende, su libertad sindical, por parte de la empresa demandada se oponen una serie de excepciones cuya estimación impediría total o parcialmente el dictado de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

1.- Se considera que teniendo las medidas adoptadas que se impugnan un carácter temporal y encontrándose consumadas las mismas, nos encontraríamos ante una carencia sobrevenida del objeto litigioso.

Al efecto hemos de señalar que el art. 22 de la LEC contempla la carencia sobrevenida de objeto y la misma ha sido estudiada entre otras en la STS de 11-6-2.024- rec 340/2021 - que con remisión a lo razonado por la Sala III del mismo Tribunal en la STS de 14-3-2.011- rec. 511 /2009- conceptúa la carencia sobrevenida del objeto litigioso como " aquella forma o modo de terminación del mismo que se fundamenta en la aparición de una realidad extraprocesal que priva o hace desaparecer el interés legítimo a obtener la tutela judicial pretendida. Es decir, se produce algún hecho o circunstancia que incide de forma relevante sobre la relación jurídica cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es necesario, en la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es susceptible de reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se justifica la existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a diferencia de lo que ocurre con la satisfacción extraprocesal de la pretensión de la parte actora, la razón de la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes y obedece a las estrictas razones de orden público que justifican la existencia misma del proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso carece de sentido".

Partiendo de tal conceptuación el hecho de que las medidas hayan sido consumadas no implica la desaparición del interés, por cuanto que la declaración de nulidad de las mismas abre la puerta a los afectados a resarcirse, aún tratándose de medidas voluntarias, si consideran que su consentimiento fue adoptado sobre la base un proceder ilícito, amen de que la eventual lesión del derecho a la libertad sindical de CGT ( art. 28.1 CE ) no desaparece por el hecho de que se hayan consumado tales medidas (en este sentido cabe referir la STS de 17-5-2.005- rec 2092/2004 ).

2.- Se aduce además acumulación indebida de acciones por cuanto que se impugnan simultáneamente MSCT y reducciones temporales de jornada, excepción que debemos rechazar ya que ambas son susceptibles de ser impugnadas de forma colectiva como se ha hecho mediante la acción de conflicto colectivo a través de la modalidad procesal prevista en el art. 153 de la LRJS en concordancia con los previsto en el art. 138.4 de la misma ley ("1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ,o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley . Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley ."),por ello la acción que se ejercita es la de conflicto colectivo y no la de impugnación individual de MSCT que es a la que se refiere el art. 26.2 de la LRJS , siendo cuestión distinta si las medidas deberían haberse adoptado o no en un mismo periodo de consultas.

3.- Se aduce además la excepción de inadecuación de procedimiento por cuanto que se considera que no se han superado los umbrales de los arts. 41 y 47 de la LRJS por cuanto que las medidas deben ser computadas por separado en virtud de su naturaleza.

La excepción como tal no puede ser estimada por cuanto que lo que entraña su alegato es precisamente la cuestión de fondo para que prospere la acción ejercitada, esto es, si en atención a la consideración cualitativa y cuantitativa de las medidas adoptadas, las mismas deberían haber sido objeto de debate en periodo de consultas con la representación unitaria o sindical de las personas trabajadoras con carácter previo a su adopción.

4.- Finalmente, analizaremos la caducidad de la acción, para lo cual hemos de partir del hecho reconocido y plasmado en los hechos probados de que todas y cada una de las medidas impugnadas fueron notificadas en forma escrita a los trabajadores afectados y a la representación de los mismos a lo largo del mes de noviembre de 2025, siendo la última de las notificaciones de fecha 26 de noviembre de 2.025.

Se aduce por CGT que en todo caso se está denunciando la vulneración de su derecho a la libertad sindical, acción esta que estima que no está sujeta a plazo de caducidad.

Consideramos que para resolver tal excepción se debe traer a colación cuanto se razona en la STS de 2-7-2.025- rec 219/2023 - que mantiene una tesis que difiere de lo alegado por el sindicato actor sobre la base de la siguiente argumentación:

"1.El artículo 184 LRJS dispone que «No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva». En estos supuestos, se impone que la lesión del derecho fundamental se dilucide conforme a los cauces de las modalidades procesales correspondientes, en el caso que nos ocupa la de modificación sustancial de condiciones de trabajo, aplicándose, de conformidad con el número 2 del art. 178 LRJS , todas las reglas y garantías previstas para la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales. De esta forma, la primacía del derecho fundamental determina que la regla general de prohibición de acumulación ceda frente a la específica obligación acumuladora que prevé el artículo 184 LRJS y la aplicabilidad de las garantías que prevé el artículo 178.2 LJS y ello con la finalidad de no fracturar o diversificar la tutela del derecho de que se trata al hacer abstracción del acto o conducta del que se derive la lesión [ SSTS de 29 de junio de 2001 (rec. 1886/2000 ) y de 20 de septiembre de 2007 (rcud. 3326/2006 ); entre otras]. En definitiva, el artículo 184 LRJS impone que las demandas por él enumeradas se tramitarán, inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, "dando carácter preferente a dichos procesos". Por su parte, el artículo 178.2 LRJS dispone que, cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184 reseñado, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal.

2.La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que examinamos implica que la acción de tutela del supuesto derecho fundamental vulnerado debió efectuarse por el procedimiento especial del artículo 138 LRJS . Además de lo expuesto en el número anterior que resulta determinante, hay que tener en cuenta, a mayor abundamiento, que la vulneración del derecho fundamental invocado por el sindicato actor, exigía, necesariamente como pone de relieve la resolución impugnada y admiten pacíficamente las partes, que la sentencia se pronunciase sobre las siguientes cuestiones: si la implantación temporal de un tercer turno constituía o no una modificación sustancial de condiciones de trabajo; si las causas productivas alegadas por la empresa eran las mismas en los dos centros de trabajo afectados; si, en consecuencia, la modificación podía considerarse individual o colectiva y, finalmente, si el procedimiento seguido fue o no el adecuado. Todas estas cuestiones son propias y exclusivas de la modalidad procesal específica del artículo 138 LRJS . En consecuencia, en la primera de las demandas, de la que luego se desistió, el sindicato actor que planteó la impugnación de la decisión empresarial que consideraba como colectiva por la vía del conflicto colectivo ( artículo 138.4 LRJS ), pudo y debió solicitar la tutela de su derecho a la negociación como parte integrante del derecho a la libertad sindical y no lo hizo.".

La aplicación de la doctrina que se acaba de referir al presente caso- en el que como sucedía en el supuesto analizado por el Alto Tribunal la resolución de fondo implica entrar a resolver cuestiones propias de las impugnaciones de MSCT o reducciones temporales de jornadas propias de procedimientos iniciados a consecuencia de acciones sujetas a plazos de caducidad- nos ha de llevar a estimar que la acción entablada se encontraba caducada, lo que nos llevará a desestimar la demanda sin necesidad de entrar en el fondo del asunto.

CUARTO.- Por todo lo razonado procede el dictado de sentencia desestimatoria de la demanda contra la que cabe interponer recurso de casación ( art. 205 de la LRJS ).

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

En cuanto al número de personas que se han acogido a los cambios de turno y a las reducciones de jornada, no habiéndose probado por CGT que haya más que las reconoce la empresa, este es el único dato que podemos tener por acreditado.

TERCERO.- Impugnándose por CGT como MSCT y reducciones temporales de jornada adoptadas prescindiendo de los trámites previstos en los arts. 41.4 y 47. 3 del TRLET las medidas lo que a su juicio conculca el derecho de CGT a la negociación colectiva, y por ende, su libertad sindical, por parte de la empresa demandada se oponen una serie de excepciones cuya estimación impediría total o parcialmente el dictado de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

1.- Se considera que teniendo las medidas adoptadas que se impugnan un carácter temporal y encontrándose consumadas las mismas, nos encontraríamos ante una carencia sobrevenida del objeto litigioso.

Al efecto hemos de señalar que el art. 22 de la LEC contempla la carencia sobrevenida de objeto y la misma ha sido estudiada entre otras en la STS de 11-6-2.024- rec 340/2021 - que con remisión a lo razonado por la Sala III del mismo Tribunal en la STS de 14-3-2.011- rec. 511 /2009- conceptúa la carencia sobrevenida del objeto litigioso como " aquella forma o modo de terminación del mismo que se fundamenta en la aparición de una realidad extraprocesal que priva o hace desaparecer el interés legítimo a obtener la tutela judicial pretendida. Es decir, se produce algún hecho o circunstancia que incide de forma relevante sobre la relación jurídica cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es necesario, en la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es susceptible de reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se justifica la existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a diferencia de lo que ocurre con la satisfacción extraprocesal de la pretensión de la parte actora, la razón de la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes y obedece a las estrictas razones de orden público que justifican la existencia misma del proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso carece de sentido".

Partiendo de tal conceptuación el hecho de que las medidas hayan sido consumadas no implica la desaparición del interés, por cuanto que la declaración de nulidad de las mismas abre la puerta a los afectados a resarcirse, aún tratándose de medidas voluntarias, si consideran que su consentimiento fue adoptado sobre la base un proceder ilícito, amen de que la eventual lesión del derecho a la libertad sindical de CGT ( art. 28.1 CE ) no desaparece por el hecho de que se hayan consumado tales medidas (en este sentido cabe referir la STS de 17-5-2.005- rec 2092/2004 ).

2.- Se aduce además acumulación indebida de acciones por cuanto que se impugnan simultáneamente MSCT y reducciones temporales de jornada, excepción que debemos rechazar ya que ambas son susceptibles de ser impugnadas de forma colectiva como se ha hecho mediante la acción de conflicto colectivo a través de la modalidad procesal prevista en el art. 153 de la LRJS en concordancia con los previsto en el art. 138.4 de la misma ley ("1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ,o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley . Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley ."),por ello la acción que se ejercita es la de conflicto colectivo y no la de impugnación individual de MSCT que es a la que se refiere el art. 26.2 de la LRJS , siendo cuestión distinta si las medidas deberían haberse adoptado o no en un mismo periodo de consultas.

3.- Se aduce además la excepción de inadecuación de procedimiento por cuanto que se considera que no se han superado los umbrales de los arts. 41 y 47 de la LRJS por cuanto que las medidas deben ser computadas por separado en virtud de su naturaleza.

La excepción como tal no puede ser estimada por cuanto que lo que entraña su alegato es precisamente la cuestión de fondo para que prospere la acción ejercitada, esto es, si en atención a la consideración cualitativa y cuantitativa de las medidas adoptadas, las mismas deberían haber sido objeto de debate en periodo de consultas con la representación unitaria o sindical de las personas trabajadoras con carácter previo a su adopción.

4.- Finalmente, analizaremos la caducidad de la acción, para lo cual hemos de partir del hecho reconocido y plasmado en los hechos probados de que todas y cada una de las medidas impugnadas fueron notificadas en forma escrita a los trabajadores afectados y a la representación de los mismos a lo largo del mes de noviembre de 2025, siendo la última de las notificaciones de fecha 26 de noviembre de 2.025.

Se aduce por CGT que en todo caso se está denunciando la vulneración de su derecho a la libertad sindical, acción esta que estima que no está sujeta a plazo de caducidad.

Consideramos que para resolver tal excepción se debe traer a colación cuanto se razona en la STS de 2-7-2.025- rec 219/2023 - que mantiene una tesis que difiere de lo alegado por el sindicato actor sobre la base de la siguiente argumentación:

"1.El artículo 184 LRJS dispone que «No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva». En estos supuestos, se impone que la lesión del derecho fundamental se dilucide conforme a los cauces de las modalidades procesales correspondientes, en el caso que nos ocupa la de modificación sustancial de condiciones de trabajo, aplicándose, de conformidad con el número 2 del art. 178 LRJS , todas las reglas y garantías previstas para la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales. De esta forma, la primacía del derecho fundamental determina que la regla general de prohibición de acumulación ceda frente a la específica obligación acumuladora que prevé el artículo 184 LRJS y la aplicabilidad de las garantías que prevé el artículo 178.2 LJS y ello con la finalidad de no fracturar o diversificar la tutela del derecho de que se trata al hacer abstracción del acto o conducta del que se derive la lesión [ SSTS de 29 de junio de 2001 (rec. 1886/2000 ) y de 20 de septiembre de 2007 (rcud. 3326/2006 ); entre otras]. En definitiva, el artículo 184 LRJS impone que las demandas por él enumeradas se tramitarán, inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, "dando carácter preferente a dichos procesos". Por su parte, el artículo 178.2 LRJS dispone que, cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184 reseñado, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal.

2.La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que examinamos implica que la acción de tutela del supuesto derecho fundamental vulnerado debió efectuarse por el procedimiento especial del artículo 138 LRJS . Además de lo expuesto en el número anterior que resulta determinante, hay que tener en cuenta, a mayor abundamiento, que la vulneración del derecho fundamental invocado por el sindicato actor, exigía, necesariamente como pone de relieve la resolución impugnada y admiten pacíficamente las partes, que la sentencia se pronunciase sobre las siguientes cuestiones: si la implantación temporal de un tercer turno constituía o no una modificación sustancial de condiciones de trabajo; si las causas productivas alegadas por la empresa eran las mismas en los dos centros de trabajo afectados; si, en consecuencia, la modificación podía considerarse individual o colectiva y, finalmente, si el procedimiento seguido fue o no el adecuado. Todas estas cuestiones son propias y exclusivas de la modalidad procesal específica del artículo 138 LRJS . En consecuencia, en la primera de las demandas, de la que luego se desistió, el sindicato actor que planteó la impugnación de la decisión empresarial que consideraba como colectiva por la vía del conflicto colectivo ( artículo 138.4 LRJS ), pudo y debió solicitar la tutela de su derecho a la negociación como parte integrante del derecho a la libertad sindical y no lo hizo.".

La aplicación de la doctrina que se acaba de referir al presente caso- en el que como sucedía en el supuesto analizado por el Alto Tribunal la resolución de fondo implica entrar a resolver cuestiones propias de las impugnaciones de MSCT o reducciones temporales de jornadas propias de procedimientos iniciados a consecuencia de acciones sujetas a plazos de caducidad- nos ha de llevar a estimar que la acción entablada se encontraba caducada, lo que nos llevará a desestimar la demanda sin necesidad de entrar en el fondo del asunto.

CUARTO.- Por todo lo razonado procede el dictado de sentencia desestimatoria de la demanda contra la que cabe interponer recurso de casación ( art. 205 de la LRJS ).

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

En cuanto al número de personas que se han acogido a los cambios de turno y a las reducciones de jornada, no habiéndose probado por CGT que haya más que las reconoce la empresa, este es el único dato que podemos tener por acreditado.

TERCERO.- Impugnándose por CGT como MSCT y reducciones temporales de jornada adoptadas prescindiendo de los trámites previstos en los arts. 41.4 y 47. 3 del TRLET las medidas lo que a su juicio conculca el derecho de CGT a la negociación colectiva, y por ende, su libertad sindical, por parte de la empresa demandada se oponen una serie de excepciones cuya estimación impediría total o parcialmente el dictado de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

1.- Se considera que teniendo las medidas adoptadas que se impugnan un carácter temporal y encontrándose consumadas las mismas, nos encontraríamos ante una carencia sobrevenida del objeto litigioso.

Al efecto hemos de señalar que el art. 22 de la LEC contempla la carencia sobrevenida de objeto y la misma ha sido estudiada entre otras en la STS de 11-6-2.024- rec 340/2021 - que con remisión a lo razonado por la Sala III del mismo Tribunal en la STS de 14-3-2.011- rec. 511 /2009- conceptúa la carencia sobrevenida del objeto litigioso como " aquella forma o modo de terminación del mismo que se fundamenta en la aparición de una realidad extraprocesal que priva o hace desaparecer el interés legítimo a obtener la tutela judicial pretendida. Es decir, se produce algún hecho o circunstancia que incide de forma relevante sobre la relación jurídica cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es necesario, en la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es susceptible de reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se justifica la existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a diferencia de lo que ocurre con la satisfacción extraprocesal de la pretensión de la parte actora, la razón de la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes y obedece a las estrictas razones de orden público que justifican la existencia misma del proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso carece de sentido".

Partiendo de tal conceptuación el hecho de que las medidas hayan sido consumadas no implica la desaparición del interés, por cuanto que la declaración de nulidad de las mismas abre la puerta a los afectados a resarcirse, aún tratándose de medidas voluntarias, si consideran que su consentimiento fue adoptado sobre la base un proceder ilícito, amen de que la eventual lesión del derecho a la libertad sindical de CGT ( art. 28.1 CE ) no desaparece por el hecho de que se hayan consumado tales medidas (en este sentido cabe referir la STS de 17-5-2.005- rec 2092/2004 ).

2.- Se aduce además acumulación indebida de acciones por cuanto que se impugnan simultáneamente MSCT y reducciones temporales de jornada, excepción que debemos rechazar ya que ambas son susceptibles de ser impugnadas de forma colectiva como se ha hecho mediante la acción de conflicto colectivo a través de la modalidad procesal prevista en el art. 153 de la LRJS en concordancia con los previsto en el art. 138.4 de la misma ley ("1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ,o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley . Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley ."),por ello la acción que se ejercita es la de conflicto colectivo y no la de impugnación individual de MSCT que es a la que se refiere el art. 26.2 de la LRJS , siendo cuestión distinta si las medidas deberían haberse adoptado o no en un mismo periodo de consultas.

3.- Se aduce además la excepción de inadecuación de procedimiento por cuanto que se considera que no se han superado los umbrales de los arts. 41 y 47 de la LRJS por cuanto que las medidas deben ser computadas por separado en virtud de su naturaleza.

La excepción como tal no puede ser estimada por cuanto que lo que entraña su alegato es precisamente la cuestión de fondo para que prospere la acción ejercitada, esto es, si en atención a la consideración cualitativa y cuantitativa de las medidas adoptadas, las mismas deberían haber sido objeto de debate en periodo de consultas con la representación unitaria o sindical de las personas trabajadoras con carácter previo a su adopción.

4.- Finalmente, analizaremos la caducidad de la acción, para lo cual hemos de partir del hecho reconocido y plasmado en los hechos probados de que todas y cada una de las medidas impugnadas fueron notificadas en forma escrita a los trabajadores afectados y a la representación de los mismos a lo largo del mes de noviembre de 2025, siendo la última de las notificaciones de fecha 26 de noviembre de 2.025.

Se aduce por CGT que en todo caso se está denunciando la vulneración de su derecho a la libertad sindical, acción esta que estima que no está sujeta a plazo de caducidad.

Consideramos que para resolver tal excepción se debe traer a colación cuanto se razona en la STS de 2-7-2.025- rec 219/2023 - que mantiene una tesis que difiere de lo alegado por el sindicato actor sobre la base de la siguiente argumentación:

"1.El artículo 184 LRJS dispone que «No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva». En estos supuestos, se impone que la lesión del derecho fundamental se dilucide conforme a los cauces de las modalidades procesales correspondientes, en el caso que nos ocupa la de modificación sustancial de condiciones de trabajo, aplicándose, de conformidad con el número 2 del art. 178 LRJS , todas las reglas y garantías previstas para la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales. De esta forma, la primacía del derecho fundamental determina que la regla general de prohibición de acumulación ceda frente a la específica obligación acumuladora que prevé el artículo 184 LRJS y la aplicabilidad de las garantías que prevé el artículo 178.2 LJS y ello con la finalidad de no fracturar o diversificar la tutela del derecho de que se trata al hacer abstracción del acto o conducta del que se derive la lesión [ SSTS de 29 de junio de 2001 (rec. 1886/2000 ) y de 20 de septiembre de 2007 (rcud. 3326/2006 ); entre otras]. En definitiva, el artículo 184 LRJS impone que las demandas por él enumeradas se tramitarán, inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, "dando carácter preferente a dichos procesos". Por su parte, el artículo 178.2 LRJS dispone que, cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184 reseñado, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal.

2.La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que examinamos implica que la acción de tutela del supuesto derecho fundamental vulnerado debió efectuarse por el procedimiento especial del artículo 138 LRJS . Además de lo expuesto en el número anterior que resulta determinante, hay que tener en cuenta, a mayor abundamiento, que la vulneración del derecho fundamental invocado por el sindicato actor, exigía, necesariamente como pone de relieve la resolución impugnada y admiten pacíficamente las partes, que la sentencia se pronunciase sobre las siguientes cuestiones: si la implantación temporal de un tercer turno constituía o no una modificación sustancial de condiciones de trabajo; si las causas productivas alegadas por la empresa eran las mismas en los dos centros de trabajo afectados; si, en consecuencia, la modificación podía considerarse individual o colectiva y, finalmente, si el procedimiento seguido fue o no el adecuado. Todas estas cuestiones son propias y exclusivas de la modalidad procesal específica del artículo 138 LRJS . En consecuencia, en la primera de las demandas, de la que luego se desistió, el sindicato actor que planteó la impugnación de la decisión empresarial que consideraba como colectiva por la vía del conflicto colectivo ( artículo 138.4 LRJS ), pudo y debió solicitar la tutela de su derecho a la negociación como parte integrante del derecho a la libertad sindical y no lo hizo.".

La aplicación de la doctrina que se acaba de referir al presente caso- en el que como sucedía en el supuesto analizado por el Alto Tribunal la resolución de fondo implica entrar a resolver cuestiones propias de las impugnaciones de MSCT o reducciones temporales de jornadas propias de procedimientos iniciados a consecuencia de acciones sujetas a plazos de caducidad- nos ha de llevar a estimar que la acción entablada se encontraba caducada, lo que nos llevará a desestimar la demanda sin necesidad de entrar en el fondo del asunto.

CUARTO.- Por todo lo razonado procede el dictado de sentencia desestimatoria de la demanda contra la que cabe interponer recurso de casación ( art. 205 de la LRJS ).

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación